Varios comandantes de divisiones, brigadas y batallones involucrados en ejecuciones extrajudiciales han pedido lugar en la justicia transicional, otros aún no son identificables por las organizaciones de víctimas o siguen activos en la institución castrense.

La investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las ejecuciones extrajudiciales de civiles indefensos perpetradas por tropas del Ejército para ser presentados como bajas en combate causó revuelo esta semana tras revelarse que la cifra de muertes ocasionadas por esa estrategia criminal ascendería a 6.402 víctimas, en hechos sucedidos entre los años 2002 y 2008.

El dato llamó la atención porque estableció que los actos criminales de las tropas del Ejército eran más de los reseñados por la Fiscalía General de la Nación, en cuyas bases de datos se registran 2.248 casos, y, además, superó hasta la más pesimista de las cuantificaciones, que, en este caso, la tiene la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), con 5.763 casos ocurridos en diversas regiones del país.

Voceros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp), que pidieron la reserva de sus nombres, cuestionaron el papel de la Fiscalía para esclarecer los hechos que involucran la responsabilidad de agentes estatales: “Es increíble que, únicamente haya aportado información sobre cerca de un tercio del total de los casos que hoy se exponen, y esto es más llamativo si se analiza que no existe un número representativo de condenas que permita llegar a una verdad histórica frente a los máximos responsables, quienes dieron las órdenes de cometer estos graves crímenes”.

A la par de revelar la cifra de ejecuciones extrajudiciales, la JEP anunció su estrategia de investigación para desentrañar lo que realmente pasó en las guarniciones militares. Para hacer más eficaz su trabajo, se concentrará, inicialmente, en los asesinatos ocurridos en los departamentos de Antioquia, Casanare, Cesar, Huila, La Guajira, Meta y Norte de Santander. Una vez cumplida esa primera fase, la JEP abordará hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros. El objetivo fundamental es aplicar criterios de priorización que permitirán, incluso, asignar recursos diferenciados y, con esa metodología, pretende “esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional”, con el fin de identificar a los máximos responsables.

Los más comprometidos

Tras consolidar los primeros datos, la JEP expuso que las divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército, concentran cerca del 60 por ciento del total de casos ocurridos, siendo el 2007 el año que registra los índices más altos de víctimas, circunstancia que coincide con lo consignado en las bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Fiscalía General de la Nación y la organización no gubernamental Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu). Para ese año, sólo en los 10 departamentos más afectados, la JEP sumó 1.012 víctimas.

En el caso de Antioquia, la JEP priorizará la investigación de hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en la región del Oriente (la zona con los números más altos: sólo en estos tres años se registraron 332 de las 501 víctimas recopiladas entre 2002 y 2008). La guarnición militar más comprometida en estos crímenes es el Batallón de Artillería No. 4, adscrita a la IV Brigada del Ejército. Oficiales y suboficiales de esta unidad militar serían responsables de por lo menos 218 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.

Respecto a los departamentos de la región Caribe, la JEP registró 173 casos en Cesar y 90 en La Guajira. La Primera División del Ejército, con jurisdicción en esta zona, registra las cifras más altas a nivel nacional para el año 2006. Una de las unidades militares más comprometidas es el Batallón de Artillería No. 2, razón por la cual este organismo de justicia transicional la investigará de manera especial.

En el caso de Norte de Santander, desde 2002 a 2008, se estima que existen 298 víctimas. En el histórico desde 1985, desagregando las cifras, se encuentra que el 82 por ciento de ellas se concentran en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2008, siendo el 2007 (26 por ciento) y 2008 (17 por ciento) los años con los porcentajes más altos.

Organizaciones de víctimas han cuestionado el comportamiento, en esos años, de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15. A juicio de la JEP, se evidencian por lo menos dos patrones de acción: “Por un lado, el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en el sector, en parte, con base en prejuicios y estigmatización; y por el otro, una suerte de sofisticación del patrón criminal, consistente en reclutar víctimas de otros territorios, engañarlas y asesinarlas en el Catatumbo y reportar su muerte como baja en combate”.

En cuanto a los departamentos de Huila y Tolima, la Fiscalía reporta 267 casos relacionados con la gestión de la Quinta División del Ejército entre 2005 y 2008. De manera común, explica, se presentaba estigmatización de la población de zonas rurales “como simpatizante o integrante de las Farc, principalmente, o aprovechando situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y marginalidad económica en población”, y en la cual, en varios casos, persistía la promesa de acceder a un trabajo.

La Cuarta División, con operación en Casanare y Meta, ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en el 2007 alcanzó el primer puesto. “De las cinco brigadas que conformaron, de manera variable, la Cuarta División, la Brigada VII y la Brigada XVI concentraron en la mayor cantidad las muertes cuestionadas, para un total de 230 procesos en Fiscalía en el periodo comprendido entre 2001 y 2011, por la muerte de 415 personas”, explica la JEP.

Al estudiar previamente los patrones que rodearon las ejecuciones extrajudiciales en Casanare, este tribunal de justicia transicional encontró que “la victimización se produjo haciendo uso de desmovilizados e informantes, quienes identificaban a otros desmovilizados o personas señaladas de estar vinculadas con la criminalidad”.

Por último, en Meta, identificó 104 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre los años 2002 y 2005, que comprometería a 153 militares, en su mayoría adscritos al  Batallón de Infantería No. 21.

Por otro lado, paramilitares desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz, confesaron ante la Fiscalía que víctimas suyas eran entregadas a uniformados de esa unidad militar para que los presentaran guerrilleros dados de baja en combate y así aumentar sus resultados operacionales. (Leer más en: Miembros del Ejército presentaban como ‘falsos positivos’ a víctimas de ‘paras’ en Meta y ‘Don Mario’ involucra al coronel Cabuya en ‘falsos positivos’ de Meta)

Con esta priorización inicial, la JEP insistió en que se garantizará la participación efectiva de las víctimas, así como “la identificación de responsabilidad con base en patrones, planes y/o políticas criminales y la estrategia de determinación de hechos y conductas ‘de abajo hacia arriba’ adoptada”.

Sobre este último punto, voceros de organizaciones de víctimas que aportaron información para nutrir este caso expresaron a este portal su inquietud por cuanto temen que esa estrategia de la JEP se concentre en establecer los responsables de los hechos en el nivel local y regional, sin que se alcance a lo nacional, a raíz de la presión que se ha ejercido sobre militares de rangos bajos.

“Esto presenta un peligro para la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición —indican voceros del Cspp—, teniendo en cuenta la temporalidad que rige a la Jurisdicción Especial para la Paz, y particularmente a la Unidad de Investigación y Acusación que estaría llamada a investigar a los máximos responsables que no reconozcan su responsabilidad sobre estos hechos”.

Militares visibles

Detrás de todas esas cifras entregadas por la JEP hay oficiales que estuvieron destacados en las guarniciones militares y que serán los primeros cuestionados por los hechos que sucedieron en su jurisdicción. Pero, ¿quiénes son?

A partir de resoluciones y autos de la JEP, y con información suministrada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), este portal estableció los nombres de los comandantes de divisiones, brigadas y batallones priorizados por la JEP, delimitando esa identificación al año 2007, por ser el más letal.

Sin embargo, como lo explica una investigadora de la Cspp, las hojas de vida de los militares son reservadas y “las dificultades para acceder a ellas han sido bastantes”. La información que han recolectado estas organizaciones ha sido construida sobre expedientes judiciales y las versiones de víctimas.

El año 2007 se impuso como el más grave con 777 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de ellas ocurrieron en los siete departamentos priorizados: Antioquia (297), Huila (106), Norte de Santander (99), Casanare (95) Meta (90), Cesar (90) y La Guajira (36). (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)

Para ese año, corría el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos llevaba casi seis meses como Ministro de Defensa. El 24 de octubre de ese año, el Jefe de Estado visitó el municipio de Cocorná, en el Oriente antioqueño y aprovechó para fustigar a quienes cuestionaban a la Fuerza Pública. 

“Como andan de civil y en grupitos pequeños, en cada ocasión que se le ha dado de baja alguno, salen a acusar a la Fuerza Pública, a decir que es una Fuerza Pública asesina, que en lugar de darles de baja los asesinaron fuera de combate. (…) Vamos a ilustrar bien el caso, vamos a formar bien el caso, con todas las evidencias, para avanzar en la defensa de nuestros soldados y policías”, dijo Uribe en aquella ocasión. 

Desde el 2006, a la cabeza del Ejército Nacional estaba el general (r) Mario Montoya Uribe, quien antes de buscar cupo en la JEP, estaba siendo investigado por la Fiscalía por su posible responsabilidad en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y que fueron presentadas al país como logros militares. (Leer más en “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Mario Montoya)

Varias organizaciones representantes de víctimas han cuestionado la comparecencia de Montoya a la JEP porque, a su juicio, se ha negado a reconocer que tenía conocimiento de esta práctica durante sus años como máximo comandante de la institución castrense. No obstante, varios subalternos lo contradicen, recordando frases como «Las bajas no es lo importante, es lo único» y «La guerra se mide en litros de sangre”. Por eso, las víctimas interpusieron acciones judiciales en diciembre de 2020 con las que esperan que este excomandante sea expulsado de la justicia transicional. (Leer más en General (r) Mario Montoya, ¿primer militar que podría ser excluido de la JEP?)

El general (r) Luis Roberto Pico Hernández, quien fungió como comandante de la Séptima División del Ejército entre 2006 a 2008, por presuntos vínculos con el paramilitarismo, ha sido investigado por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tras un señalamiento hecho por Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, confeso narcotraficante y exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En 2018 también buscó acogerse a la JEP, pero aún no se ha resuelto su petición. 

De esta División hace parte la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín. Fue comandada en 2007 por el coronel Juan Carlos Piza Gaviria. La JEP reseñó en su decisión que varias unidades militares adscritas a esa guarnición militar, entre las que se destacan el Batallón de Artillería No. 4, comandado por Juan Carlos Ramírez Trujillo desde diciembre de 2006 a diciembre de 2007; el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4, comandado por Rubiel Enrique Pérez Rodríguez. Sobre el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 y el Batallón de Infantería No.10 no se pudo determinar quiénes eran sus comandantes para 2007.

Con respecto al Ramírez Trujillo, su ascenso a Mayor General, autorizado en diciembre de 2019, fue rechazado por organizaciones de víctimas que indicaron que en informes ante la JEP que podría ser responsable en la comisión de ejecuciones extrajudiciales. 

Con respecto a la Primera División del Ejército, que tiene jurisdicción en la región Caribe, se cuestionan las actuaciones de la II Brigada del Ejército, con sede en Barranquilla, quien tuvo como comandante en 2007 al general  Luis Felipe Paredes Cadena. 

El 12 de noviembre de 2020, Adolfo León Hernández Martínez rindió versión voluntaria ante la JEP, después de que fuera citado por su papel como comandante del Batallón de Artillería No. 2, entre diciembre de 2007 y junio de 2009, adscrita a la II Brigada. En su comparecencia, indicó que la presión de alcanzar resultados operacionales venía desde la cúpula militar y que él mismo ejerció esa presión sobre sus soldados.

Bajo la lupa también estará la Segunda División del Ejército, comprometida en hechos ocurridos en Yopal, Casanare, y en varios municipios de Norte de Santander. Esa unidad militar estuvo comandada desde diciembre de 2004 a noviembre de 2007 por el general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, quien al año siguiente asumió el cargo de Jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares.

Allí también se encontraban en aquellos años, como comandantes de la  Brigada Móvil 15, Santiago Herrera Fajardo, y del Batallón De Infantería No. 15, Álvaro Diego Tamayo Hoyos; ambos rindieron su versión en la JEP en junio y julio de 2019, respectivamente. Herrera y Tamayo son señalados por las víctimas por los asesinatos de los jóvenes de Soacha, cuyos cuerpos aparecieron en el municipio de Ocaña en 2008.

El pasado 12 de febrero, el general en retiro Guillermo Quiñones Quiroz, excomandante de la Cuarta División del Ejército, fue el noveno compareciente de alto rango que aportó su versión a la JEP. Se le relaciona con casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en los departamentos de Casanare y Meta. 

En cuanto a la XVI Brigada, que está bajo su jurisdicción, la última versión ante la JEP de Henry William Torres Escalante, quien comandó esa unidad militar con sede en Yopal. en junio de 2020, reconoció, después de haberlo negado en diversas ocasiones, su responsabilidad por omisión en varias ejecuciones extrajudiciales y admitió que sus exigencias pudieron derivar en los casos de falsos positivos. 

Finalmente, frente al Grupo Gaula de Casanare (GACAS), uno de sus antiguos comandantes, el mayor en retiro Gustavo Enrique Soto Bracamonte, entregó entre 2019 y 2020 ante la JEP versiones que comprometen al entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Mario Montoya. Según su versión, presionaba para que se consiguieran resultados a “toda costa”. Sin embargo, la defensa del alto oficial, ya en retiro, ha desacreditado dichas acusaciones.