Un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado colombiano a reparar a un grupo de lideresas de esta martirizada zona de Medellín por hechos ocurrido antes, durante y después de la Operación Orión. Lo más importante es que también deberá resarcir sus nombres.
Si bien la Corte IDH determinó que hubo excesos en las operaciones militares realizadas en la Comuna 13,aún no se ha esclarecido el destino de decenas de hombres y mujeres desaparecidos desde noviembre de 2002 a manos de fuerzas paramilitares en connivencia con sectores de la Fuerza Pública. Foto: Juan Diego Restrepo E.Para Miryam Eugenia Figueroa, Luz Dary Ospina, Mery del Socorro Naranjo y María del Socorro Mosquera, el 11 de enero de 2017 quedará grabado en sus memorias como un día histórico. Y no es para menos. Fue el día en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) les notificó la decisión mediante la cual reconoció que el Estado colombiano violó su compromiso de proteger la vida, honra, dignidad, derecho de circulación y residencia así como la integridad personal de estas lideresas de la Comuna 13 de Medellín sino que, además, ordenó su reparación simbólica y material. El fallo también cobija a los hijos de Ana Teresa Yarce, reconocida activista de esta convulsionada zona de la ciudad, asesinada el 6 de octubre de 2004.
Lo que señala la Corte IDH en su providencia es que el Estado colombiano no hizo nada para evitar el asesinato de Ana Teresa Yarce ni tampoco los señalamientos, hostigamientos, intimidaciones, persecuciones y éxodos forzados de padecieron Miryam, Luz Dary, Mery y María del Socorro -todas ellas reconocidas lideresas comunitarias- antes, durante y después de la recordada Operación Orión, operativo ejecutado por fuerzas combinadas de Policía, Ejército, Fiscalía y Fuerza Aérea mediante el cual se expulsaron las milicias guerrilleras de la Comuna 13 de Medellín.
Y no sólo eso. Contrario a lo que argumentó el Estado colombiano, la Corte IDH consideró que todos estos hechos de violencia se dieron por la doble condición de mujeres y defensoras de derechos humanos en un contexto de marcada violencia y fuerte hostilidad tanto para las mujeres como para los activistas. Es la primera vez que la Corte condena a Colombia por hechos violentos cometidos contra lideresas comunitarias y la primera condena proferida por tribunales internacionales por los hechos ocurridos en la Comuna 13 durante los operativos militares ordenados por el gobierno nacional para la retoma de este populoso sector de la capital antioqueña, llevados a cabo en 2002.
Mujeres víctimas de la Operación Orión en Medellín
“Nunca habrá sentencia perfecta pero esta decisión de la Corte deja una sensación de un poco de justicia, algo que nunca se logró en Colombia”, señala María Victoria Fallon, integrante del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), organización no gubernamental que brinda acompañamiento jurídico a víctimas de la Comuna 13 de Medellín y quien presentó el caso de las lideresas comunitarias ante los tribunales internacionales.
Historia de terror
Tras un fallo trascendental para las mujeres de la Comuna 13, la Corte IDH le exigió al Estado colombiano reparación para el caso de cinco lideresas, una de ellas asesinada, en desarrollo de las operaciones militares. Foto: Juan Diego Restrepo E.“Me parece una decisión muy acertada, aunque también es cierto que tengo muchos sentimientos encontrados. Por un lado alegría, pero de otro tristeza, nostalgia”, cuenta Luz Dary Ospina, reconocida lideresa social de la Comuna 13 a quien la violencia paramilitar la obligó a cambiar de vida de forma drástica y permanente. Ella es una de las mujeres a quienes el Estado colombiano no sólo deberá reparar sino, más importante aún, deberá limpiar su nombre.
Su drama comenzó el 12 de noviembre de 2002, pocas semanas después de que el entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez; y el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, declararan la Comuna 13 libre de toda manifestación de violencia. Ese día, ella, su esposo y sus tres hijos decidieron abandonar su vivienda debido a los fuertes rumores que circulaban en su barrio sobre la existencia de una lista negra elaborada por los paramilitares, en la que estaban incluidos tanto su nombre como el de Ana Teresa, Mery y María del Socorro.
La tenebrosa máquina de guerra que dirigió ‘Don Berna’
Con ellas había trabajado “manga por hombro” en la creación y fortalecimiento de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), organización de carácter comunitario dedicada a fomentar el liderazgo femenino y trabajar en la superación de la pobreza extrema que campea en la Comuna 13. Aparte de ello, finalizando la década de los 90, Luz Dary presidió la junta de acción comunal del barrio Las Independencias. Ese cariño por su comunidad fue la que la motivó a regresar meses después a su vivienda, pero allí la tragedia nuevamente tocaría la puerta de su hogar.
Según consta en el proceso conocido por la Corte IDH, el 3 de marzo de 2003 miembros del Ejército, la Policía, acompañados por encapuchados y personas vestidas de civil sin identificarse que indicaron ser de la Fiscalía, allanaron su casa sin orden judicial, golpeando y amenazando a su esposo para luego obligarlo a cavar un hueco en el piso de la casa aduciendo que ellos ahí tenían armas. Ella y su familia fueron señaladas como colaboradores de las milicias, lo que obligó su éxodo, esta vez para siempre. Su vivienda fue tomada por los grupos paramilitares, quienes finalmente la dejaron reducida a escombros.
Se hace memoria pero falta justicia a 13 años de la Operación Orión
Por ello, tras conocer el fallo de la Corte IDH, Luz Dary no vacila en señalar el gran alivio que siente “pues con la reparación ordenada por la Corte podremos recuperar la casita que perdimos”. Con todo y ello, hay cosas que ni la decisión del más alto tribunal le permitirán recuperar. “Nosotros nunca volvimos a vivir en la Comuna 13. Yo rompí todo vínculo que tenía con AMI. Yo fui lideresa de la Comuna 13 durante más de 20 años y buena parte de ese tejido social que alcancé a construir se desvaneció”.
Caso contrario al de Mery Naranjo y María del Socorro Mosquera. Pese a que también padecieron la persecución de agentes del Estado y los grupos paramilitares, ambas son piezas fundamentales tanto en los procesos de desarrollo comunitario como en la defensa y promoción de derechos humanos en la Comuna 13. Sin embargo, el costo que han tenido que pagar por ello ha sido bastante alto.
El 12 de noviembre de 2012, Mery y María del Socorro, junto con Ana Teresa Yarce, fueron capturadas, sin orden judicial alguna, por una patrulla conjunta del Ejército y la Policía, argumentando que se trataba de milicianas. Las tres mujeres fueron puestas a disposición de un fiscal quien ordenó apertura de investigación por el delito de concierto para delinquir y su traslado a la cárcel de mujeres de El Buen Pastor. El 21 del mismo mes, la Fiscalía ordenó su libertad inmediata al no encontrar pruebas suficientes que ameritaran el inicio de un proceso judicial.
Pero ello no significó un cambio en la suerte de estas mujeres. Pocos días después de recuperar la libertad tanto Mery como Ana Teresa y María del Socorro comenzaron a recibir amenazas por parte de grupos paramilitares, quienes las tildaron de ser colaboradoras de las milicias. Todas debieron abandonar sus lugares de residencia, pero ninguna quiso dejar de lado sus labores comunitarias, pese a que las intimidaciones nunca cesaron. De hecho, éstas se recrudecieron a tal punto que el 6 de octubre de 2004, en horas de la mañana, desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra Ana Teresa, causándole la muerte.
Una oportunidad
Con este fallo de condena internacional al Estado colombiano, las activistas de la Comuna 13 sienten dignificadas sus labores en procura de verdad, justicia y reparación, tras las acciones llevadas a cabo en este populoso sector de Medellín por fuerzas militares que acabaron abriéndole espacio al aparato paramilitar y estigmatizando el trabajo comunitario de las mujeres. Foto: Juan Diego Restrepo E.Para María Victoria Fallon, abogada del Gidh, la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta un importante precedente político en tanto el Estado colombiano está en la obligación de limpiar la honra y el nombre de estas lideresas, señaladas durante muchos años como colaboradoras de la subversión.
De acuerdo con la jurista, esta sentencia puede ayudar a impulsar investigaciones judiciales en el ámbito interno relacionadas con los hechos que rodearon los diferentes operativos militares ejecutados en 2002 en la Comuna 13 y que hoy duermen el “sueño de los justos”. “Aún hay mucha verdad que revelar sobre lo que pasó en la Operación Orión, sobre los vínculos entre Fuerza Pública y grupos paramilitares, sobre lo que fue el despojo de viviendas que ocurrió allí”, declara Fallon.
‘Paras’ no postulados tienen la verdad de la Operación Orión
Mientras la justicia colombiana avanza, en la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) continúa su curso otros tres casos ocurridos en la Comuna 13. “Uno es el caso de un joven desaparecido durante la Operación Orión que, al parecer, fue inhumado en el sector conocido como La Escombrera. El otro caso es el de un menor de edad que murió durante fuego cruzado en desarrollo de la Operación Mariscal y por último está el caso de unas ejecuciones extrajudiciales cometidas también en la Comuna 13”, aseveró la abogada integrante del Gidh.
