Desde antes de saber cuáles serían los criterios de selección, ya se oían las voces en contra de la presencia de víctimas del paramilitarismo en La Habana. Las críticas se incrementaron cuando viajó la primera delegación, que llevaba a tres personas afectadas por ese grupo armado. Uno de los que más se molestó con la decisión fue el procurador Alejandro Ordóñez, quien sostuvo que los victimarios de la mesa de diálogos son las Farc y que por ende sus víctimas son las que merecían ser escuchadas.

Ordóñez reiteró que la inclusión de quienes han padecido a otros victimarios valida la idea de las Farc de que el paramilitarismo puede igualarse a la Fuerza Pública.

Tanto el PNUD y la Universidad Nacional como el gobierno y la guerrilla parecieron hacer caso omiso de los comentarios, pues las víctimas de los paramilitares fueron mayoría. En todos los grupos hubo personas afectadas por las Farc y por agentes de seguridad del Estado, aunque la representación de este último fue casi de la mitad comparado con los grupos armados ilegales. Es de aclarar que una persona que viajaba a La Habana podía representar delitos cometidos por uno o más grupos armados.

La otra gran sorpresa fue la presencia de víctimas del Eln. La primera, María Jackeline Rojas, fue en el cuarto grupo y le siguió Isabella Vernaza.

De otro lado, Francia Márquez fue la única representante de los padecimientos causados por las bandas criminales y las multinacionales mineras. Estuvo en la última delegación que viajó a La Habana. Y si bien fueron escasas, sus voces contaron.