La convulsionada región fronteriza de Norte de Santander ha sido escenario de confrontación bélica desde finales de la década del sesenta. Detrás de ella ha habido un interés por el dominio de una zona estratégica que provee recursos ilegales al que la domine.
En el Catatumbo convergen diferentes grupos armados ilegales con intereses en la frontera con Venezuela y el manejo de cultivos de coca. Foto: archivo Semana.La desaparición de dos periodistas y un camarógrafo en el Catatumbo, Norte de Santander, ha puesto la mirada en esta región, acosada por los grupos armados ilegales, pero también afectada por la explotación de hidrocarburos y la siembra de hoja de coca para uso ilícito. Históricamente, ha sido un teatro de guerra.
Las dificultades que afrontan las comunidades del Catatumbo no son de ahora, como parece pensarse a raíz de la desaparición de la periodista Salud Hernández, columnista de El Tiempo y corresponsal del diario El Mundo, así como del comunicador Diego D` Pablos y el camarógrafo Carlos Melo, quienes prestan sus servicios a RCN Televisión. Según cifras oficiales, este año han sido asesinados más de 30 civiles, y Henry Pérez, el líder campesino de La Gabarra, completa cuatro meses desaparecido. (Leer más en: Desaparecido el líder social Henry Pérez)
Los padecimientos relacionados con el conflicto armado vienen desde finales de la década del sesenta, cuando llegó a la región la guerrilla del Eln. La situación comenzó a agravarse cuando aparecieron células del Epl, y en los ochenta las Farc y grupos paramilitares.A todo ello se suman los conflictos económicos que generó la presencia de empresas petroleras multinacionales y la desigualdad social generada por una atención inequitativa de sucesivos gobiernos, asuntos que se convirtieron en las justificaciones para que estas organizaciones guerrilleras se distribuyeran en los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, Hacarí, Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, San Calixto, Teorama, Convención y El Carmen. (Leer más en: La tensión armada en el Catatumbo)
Fuentes documentales de algunas agencias del Estado indican que el Eln es el grupo alzado en armas con mayor presencia militar, a través del Frente de Guerra Nororiental y varias células, entre ellas el Frente Camilo Torres. Por su parte el Epl tuvo también una presencia significativa hasta 1991, cuando acordó con el gobierno nacional desmovilizar sus hombres en varias regiones del país. No obstante, en una pequeña región del Catatumbo, se concentró una disidencia conocida como el Frente Libardo Mora Toro, que aún sobrevive, pero con más rasgos de organización narcotraficante que subversiva. Las Farc también se asentaron en la región con sus frentes 33 y 45, así como con la Columna Móvil Antonio Ruiz.
En tres décadas, el Catatumbo concentró una fuerza insurgente significativa cuyo interés primordial no solo se centró en las reivindicaciones sociales de los campesinos, sino en dominar una zona estratégica que aportaba enormes recursos económicos a través de la extorsión a las empresas petroleras asentadas en la región y a los empresarios ganaderos, y tener la ventaja militar que da un territorio selvático, limítrofe con la República Bolivariana de Venezuela, clave para el repliegue de sus fuerzas y las actividades relacionadas con el tráfico de cocaína, el contrabando de gasolina y todo tipo de mercancías.
De acuerdo con análisis de la Fundación Progresar, de Cúcuta, esos territorios han permitido a las guerrillas mantener retaguardias en las partes altas del Catatumbo, “realizar un despliegue permanente a través de las selvas y consolidar corredores hacia la Sierra Nevada, el Magdalena Medio, la frontera con Venezuela, la Costa Atlántica, y los departamentos de Santander, Boyacá y Arauca, en este caso a través del Sarare”.
Pero esos grupos alzados en armas no eran los únicos interesados en hacer presencia en el Catatumbo. Registros estatales también indican que desde finales de la década de los ochenta surgieron pequeños grupos paramilitares con tintes antisubversivos que se asentaron en Ocaña. Su objetivo era actuar contra aquellas comunidades que, supuestamente, apoyaban al Eln.
Durante esos años se registraron ataques a la población atribuidos a una gama amplia de pequeñas organizaciones paramilitares que actuaban de manera independiente. Sus acciones consistían en desaparecer aquellas personas que consideraban cercanas a la insurgencia. Nombres como ‘La Mano Negra’, ‘Masetos’, ‘Muerte a Secuestradores’, ‘Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio’, ‘Los Ovejos’, ‘Sociedad Amigos de Ocaña’, ‘Autodefensas Populares’ y ‘Autodefensas Unidas del Sur del Cesar’ fueron muy reconocidos en la región por sus acciones contra la población civil y la protección de ganaderos, empresarios y comerciantes, quienes eran hostigados por las guerrillas.
Si bien estos grupos disponían de hombres y armas, no lograron afectar sustancialmente el poderío militar que ostentaban para esa época los grupos subversivos, que tenían mejor dotación armada, mayor disciplina, más conocimiento de la región y un férreo control social.
Paralelo a todo ello se gestó un movimiento campesino que comenzó a oponerse al modelo agroindustrial y ganadero que pretendía afincarse en la región, al que se sumó la postura de rechazo de los indígenas Motilón-Barí y Uwas a los proyectos de explotación de hidrocarburos en sus territorios ancestrales.
Poco a poco estos movimientos de reivindicación social se fueron haciendo más fuertes y derivaron en marchas campesinas a mediados de la década del noventa y en el impulso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). En esencia, lo que exigieron fue mayor atención del Estado, que se reflejara en la promoción de un modelo de explotación campesina, lo que exigía cambios en la propiedad y el uso de la tierra. (Leer más en: En siete camiones se vino ‘la muerte’ desde Necoclí hasta La Gabarra)
La fuerte presencia guerrillera, la imposibilidad de los incipientes grupos paramilitares y la agitación social caldearon los ánimos y llevaron a las ya formadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a diseñar una estrategia de ingreso a la zona que contó con el apoyo de sectores del Ejército y de la Policía.
Anuncio de Carlos Castaño
El Bloque Catatumbo de las Auc se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 con 1.434 combatientes. Foto: archivo Semana.El teatro de guerra del Catatumbo se ensangrentó con la llegada de las fuerzas paramilitares al mando Salvatore Mancuso. En la región aún recuerdan aquel 15 de marzo de 1999 cuando el vocero de las Auc, Carlos Castaño Gil, anunció a través del periódico El Tiempo que se tomaría el nororiente del país, en especial el Catatumbo, en busca de los comandantes de la guerrilla del Eln.
Sus palabras se hicieron realidad meses después, cuando comandos del Bloque Norte de las Auc comenzaron a llegar a la región, desatando una confrontación armada de graves proporciones humanitarias. Lo paradójico es que ninguna autoridad, ni militar ni policial, se inmutó ante la arremetida paramilitar.
Según se consignó en la sentencia de segunda instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 6 de junio de 2012 contra el exparamilitar Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, “para el año de 1999, ingresaron aproximadamente 200 hombres a la región bajo el mando de alias ‘Camilo’ como comandante del Bloque Catatumbo y alias ‘el iguano del frente Fronteras; además un grupo de choque que buscaba crear un corredor vial para la salida de estupefacientes, así como la lucha contra la subversión y la protección de ganaderos y comerciantes del sector”.
Corte ratifica sentencia a ‘El Iguano’ y pide a Fiscalía evaluar si lo saca de Justicia y Paz
Documentos del Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República revelan que entre el 2003 y 2006 las acciones armadas de todos los grupos presentes en la región crecieron en un 82%, pasando de 62 a 113 en este trienio, siendo el pico más alto de la década. Una mirada a dos décadas muestra que 1990 y 2011 se registraron 1.817 homicidios, siendo el 2002 el año con el pico más alto en homicidios, 465 en total, y 22.719 personas expulsadas.
Un informe del Plan Nacional de Consolidación referido al Catatumbo indica que “losparamilitares en este territorio tenían hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de sus víctimas, convirtiendo esta zona en la región con más desapariciones forzosas del país. La mayoría de homicidios hasta el 2004 los cometieron los paramilitares, desapareciendo a más de 200 personas”.
“Los desaparecidos nos hablan todo el tiempo”
La sentencia contra alias ‘El Iguano’ reseña que la presencia paramilitar en la región del Catatumbo generó varias afectaciones a las comunidades, entre ellas, “el establecimiento de un sistema paralelo de tributación por parte de los actores armados; la restricción de la circulación de mercancías y mano de obra; la reducción masiva del ingreso provocada por una desactivación económica crítica, derivada del desplazamiento forzado interno; efecto negativo sobre el ingreso de la actividad agropecuaria, adicional a la restricción del paso de insumos agropecuarios, gasolina y cemento; restricción del paso de mercancías hacia el sector rural, incluidos los bienes de canasta familiar y las drogas, bajo la hipótesis de que los pequeños productores son cómplices o colaboradores de la guerrilla a la cual le llevaban provisiones o medicinas”.
Adicional a ello, la decisión judicial consigna otras afectaciones, como por ejemplo, “los altos costos de la provisión de bienes públicos en el área rural por las fallas de conectividad derivada de la presencia de grupos armados ilegales que provoca un efecto circular de reducción de ofertas de bienes públicos (construcción de vías, prestación de servicios de asistencia técnica para la producción, etc.), el riesgo que corren los ejecutores de estas actividades incrementa el costo de prestación a este nivel que no es pagable por el gobierno local”.
La arremetida paramilitar comenzó a ceder cuando se anunciaron los acuerdos de desmovilización logrados por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y el Estado Mayor de las Auc. Bajo ese compromiso, el 10 de diciembre de 2004 hizo dejación de armas el Bloque Catatumbo.
Reorganización armada
Tras la desmovilización de los paramilitares en 2004, en el Catatumbo han tenido presencia diferentes bandas criminales que surgieron tras la entrega de armas. Foto: archivo Semana.Pero lo que parecía una decisión que conduciría a reducir la tensión armada en esta región fronteriza, se convirtió en un escenario de reciclaje de la violencia con la irrupción de un grupo que comenzó a denominarse ‘Águilas Negras`, que coparon el territorio dejado por las Auc y continuaron con el tráfico de drogas y el contrabando de gasolina desde Venezuela. Para 2007, según registra el documento del Plan Nacional de Consolidación, “se conoció sobre la presencia de 300 hombres al mando de Vicente Castaño que pretendían controlar el negocio del narcotráfico en Tibú específicamente. Pero fueron ‘Los Mellizos’, la organización más fuerte que doblegó incluso a las ‘Águilas Negras’ en este mismo año y llegó a controlar el negocio y rutas de la coca en esta zona”.
Informes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) revelaron en el octavo informe trimestral, fechado el 14 de febrero de 2007, que en Norte de Santander se estaba consolidando una fuerza de aproximadamente 400 hombres “desmovilizados del Bloque Catatumbo, paramilitares no desmovilizados, y otras agrupaciones ilegales. Si bien la fuerza pública ha realizado operativos contra la estructura produciendo algunas capturas y destruyendo laboratorios para el procesamiento de narcóticos que se encontraban bajo su protección, esta agrupación se mantiene activa”.
Las disputas de los grupos armados ilegales que emergieron tras la desmovilización de las Auc llegaron al Catatumbo. En varias zonas irrumpieron entre 2008 y 2009 los llamados ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Paisas’, a ocupar áreas económicas significativas como Tibú y Ocaña. La disputa entre ellos generó altos niveles de violencia y con la ayuda de las ‘Águilas Negras’, ‘Los Rastrojos’ lograron consolidar su poder, pero con una característica sustancial: no entraron en confrontación con las guerrillas del Eln y las Farc. Se especula que llegaron a acuerdos con los altos mandos del Epl para fortalecer el negocio del tráfico de drogas, utilizando corredores hacia Venezuela.
Afectó también la situación el accionar de las Fuerzas Militares. Diversas fuentes coinciden en advertir que desde 2008 se empezaron a registrar muertes de civiles en supuestos combates a los cuales los hacían pasar como “guerrilleros muertos en combate”. La responsabilidad de esas acciones recayó en la Brigada Móvil No 15.
La aparente calma se rompió con la llegada en 2010 de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como ‘Urabeños’, que venían expandiendo sus dominios hacia el norte y nororiente del país. Conformado por antiguos miembros de las Auc, conocedores de la región, se impusieron y lograron conquistar municipios como Puerto Santander, clave para el ingreso de droga a Venezuela, así para el control del contrabando de gasolina.
Eln se reposiciona
La segunda guerrilla del país, cuyo proceso de negociación con el gobierno nacional para dejar la armas se anunció formalmente hace dos meses, se ha reacomodado en esta región.Pese a que desde 2012 se estima que hay un poco más de 7 mil soldados en el área, combatiendo a las guerrillas y al crimen organizado, teniendo como punta de lanza la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, la guerrilla del Eln se ha venido posicionando, según fuentes consultadas, en algunas zonas donde las Farc han venido replegándose a raíz de la negociación que adelantan en Cuba.
Ese reacomodo también ha sido advertido por la Defensoría del Pueblo: “sectores donde por cuenta del cese al fuego (decretado por las Farc desde el 20 de julio de 2015) han disminuido las acciones de esta organización, han sido ocupados por el Eln y el Epl, que mediante amenazas, desplazamientos individuales, retenciones, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, así como la activación de artefactos explosivos improvisados, entre otros, ejercen control social y mantienen el temor entre las comunidades”.
No obstante, el Epl, que se concentra en una pequeña área, aún no se ha podido reposicionar tras la muerte el 1 de octubre de 2015 de su comandante militar y negociador de cocaína, Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, en acción conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana.
La situación se ha venido agravando en los últimos meses, según lo han reportado autoridades locales y organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo, que le ha pedido al Ministerio de Defensa que intervenga con urgencia en la región, para evitar un mayor derramamiento de sangre.
Esos llamados no son nuevos, según lo advierte esa agencia del Ministerio Público. Desde 2012, cuando comenzó a evidenciarse un incremento de la criminalidad, hasta marzo de 2016, se han enviado cuatro informes de inminencia a las autoridades, para que protejan a la población civil, sin mayores resultados.
Complica también la situación el incremento de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Estimativos divulgados en julio de 2015 por la Oficina de Las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNDOC, por sus siglas en inglés) indican que en el Catatumbo se pasó de 5.604 hectáreas en 2013 a 7.658 hectáreas en 2014. En la región se estima que este año pasan de 9 mil hectáreas sembradas.
La región donde hoy permanecen desaparecidos dos periodistas y un camarógrafo es un teatro de guerra donde las fuerzas del Estado no han tenido la capacidad de contrarrestar el accionar de guerrillas y de estructuras del crimen organizado, lo que mantiene en constante crisis humanitaria a la región y profundizando la crisis social y económica de sus pobladores, quienes en un 40% cuando menos vive en condiciones de miseria y el 75% tiene sus necesidades básicas insatisfechas.
