El anuncio de que una vereda de este municipio será una de las 23 zonas del país donde la guerrilla comenzará su proceso de dejación de armas despertó alegría, incertidumbre y temor entre los tribuyanos. VerdadAbierta.com viajó hasta Angalia, donde, según rumores, podrían concentrarse los alzados en armas.
.En Tibú llevan cerca de medio siglo viviendo entre el petróleo, la pobreza, las balas y la coca. Los 35 mil habitantes que viven en los 2.696 kilómetros cuadrados que forman este municipio del Catatumbo, en Norte de Santander, conocen a fondo la guerra entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y Fuerzas Militares.
Esa localidad, a 120 kilómetros de Cúcuta, ha tenido que ‘bailar con la más fea’, como lo aseguran algunos de sus habitantes, pues aparte de que el desarrollo es mínimo, a pesar de que es una región rica en hidrocarburos, carbón y otros minerales, tiene una frágil estructura vial y son pocas las ofertas laborales, tanto en el sector público como privado.
A esas debilidades se suma la alta presencia de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, que ha posicionado a la región como una de las más afectadas por este fenómeno en el país, y el accionar de las guerrillas de las Farc y el Eln, y de grupos armados ligados al narcotráfico como el Epl y reductos delincuenciales que mantienen cercada la región y generan zozobra entre sus pobladores por los reiterados ataques a la Fuerza Pública.
Aumenta la tensión armada en el Catatumbo
Por eso cuando se anunció el pasado 24 de junio que en zona de rural de Tibú se instalaría una de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, donde se concentrarán por 180 días los frentes de las Farc en su proceso de desmovilización, dejación de armas y reinserción a la vida legal, muchos de sus habitantes se alegraron y hasta celebraron, pero otros se preocuparon.
Muchos de ellos no quieren que se repita lo mismo que pasó cuando hace ya más de veinte años 190 guerrilleros del Epl decidieron reintegrarse a la vida civil o con los 1.425 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que entregaron hace doce años sus armas y algunos se sometieron a la justicia: todo quedó en promesas y la guerra se agudizó porque surgieron nuevos grupos armados ilegales.
“Cuando se dio la desmovilización del Epl en la vereda Campo Giles, en marzo de 1991, se hicieron muchas promesas que aún no se han cumplido. Luego vino la desmovilización de las Auc en diciembre de 2004, en Campo Dos, tampoco pasó nada. Ahora viene el fin de la guerra de las Farc en una vereda que no han querido decir, pero que se sospecha que será Angalia. Solo esperamos que esta vez el Gobierno sí cumpla con todo lo que está prometiendo y además no dejen que esas personas se reagrupen en otras organizaciones criminales”, sostuvo un líder comunal, que por miedo pidió no ser identificado.
El Catatumbo, teatro de guerra
Jesús Alberto Escalante Ascencio, alcalde de Tibú, es uno de los más optimistas con el anuncio: “Aspiro que no sea sólo la firma de un proceso de paz, donde nos dan una palmadita en la espalda y nos dicen hasta mañana, dando media vuelta y marchándose sin volver a acordarse del Catatumbo”.
Este mandatario local sueña con el fin de la confrontación armada que, a su vez, sea el inició de una transformación social y económica de la región. “Queremos que nos dejen crecer mucho más en el tema productivo, que nos den más para satisfacer las necesidades básicas de la gente. Yo sueño que sí. Yo le creo a Santos cuando habla de la paz y dice que hay dinero para el Catatumbo y muchos veedores internacionales que nos apoyarán”, dijo.
Al Alcalde le preocupa, sin embargo, que esos recursos sólo sean administrativos. “Ojalá que esos dineros no sean sólo para que llegue la ONU o diferentes entidades a dictar charlas, charlas y charlas y en el tema económico no pase nada. Por eso considero que debe haber un acompañamiento social, productivo y efectivo en la región”.
Y precisamente desde hace más de tres meses la Dirección de Gestión Territorial de Prosperidad Social comenzó a trabajar con la población de las veredas Paccelli, Angalia, Los Robles, Filo la Virgen, El Silencio y Puerto Las Palmas para fomentar programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Pese a estas acciones y a lo dicho por el gobierno nacional, el personero municipal, Richard Claro Durán, cree que Tibú aún no está preparado para ser incluido, por tercera vez, en un proceso de paz con un grupo guerrillero.
“La comunidad está muy a la expectativa. Uno escucha la gente en el campo preguntarse qué va a pasar. ¿Llegarán nuevos grupos armados? ¿El gobierno nos irá a garantizar la seguridad a los líderes? Ese es el temor y ya tenemos una clara muestra: hace más de seis meses desapareció un líder comunal de La Gabarra, Henry Pérez, y hasta el momento nadie dice algo preciso sobre eso. La gente se pregunta si de pronto las otras dos guerrillas (Eln y Epl) van a sabotear el proceso”, señaló.
Desaparecido el líder social Henry Pérez
Sin embargo, el funcionario está convencido que se dará un gran paso al ponerle el fin a la guerra con uno de los actores armados que más ha azotado a esta parte del Catatumbo: “Que quede claro que acá no se celebra el fin de la guerra, se celebra un paso en la creación de una paz, porque es que acá nosotros vivimos con el Eln y el Epl, son dos grupos armados más que hay. Lo único preocupante que manifiestan las organizaciones sociales y sus líderes es qué va a pasar si el gobierno no puede garantizar que, a raíz de este proceso, lleguen nuevos grupos armados ilegales”.
De acuerdo con el funcionario, a los habitantes del Catatumbo no se les ha hablado claro sobre qué significa la paz y qué es el posconflicto, y tampoco se les ha preparado para lo que se viene. “Acá se le debe hacer un llamado a todos para que haya una reconciliación. En muchas veredas alejadas del casco urbano sueñan con esa paz porque están cansados de esas confrontaciones armadas, donde ellos quedan en medio”.
Tal es la preocupación de este proceso de paz que la comunidad del casco urbano no quiere hablar abiertamente de eso y prefiere estar a la expectativa de lo que pueda pasar. Freddy Enrique Suescún Alba, presidente saliente de la Asociación de Juntas Comunales del casco urbano de Tibú y a la vez concejal, señaló que por ahora todos prefieren guardar silencio y más aún cuando viven en medio de un conflicto.
.“Todavía no se ha tratado nada de este tema. El gobierno local debe estar esperando la llegada de los nuevos líderes comunales que asumen sus cargos el 31 de julio. Lo que podemos ver es que esta oportunidad es muy provechosa para el municipio, ojalá que en el tema de salud se beneficie porque acá eso es muy precario”, afirmó Suescún.
Por su parte, el presidente del Concejo de Tibú, Jhon Jairo Ortega, cree que esta oportunidad que vuelve a tener el municipio para ser otra vez epicentro de un proceso de paz, servirá para visibilizar las necesidades que tienen.
A su juicio, es el momento para “mostrar lo que nos falta y así tener un plan de acción para solventar esas necesidades, porque en las anteriores desmovilizaciones no se exigió nada, solo se puso el territorio y no se exigió que nos pavimentaran las vías, se arreglara el hospital o hubiese una educación digna, sobretodo en el sector rural, donde es más se sufre y no hay nadie que hable por ellos. Sabemos que hay intensiones de superar esas falencias que se tienen”.
La mayor preocupación que ve Ortega es la seguridad, pues, según él, los procesos anteriores, del Epl y lasAuc, dejaron claro que muchos de esos hombres que dejaron sus armas volvieron a las filas de otros grupos armados ilegales, llegando a los lugares donde ellos antes estuvieron.
“Después de un proceso como éste, la seguridad es muy ambigua, porque acá hay otros grupos que quieren copar esos espacios que dejan las Farc, quedando muchas zonas sin ningún control y es ahí donde la delincuencia común va querer hacer de las suyas. Acá no se trata de mandar más pie de fuerza, lo que se debe hacer es cumplir con lo que se está prometiendo tanto para aquellos que dejan sus armas como para la misma población, porque la problemática que continúe será una excusa para que la violencia siga ahí”, sostuvo el presidente del Concejo de los tibuyanos.
Otro que espera que este proceso no termine en puras ilusiones y falsas promesas es Wilfredo Cañizares, director de la fundación defensora de los derechos humanos Progresar y desmovilizado del Epl: “La gente de Campo Giles, 25 años después, sigue esperando que el gobierno le construya el acueducto y la casa campesina, como lo prometió en esa oportunidad cuando nos desmovilizamos 190 integrantes de los frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa, del Epl”.
Cañizares recordó que cuando ellos acordaron la desmovilización se reunieron en la vereda La Esperanza, de El Tarra, y luego se movieron a Campo Giles, de Tibú, donde estaba el sitio de concentración.
“Pero este proceso con las Farc es distinto, está más organizado. El gobierno está acompañando a estos hombres para evitar que algo falle. A nosotros nos tocó todo solos, imagínese que luego de entregar las armas, nos dieron 75 milpesos, una muda de ropa, una cama y una colchoneta y nos dijeron que podíamos irnos para nuestras casas. A los tres días ya habían matado a tres desmovilizados. La reincorporación fue muy lenta”, declaró Cañizares.
Lo único que no tienen claro los representantes del gobierno local y de la comunidad es qué sitio preciso será donde las Farc concentrará a su gente para entregar sus armas y dejar definitivamente las filas guerrilleras en donde estuvieron por muchos años. Extraoficialmente se habla de la vereda Angalia, que está a 44 kilómetros del casco urbano de Tibú. Verdadabierta.com recorrió esa humilde localidad que está en el corazón del Catatumbo.
En Angalia la paz provoca incertidumbre
.Para llegar a la vereda Angalia se debe entrar por la vereda Versalles y tomar una angosta vía donde las piedras, la tierra y el polvo prevalecen. Después de 17 kilómetros recorridos se vislumbra este humilde poblado, encerrado por enormes montañas de la cordillera oriental y bordeado por el río Catatumbo. Tan acabado está el camino a ese sitio, que un mototaxista cobra entre 30 mil y 50 mil pesos para llevar o sacar a alguien de ahí.
Luego de pasar varios y extensos cultivos de coca y unas zonas baldías, se encuentra el Centro Educativo Rural Puente Barco, que marca la entrada de esa vereda que muy posiblemente sería el sitio donde se concentrarían parte de los guerrilleros de las Farc que se comprometieron a dejar su lucha armada. A partir de ahí, se alinean las cerca de 60 viviendas construidas con madera, ladrillo, bloque, cemento y arena, que mirándolas detalladamente dejan entrever la pobreza y el abandono. Hasta hace dos meses los únicos que hablaban sobre este caserío eran sus habitantes y quienes viven en localidades cercanas. Lo único que el gobierno sabía de este sitio es que alrededor de él confluyen todos los actores armados ilegales.
Tan olvidada y abandonada ha estado esta vereda, que solo hasta el 17 de diciembre de 2015 sus habitantes apagaron definitivamente las lámparas de kerosene y acpm y las plantas eléctricas, para darle paso a la energía que produce Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens). Este logro le dio una alegría rotunda a quienes viven ahí, pero lo que ellos desconocen hasta ahora es por qué les están cumpliendo sus peticiones tan aceleradamente, pues después de 30 años de solicitarlo cuentan con las redes eléctricas.
Pero no es solamente este primer avance; desde hace dos meses los residentes de esa población vienen teniendo encuentros con representantes de la Dirección de Gestión Territorial de Prosperidad Social, quienes pretenden que ellos cambien los cultivos de uso ilícito por siembras lícitas. Con ese propósito se logró la firma de un acuerdo en el que se comprometen a realizar un estudio de suelos para saber qué se puede cultivar allí.
Camilo Torres Gil e Isaías Ardila Carvajal, presidente y vicepresidente de la junta veredal de Angalia, llevan más de 40 años viviendo en el lugar. Ambos aseguraron que el progreso de esta población se ha dado es por la misma comunidad.
“Acá todos trabajamos por tener a nuestro pueblo como está hoy. El abandono del gobierno ha sido total”, señaló Camilo. Por eso, hoy no están muy seguros de querer que se dé la zona de concentración en este lugar. “Si de verdad eso va hacer acá, lo más correcto es que el gobierno nos informe y lo concerte, pues no estamos preparados para que se hago algo como eso acá”, indicó Isaías.
Y tal vez esa idea de que Angalia sea una zona de concentración de las Farc llevó a que el pasado miércoles 27 de julio el plantel educativo recibiera una dotación de pupitres, material didáctico, tableros, libros, kits deportivos, planta de sonido, fotocopiadora, dispensador de agua y computadores, entre otras cosas, los cuales fueron entregados por Prosperidad Social.
A la jornada se le sumó la visita de dos delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quienes viajaron hasta Angalia para hablar del proceso que se adelanta con las Farc y lo que significaría que en este poblado se dé la zona de concentración en términos de progreso y desarrollo para sus pobladores.
Medio centenar de campesinos asistieron a la cita ese día, todos estaban inquietos por ver lo que había traído ese grupo de funcionarios del gobierno y, además, querían saber más sobre el proceso de paz, pues hasta el momento, según ellos, lo único que saben es lo que han visto por televisión.
Luego de escuchar a los representantes gubernamentales, la situación se puso tensa. Los habitantes de la zona no están de acuerdo con que se imponga la zona de concentración en Angalia. “Si eso es así, acá lo que se va a vivir es una guerra del hambre. Nosotros no estamos en contra del proceso de paz, pero esa decisión la deben concertar”, sostuvo un líder campesino. Además, los labriegos están inquietos porque, hasta ese miércoles, nadie había ido a explicarles la negociación que lleva el Gobierno con las Farc.
“Nosotros no sabemos nada, podemos pensar que esonos traería beneficios, pero también traerían problemas. Hace más de 50 años acá se sembraba cacao, plátano y maíz, todos vivíamos de eso, pero con el abandono en el que estamos, de eso solo queda el recuerdo, por eso nos vimos obligados a dedicarnos a cultivar coca y con eso que piensan hacer acá se nos complica todo. Quién nos garantiza el sustento diario, si ponen ese anillo de seguridad no podremos sacar ni las hojas, ni la coca, entonces nos vamos a morir de hambre”, declaró uno de los labriegos consultados por VerdadAbierta.com y que asistió a la reunión.
Los habitantes de la vereda tienen claro que los cultivos de uso ilícito se acaban cuando se garanticen una ayuda fija al campesino y haya un desarrollo del campo, porque “nosotros solo lo que hacemos es vigilarla y cultivarla, quienes la procesan y la llevan a otras partes para que la consuman son otros. Ellos ganan grandes cantidades de dinero”.
Al final de la reunión, se concluyó que si se define a Angalia como zona de concentración sus habitantes y los otros que viven en poblaciones aledañas no están preparados para eso y no permitirían que se lo impusieran. Ante esa situación, el gobierno nacional estaría pensando en cambiar de lugar de concentración y ahora se estaría pensando en la vereda Caño Indio, que está más cerca del corregimiento La Gabarra, de Tibú, pero todo ello es incierto y la incertidumbre crece entre los pobladores.
*Periodista de Cúcuta
Este artículo hace parte del proyecto Open Society con VerdadAbierta.com
