Personas vulnerables en Medellín fueron víctimas de oficiales y suboficiales del Ejército, que las presentaron como “bajas en combate”. Su estrategia fue convencerlas para que aceptaran una supuesta oferta de trabajo en diversas regiones de Antioquia. ¿Cómo reparar este tipo de crímenes?
“Los que se llevaron eran amigos míos. Yo recuerdo a uno que era muy ‘sexapiloso’, muy animado, pero se mantenía muy sucio”, cuenta Omaira Montoya, la ‘Guerrera’, una mujer que libró muchas batallas en las calles de Medellín por más de 40 años y que presenció hace poco menos de una década cómo varios de sus compañeros de andanzas fueron llevados por desconocidos a supuestos lugares de trabajo fuera de la capital antioqueña. Y nunca regresaron.
“Ese muchacho ‘sexapiloso’ me dijo: ‘Guerrera’, ‘Guerrera’, estoy más contento. Mañana me voy. Aquí vinieron unos muchachos bien vestidos, me dieron la liga y me dijeron que mañana me iban a llevar a trabajar”, desgrana con nostalgia Omaira, al recordar a uno de los jóvenes indigentes que, al parecer, fue víctima de uniformados del Ejército, en su afán de mostrar resultados operacionales contra la guerrilla.
Ella estuvo a punto de aceptar esa invitación: “Ese muchacho insistió en que me fuera con ellos. ‘Usted es como nosotros de fuerte’, me decía. Y yo le respondí que al otro día hablábamos. Me acosté temprano pensando en que me iría, trabajaba, me ponía gordita y descansaba unos días”.
“Al otro día me levanté y le dije que estaba lista. Y le pregunté: ‘¿cuántos más van a ir?’ Me respondió: ‘ya vienen, ya vienen’. Y salieron rápido, por encima de mí, cuatro. Estaban limpios, bien vestiditos. Y el muchacho ‘sexapiloso’ estaba parado ahí, al pie del camión, diciendo, ‘¡vamos!, ¡vamos!’”, relata Omaira, en una conversación con este portal.
“Al rato empezaron a salir más y más. Todos hombres. Entonces yo dije: ‘no, yo no voy a ir, estoy muy delgada, no tengo fuerzas, no, yo no voy a ir. Y el camión arrancó”, recuerda esta mujer. “Y me puse a llorar sin saber por qué”.
El vehículo se había parqueado en las afueras de Centro Día N. 1, un lugar en el centro de la capital antioqueña que acoge durante el día a personas en situación de calle y con recursos de la Alcaldía de Medellín se les brinda alimentación, espacios de aseo, atención en salud básica y momentos de lúdica. Era un sitio estratégico, y los militares lo sabían.
“A mí me tocó vivir todo eso”, evoca Lorena Durango Muñoz, quien también estuvo en aquella despedida. Ella vio partir a once jóvenes indigentes, varios de ellos amigos suyos. Había mucho ánimo en los muchachos.
¿Y cómo se dieron cuenta de la supuesta invitación? Lorena asegura que en las calles de la capital antioqueña corrió el rumor de que había trabajo en fincas, “pero no decían dónde, que estaban recogiendo gente para trabajar y les prometían rehabilitación. Sólo buscaban hombres. Los habitantes de calle son muy vulnerables, y cuando les ofrecen plata ahí están. Se trata de subsistir”.
“Algunos se fueron con la idea de buscar cambios positivos”, agrega la mujer, quien vivió 29 años en las calles antes de lograr su recuperación. “Me decían que con lo que ganaran se irían a un centro de rehabilitación, que se pondrían bien, que cambiarían su estilo de vida”.
“Pero todos esos sueños quedaron truncados”, se lamenta Lorena. Los jóvenes nunca regresaron. Inicialmente, pensaron que les estaba yendo bien, que se habían recuperado realmente, que volvieron a las casas de sus familias y dejaron atrás todos aquellos consumos nocivos.
Omaira y Lorena concuerdan en destacar que entre la población de personas en situación de indigencia es normal que algunas desaparezcan por semanas, meses y hasta años, y luego vuelvan a las calles y guaridas donde pasaban sus días y sus noches. Pero en el caso de los muchachos que se fueron en ese camión fue distinto. Ellos no volvieron a la ciudad.
Ambas mujeres hablaron el jueves pasado durante una audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante poco menos de un centenar de personas, incluidos varios militares que están siendo procesados por esos crímenes en este escenario de justicia transicional.
Ni Omaira ni Lorena sabían de ese fenómeno criminal que se conoce como “falsos positivos”, que no es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales perpetradas por tropas del Ejército contra personas ajenas a la guerra para hacerlas pasar por guerrilleros y obtener beneficios personales e incrementar los resultados operacionales, para satisfacción de sus superiores.
“Yo apenas me estoy enterando de lo que son los falsos positivos”, reconoce Omaira, quien estuvo en aquella audiencia en representación de los habitantes de calle de Medellín y en su condición de lideresa de Ave Fénix, un grupo de personas reeducadas que salieron de la indigencia y ahora se enfocan en sensibilizar, abrazar, escuchar y motivar a quienes están sumidos en ese tipo de vida.
Esta lideresa valora lo que hace la JEP: “Aquí hay una esperanza, una luz, para saber dónde están esos muchachos, y sus familias les den sepultura”. Por su parte, Lorena valora el reconocimiento que han hecho los militares: “es un gesto de valentía. Si ellos no lo hubieran dicho, no se habría sabido la verdad”.
Estrategia sistemática
Las investigaciones realizadas hasta el momento por la JEP, en desarrollo del macrocaso 003, que aborda los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, indican que los militares inmersos en casos de ‘falsos positivos’ no solo asesinaron a campesinos para presentarlos como “guerrilleros dados de baja”; también diseñaron la estrategia de engañar a personas vulnerables de las ciudades y tras falsas ofertas de trabajo las trasladaban a diversas regiones y las mataban para mejorar sus estadísticas operacionales.
De esa estrategia habló el sargento viceprimero (r) Fidel Ochoa, uno de los uniformados que está siendo procesado por la JEP, en la audiencia pública convocada en Medellín por la JEP para escuchar la aceptación de responsabilidades de los victimarios y las pretensiones de verdad y reparación de las víctimas.
De acuerdo con Ochoa, la estrategia de buscar personas vulnerables en Medellín para trasladarlas bajo engaño a Dabeiba, en el occidente antioqueño, se concertó con el entonces mayor David Guzmán Ramírez, comandante del Batallón Contraguerrilla N. 79, y sus hombres de confianza.
“Fue el mismo comandante del batallón el que nos suministró los recursos económicos para trasladarnos a Medellín”, declaró Ochoa. El objetivo de ese viaje era reclutar personas bajo engaño a futuras víctimas y llevarlas a las zonas de operación de ese batallón para luego asesinarlas y presentarlas como “bajas en combate”.
Uno de los militares comparecientes ante la JEP narró que, en alianza con paramilitares, se cometieron varios asesinatos de personas llevadas desde Medellín. Así lo expuso el sargento (r) Jaime Coral Trujillo ante las víctimas y magistrados de la JEP en la audiencia celebrada en la capital antioqueña.
Por orden de Coral, soldados bajo su mando recolectaron plata para enviar a varios compañeros a Medellín con el fin de reclutar víctimas. En su intervención detalló cómo en dos casos sus hombres llevaron cinco personas llevadas desde la capital antioqueña, las cuales fueron asesinadas y luego expuestas en una escena para hacerlos parecer como guerrilleros muertos en combate. Los cuerpos eran enterrados como NN en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba.
La estrategia de engañar personas vulnerables en Medellín descrita por los uniformados que comparecen ante la JEP coincide con la descrita por el entonces teniente Edgar Iván Flórez Maestre en una diligencia de queja presentada el 15 de diciembre de 2009 ante la Procuraduría General de la Nación.
El oficial detalló que para aquel año había bastante presión por sus superiores para presentar resultados. De hecho, la queja disciplinaria apuntaba al entonces teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, oficial adscrito a la Brigada XIV del Ejército con sede en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.
Flórez Maestre resaltó en su declaración las palabras de Ramírez Cedeño para presionar a sus subalternos: “Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida”. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)
Para cumplir con esas cuotas, los militares comenzaron a buscar opciones y a través de uno de los uniformados diseñaron la estrategia de reclutar en la capital antioqueña vendedores ambulantes y jóvenes sin familia: “les compraba ropa, les ofrecía plata y trabajo en Puerto Berrío en una finca y les decía que tenían que viajar a Puerto Berrío”.
De acuerdo con el relato de Flórez Maestre, a las víctimas las bajaban en retenes del Ejército instalados en las afueras de esta población de la región del Magdalena Medio antioqueño y las asesinaban fingiendo combates o enfrentamientos.
La sistematicidad de estos crímenes quedó en evidencia en 2021 cuando la JEP, a través de múltiples fuentes, estableció que entre los años 2002 y 2008 se habrían perpetrado por lo menos 6.402 muertes ilegítimas para ser presentadas como bajas en combate en diversas regiones del país. (Leer más en: Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’)
Muchos de esos casos han sido registrados como desaparecidos, pero con el trabajo de la JEP, basado en los testimonios de los comparecientes, se logró establecer que en el cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba, habría por lo menos medio centenar de cuerpos de víctimas de “falsos positivos”, varios de los cuales serían de personas en condición de indigencia llevadas bajo engaño desde Medellín. Las autoridades trabajan en su identificación plena.
¿Cómo reparar?
Una de las preocupaciones de las familias de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos es cómo será la reparación por los daños ocasionados. Justamente en esta audiencia pública, se expusieron algunas alternativas.
La vocería de las víctimas estuvo representada por Catalina Ortiz, hermana de un jóven asesinado por el Ejército. Recopilando las demandas y necesidades de todas ellas, y reclamando la participación de gobiernos locales y regionales, así como de la comunidad internacional, Ortiz resaltó que la principal demanda de las familias es la recuperación de los cuerpos de los jóvenes asesinados y enterrados como NN por las tropas.
Asimismo, exigió que se dignificara el nombre de las victimas y se reiterara que eran personas inocentes y no guerrilleros asesinados en unos combates que nunca existieron.
También reclamó acciones para recobrar la confianza de las comunidades en las instituciones del Estado y que en la formación de los funcionarios y agentes de la Fuerza Pública se incluyan mecanismos claros para que en el ejercicio de sus tareas protejan a la población civil.
Por último, pidió que se diseñaran medidas para reparar vías terciarias y centros educativos en zonas rurales de Dabeiba para fortalecer los proyectos agrícolas y avícolas.
En respuesta a esas peticiones, los militares procesados por la JEP y presentes en la audiencia se comprometieron a participar en procesos restaurativos para satisfacer a las familias de las víctimas.
A manera de conclusión, la magistrada Nadiezhda Hernández, quien presidió la audiencia pública, cerró la audiencia diciendo que “lo mas restaurativo es recuperar la condición humana, la palabra, la voz, esa posibilidad de contribuir y ser parte. Es un trabajo con los comparecientes y con las víctimas. En este país tenemos que salir restaurados todos”.
