En su más reciente informe, la organización no gubernamental Somos Defensores, que desde 2002 ha documentado las agresiones que sufren los defensores de derechos humanos en Colombia, analizó cómo fue la violencia que padecieron en los últimos ocho años. También cruzó investigaciones sobre el tema de diferentes entidades, registró los casos ocurridos en el último semestre y valoró el devenir de esa grave crisis humanitaria bajo la administración de Iván Duque.
“En materia de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social, el saldo en rojo es grande y no se entiende cómo en un periodo marcado por contexto de paz, sus mayores impulsores y defensores, especialmente desde los territorios, hayan pagado el costo más alto. Más de 600 personas defensoras de DDHH, perdieron la vida, mientras el gobierno negociaba con las insurgencias, se desescalaba la confrontación y bajaban las cifras de violencia”.
Esa contradicción es una de las principales conclusiones de Más allá de las cifras, segunda parte, el informe que este lunes divulga Somos Defensores. Hace ocho años, cuando Juan Manuel Santos recién se había posesionado como mandatario de los colombianos, ese título fue utilizado por primera vez para alertar sobre ese fenómeno que resultó transformándose en una tragedia sin precedentes. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: una crisis humanitaria advertida)
La investigación, además, reconoce lo avanzado en normatividad, disposición al diálogo y la concertación entre el gobierno nacional y la sociedad civil, “amén de las mesa de negociación con las guerrillas; pero también, cómo muchas rutas trazadas y buenos propósitos quedaron plasmados en sendos papeles y narrativas institucionales, pero sin desarrollos en la práctica, ambivalencia problemática en los territorios, especialmente donde había mucha expectativa en la llegada de la paz, pero donde por el contrario, la violencia tomó fuerza y la esperanza se va como el agua entre los dedos”.
Para Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, esas escalofriantes cifras también son el reflejo de la transición y del cambio de tono que emergió durante el gobierno del anterior presidente de la República, ya que, en periodos anteriores, esta clase de hechos no se denunciaban con fuerza y se estima que el subregistro de casos puede ser del 90 por ciento.
“Cuando llega Juan Manuel Santos, cambia el tono y empieza a hablar de paz, la gente comienza a creer que eso es posible y empieza hablar; además, pudimos acceder a más denuncias y hemos tenido la oportunidad de tener cada vez más información. Por eso las cifras del gobierno Santos son tan abultadas. Con esto no lo estoy excusando, por supuesto, porque no hubo una respuesta efectiva entorno a muchas situaciones, pero el tono de Santos fue muy distinto al de Uribe y eso se debe agradecer en el sentido de que hubo acercamientos y que la gente denunció más”, señala.
Y complementa que la situación de los últimos años, obedece al “coletazo de la paz”, que no ha frenado aún, cuya violencia, traducida en amenazas y asesinatos, empezó a escalar drásticamente cuando las negociaciones de paz adelantadas en Cuba llegaron a decisiones clave. Uno de esos primeros momentos críticos se dio en agosto de 2014, cuando una delegación de víctimas del conflicto armado se reunió con los negociadores de paz de ambas delegaciones en la isla del Caribe y se dispararon las amenazas de muerte.
El informe refleja ese cambio de tono en medidas clave como el reconocimiento de las víctimas, la promulgación de la Ley de Restitución de Tierras y los diálogos de paz con las Farc y el Eln, pero entre todas, destaca que “la Presidencia de Santos se caracterizó por la apertura de decenas de mesas de diálogo, interlocución, concertación sostenidas durante su mandato para, según él, construir participativamente, pero en la práctica, sin resultados materiales palpables”.
Por consiguiente, afirma que ese “exceso de mesas y escenarios tuvieron como resultado un amplio paquete de leyes, normas, decretos y resoluciones que, ante el cambio de gobierno, tambalean en su sostenimiento y aún más en su aplicación. En pocas palabras, el gobierno Santos fue un mandato en medio del dialogo con resultados en el papel”.
Y para sostener su aseveración detalla escenarios como “la Mesa Nacional de Garantías (con 9 años de existencia), Comisión Nacional para la desclasificación de Archivos de Inteligencia (con 5 años de existencia) o la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (con 2 años de existencia) son muestra de la tesis anterior. Todos estos espacios, en los que participan los defensores de DD.HH., tuvieron avances minúsculos frente al volumen de problemas a solucionar”.
Por último, el informe cuestiona la labor realizada por 17 funcionarios que encabezaron los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda; la Vicepresidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes no lograron construir, impulsar e implementar política pública, acciones políticas y ejecutivas para salvaguardar la acción de los defensores de derechos humanos.
Las cifras…
Otra paradoja que plantea el informe es el amplio volumen de información disponible hoy en día sobre violencia contra defensores de derechos humanos, que se convirtió en un problema en sí mismo, “dada la multiplicación de fuentes de información, los estudios sobre el fenómeno, y las discrepancias entre éstas y las asumidas por el Estado colombiano”.
Por esa razón, uno de sus capítulos se dedicó a analizar y comparar ocho informes publicados en los dos últimos años por organizaciones no gubernamentales, agencias estales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH). De entrada, valora como positivo el hecho de que organizaciones tan diferentes estén en la tarea de documentar y denunciar lo que ocurre en las regiones, pues entre más información circule, se genera mayor atención y sensibilidad para que el Estado actúe, pues ese drama ha estado invisible durante décadas.
Al revisarlos, se concluye que la diferencia “en la dispersión de cifras radica en que cada documento cuenta con una definición diferente de quien es un defensor de derechos humanos e igualmente cuenta con una metodología distinta para el levantamiento, sistematización, caracterización, análisis y exposición de datos, lo que hace que cada informe tenga conteos y análisis distintos en obediencia también a periodos distintos de observación”. (Leer más en: Asesinato de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Sin embargo, encuentra un común denominador más allá de la disparidad de cifras: que el asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia viene en aumento y no hay políticas efectivas para evitarlo. Lo cual se agrava porque, por falta de voluntad del gobierno nacional, no existe un sistema de información o estadística propio que dé cuenta de la magnitud real del problema, “aferrándose a una actitud facilista al basarse exclusivamente en el trabajo de documentación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), desconociendo de alguna manera las cifras de la Defensoría del Pueblo, institución del mismo Estado”.
Por esa razón, el informe plantea que la forma más efectiva para minimizar las diferencias sobre diversas informaciones de asesinatos de líderes sociales en el país es que de una vez por todas el gobierno nacional y Estado colombiano, “asuman la responsabilidad política de tener un registro único de defensores agredidos y asesinados y construyan un mecanismo de recepción y documentación de casos que produzca una cifra estatal que recoja todos estos informes, dejando con ello de basarse en las cifras que gracias al excelente trabajo de la OACNUDH, el gobierno obtiene sin ningún tipo de esfuerzo”.
De hecho, esa es una de las disposiciones que tomó la Procuraduría General de la Nación en su Directiva 002 de 2017, cuando por primera vez se pronunció con contundencia sobre esta ola de violencia. (Leer más en: “No habrá tolerancia ni impunidad para crímenes de líderes sociales”: Procuraduría)
Primer semestre de 2018
Fiel a la triste tradición que se instaló en los últimos años, la escalada de violencia contra los defensores de derechos humanos siguió en aumento en los seis primeros meses de este año: 397 fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad. Si se compara con el registro del año pasado, las agresiones aumentaron un 16 por ciento, pues en el primer semestre de 2017 fueron atacados 335.
Los meses más graves fueron mayo y junio, marcados por la coyuntura política de la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando ocurrieron 115 y 77 agresiones, respectivamente. Los departamentos con más agresiones fueron Cauca (73), Valle del Cauca (46), Norte de Santander (32), Cesar (29), Córdoba (28), Antioquia (26), Nariño (22) y Chocó (19).
Y a pesar de las constantes denuncias de las organizaciones sociales y de los reiterados informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo, cada dos días fueron asesinados dos defensores de derechos humanos en el primer semestre de este año. De esa manera, el trágico conteo de líderes asesinados en ese periodo de tiempo llega a 77, que supera en un 34 por ciento a los 51 casos reportados en los seis primeros meses de 2017. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
Nuevamente los departamentos más violentos fueron Cauca (13 asesinatos), Antioquia (12) y Norte de Santander (10), seguidos por Valle del Cauca, Córdoba, Arauca, Chocó y Nariño. De acuerdo con las fuentes consultadas por Somos Defensores, 12 de las víctimas habían denunciado amenazas de muerte.
Sobre el modus operandi, la compilación refiere que 70 de los 77 homicidios fueron cometidos mediante la modalidad de sicariato, “en la que uno o varios hombres desconocidos y armados, irrumpen en la vivienda del defensor, cerca de ella o en caminos que transita el líder y accionan armas de fuego contra su humanidad ocasionándoles la muerte”.
Las restantes muertes fueron ocasionadas con arma blanca (5), golpes y otras formas de violencia; además, ocho de los homicidios estuvieron precedidos de la desaparición del defensor y posteriormente fue hallado su cuerpo. Por último, el informe refiere que en uno de estos casos el cuerpo de la víctima fue hallado con signos de tortura y que en ocho el asesinato se realizó con extrema sevicia (más de 5 disparos).
Como muestra el gráfico anterior, y de acuerdo con la definición de Guevara sobre el “coletazo de la paz”, la mayoría de líderes y lideresas asesinados estaban ligados a procesos comunales y de sustitución de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, uno de los programas clave para implementar el Acuerdo Final alcanzado con las Farc. La violencia contra ellos se ha concentrado de tal manera que desplazaron a los asesinatos de autoridades étnicas, que durante años ‘mantuvieron’ el primer lugar de ese vergonzoso escalafón. El 80 por ciento de los asesinatos del pasado semestre afectaron liderazgos rurales. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)
Sobre los presuntos responsables, las tendencias son similares a la de años anteriores: se desconoce a la gran mayoría de ellos. Sin embargo, Somos Defensores reporta preocupación por el aumento de asesinatos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública y del Eln: seis y cuatro de este semestre, contra dos y uno del año pasado, respectivamente; al igual que las disidencias de las Farc como un nuevo generador de muerte, sobre quienes recaen la sospecha de cinco de los 77 asesinatos.
Además, el informe señala que “siguen siendo evidentes los altos niveles de planeación y seguimiento de los asesinos de defensores de derechos humanos en Colombia. En el 83 por ciento de casos, se evidencia que los crímenes se presentan en las primeras horas de la mañana o en altas horas de la noche cuando los líderes salen hacia su trabajo o regresan de él, o se encuentran descansando”.
Las dos caras de Fiscalía
Somos Defensores reconoce y celebra los avances del ente acusador en los últimos años, pues es una entidad que antes de 2016 poco o nada hizo por investigar crímenes contra defensores de derechos humanos. Sin embargo, recalca que es necesario reconocer el papel determinante la OACNUDH en esos recientes logros, de los que el ente investigador da parte de haber establecido la autoría de los homicidas en el 50 por ciento de los casos ocurridos entre 2016 y julio 2018. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
“Desde 2015, bajo la administración de Eduardo Montealegre, la Fiscalía comenzó a recibir apoyo técnico de la OACNUDH en la ruta metodológica para crímenes contra defensores, en cómo identificarlos y sobretodo, la verificación en terreno de los casos. En la actual administración del Fiscal Martínez, esta alianza se fortaleció y otras instituciones del Gobierno (Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa) validaron los casos reportados por OACNUDH como los que deberían ser priorizados e investigados y en últimas, convirtieron la cifra de esta oficina de la ONU en la cifra oficial del Gobierno de Colombia”, refiere.
Por esa razón cuestiona que la Fiscalía y el propio gobierno nacional desconozcan los casos documentados por organizaciones de la sociedad civil y la propia de Defensoría del Pueblo que da cuenta de 343 asesinatos cometidos entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de este año: “Debe abordar en su totalidad los casos reportados -y no quedarse con la menor cifra-, para esclarecer la calidad de la víctimas, los móviles de los hechos, los presuntos autores materiales e intelectuales y brindar una respuesta a las víctimas en materia de justicia, verdad y reparación”. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
En cuanto a los casos ocurridos entre 2009 y 2017, Somos Defensores alerta que la impunidad ronda el 91 por ciento, pues de 563 asesinatos documentados, tan sólo en 49 de ellos hay un alcance efectivo de la justicia.
El informe también discrepa de los anuncios que ha hecho en diversas ocasiones el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien insiste en la idea de la “reducción de impunidad”, cuando sólo se refiere a los avances de investigaciones: “En pocas palabras, ‘esclarecimiento’ no es igual a ‘disminución de impunidad’; esclarecimiento es sencillamente mostrar índices de que la Fiscalía por fin está haciendo su trabajo: investigar”.
Y enfatiza que con los anuncios del ente investigador sobre el esclarecimiento el 50 por ciento de los asesinatos de líderes sociales “podría pensarse que se trata de al menos 300 procesos, lo cual no es cierto, pues se refiere a 181 casos de los dos últimos años; mientras el Sistema de Información SIADDHH registra 609 asesinatos en los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos. A esto se le suma que tan sólo hay 16 sentencias en dos años y medio de priorización de casos de la Fiscalía, lo que indica que sólo hay justicia efectiva en 8.5 por ciento de esos casos”.
De otro lado, el informe también le dedica un capítulo a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las personerías municipales, destacando los intentos que han realizado para denunciar el riesgo que padecen los líderes sociales y frenar su desangre. A la par, les hace un llamado para que coordinen mejor su trabajo institucional y puedan convertirse en ‘Los Tres Mosqueteros’ del Ministerio Público que logren mejores resultados para los defensores de derechos humanos.
Duque, la incertidumbre
La falta de claridad y de liderazgo del nuevo mandatario de los colombianos sobre la ola de violencia que padecen los defensores de derechos humanos genera muchas dudas, las cuales se amplían porque su partido político, el Centro Democrático, es un fuerte detractor del acuerdo de paz alcanzado con la otrora guerrilla de las Farc y se opone a varias reivindicaciones sociales. (Leer más en: Proyecto de modificación de Ley de Tierras ataca la “médula” de la restitución)
El informe alega que, aunque en su discurso de posesión presidencial señaló que los líderes sociales “son el corazón de la Patria”, durante su campaña el tema le fue esquivo y hasta el momento no se conocen planes o propuestas de gobierno para frenar la oleada de asesinatos y agresiones de los últimos años. (Leer más en: Los retos de Iván Duque para cumplir con el Pacto Social por los Derechos Humanos)
“Esto hace que el nuevo Presidente y su gobierno aún sea una incógnita para los defensores y defensoras al desconocer su posición más clara y contundente sobre el tema, y especialmente por el silencio de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, responsable del tema, y la salida en falso del nuevo Ministro de Defensa, Guillermo Botero frente a la protesta social”, refiere. Y no es para menos, pues en sus más recientes declaraciones, Botero relacionó a las protestas sociales con el narcotráfico y el crimen organizado, y antes de tomar posesión del cargo habló de la necesidad de “regularla”. (Leer más en: MinDefensa y líderes sociales: de líos de faldas a ‘subvenciones’ de narcos)
Como muchas medidas para lograr la protección de los defensores de derechos humanos están consignadas en los acuerdos de paz alcanzados con las Farc, el informe señala que una de las primeras tareas que tendrá el nuevo mandatario es des-santificarlos: “Es decir, hacer que el acuerdo y su implementación supere los odios políticos y tenga una clara determinación del Ejecutivo en implementarlos, alejándose un poco de la visión apocalíptica sobre la paz con las FARC que tiene el partido que hizo presidente a Duque”.
El Acuerdo de Paz tiene por lo menos 21 disposiciones que contribuyen a las garantías de protección y seguridad. “De estas disposiciones, hay al menos 10 que garantizarían, de ser implementadas en su totalidad, que la violencia contra líderes sociales disminuyera, sin embargo, tan sólo 3 han iniciado mínimamente su implementación, 1 tiene un nivel medio de avance y 6 aún se encuentran en el 0 por ciento de implementación”, señala el informe, al referirse al seguimiento que le ha realizado el Instituto Kroc al proceso de implementación.
Por esa razón, uno de los principales temores de las organizaciones defensoras de derechos humanos es que el presidente Duque derogue todos esos instrumentos, como advierte Carlos Guevara: “Hay una intención, emanada en la Mesa por la Vida, en la que se va a supuestamente unificar toda la política púbica entorno a la protección de derechos humanos, pero lo que realmente se hará es derogar todos los decretos que salieron del acuerdo de paz en este tema. Esas diez normas y otros decretos, que no se derogarán de frente, sino que se hablará de una consolidación de política pública para quitarle peso”.
Además de pedirle al nuevo mandatario que se apersone de la crisis humanitaria que padecen los líderes sociales, Guevara señala que debe tomar pronto decisiones para construir un registro único de violencia contra defensores de derechos humanos; revisar la política de prevención y utilizar efectivamente los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo para evitar más muertes; poner en marcha esquemas de protección colectiva porque no es posible ni efectivo darle chalecos antibalas y vehículos blindados a todos los amenazados; y crear mecanismos de coordinación entre las entidades estatales. “¿Cómo posible que el nuevo director de la UNP dice que hay un asesinato sistemático de defensores humanos, y la ministra del Interior sale a decir días después todo lo contrario?”, cuestiona.
Por último, afirma que “con el gobierno Santos tuvimos la oportunidad obtener una fotografía real de la violencia que padecen los líderes sociales, mucho más aproximada a la verdad, de la que se pudo tener en otros periodos presidenciales. La violencia es dramática contra esos activistas, le pudimos tomar una foto con detalle a esa situación. Ya la tenemos. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que no siga pasando?”.
