Ante la parálisis de los diálogos ordenada por el Presidente de la República, la reanudación de la confrontación y el nulo desarrollo de la agenda, la salida negociada al conflicto amado con este grupo insurgente está perdiendo aliados. Organizaciones sociales y plataformas de paz que respaldan conversaciones exploran caminos para salvar el proceso en medio de la coyuntura electoral.
Faltando tres meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y el Eln parece haber entrado en un callejón sin salida. Mientras la delegación estatal permanece en Colombia a la espera de instrucciones, la de la guerrilla hace lo propio en Ecuador, separándose solamente para elevar consultas al Comando Central (Coce), cuyos miembros al parecer permanecen en Venezuela.
Desde el pasado 29 de enero, cuando el presidente Juan Manuel Santos ordenó la suspensión de la mesa por cuenta del atentado que ejecutó el Eln contra una estación de policía en Barranquilla, que dejó siete uniformados muertos, las conversaciones están paralizadas. (Vea una detallada línea de tiempo de la negociación)
Esta vez ni siquiera las gestiones del congresista Iván Cepeda y del exministro Álvaro Leyva, claves para destrabar otras etapas, han servido para encontrar soluciones reales a la crisis, que se venía gestando desde la vigencia del cese al fuego bilateral, temporal y nacional, que rigió entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018, tal como habían pactado las partes. (Leer más en: Conversaciones con el Eln: se agudiza la crisis).
A estas alturas, es poco lo que se puede hacer para salvar el proceso, por lo que las organizaciones sociales y plataformas de paz que respaldan la negociación hacen máximos esfuerzos para distensionar el ambiente entre las partes: el gobierno nacional, de un lado, demandando gestos humanitarios del Eln; y la guerrilla, de otro, insistiendo en que un nuevo cese bilateral debe pactarse en el transcurso del quinto ciclo, tal como estaba acordado. La tarea de mediación no es fácil, no sólo por las posiciones inamovibles de lado y lado, sino por los pocos avances que han hecho las delegaciones.
Mesa sin acuerdos
Desde que inició la fase pública de diálogos, el 7 de febrero de 2017, analistas y dirigentes del movimiento social alertaron a las partes sobre la necesidad de conseguir avances significativos que obligaran al próximo presidente de la República a continuar la negociación. No obstante, más de un año después y en vísperas de los comicios presidenciales, las delegaciones no han evacuado ni uno sólo de los cinco puntos que componen la agenda de diálogos.
Al contrario de lo ocurre en Quito, en la mesa de diálogos de La Habana los equipos negociadores del Ejecutivo y de la guerrilla de las Farc firmaron en el primer año de negociaciones los acuerdos de reforma rural integral y participación política, los primeros de una agenda de seis puntos. Ambos hacían parte de los temas gruesos de la agenda política de las Farc y sobre ellos se pactaron transformaciones que le apuntaban a mejorar las condiciones de vida de la población rural y a profundizar la democracia, aunque sin alterar el modelo económico y político del país, tal como exigía el gobierno.
Una integrante del entonces equipo negociador del gobierno en La Habana le contó a este portal que “ello implicó la disposición de una cantidad importante de profesionales de todas las disciplinas, que bajo el liderazgo de Sergio Jaramillo (entonces Alto Comisionado para la Paz) producían documentos y propuestas. Las Farc, por su parte, también fueron muy juiciosas en la elaboración de insumos, por lo que el intercambio era casi diario y se podía avanzar”.
En el caso de la mesa con el Eln, el cruce de propuestas ha sido escaso. Según le explicó a VerdadAbierta.com un experto que conoce de cerca el trabajo de la mesa, “el gobierno tiene un equipo de apoyo muy débil y no ha llevado ni una sola propuesta concreta para el debate. Incluso, algunos de los negociadores del equipo liderado por Juan Camilo Restrepo se opusieron a entregarle cualquier borrador de trabajo al Eln porque sentían que eso comprometía a la delegación”.
La improductividad de la mesa se exacerbó durante el segundo ciclo (mayo – julio de 2017), cuando el gobierno nacional puso como condición para avanzar en la discusión del punto uno de la agenda, participación de la sociedad, que el Eln renunciara definitivamente al secuestro. La exigencia, que finalmente no se materializó, alargó por un ciclo más la consecución de un acuerdo para dinamizar ese punto.
Aunque la participación de la sociedad es uno de los ejes centrales de la negociación, sólo hubo avances en sus contenidos durante el acuerdo sobre el cese al fuego, firmado el 4 de septiembre de 2017, que incluyó la realización de una serie de audiencias preparatorias en Bogotá y Tocancipá, Cundinamarca, para la recepción de propuestas por parte de organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas. (Leer más en: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln).
Ese es, hasta ahora, el único paso concreto que ha realizado la mesa para desarrollar uno de los puntos de la agenda. Con la característica de que las propuestas que presentó la sociedad sobre el modelo de participación no son vinculantes y deben discutirse durante el quinto ciclo de diálogos. De hecho, varios de los participantes en esas audiencias lamentaron que los aportes no fueran decisivos y pidieron concretar prontamente el mecanismo definitivo para desarrollar el punto uno. (Leer más en: “El Eln no va a renunciar a la participación de la sociedad”: Silvana Guerrero).
Germán Roncancio, quien representó a la Red de Universidades por la Paz en las audiencias preparatorias, asegura que “aunque en Tocancipá estuvimos 250 delegados de organizaciones, el carácter de la participación fue de bajo perfil. Esto se venía venir, porque el propio jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, siempre dijo que no quería multitudes participando y que esas audiencias eran unos insumos frente a los que él no podía comprometerse, por lo que percibimos que no había voluntad política real para que la gente participara”.
Los escasos avances de la mesa han ido fortaleciendo la idea entre ciertos sectores de la opinión, y también en algunas estructuras del Eln, de que la salida negociada es poco eficaz. Al respecto, el experto consultado afirma que “al día de hoy la delegación del Eln no tiene nada que mostrarle ni a sus bases ni a los sectores en armas, por lo que entre estos últimos se ha ido fortaleciendo la idea de que no es necesario estar en la mesa, sino haciendo la guerra”.
Entre las estructuras más reacias a la negociación se encuentran los frentes de guerra Oriental, que opera en Arauca, y Occidental, con presencia en Chocó, así como una parte de la militancia no armada que considera que el gobierno nacional no tiene disposición para abordar la amplia agenda del movimiento social en Quito, como es el deseo del Eln. La delegación, sin embargo, tiene el mandato de la Dirección Nacional de no levantarse de la mesa.
No obstante, la fuente agrega que, como consecuencia de la falta de resultados, “el proceso nunca ha tenido la imagen de útil e irreversible, lo que ha permitido que los sectores radicales del Eln se hayan posicionado mejor en la disputa interna que tiene la organización frente a la pertinencia de los diálogos. En el caso de La Habana, las Farc también tenían discusiones internas, pero su delegación logró avanzar tanto en la agenda que terminó jalonando a personas que al principio no veían la mesa con buenos ojos, como ‘Fabián Ramírez’ y ‘Joaquín Gómez’ (del Bloque Sur, que llegaron a La Habana en 2014), y ‘El Paisa’ (de la columna móvil Teófilo Forero, que llegó en 2016)”.
Todo ello ha alimentado la profunda desconfianza entre las partes, que se exacerbó durante el cese al fuego, sobre cuya verificación hubo serias diferencias. El pasado 8 de febrero, en un documento de 60 páginas, el Eln presentó el que, a su juicio, es un agrio balance sobre el cese.
El grupo insurgente reconoció su responsabilidad en la violación del alto al fuego y las hostilidades ocurrida en Chocó con el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama (aunque no en la masacre de Magüi Payán, Nariño), e insistió en que el gobierno nacional incumplió sus compromisos de mejorar la respuesta institucional para prevenir el asesinato de líderes sociales, aliviar la situación humanitaria de los presos políticos y de guerra, y otorgar tratamientos penales especiales a las personas procesadas por delitos asociados a la protesta social.
El Eln también alegó que el Ejecutivo incumplió un compromiso pactado en el protocolo del Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V), según el cual el gobierno nacional debía informarle a esa instancia cuando las autoridades capturaran integrantes del grupo insurgente. De acuerdo con el documento, durante el cese fueron capturados cerca de 30 presuntos militantes de esa organización, “sin que en ningún caso se haya puesto algún evento de estos en conocimiento de la instancia nacional del MV&V”.
La decisión de no prorrogar el cese y la inexistencia de avances en la negociación reactivaron las acciones militares del Eln, las operaciones de la Fuerza Pública y la actividad de la Fiscalía. Mientras en Quito la mesa está paralizada, en Colombia se libra la guerra en todos los frentes.
Se agudiza conflicto
Una vez terminó el cese bilateral temporal, el Eln y las Fuerzas Armadas reanudaron las operaciones ofensivas en todo el país, minando aún más la credibilidad de la mesa. Del lado de la guerrilla, las acciones arrancaron en el oriente y se agudizaron con el atentado en Barranquilla y con la declaratoria de paro armado nacional. Este último tuvo vigencia entre el 10 y el 13 de febrero y, de acuerdo con la Fiscalía, incluyó la ejecución de 27 acciones armadas en 23 municipios de Norte de Santander, Cesar, Cauca, Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar y Nariño.
Además, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) responsabilizó al Eln por el desplazamiento de 64 indígenas del pueblo Embera Katío, quienes que se dirigieron desde el Alto Andágueda hasta Quibdó, Chocó, en la noche del pasado 15 de febrero, en busca de refugio. De acuerdo con la ONIC, esas personas abandonaron sus hogares por temor a la guerrilla, que ha patrullado e instalado cambuches en territorio indígena, ha “amenazado y preguntado a la comunidad por los líderes” y, presuntamente, sacrificó un cerdo propiedad de un nativo.
Igualmente, en la mañana del 16 de febrero el Eln accionó una bomba panfletaria en Bogotá, mientras el 19 de febrero presuntos miembros de esa organización detuvieron durante varias horas a un funcionario de la Defensoría del Pueblo cuando se movilizaba por la vía Tibú- Cúcuta, en Norte de Santander.
Como respuesta a la reactivación de la confrontación y en consecuencia con la suspensión indefinida de la mesa, la Fuerza Pública bombardeó el 30 de enero un campamento del Frente de Guerra Occidental en el municipio Litoral de San Juan, Chocó, cuyo saldo fue de cuatro capturas y la muerte de una menor indígena que hacía parte del Eln. Al respecto, la ONIC denunció que la operación se realizó en territorio indígena y generó zozobra en la población.
Además de ello, el 16 de febrero el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que en lo corrido de 2018 la Fuerza Pública había dado muerte en combate, capturado o tramitado la desmovilización de 114 presuntos integrantes del Eln, lo cual “representa el 8 por ciento de su fuerza armada”. Entre ellos, según declaró días antes el general Alberto José Mejía, comandante general de las Fuerzas Militares, habría seis comandantes de frentes y estructuras “de tercer nivel”, a los que más tarde se sumaría Rafael Antonio Botero, capturado en Bogotá, de quien las autoridades dicen es el “coordinador” del Frente de Guerra Urbano Nacional y hace parte de la Dirección Nacional del Eln.
El gobierno nacional, sin embargo, no ha podido golpear a ninguno de los integrantes del Coce, cuatro de los cuales permanecen en Venezuela. Se trata de Nicolás Rodríguez Bautista, ‘Gabino’; Eliecer Herlindo Chamorro, ‘Antonio García’; Rafael Sierra, ‘Ramiro Vargas’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, ‘Pablito’. El quinto miembro es Israel Ramírez, ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación negociadora, quien permanece en Quito y, por decisión del gobierno nacional, tiene suspendidas las órdenes de captura en su contra.
Molesto por la permanencia de los jefes del Eln en territorio venezolano, Villegas se comunicó por teléfono el pasado 15 de febrero con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, a quien le manifestó su preocupación por el hecho de que el grupo insurgente planeara acciones militares desde ese país y, además, por el enrolamiento de ciudadanos venezolanos en esa guerrilla.
Aunque es imposible detenerlos en las actuales condiciones, la Fiscalía intentó mostrar resultados anunciando la expedición de tres nuevas órdenes de captura contra cada uno de los integrantes del Coce: una por la desaparición forzada de tres militantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Nariño, otra por el reclutamiento forzado de 45 menores indígenas que habrían ingresado al Frente de Guerra Occidental y otra por el reclutamiento forzado de 97 menores indígenas y afrodescendientes que harían parte de distintas estructuras del Eln y que habrían sido enrolados en Chocó, Arauca, Bolívar, Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Casanare, Santander, Boyacá, La Guajira y Córdoba.
La reanudación de la guerra ha generado preocupación no sólo por la estabilidad de la mesa y la seguridad de las comunidades, sino también por la cercanía de las elecciones al Congreso y a la Presidencia, que se realizarán el 11 de marzo y el 27 de mayo, respectivamente.
El pasado 15 de febrero, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de riesgo electoral en la que aseguró que “es posible que el Eln incida en las elecciones con acciones violentas” en 148 municipios, incluyendo seis capitales de departamento: Bogotá, Barranquilla, Quibdó, Arauca, Cúcuta y Puerto Carreño. De acuerdo con la entidad, el Eln es el grupo armado que causa mayor riesgo de cara a los comicios, generando un nivel extremo en 56 municipios. (Leer más en: Eln y ‘gaitanistas’, generadores de riesgo electoral en el país)
En diálogo con VerdadAbierta.com, Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró que es improbable que la guerrilla presione a los ciudadanos durante las elecciones, aunque dijo que su presencia sí desestimula la participación. “No hay reportes de que el Eln constriña a los electores de manera directa”, dijo, “pero sin lugar a dudas hay una relación entre baja participación y presencia del Eln. Allí donde ellos están la gente vota menos y eso puede tener que ver con el temor a movilizarse”.
Una de las mayores preocupaciones de la MOE se concentra, de acuerdo con Vargas, en el sur de Chocó, donde el Frente de Guerra Occidental es el que más ha atacado las elecciones en los últimos años, “por eso tememos que en estas elecciones haya afectaciones a las urnas o bloqueos en la zona”.
El recuento de Vargas muestra un patrón que sustenta su preocupación: “En 2014, ese frente decretó un paro armado durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, atacó puestos de votación y afectó los comicios en municipios como Itsmina, Alto Baudó, Medio Baudó, Tadó, Bagadó, San Juan, Sipí y Lloró. Luego, en las elecciones locales de 2015, hizo retenes en los ríos y no dejó llegar a los jurados y a los ciudadanos a algunos puestos, mientras en Medio San Juan quemó material electoral”.
El coordinador del Observatorio Político de la MOE también llama la atención sobre otros antecedentes de ataques al proceso electoral efectuados por el Eln, particularmente los ocurridos en 2015 en Güicán, Boyacá; Morales, Bolívar; y Anorí, Antioquia.
De otro lado, un investigador del conflicto que pidió la reserva de su nombre le dijo a ese portal que el Eln respalda o sabotea candidatos en el sur del Chocó, Catatumbo, sur de Bolívar y Arauca, donde “hay arreglos entre políticos locales y el Eln”. Los candidatos del Centro Democrático al Congreso que hacen campaña en Arauca, Miguel Matus y Luis Emilio Tovar, han denunciado amenazas por parte de esa organización insurgente.
Buscan salidas
Con el mundo político volcado a las elecciones y buena parte de la opinión desinteresada en la solución política del conflicto con el Eln, el único oxígeno que le queda a la mesa es el impulso del sector de la sociedad civil que cree en esa solución y que, además, tiene interés en que las partes cumplan su promesa de abrir canales de participación para abordar las agendas del movimiento social.
Durante la primera semana de febrero, 41 delegados de varias de esas organizaciones se reunieron con el presidente Santos, en Bogotá, y con la delegación de paz del Eln, en Quito, para explorar salidas a la crisis. Entre ellas estuvieron voceros de la ONIC, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, el Congreso de los Pueblos, la Red de Universidades por la Paz y la Ruta Pacífica de las Mujeres, así como organizaciones regionales de Cauca, sur de Bolívar, Nariño y Chocó. También asistieron delegados de la Mesa Social por la Paz, la Redprodepaz y la campaña Paz Completa.
En el encuentro con la delegación del Eln, las organizaciones sociales solicitaron ser tenidas en cuenta como intermediarias y manifestaron su preocupación por los impactos del conflicto en las comunidades. La guerrilla, por su parte, reafirmó su voluntad de no levantarse de la mesa y fue clara en que no realizará las acciones humanitarias unilaterales que demanda el gobierno nacional, aunque se comprometió a avanzar en dos temas que previamente han sido abordados en Quito: el Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó y el desminado humanitario en tres municipios de Nariño.
Una fuente de la delegación del Eln le dijo a VerdadAbierta.com que “en la reunión con el Coce se presentaron las solicitudes de las organizaciones de acompañar el proceso y sus propuestas de agenda de participación, así como la solicitud de bajar la intensidad del conflicto presentada por el campo social y popular”. Esa petición también está relacionada con el hecho de que, si la guerra se agudiza en los territorios, el acompañamiento y la participación de las comunidades en la mesa se verían debilitados.
Germán Roncancio, quien asistió a la reunión de Quito como delegado de la Red de Universidades por la Paz, opina que “en este momento de desequilibrio de la mesa de negociación política, la presencia del movimiento social es altamente significativa para ratificar el respaldo al proceso, exigirles a las partes que sean consecuentes y pedir que se cumpla la agenda, a la que no se le ha dado inicio real y concreto”.
Roncancio, sin embargo, reconoce que el tiempo corre en contra: “Mientras la delegación del Eln sigue esperando y el gobierno nacional continúa pidiendo gestos unilaterales de buena voluntad, se agota el tiempo para empezar a tomar otro tipo de decisiones. Está claro que la derecha no da un peso por la mesa y que los sectores de centro se abstienen de pronunciarse por cálculo político, por lo que el movimiento social debe seguir impulsando la importancia de una negociación política”.
Es por eso que las organizaciones y plataformas de paz que se reunieron con las partes estudian la posibilidad de convocarlas en una fecha específica, aún no definida, para que reanuden formalmente las negociaciones.
Eduardo Navarro, vocero de la Cumbre Agraria, explica que “en medio de las posiciones del gobierno nacional y del Eln, es posible encontrar un punto medio si el movimiento social participa de una manera activa y protagónica, convocando la reanudación de la mesa. Esa reanudación no necesariamente debe ser el inicio del quinto ciclo, pero podría ser al menos unas reuniones formales en las que se pacten medidas para aliviar la situación de las poblaciones y se dé inicio a la participación”.
En ese proceso de convocatoria, las organizaciones también consideran necesario vincular a las comunidades de las regiones donde opera el Eln. Así lo refiere Alejandra Llanos, que asistió a la reunión de Quito en representación de la ONIC: “Vemos importante que se adelante un proceso de pedagogía en las regiones, para que desde allí se haga el llamado”.
El grupo también le pidió a los países garantes (Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela) que asuman un rol protagónico en la solución de la crisis y en la tarea de alentar a las partes a cumplir los compromisos pactados.
Además, el 25 de febrero, por medio de la editorial de la Revista Insurrección, anunció un cese al fuego unilateral entre el 9 y el 13 de marzo, con motivo de las próximas elecciones legislativas. En ese mismo espacio también agradeció el esfuerzo de las personas y organizaciones que están planteando iniciativas para que continúen las negociaciones en la mesa de diálogos de Quito.
Pese a los esfuerzos, el tiempo apremia y las partes se niegan a ceder en sus posturas sobre el tema humanitario, que desde antes del inicio de la fase pública ha estado atravesado por pedidos unilaterales y exigencias de última hora que obligan a renegociar fechas y acuerdos.
Entre tanto, las comunidades de las zonas donde se desarrolla la confrontación armada continúan sufriendo los impactos de la guerra, mientras el sector del movimiento social que respalda la mesa ve comprometidas sus esperanzas de participar de manera decisiva en el desarrollo de una agenda que, finalmente, conduzca a ponerle fin a 53 años de confrontación armada.
