El director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es consciente de que tiene entre manos una de las tareas más complejas derivadas del Acuerdo de Paz con las Farc: lograr que poco más de 150 mil familias del país arranquen voluntariamente más de 80 mil hectáreas sembradas con hoja de coca a cambio de un novedoso e integral acompañamiento estatal.
“El gran reto que tiene el proceso de paz es transformar regiones enteras donde se asentó la economía ilegal de la hoja de coca. Eso se no se hace de la noche a la mañana ni tampoco se solucionará solamente arrancando las matas”, señala Eduardo Díaz, sobre quien recaen las múltiples críticas y los pocos elogios que hasta ahora despierta la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS).
La iniciativa, incluida en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto firmado con la guerrilla de las Farc en noviembre de 2016, pretende intervenir aquellos territorios donde se asentaron los cultivos de uso ilícito, así como las comunidades que subsisten gracias a ellos, mediante una novedosa estrategia que combina una intensa participación comunitaria; el pago de subsidios a las familias cultivadoras a cambio de que estas arranques sus matas; un acompañamiento técnico para proyectos productivos de ciclo corto y mediano; y la optimización de la infraestructura vial y comunitaria, que mejore las condiciones de vida de los pobladores de aquellas regiones a donde el desarrollo y el Estado no han podido llegar.
Desde su creación formal, en mayo de 2017, el PNIS ha logrado intervenir en 36 de los 183 municipios colombianos donde hay sembradíos de hoja de coca para uso ilícito. En ellos, unas 58.800 familias firmaron acuerdos individuales; es decir, núcleos familiares que se comprometieron a arrancar sus matas una vez reciban el primero de doce pagos programados. Si bien se trata tan solo del 20 por ciento de los pueblos cocaleros, éstos concentran el 52 por ciento de hectáreas cultivadas, aspecto que destaca Díaz: “estamos llegando a donde está la coca”, dice.
El programa no ha estado exento de fuertes críticas. La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), uno de los principales actores de este proceso por cuanto agrupa a miles de campesinos cocaleros de todo el país, alertó sobre el eventual fracaso de la iniciativa por cuenta del deterioro de la seguridad en los territorios cocaleros y los incumplimientos del gobierno nacional en materia de pagos de subsidios, asistencia técnica y formalización y entrega de tierras.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP), reconocido tanque de pensamiento colombiano con sede en Bogotá, consignó en su más reciente informe de seguimiento al PNIS un balance de lo que ha sido esta iniciativa. Si bien reconoce avances en la sustitución y en los mecanismos de concertación con las comunidades, también advierte sobre el deterioro de la seguridad en algunas regiones, la complejidad del proceso de formalización de tierras, las demoras en la asistencia técnica y la politización de las organizaciones participantes.
VerdadAbierta.com dialogó con Eduardo Díaz sobre ésta y otras preocupaciones que tienen los campesinos cocaleros, quienes han expresado en diversos escenarios su deseo de arrancar la hoja de coca de sus vidas, pero temen que sin un decidido acompañamiento estatal los cultivos ilícitos volverán a retoñar y la economía ilegal seguirá imperando en sus territorios, con las consecuencias que ello acarrea.
¿Un balance positivo?
VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué balance deja a hoy, primera quincena de marzo de 2018, la implementación del PNIS?
Eduardo Díaz (ED): El balance deja cosas muy positivas. Una de ellas es que estamos llegando a territorios donde nunca se había llegado y que los acuerdos se están haciendo con las comunidades que tienen la coca y en los territorios donde está la coca. En este momento tener acuerdos con 58.778 familias de las cuales ya han recibido desembolsos 31.315, pues es un paso muy importante hacia adelante. Esto no se hubiera podido sacar adelante sin el concurso del Proceso de Paz con las Farc, porque estamos llegando a territorios donde, antes, prevalecía la guerra.
VA: ¿La firma de esos acuerdos con las familias y los desembolsos ya realizados se tradujeron en disminución efectiva de los cultivos ilícitos? ¿La gente sí está arrancando las matas?
ED: Mire se lo digo en cifras más concretas: a corte de 21 de enero de 2018, han ingresado al PNIS de manera individual unas 58.778 familias que dicen tener 45 mil hectáreas de hoja de coca. De ellas, Naciones Unidas (Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC) había verificado hasta enero 17.034 hectáreas ya arrancadas. Estimamos que se quedaron sin verificar cerca de 6.000 hectáreas y esto por cuenta de que 12 de 17 misiones de verificación fueron bloqueadas: a algunas les robaron los carros, hubo amenazas contra Naciones Unidas en otras regiones; eso ha retrasado la verificación y los segundos pagos para las familias en otros casos. Pero ya estamos buscando soluciones a ese tema.
VA: Es decir, que sí ha sido real el deterioro del orden público en aquellas regiones donde ingresó el PNIS, tal como lo advirtieron la FIP y la Coccam.
ED: No se deterioró el orden público, sino que se deterioró la seguridad. Y esto traducido en que ha habido amenazas y en otros casos lamentables y repudiables crímenes contra líderes campesinos y comunitarios, algunos de ellos líderes de la sustitución. Ahora, el gobierno nacional puso en marcha el Plan Horus que implica la presencia física y permanente de la fuerza pública en las veredas, de manera visible y al lado de las comunidades. Obviamente esto depende del sector Defensa.
Ahora, ¿por qué ocurre eso? Lamentablemente la paz afecta intereses de quienes han vivido de la guerra durante 50 años, quienes han vivido de la coca, quienes se lucran del narcotráfico, quienes se lucran de la minería ilegal, quienes se lucran de la ausencia de Estado. Obviamente estas personas ven en la presencia del Estado una amenaza a sus intereses y obviamente intentan impedir las acciones estatales mediante amenazas, terrorismo y asesinatos. La paz tiene amigos, pero también tiene enemigos.
VA: El tema de seguridad -y no de orden público, como usted lo anota- es una de las grandes críticas que se le hace a la implementación del PNIS. La otra gran crítica es la asistencia técnica, de la cual se dice que ha sido débil y demorada, ¿qué puede decir al respecto?
ED: Pues que eso no es cierto. La asistencia técnica sí está avanzando. Yo no lo veo como una debilidad, lo veo como una necesidad en la que estamos trabajando. Lo que pasa es que las cosas hay que construirlas, hay que trabajarlas, hay que hacer las convocatorias, hay que seleccionar a los equipos que harán la asistencia técnica, hay que seleccionar a los profesionales y esto tiene niveles de gestión que, obviamente, que hay que optimizarlos, pero las cosas hay que trabajarlas y no basta con señalar que existe el reto, sino que hay que trabajarle y en eso estamos. Si usted mira, hay convocatoria nacional para asistencia técnica. En muchas regiones ya se seleccionaron los equipos técnicos y dentro de poco comenzarán a trabajar.
VA: La otra gran preocupación en los territorios cocaleros son los recolectores. ¿También serán beneficiados con la implementación del PNIS?
ED: Hay un compromiso de vincular a los recolectores en tareas de interés comunitario. Lo primero es aclarar quiénes son recolectores. En muchos territorios mucha gente se declaró recolectora y cuando revisábamos, no tenía correspondencia con la presencia de cultivos ilícitos en esa región. Tenemos que ejercer mecanismos de control para evitar colados. Lo otro es que tenemos que definir unas actividades de interés comunitario; es decir, hay que identificar actividades en las que se puedan contratar estas personas. Decirlo es fácil, hacerlo es mucho más complejo por cuanto el programa suministra los ingresos, pero no suministra los materiales de trabajo.
Pero ya el trabajo con recolectores se ha iniciado en varios municipios. En Briceño, Antioquia, por ejemplo, vinculamos los primeros 160 recolectores a trabajar en actividades de interés comunitario que han sido definidas por las mismas comunidades. En el caso de Briceño, adicionalmente se está capacitando para que, al terminar el ciclo de trabajo, estén capacitados y puedan de manera autónoma vincularse a otras actividades y sean más competentes en el mercado laboral. Es un proceso más complejo. Estamos avanzando en ello, no sin dificultades, pero estamos avanzando. (Ver más en: Briceño, ante el reto de construir paz sin cultivos ilícitos y Briceño: la apuesta por la paz más allá de los Acuerdos)
¿El futuro del PNIS?
VA: ¿La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos no debería avanzar de la mano de la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz?
ED: La verdad, ese es el tema, quizás el más importante: la tierra. Si la gente se pregunta por qué en el Ecuador no hay cultivos ilícitos como en Colombia es porque en el Ecuador la mayor parte de los campesinos tiene título de propiedad. Cosa que se resolvió a mediados del siglo pasado y en Colombia no ocurrió. Aquí, en el país en general, más del 50 por ciento de los campesinos no tiene titularidad sobre la tierra y de ahí la importancia del Punto 1 del Acuerdo de Paz. Tratándose de cultivos ilícitos ese porcentaje es mayor. Entonces, resolver la titularidad de la tierra vía formalización de la tenencia, vía asignación de tierras, ese punto es el más importante para el éxito del esfuerzo que se está haciendo en el país, no solo de cara a la sustitución de cultivos ilícitos sino de cara al desarrollo de la economía campesina.
VA: ¿Pero que se ha hecho al respecto? ¿A quién le compete este tema?
ED: Es un tema que le corresponde al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras. Nosotros estamos viendo la manera de cooperar desde los proyectos productivos para que se resuelva el tema de titularidad, por lo menos en las zonas donde se requiere formalizar. En muchos casos es simplemente la formalización, pero en otros sí se requiere tierra nueva o la autorización de usufructo. Es un tema que nos preocupa y estamos intentando buscar alternativas con cargo a los recursos de los proyectos productivos.
VA: En el primer semestre del año se publican las mediciones de áreas con cultivos ilícitos en el país, tanto del Departamento de Estado de Estados Unidos como las del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMCI- de Naciones Unidas. Si esas cifras no muestran una mejora, ¿qué podría pasarle al PNIS?
ED: El programa del PNIS tuvo que arrancar con el pesado fardo del crecimiento de los cultivos. Si eso no hubiese sido así, el escenario del programa sería otro. Si usted me pregunta qué hubiera deseado yo, pues le digo que hubiera deseado que, como contrapartida del proceso de paz, los cultivos ilícitos hubieran disminuido. Lo cierto es que ese incremento ha pesado y de manera muy importante en lo que tiene que ver con la implementación del PNIS y del Acuerdo de Paz. Esa es la realidad.
Ahora, el Acuerdo de Paz es claro, incluso las mismas Farc lo tienen claro, en que el PNIS no entra a hacer sustitución en los nuevos cultivos: el PNIS entra en las zonas donde había cultivos antes de junio de 2016. Así lo establece el decreto que crea el PNIS. Nosotros no vamos a estar detrás de los nuevos cultivos, nosotros vamos detrás de los cultivos que ya había.
De otro lado, habrá que ver en esos informes cuál es el comportamiento de los cultivos en aquellos territorios donde el PNIS ha entrado como el Guaviare, donde yo estoy seguro que los cultivos no solo no han crecido, sino que han disminuido porque las comunidades han venido sustituyendo los cultivos. Lo mismo podría decirle de Arauca, de Montañita (Caquetá); Puerto Rico (Caquetá), lo mismo de Briceño (Antioquia); Montelíbano (Córdoba); Puerto Libertador (Córdoba).
Le puedo decir que nosotros hemos entrado como programa con las familias que le mencioné y la gente está cumpliéndole al programa. Donde nosotros hemos entrado los cultivos, sí han disminuido y eso es lo que hay que valorar. Si en otras regiones están apareciendo nuevos cultivos, en regiones donde nosotros no hemos entrado, pues esos cultivos no entran dentro del PNIS.
VA: El país está inmerso en un proceso electoral en el que, sin duda, el tema de qué hacer con los cultivos ilícitos estará en la agenda de los candidatos presidenciales ¿Le preocupa esta situación?
ED: Estamos frente a un hecho que es cierto: esto es una democracia, los gobiernos tienen un principio y un fin, y vienen cambios de gobierno. Yo aspiraría que esto no signifique un ‘volver trizas el acuerdo’ como han dicho algunos sectores que están en la contienda electoral porque sería gravísimo dar un paso atrás. Yo esperaría que quien llegue introduzca cambios para bien y no para mal. En todo caso, lo grave sería que no hubiera elecciones.
VA: ¿Se alcanzará a cumplir la meta de 50 mil hectáreas sustituidas voluntariamente a mayo de este año?
ED: Claro, estamos trabajando muy duro para cumplirla. Lo que sí tenemos claro es que la gente está tumbando la coca, tenemos claro que el compromiso es en serio, estamos avanzando muy fuerte en estos meses para llegar a otros departamentos. En el Putumayo no se había entrado y ya se está entrando a los municipios de manera masiva. También están entrando doce mil familias más en Tumaco, donde ya llevamos seis mil. Todo Puerto Guzmán entró al programa; Orito y Jardines de Sucumbíos también ya entró y luego entran Puerto Asís y tres municipios más. Es decir, en un mes entra todo el Putumayo, uno de los departamentos con mayores hectáreas sembradas con hoja de coca en el país”. (Ver más en: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
VA: ¿Qué retos le deparan al PNIS a futuro?
ED: Muchos. Y son retos hacia adelante, de desarrollo y crecimiento. Qué sustituir y por qué sustituir debe ser producto de un ejercicio de análisis que reduzca los riesgos y por ello estamos actuando en varias vías. Primero: con asistencia técnica. Como le dije, ya se están nombrando los equipos de asistencia técnica para los territorios. La Agencia de Desarrollo Rural destacó tres técnicos por región para que apoye al PNIS en este ejercicio. Este es un esfuerzo de gran envergadura y gran importancia, porque esta asistencia técnica es muy distinta a la que tradicionalmente se realizaba.
Hay un reto mucho más inmenso aún, que requiere más tiempo y de un paso firme cómo se ha venido dando, como es el de la infraestructura. Estamos hablando de territorios aislados y por eso tienen la coca, y ese es el costo de la guerra y esa tarea va tomar más tiempo. Están los retos de la organización de las comunidades y otro tema muy importante es el tema de la seguridad, que siempre ha afectado a estas regiones y que en otras se ha convertido en un tema muy importante: garantizar la seguridad de las comunidades y de los líderes de estos territorios. No sobra señalar que cada vez que nosotros estamos arrancando una mata de coca estamos afectando intereses de quienes se lucran ilegalmente de eso.
