La tensión armada en el Catatumbo

      

Desde hace un mes se dispararon los homicidios y las amenazas contra funcionarios públicos en esa región de Norte de Santander. Lugareños y autoridades señalan que dicha ola de violencia se debe a un reacomodo de las guerrillas del Eln y del Epl; otros, que se debe a la llegada de los ‘Gaitanistas’. Así es la zona en donde se perdió comunicación con la periodista española Salud Hernández el pasado fin de semana.

catatumbo 1La Fundación Progresar ha recibido más de 20 denuncias de amenazas contra líderes sociales del Catatumbo. Foto: archivo Semana.La situación de orden público en el Catatumbo tiende a complicarse por cuenta de las acciones armadas de grupos ilegales que hacen presencia en esta región del Norte de Santander. Aún no son claras las explicaciones, pero los efectos son dramáticos.

Por lo menos 29 civiles, 4 militares y 3 policías han sido asesinados en la región del Catatumbo, nororiente del país, en lo que va corrido del año; en redes sociales han publicado panfletos en los últimos meses que instan a algunas personas a salir de la región si no quieren ser asesinadas, pero nadie los firma; y el Personero de Hacarí, el Alcalde de San Calixto y más recientemente el Personero de Tibú han sido amenazados de muerte.

“La situación es complicada. Desde mediados febrero a la fecha van nueve asesinatos, cinco en el caso urbano, y no sabemos quién puede ser, las autoridades no han determinado nada. A mi casa llegaron hombres armados diciéndome que no puedo seguir hablando de esos muertos, que me matan si sigo cumpliendo mis funciones”, cuenta Richard Claro, Personero de Tibú.

Aunque el funcionario hizo las denuncias respectivas ante la Unidad Nacional de Protección, hasta el momento no cuenta con esquema de seguridad ni ninguna otra medida especial ante la crítica situación que vive luego de las amenazas.

La tensa situación que se vive en el Catatumbo la advirtió la Defensoría del Pueblo el 16 de marzo de 2016 en una solicitud de intervención urgente que le envío al ministro de defensa, Luis Carlos Villegas.

“El Eln está tratando de ocupar algunos territorios que en el pasado fueron de presencia predominante de las Farc-Ep a través de un mayor accionar bélico contra la Fuerza Pública y en una fuerte presión sobre la población civil”, dice la misiva, que fue remitida al alto funcionario antes de que anunciara la apertura de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln. (Leer más en: Las peleas del Eln en el acuerdo con el Gobierno)

Sin embargo, una vez hecho el anuncio y a pesar de estar bajo un cese unilateral al fuego desde hace más de ocho meses decretado por las Farc, la violencia no ha cesado. En algunos municipios se prendieron las alarmas sobre un posible ingreso de bandas criminales, entre ellas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también llamadas ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.

No es claro si la supuesta llegada de ese grupo armado ilegal a la región está relacionada con lo que ocurre en municipios como Tibú, Sandinata y Ocaña, donde a través de las redes sociales circularon panfletos que anunciaban operaciones de la mal llamada ‘limpieza social’. En algunos casos, como en Tibú, el comunicado incluía una lista de nombres.

“En los últimos seis meses, a raíz del aumento en los cultivos de coca y el cese al fuego de las Farc, ‘los Urabeños’ se han fortalecido y buscan acercarse al Catatumbo. El área metropolitana de Cúcuta es donde son más fuertes, pero han comenzado a expandirse”, asegura Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en Norte de Santander.

A juicio de este investigador y defensor de derechos humanos, una disidencia de la guerrilla del Epl tiene su parte en esta ola de violencia. Luego de la muerte en octubre de 2015 de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, comandante militar de esa organización armada, durante un bombardeo de la Fuerza Pública a su campamento, este grupo está tratando de ganar espacio en la región. De acuerdo con información del Ejército, en algunas oportunidades han actuado en conjunto con el Eln.

En Tibú, el tercer municipio del país en extensión de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, las autoridades están preocupadas. En las listas de amenazados figuran algunos de los líderes de Asojuntas y uno de ellos, Henry Pérez, líder comunitario y miembro Asoprocat (Asociación de productores agropecuarios, ambientales, agroindustriales y comerciantes del Catatumbo) quien estaba a la cabeza de distintos proyectos campesinos, está desaparecido hace tres meses. Hasta el momento, ningún grupo armado se atribuye esa desaparición. (Leer más en: Desaparecido el líder social Henry Pérez)

Sin embargo, la mayoría de las víctimas tienen un perfil diferente. Primero mataron a un desmovilizado del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que trabajaba como mototaxista; luego, a un vendedor de dulces reconocido por toda la comunidad; les siguieron un comerciante y un consumidor de drogas; además, el cuerpo de una mujer apareció con un letrero que anunciaba que así iban a morir “los sapos y los viciosos”; y dos hombres muertos fueron encontrados en Campo 2 con un aviso que decía “auxiliadores delas Autodefensas”.

“Es una situación preocupante. En una sola semana, a mediados de marzo, mataron a tres personas, pero la información de Inteligencia del Ejército es escasa y no podemos afirmar que se trate de bandas criminales como el Clan Úsuga (nombre con el que también se conoce a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia)”, indicó Alberto Escalante, alcalde de Tibú.

El teniente Andrés Jurado, comandante de la Policía de Tibú niega la presencia de bandas criminales enfáticamente: “es totalmente falso decir que llegó el Clan Úsuga, esos panfletos los hizo alguien que quiere atemorizar a la población”. Y agrega que estas muertes fueron motivadas por riñas personales, deudas de drogas y reacomodos del Eln y el Epl. “Hay una reconfiguración. Acá uno son los que la cultivan, otros los que la venden y otros los que la comercializan, si hay un movimiento todo cambia. Con la muerte de ‘Megateo’, hay cambios de mando y aumentos en los asesinatos”.

De acuerdo con los últimos estimativos sobre el área de cultivos de hoja de coca divulgados en julio de 2015 por la Oficina de Las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNDOC, por sus siglas en inglés), en el Catatumbo se pasó de 5.604 hectáreas en 2013 a 7.658 hectáreas en 2014. En la región se estima que, actualmente, hay más de 9 mil hectáreas sembradas.

¿La solución del gobierno nacional?

catatumbo 2En el Catatumbo se pasó de 5.604 hectáreas en 2013 a 7.658 hectáreas en 2014. Foto: archivo Semana.El 3 de abril pasado un tiro de fusil acabó con la vida del comandante de la Policía de El Tarra, Intendente Javier Vanegas Sarmiento, sin saberse aún quién fue el atacante. Por esa razón, y atendiendo al llamado urgente de la Defensoría del Pueblo y de la Gobernación de Norte de Santander, se convocó a un consejo de seguridad en Ocaña el pasado 16 de abril.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y el de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunciaron tres medidas: en dos meses habrá un nuevo batallón de antinarcóticos con 120 hombres, se creará un un bloque de Búsqueda con más de 100 oficiales y más de 5.000 millones de pesos se destinarán a instalar una red de cámaras de vigilancia en Ocaña.

Uno de los mayores problemas en esta región, según lo advierte la UNDOC en su informe de julio de 2015, es que el Catatumbo, junto con regiones de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, se constituye en una zona que aporta una de las mayores áreas sembradas con hoja de coca y en donde “también existen condiciones de vulnerabilidad muy fuertes que limitan la muy fuertes que limitan la confianza de las comunidades en el Estado”.

Por ello, la solución pensada como el aumento del pie de fuerza deja un sabor agridulce para algunos, entre ellos a Cañizares: “A nosotros nos desconcierta mucho que el Gobierno siga tomando las mismas medidas equivocadas que ha tomado en el pasado. Sigue pensando que la problemática de la violencia se resuelve con más pie de fuerza y no piensa que se trata también de un problema social”.

Por su parte el Alcalde de Tibú reclamó otras estrategias: “Necesitamos medias efectivas, puede ser metiendo tropa, pero hemos insistido en medidas integrales. Que llegue el Estado en su conjunto, los problemas sociales no se van a solucionar a punta de bala”.

Esta historia fue publicada originalmente el 25 de abril de 2016