¿Qué más dice el extenso fallo del Tribunal de Justicia y Paz que pidió investigar al expresidente y hoy senador por el Centro Democrático?
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Alejandro Navas, Mario Montoya, Iván Ramírez y Leonardo Gallego, señalados en la sentencia de Justicia y Paz por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Los tres primeros fueron generales del Ejército y el último de la Policía Metropolitana de Medellín. Fotos: archivo Semana.
La primera sentencia en contra de paramilitares del Bloque Cacique Nutibara causó revuelo en los medios de comunicación la semana pasada por la mención a Álvaro Uribe Vélez. El magistrado ponente, Rubén Darío Pinilla, pidió investigar al hoy senador por su responsabilidad en algunos de los episodios más dolorosos para los antioqueños: la Operación Orión, la masacre de El Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos,Jesús María Valle.
Pinilla pide que se indague sobre el respaldo que el entonces Gobernador de Antioquia dio a grupos de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) que dieron pie a la creación de grupos paramilitares en el departamento. Además, ordena una investigación ante la Comisión de Acusaciones del Congreso por sus actuaciones mientras fue Presidente de la República.
Sala de Justicia y Paz pedirá investigar al expresidente Uribe por paramilitarismo
La sentencia va más allá de Uribe y agrega que “la promoción, organización y apoyo de los grupos paramilitares se convirtió en una política trazada, auspiciada o permitida y facilitada desde los altos mandos de las Fuerzas Militares” y no se trató de hechos aislados. Responsabiliza al Estado colombiano en su conjunto por los delitos cometidos por los grupos paramilitares, pues asegura que “el Estado sabía de esas actividades de sus agentes”.
Estas acusaciones no son nuevas. Salieron a la luz en un auto proferido por el mismo tribunal en septiembre de 2013, donde se pretendía excluir de la ley de Justicia y Paz a siete exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara. En esa oportunidad, el magistrado Pinilla ordenó que se investigara a decenas de funcionarios públicos. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que el magistrado se extralimitó en sus funciones y anuló el auto.
Corte Suprema de Justicia tumbó investigación contra senador Álvaro Uribe
Los desmovilizados del Cacique Nutibara no fueron excluidos y dos años después, en la sentencia condenatoria contra los mismos, Pinilla reafirma sus denuncias e insiste en compulsar copias a funcionarios públicos y militares mencionados por los paramilitares postulados a la ley de Justicia y Paz.
El fallo reúne testimonios y pruebas recogidas en varios procesos que sigue el Tribunal de Medellín para construir un contexto de lo sucedido en el país en los últimos 20 años del siglo pasado y la creación de grupos paramilitares. VerdadAbierta.com hace un recuento de las principales revelaciones.
El Ejército y los ‘paras’ de Antioquia
En varias ocasiones la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Superior de Medellín se ha referido sobre los supestos nexos del expresidente Uribe y de miembros de la Fuerza Pública con los paramilitares. Foto: archivo Semana.
Desde 1996, cuando ingresaron los primeros paramilitares a Medellín, su presencia estuvo mediada por los militares. El documento señala que el ingreso de los paramilitares a la ciudad fue solicitada por el comandante de la IV Brigada del Ejército, General Alfonso Manosalva Flórez, a Carlos Castaño Gil. El exjefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún dijo que se reunió con el General y, acatando una orden de Castaño, envío al corregimiento de Belén Altavista un grupo de ‘paras’ proveniente de Urabá.
“El Ejército Nacional no sólo apoyóa los paramilitares. La Sala también tiene evidencia de que no los persiguió, ni combatió efectivamente (…) y antes bien, coordinaban sus operaciones, aún con la Policía Nacional, cuando no era que actuaban conjuntamente y si por casualidad llegaban a encontrarse, ‘cada uno cogía por su lado’”, dice el fallo.
Hasbún asegura que general Manosalva colaboró con ‘paras’
Una muestra de esta alianza es la Operación Orión que, según la sentencia, fue concertada entre el Ejército Nacional al mando del General Mario Montoya, la Policía Nacional en cabeza del General Leonardo Gallego Castrillón y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
“El objetivo de esas operaciones y la última de ellas, la operación Orión, era eliminar el último reducto de las milicias y el único sector donde los paramilitares no habían podido tomar el control, como lo tenían en las demás zonas de Medellín”, asegura la providencia. Después de la operación Orión, los paramilitares de ‘Don Berna’ se tomaron la Comuna 13 y con lista en mano desaparecieron a cientos de personas entre 2002 y 2003.
Así sucedió en gran parte del departamento. ‘HH’ ha reconocido en versión libre que el Bloque Bananero realizó operaciones conjuntas con el Ejército, en Caucasia, por ejemplo, los ‘paras’ patrullaban armados en frente de los policías y en Necoclí instalaron peajes ilegales que los Militares conocían y hasta transitaban. La sentencia agrega que esta verdad se ha podido establecer a pesar de las varias amenazas que han recibido los exparamilitares que se han referido a miembros de la fuerza pública.
La providencia ordena investigar a los generales Alejandro Navas Ramos, por su presunta responsabilidad en la masacre La Horqueta; Iván Ramírez Quintero quien, según Salvatore Mancuso, fue uno de los estrategas de la expansión paramilitar y Carlos Alberto Ospina por su posible participación en la masacre de El Aro. Así como al Teniente Coronel John Jairo Cardona Chaparro y al Coronel Germán Morantes Hernández.
Las Convivir que le abrieron paso al paramilitarismo
La Operación Orión, realizada en la Comuna 13 de Medellín, tiene bajo la lupa a varios exmiembros de la Fuerza Pública. Habitantes de ese sector de la capital antioqueña, denunciaron que durante y después de la operación, fueron desaparecidas decenas de personas. Foto: archivo Semana. Foto: archivo Semana.
En sentencias anteriores los magistrados de Justicia y Paz han reiterado que las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, más conocidas como Convivir, amparadas por la legalidad, impulsaron la creación y expansión de grupos paramilitares.
En Antioquia funcionaban 78 de las 414 Convivir que había en todo el país. La sentencia se refiere en particular a la creación de la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom), considerada el laboratorio de las Convivir en Antioquia. En 1994 esta organización la integraron 650 jóvenes desmovilizados de las Milicias Populares del Pueblo y Para el Pueblo, las Milicias del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas.
Las Convivir, motor de la guerra paramilitar
De acuerdo con la providencia, Coosercom fue una forma de legalizar lo que venían haciendo las milicias en los barrios de Medellín, pues la comunidad los siguió reconociendo como milicianos. El Estado les entregó armas para que supuestamente garantizaran la seguridad y mantuvieran el orden público, pero no los vigiló, no se les instruyó, ni se les fijaron reglas claras.
Al final, muchos de sus integrantes se unieron a bandas criminales de la ciudad o terminaron en las filas del Cacique Nutibara. Para la Sala de Justicia y Paz “la creación de Coosercom fue una forma de legalizar las actividades de las milicias y un laboratorio de las convivir, que van a derivar en los grupos paramilitares. Al hacerlo, el Estado violó las normas de derecho internacional que lo obligan a desmovilizar, desarmar y desmantelar los grupos y estructuras ilegales”. Agrega que detrás de esa política hubo agentes del Estado.
¿Y del Cacique Nutibara?
Desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, el 25 de noviembre de 2005. Foto: archivo Semana
Esta es la primera condena contra miembros de esta organización criminal que se creó en Medellín a la que se le atribuyen cerca de 9.200 delitos, entre ellos 8.073 homicidios, 553 desapariciones forzadas y 224 desplazamientos. Según dijo ‘Don Berna’, el grupo se creó por solicitud de empresarios y líderes del sector privado.
El fallo lo describe como un bloque en el que ‘Don Berna’ agrupó por los menos 300 bandas y combos que ya delinquían en la ciudad. Allí desembocaron también antiguos miembros de las Convivir, integrantes de las milicias y combatientes del Bloque Metro que pidieron unirse luego de la sangrienta guerra que libraron los dos grupos paramilitares.
Se han documentado 176 casos de despojo de viviendas ubicadas en los sectores donde el Bloque Cacique Nutibara hizo presencia. Luego de obligar a los pobladores a desplazarse, miembros de los grupos paramilitares o terceros autorizados ocupaban las casas. A veces demolían las viviendas o las quemaban. Para los magistrados eso evidencia que el desplazamiento forzado no sólo fue una consecuencia de otros delitos, sino una estrategia de dominio y control social y territorial.
En Medellín, así como ocurrió en el Catatumbo, también se usaron hornos crematorios, para incinerar a sus víctimas y no dejar rastro de sus crímenes. Desde 1999 hasta 2002 funcionó un horno en La Catedral de Envigado.
“No es posible que una organización ilegal llegue a controlar todos los barrios, toda la criminalidad y todas las rentas ilícitas de Medellín sin contar con la complacencia de las autoridades encargadas de impedirlo”, concluye.
Por tal razón se ordenó que el Ministro de Justicia, en nombre del Estado, los Alcaldes de Medellín e Itaguí y el Director y los Comandantes de Policía, deberán reconocer la responsabilidad de sus instituciones por acción u omisión en los delitos del Cacique Nutibara. Tendrán que pedir perdón y expondrán públicamente las medidas que van a tomar para que estos hechos no vuelvan a repetirse.
