En su discurso de posesión, el nuevo presidente de los colombianos hizo un breve diagnóstico del país que recibe en términos del acuerdo firmado con las Farc y entre líneas se advierte un camino cuesta arriba para continuar con la adopción de lo pactado con el extinto grupo insurgente. Varias afirmaciones indican que las conversaciones con el Eln, que se adelantan en La Habana, Cuba, también tendrán un complejo panorama.
“Recibimos un país convulsionado”, aseveró Duque en uno de sus apartes del discurso ante cientos de invitados y miles de televidentes que ayer en la tarde presenciaron la posesión del mandatario que regirá los destinos del país por los próximos cuatro años.
Para sustentar su afirmación, apeló a varios datos: “Más de 300 líderes sociales han sido asesinados en los últimos dos años, los cultivos ilícitos se han expandido exponencialmente en los últimos años [y las] bandas criminales aumentan su capacidad de daño en varias regiones del país”.
Además, hizo alusión a un aspecto que ha sido discutido en los últimos meses a lo largo y ancho del país, entre sectores diversos que hacen parte de la sociedad civil: los recursos para implementar los acuerdos pactados con la extinta guerrilla de las Farc. De acuerdo con Duque, “se han hecho promesas y compromisos con organizaciones sociales sin asegurar su financiamiento”.
Y para reforzar su idea a renglón seguido agregó: “La creación desordenada de agencias y programas está acrecentando la desconfianza ciudadana y la frustración de los beneficiarios de estas iniciativas, incluidas las víctimas y las regiones golpeadas por la violencia”.
Bajo observación
Tales afirmaciones llevan a pensar en dos temas que fueron consignados en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, firmado en Bogotá en 24 de noviembre de 2016 para ponerle fin a una confrontación armada de 53 años con las Farc: el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS).
La ejecución de ambos programas, en zonas especialmente golpeadas por el conflicto armado, ha tenido grandes dificultades en su implementación, no sólo por los problemas de orden público que padecen las comunidades, sino por un exceso de burocracia que demora la llegada de recursos a quienes son sus reales destinatarios.
Aunque el nuevo jefe de Estado no avanzó en detalles, la mirada inicial sobre estos temas en aspectos como burocratización y falta de recursos a mediano y largo plazo indica, como lo anunció durante su campaña electoral, que lo acordado tendrá una reformulación si se tiene en cuenta que se empeñará en corregir “fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación”.
En un reciente reportaje, este portal registró que si bien hubo una promesa del saliente presiente Juan Manuel Santos de tener los 16 PDETS listos en septiembre, la realidad es que por razones metodológicas esos programas tendrían un tránsito escalonado y, de acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el proceso de aprobación quedaría listo en noviembre próximo. La iniciativa le apunta a 170 municipios en 16 regiones del país seleccionados por sus afectaciones durante el conflicto armado. (Leer más en: Santos no alcanzará a entregar Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)
Un análisis sobre los recursos de la paz elaborado por la Contraloría General de la República y presentado en julio de 2017 ante el Congreso de la República, llamó la atención sobre el hecho de “que la provisión de los bienes públicos esenciales que en éstas zonas requieren los ciudadanos depende en gran parte de la capacidad fiscal del Gobierno Nacional, así como en la definición de los nuevos recursos de financiación del Plan Plurianual para la Paz, pues son muy pocas las entidades territoriales que tienen la capacidad fiscal para contribuir a ello”. (Descargar informe)
Con respecto a la implementación del PNIS, si bien las cifras estatales muestran avances al respecto, entre ellos la cantidad de familias que han firmado actas de compromiso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en diversas regiones del país, lo cierto es que ha habido demoras en apoyar los proyectos productivos y en el giro de los recursos prometidos; además, varios de los más de 300 líderes sociales asesinados en los últimos dos años perdieron la vida por defender este proceso.
En una referencia al narcotráfico y a quiénes están detrás de esa actividad ilícita, Duque aseguró que en su gobierno “vamos a ser efectivos en la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos de la mano de las comunidades, en la puesta en marcha de proyectos productivos y en romper las cadenas logísticas y de abastecimiento de las estructuras del narcotráfico”. La pregunta que surge es si en esos planes tendrá en cuenta el PNIS. (Leer más en: ¿Por qué aumentaron los cultivos de uso ilícito en Colombia?)
El proceso de reincorporación de exmiembros de grupos subversivos también tuvo su reseña en la intervención de Duque, quien aseveró que “creo en la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera. Muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas. Estoy convencido y comprometido con buscar para la base de esas organizaciones, oportunidades productivas y velar por su protección”.
La promesa del presidente Duque llega en momentos en que se cuestionan dos aspectos fundamentales en varias regiones del país: la seguridad de los excombatientes que dejaron las armas y buscan una nueva oportunidad en la legalidad y el apoyo del Estado en su proceso de reincorporación económica.
La masacre perpetrada en La Gabarra, Norte de Santander, el pasado 30 de julio, en la que murieron por lo menos tres exguerrilleros de las Farc y otro más quedó herido, develó serias deficiencias en uno y otro aspecto, que reclaman ser atendidas con prontitud. (Leer más en: El sombrío panorama en la región del Catatumbo)
Con respecto a las víctimas, el nuevo mandatario de los colombianos afirmó que “deben contar con que habrá reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios y que no serán agredidas por la impunidad”. Su afirmación responde, entre líneas, al insistente punto de vista sobre el castigo penal que debe pesar sobre los mandos de la extinta guerrilla de las Farc, convertida en movimiento político y con asiento en el Congreso de la República, quienes a su juicio y de su partido, primero deben responder ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y luego hacer política y participar del legislativo.
Pero fue más allá y sin hacer alusión a ningún miembro de la Farc, Duque aseguró que su gobierno velará por “la sanción efectiva de quienes pretendan reincidir o burlarse de las víctimas ocultando armas o recursos necesarios para la reparación”. Si bien, hizo la afirmación en un contexto de disidencias, lo cierto es que sus palabras tienen un claro destino: el antiguo Secretariado de la guerrilla y sus mandos medios, a varios de los cuales se les señala de seguir delinquiendo y cuyo ejemplo más claro es ‘Jesús Santrich’, antiguo negociador en La Habana, quien está siendo procesado por narcotráfico luego de dejar las armas. (Leer más en: Las críticas aristas del proceso de paz, más allá de la detención de ‘Jesús Santricht’)
Tendrá oposición
Buena parte de las iniciativas esbozadas por el presidente Duque tendrán que pasar por el Congreso de la República para su discusión y aprobación, pero si bien tiene en Cámara y Senado bloques a su favor, también hay otros sectores que están dispuestos a dar la pelea para evitar que lo acordado con las Farc no se deshaga en este escenario.
El jefe de Estado tendrá la oposición de la llamada Coalición por la Paz y por la Democracia, compuesta por alrededor de 50 congresistas, quienes una vez inició el periodo legislativo el pasado 20 de julio se declararon en oposición al nuevo gobierno y prometieron defender lo pactado en La Habana, y para tal fin radicaron 14 iniciativas de carácter legislativo, cinco proyectos de ley y cinco actos legislativos, cuatro de los cuales tienen como objetivo desarrollar puntos de la implementación del acuerdo de paz que quedaron pendientes o que no se tramitaron en la anterior legislatura.
La Coalición está conformada por legisladores del Polo Democrático, Lista de los Decentes, la UP, Partido Verde, movimiento indígena Maís, Colombia Humana y de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), partido político que surgió tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más antigua del continente. Asimismo, también está integrada por militantes de otros partidos políticos, como el representante John Jairo Cárdenas, del Partido de la U.
Varios de los congresistas que hacen parte de esta coalición entrevistados por este portal días antes de su posesión destacaron la importancia de esta iniciativa, entre ellas Aída Avella, sobreviviente del extermino de la Unión Patriótica (UP), quien vivió 17 años exiliada en Suiza y una de las debutantes en el Senado: “Es una bancada de aproximadamente 25 senadores. Nunca antes en la historia del Congreso ha existido una tan grande y plural, que tendrá diversidad de proyectos y tratará temas completamente distintos. Como UP y Decentes haremos una audiencia sobre el mar y otra sobre minería en Boyacá, que es un departamento que están destruyendo con dinamita”. (Leer más en: Coalición de senadores y representantes impulsará implementación del Acuerdo Final)
El camino del Eln
Las conversaciones que se vienen adelantando en La Habana, Cuba, con esta guerrilla, que hasta el momento no han derivado en acuerdos concretos, estarán bajo análisis por los próximos 30 días. Según Duque, durante ese periodo “vamos a realizar una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones que durante 17 meses se ha adelantado con el Eln”.
Anunció que, durante ese mes, representantes de su gobierno, cuyos nombres aún no han sido divulgados, sostendrá reuniones con voceros de Naciones Unidas, la Iglesia Católica y de los países que han venido apoyando este proceso, “para que en el marco de la independencia y la institucionalidad del Estado, compartan con nosotros el balance acerca del mismo”.
El jefe de Estado dejó en claro que “un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional, y tiempos definidos. Queremos avanzar, pero el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado”.
Su afirmación riñe con lo que se concertó una vez comenzó la fase pública de las conversaciones con el Eln, en Quito, Ecuador, el 7 de febrero de 2017: negociar en medio del conflicto armado. Bajo ese precepto, la guerrilla ha perpetrado sendos ataques contra la fuerza pública e, incluso, contra la población civil, que han generado reacciones de rechazo, lo que le ha ido restando credibilidad y afectado la confianza en entre proceso. (Leer más en: Mesa de diálogos con el Eln se queda sin oxígeno)
Pero el anuncio de revisar lo actuado con el Eln no es el único paso para abordar el tema. Hablando de la cultura de la legalidad en un Estado de Derecho, Duque advirtió que “ha llegado el momento de evitar que los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas”. Y agregó: “Sencillamente debemos dejar claro que en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa. Hoy mismo le cumplo a Colombia y llevaré esta iniciativa ante el Congreso de la República”.
Esa propuesta va de frente contra la guerrilla del Eln, que tiene entre sus fuentes de financiación justamente el narcotráfico y el secuestro. De aprobarse una ley de esas características, su aplicación recaería en quienes hacen parte de este grupo subversivo, lo que podría alterar los ánimos de sus negociadores en La Habana, caracterizados por su terquedad y fundamentalismo, y prolongar una confrontación por varios años más.
Oídos sordos
Una vez se anunció el triunfo en la segunda vuelta el pasado 17 de junio y con evidente ánimo triunfador, Iván Duque refrendó sus promesas de campaña, entre las que se destacaron una profunda distancia con el acuerdo de paz, cuyo documento no encontró eco en su programa de gobierno. Las mismas ideas fueron destacadas durante su posesión.
Esas ideas, de concretarse, ponen en riesgo la materialización de múltiples decisiones que, de ponerse en marcha de manera exitosa, contribuirían a “solucionar las causas históricas del conflicto” y construir “un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población”, tal como dejaron consignado el gobierno y las Farc en el preámbulo del Acuerdo Final. (Leer más en: Presidencia de Iván Duque: complejo escenario para implementar Acuerdo de Paz)
Y es que la distancia que tomó Duque del proceso adelantado con las Farc y el acuerdo firmado lo llevó a evitar alusión alguna a su antecesor, Juan Manuel Santos, artífice del pacto que desarmó y desmovilizó a la guerrilla activa más antigua del país y del continente.
El nuevo presidente de los colombianos hizo oídos sordos a la petición que hizo Santos durante la instalación del nuevo Congreso de la República, el pasado 20 de julio, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional: “¡Cuiden la paz que está naciendo! ¡Cuídenla! ¡Defiéndanla! ¡Luchen por ella! Porque es el bien más preciado que puede tener cualquier nación. Cuiden la paz para que crezca fuerte, para que dé sus frutos, porque Colombia merece vivir en paz!”.
En su discurso de posesión, Duque no hizo alusión alguna a Santos ni a la importancia histórica que tuvo la firma del acuerdo de paz con las Farc y, por el contrario, decidió mantenerse en su idea de hacer correcciones a lo pactado, con lo que deja en claro que la “paz de Santos” no es la misma “paz de Duque”.
Y, en consecuencia, hizo un llamado a respaldar lo que llamó ‘El Pacto por Colombia”, sustentado en la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Elevando tu tono de voz en la Plaza de Bolívar, invitó a los colombianos a “trabajar por ese pacto que nos permita construir el país que nos merecemos. No dejemos que el odio interfiera en este propósito, no dejemos que nada nos distraiga del camino de la unión. No más divisiones de izquierda y derecha: somos Colombia, No más falsas divisiones entre neoliberales y socialistas: somos Colombia, No más divisiones entre ismos: somos Colombia”.
Atrás quedó Santos con su llamado a defender la paz que conquistó durante sus dos períodos presidenciales y comenzó una nueva administración que pone la lupa a la implementación de los acuerdos con las Farc, uno de los pilares fundamentales que sustentan un acuerdo que será sometido a revisión y cuyo futuro será definido, en parte, por un sector político que ha privilegiado la guerra a la salida negociada.
