Pese a que varios desmovilizados del bloque Cacique Nutibara tienen valiosa información sobre fosas comunes en la comuna 13, el Gobierno nacional les ha negado el acceso a los beneficios de la Ley 975, de Justicia y Paz.
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| Verdad y justicia, dos de las peticiones más reiteradas en la comuna 13 de Medellín. Foto: VerdadAbierta.com |
La verdad sobre lo que pasó antes, durante y después de la Operación Orión, que le permitió a las fuerzas de seguridad del Estado expulsar a las milicias de las Farc, Eln y los Comandos Armados Populares (CAP) de la comuna 13 de Medellín, está, por el momento, en manos del Gobierno Nacional.
Y todo, a decir de diversas fuentes consultadas por Verdadabierta.com, porque en un acto discrecional, la Alta Consejería Presidencial para la Paz le ha negado la postulación a la Ley de Justicia y Paz a varios desmovilizados del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que hoy se encuentran presos y dicen haber participado en el operativo que permitió la retoma de la comuna, liderado luego elposicionamiento de los paramilitares en el sector, y cometido crímenes de lesa humanidad.
“Estas personas se han acercado a la justicia a decir que tienen información, que quieren colaborar, pero el Gobierno les ha negado su postulación”, aseguró Juan Guillermo Cárdenas, magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien de paso cuestionó la facultad que tiene el Ejecutivo de decidir quién puede acceder a los beneficios que otorga la Ley de Justicia y Paz.
“Debe ser la propia Fiscalía la que postule o que, a petición de la Fiscalía, el Gobierno Nacional haga lo propio y no que quede eso como facultativo porque sí o porque no, pues se nos están quedando muchas verdades sin conocer. Entre otras cosas, porque los desmovilizados argumentan que si no están postulados, para qué van a hablar”, agregó el magistrado.
Según lo pudo establecer Verdadabierta.com, la Fiscalía 45 Delegada para Justicia y Paz, encargada de la documentación del bloque Cacique Nutibara, le ha solicitado al Ministerio del Interior y a la Alta Consejería Presidencial para la Paz la postulación del desmovilizado Jorge Enrique Aguilar, alias ‘Aguilar’, actualmente recluido en la cárcel de La Dorada.
De acuerdo con Albeiro Chavarro, titular de ese despacho, alias ‘Aguilar’ le ha manifestado en reiteradas ocasiones a su despacho tener información sobre la ubicación de fosas comunes en la comuna 13, “ya que afirma que él fue encargado directamente por (alias) ‘Don Berna’ de manejar el sector de Eduardo Santos y El Salado, y quiere contribuir con la reparación a las víctimas”, señaló el funcionario judicial.
En respuesta a un derecho de petición de información presentado por VerdadAbiera.com en el que se le solicita a la Alta Consejería Presidencial para la Paz los listados de ex paramilitares a los que se le ha negado su postulación, aparece alias ‘Aguilar’, quien presentó solicitud el 14 de junio de 2011 y le fue negada el 6 de julio de 2012. El argumento es simple: el Gobierno Nacional tiene un margen de discrecionalidad para tomar esas decisiones.
Otro desmovilizado que ayudaría a esclarecer lo que pasó durante y después de la Operación Orión es Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias ‘Movil 8’, quien solicitó su postulación el 28 de septiembre de 2009. Este ex paramilitar ha sido referenciado por varios de los postulados del bloque Cacique Nutibara como uno de los encargados de la parte militar en la comuna 13 luego de efectuada la Operación Orión, no obstante, su postulación le fue negada el 21 de junio de 2012.
Impunidad que duele
Salvo el proceso que adelantó en el año 2005 la Fiscalía 13 Especializada de Medellín contra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado y desplazamiento forzado, no existe ningún otra investigación judicial por los hechos ocurridos en el desarrollo de la Operación Orión ni por los casos de desplazamiento forzado, despojo de bienes urbanos y desapariciones forzadas denunciadas entre noviembre de 2002 y el 2005.
De igual manera, víctimas y habitantes de la convulsionada comuna continúan a la espera de que la justicia muestre avances que permitan esclarecer la presunta connivencia de altos mandos militares, como el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, general (r) Mario Montoya, con los paramilitares para el desarrollo de la Operación Orión. Si bien el general Montoya fue llamado a rendir versión libre ante la Corte Suprema de Justicia para que responda por las acusaciones que le hizo alias ‘DonBerna’ desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, a la fecha son pocos los avances que muestra este proceso.
A la fecha solo pesa un fallo sancionatorio proferido por la Procuraduría General de la Nación contra el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, general Leonardo Gallego, en el que se le destituye por “no impartir órdenes precisas y adoptar los medios y métodos para proteger a la población civil no combatiente en la comuna 13”. Gallego también ha sido salpicado por alias ‘Don Berna’, al manifestar que el operativo que permitió la retoma de la comuna 13 fue planeado conjuntamente entre los generales Gallego, Montoya y los paramilitares del Cacique Nutibara.
No obstante, las investigaciones disciplinarias no han favorecido la verdad. Hasta la fecha 15 procesos contra diversos funcionarios municipales y miembros de la Fuerza pública han sido precluidos y archivados por la Procuraduría, pese a la existencia de evidencias que indicarían un alto grado de responsabilidad en los hechos violatorios cometidos entre el 16 y el 19 de octubre de 2002, en desarrollo de la Operación Orión.
Por ello, frente a tantos interrogantes sin respuesta, el reclamo vehementemente de verdad y justicia de personas como Luz*, madre de un joven desaparecido un 18 de diciembre de 2002 luego de recibir la llamada de un vecino de su barrio, El Salado. “Me dijo que no se iba a demorar, que lo habían llamado y que iba a subir al (sector) Seis (del barrio El Salado). Y hasta el día de hoy”, agregó la madre, quien pide verdad y justicia a como de lugar (…) y hacemos eventos y eventos y eventos; denunciamos ante la justicia, los periodistas, la comunidad internacional y, ¿para qué nos ha servido? Para nada. Nadie nos da razón de nuestros hijos, nadie dice donde están, ni por qué se lo llevaron”.
Por ello, para satisfacer los deseos de justicia de las víctimas de la comuna 13, tanto fiscales como magistrados seguirán insistiéndole al Gobierno nacional en la postulación de aquellos desmovilizados de las Auc que han manifestado su voluntad de contribuir a la verdad y la reparación.
Asimismo, el magistrado Juan Guillermo Cárdenas no descarta que la Sala de Justicia y Paz ordene en su momento investigaciones contra funcionarios judiciales que, por acción u omisión, hayan contribuido a dejar impunes crímenes de lesa impunidad cometidos en la comuna 13.
“La Sala ya ha adoptado decisiones en este sentido”, recordó el Magistrado al referirse al caso de la masacre de la vereda La Mejor Esquina, de Buenavista, Córdoba, ocurrida el 3 de abril de 1988. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar al ex Juez Segundo Especializado de Montería, tras considerar que favoreció la impunidad al no hacer bien su trabajo en el proceso judicial adelantado por esta masacre, “y si en este caso (Operación Orión) eventualmente se llegase a presentar un caso similar, se puede solicitar lo mismo”.
*Nombre cambiado por razones de seguridad
