El juicio al ganadero y caballista Santiago Uribe Vélez entró en su recta final. De no ocurrir nada extraordinario, en mayo se conocerán los alegatos finales por parte de la Fiscalía como de la defensa de Uribe Vélez. Para quienes representan judicialmente a las víctimas de los llamados ‘Los Doce Apóstoles’, se trata de un momento crucial en la historia reciente de la justicia colombiana.
“En el peor de los escenarios, antes que termine este año debería haber una decisión de fondo por parte del Juez Primero Especializado de Antioquia con relación al proceso que se adelanta contra Santiago Uribe Vélez”, señala Daniel Prado Albarracín, abogado y defensor de derechos humanos.
Prado Albarracín es el apoderado judicial de la familia de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera asesinado presuntamente por integrantes de los ‘Los Doce Apóstoles’ un 25 de febrero de 1994 en la vía que comunica las localidades de Campamento y Yarumal. Por este crimen, la Fiscalía General de la Nación decidió llamar a juicio al ganadero, caballista y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusándolo además de financiar y apoyar este grupo paramilitar que operó en el norte de Antioquia a principios de la década de los 90. (Leer más en: ‘Los Doce Apóstoles’: la sombra de Santiago Uribe)
Las últimas diligencias practicadas en este juicio tuvieron lugar los días 3 y 4 de abril en la ciudad de Medellín. Allí, el jurista Jaime Granados, defensor de Uribe Vélez, pidió que su cliente fuera escuchado en interrogatorio, pese a que este ya lo había hecho al principio del proceso. Si bien la petición fue aceptada por el Juez Primero, para los representantes judiciales de las víctimas se trató, una vez más, de una actitud dilatoria que busca prolongar este litigio indefinidamente.
“La verdad es que el proceso ha estado bastante lento. Como representante de víctimas le dije en algún momento al juez que por favor diera celeridad, porque se notaba una actitud dilatoria por parte de la defensa (de Uribe Vélez) al derecho de las víctimas de acceder de manera pronta a la justicia”, señala Prado Albarracín, quien añade que, no ocurrir nada extraordinario, la última semana de mayo del presente año el Juez Primero deberá escuchar los alegatos finales tanto de la Fiscalía General de la Nación como de los abogados defensores de Uribe Vélez.
Dentro de la mecánica jurídica, este es el paso previo antes de conocer la decisión de fondo del Juez Primero; decisión que llegaría 18 meses después de instaurada formalmente la etapa de juicio. VerdadAbierta.com dialogó con el abogado y defensor de derechos humanos para conocer sus impresiones sobre este proceso. Y esto fue lo que nos contó. (Leer más en: Santiago Uribe, ante nueva investigación por violación a los derechos humanos)
Defensa mediática
VerdadAbierta.com (VA): Usted ha señalado que el juicio se ha extendido innecesariamente. ¿Qué puede explicar dicha situación?
Daniel Prado Albarracín (DPA): El doctor (Jaime) Granados hizo solicitud de por lo menos 80 pruebas, muchas de ellas repetidas de lo que había sido la etapa de instrucción. Esto ha llevado a que sea un proceso bastante largo y eso porque, si bien solicitó unas pruebas, él no cumplió con la labor de hacer que estas personas lleguen a los estrados a decir lo que tengan que decir. Es decir, aporta números telefónicos, pero no direcciones u otro tipo de contacto y le toca entonces, a la administración de justicia, ubicar a estas personas cuando no es labor de la administración de justicia. Esto lo tomamos nosotros como una actitud dilatoria para que el juicio se siga alargando.
VA: Sin embargo, todas las pruebas solicitadas por la defensa de Uribe Vélez no fueron aceptadas por el Juez Primero. ¿Realmente ha sido esta la causa de la demora en el juicio?
DPA: “El señor Juez Primero, cuando resuelve la práctica de pruebas, ordena las que él consideraba necesarias, pero luego viene una apelación de la defensa y el Tribunal Superior de Medellín aprueba otras, pero no son la totalidad. Alrededor de 40-45 pruebas se han practicado durante la etapa de juicio. Fundamentalmente son pruebas testimoniales.
VA: ¿A ellas habría que agregar, entonces, las solicitadas por ustedes y la Fiscalía?
DPA: No solicitamos pruebas porque consideramos que la etapa de instrucción fue muy completa. La Fiscalía, para llegar a la conclusión que debía acusar a Santiago Uribe Vélez, tuvo un cúmulo de trabajo investigativo bastante completo y allí está totalmente probada la responsabilidad de Uribe Vélez en lo que tiene que ver con la conformación de grupos paramilitares y la muerte de Camilo Barrientos.
VA: Sin embargo, la defensa tiene derecho a solicitar las pruebas que considere necesarias, pero, dé un ejemplo concreto de lo que usted señala como ‘prácticas dilatorias’.
DPA: Las últimas diligencias que se han programado para presentar alegatos finales, la defensa interpone un recurso de objeción a un dictamen pericial que se había practicado hace más o menos cuatro años. Esta actitud de presentar objeciones de este tipo lo que muestra es un interés de la defensa por prolongar el juicio, no sabemos hasta que tiempo. La defensa, en todas las intervenciones públicas, dice que se trata de un juicio sin pruebas, que la inocencia de Santiago está probada. Pues entonces que dejen que el proceso termine y que no pongan recursos de última hora que lo único que hacen es dilatar la decisión del juez.
VA: Las objeciones de la defensa también han ido dirigidas contra los testimonios consignados en el proceso, caso concreto, contra lo que dijo el teniente (r) Juan Carlos Meneses. ¿Considera válidas las objeciones?
DPA: El proceso no se centra sólo en la declaración de Juan Carlos Meneses como lo han querido mostrar tanto los medios de comunicación como la defensa de Santiago Uribe. La declaración de Meneses tiene, quizás, un grado de espectacularidad porque se la dio a un grupo de juristas argentinos y ante un Premio Nobel de Paz, situación que impactó bastante en la opinión pública colombiana. (Leer más en: Expolicía salpica a un hermano del Presidente con los ‘Doce Apóstoles’)
Es una prueba que se practica más o menos en el 2010, pero posterior a eso han surgido una cantidad de pruebas que se suman a otras que ya hacían parte del expediente que fueron valoradas en su momento por la Fiscalía, que es la que ha tomado decisiones frente a este proceso. Sí, Meneses ha sido la noticia, pero está igualmente el testimonio de Eunicio Pineda Luján, que es un campesino que trabajaba en la Hacienda el Buen Suceso, que colinda con la Hacienda La Carolina.
Este señor cuenta como allí efectivamente se hacían reuniones por parte de Santiago Uribe y Álvaro Vásquez con los demás miembros del grupo paramilitar, y una cantidad de hechos que luego fueron corroborados en la labor investigativa que se ha hecho a lo largo de este proceso. Como fue la utilización de radios de comunicación por parte de Santiago Uribe Vélez, radios que fueron asignados en el Suroeste antioqueño, en jurisdicción del grupo paramilitar de ‘La Escopeta’ a un señor llamado Efraín Ochoa, señalado jefe paramilitar de la región y ese radio fue el que usó Santiago Uribe Vélez. Y esto da todo un contexto de cuál ha sido la actividad desarrollada por Santiago Uribe Vélez y algunos de los amigos de la familia Uribe Vélez con relación a las actividades de estos grupos paramilitares.
VA: Por parte de la defensa de Uribe Vélez también se han cuestionado estos testimonios públicamente…
DPA: El doctor (Jaime) Granados puede salir a hacer una defensa mediática, que es eso a lo que se ha dedicado, pero realmente la defensa jurídica no se ha visto. Él no tiene que convencer a los periodistas, él tiene que convencer al juez y a los demás sujetos procesales de una verdad. Lo que sí vemos es que él constantemente sale a hacer afirmaciones nada ciertas sobre la persecución política de que es víctima Santiago por ser hermano de Álvaro Uribe Vélez, de la participación de Iván Cepeda en el proceso, afirmaciones que son totalmente falsas y, aunque fueran ciertas, nunca las ha probado, simplemente se ha dedicado a una persecución mediática contra quienes ejercemos la defensa de las víctimas. Creemos que toda esa defensa mediática que se ha hecho lo que busca es encontrar un administrador de justicia que declare a su favor y dejar ante la opinión pública la sensación de que lo ellos estaban afirmando era cierto.
Presiones indebidas
VA: De alguna manera, ¿le preocupan las declaraciones que ha hecho la defensa de Uribe Vélez ante los medios de comunicación?
DPA: Creemos que la administración de justicia habla a través de los fallos y es allí donde queremos que llegué el proceso. Si, como dice constantemente ante los medios de comunicación el doctor Granados, de que la inocencia de Santiago está probaba, pues que deje terminar el proceso para que sea el juez el que le diga al país si Santiago es inocente o responsable ante los hechos que se le acusó ante la administración de justicia.
VA: Se trata de un juicio del que está muy pendiente la opinión pública. Enfrentarse al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿les ha significado algún tipo de presión?
DPA: Nosotros no nos enfrentamos jurídicamente con Santiago Uribe Vélez, nos enfrentamos con sus abogados, pero es lamentable el ejercicio profesional que ejercen estas personas porque, de alguna manera, hemos sido víctimas de esa presión y persecución mediática y de una cantidad de acusaciones que no tienen fundamento, que lo único que buscan es hacer señalamientos que en cualquier momento pueden poner en riesgo nuestras vidas.
VA: ¿Acusaciones de qué tipo?
DPA: Nos han tildado de guerrilleros, de terroristas, de falsificadores de pruebas, lo que usted quiera. Me acusan de haber falsificado las pruebas de Eunicio Pineda Luján, pero son acusaciones que utilizan ante los medios, pero si eso fuera cierto, pues que me acusen ante las autoridades correspondientes. Pero es un trabajo más de señalamiento hacía la labor de los defensores de derechos humanos.
Para nosotros es un proceso normal donde, sí, hay un acusado que tiene un grado de importancia pero que, igualmente, nosotros cumplimos con una labor y es que, las personas sindicadas de cometer delitos, pues deben ser llevadas ante las autoridades correspondientes para que ellas determinen la responsabilidad. No somos los defensores de derechos humanos los que tomamos decisiones de fondo sobre la libertad y la responsabilidad de estas personas, son los jueces de la república.
VA: ¿Cuándo cree usted que puede haber un fallo definitivo?
DPA: Esperamos a que antes de finalizar este año pueda haber fallo.
VA: ¿Es pesimista u optimista?
DPA: Yo no soy pesimista. Conozco el proceso y tenemos claro que, mientras no haya un fallo que sea manipulado, el señor Uribe Vélez va tener que responder, es decir, va salir condenado, por los hechos que se le está investigando. Las pruebas son suficientes sobre la responsabilidad de él y no tenemos ninguna duda de ello. Igual, habrá que esperar los alegatos finales”.
VA: Dice usted: “mientras no haya un fallo que sea manipulado”: ¿realmente cree que eso puede ocurrir?
DPA: Es claro que Álvaro Uribe Vélez y sus abogados, que son los mismos de Santiago, han desprestigiado a aquellas personas que desde la administración de justicia toman decisiones en su contra. Pero también inciden en el nombramiento de funcionarios. ¿Por qué lo decimos? A nosotros nos causa mucha curiosidad el hecho de que se presente a concursar una funcionaria al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia y obvie el hecho de que trabajó con Jaime Granados en su oficina y a la vez, una vez posesionada esta magistrada, le sea asignada la investigación contra Álvaro Uribe Vélez. Y este señor Uribe Vélez calle y no diga nada sobre el hecho. Si esto hubiera sido al contrario, si se tratara de un funcionario que tuviera relaciones, diga usted, conmigo o con otro de los abogados de la defensa de las víctimas, pues estoy seguro que hubieran pegado el grito en el cielo. Esto deja un sabor nada grato.
VA: Si en efecto, el fallo del Juez Primero encuentra responsable a Santiago Uribe Vélez por los hechos que se le acusan, ¿cree que con esto se comienza a ‘torcerle el cuello’ a la impunidad que reina en casos como ‘Los Doce Apóstoles’?
DPA: Existen varias decisiones de la administración de justicia que buscan que esa impunidad cese. Cuando el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín dice que se investigue a Álvaro Uribe Vélez por la conformación de grupos paramilitares pues lo que está diciendo es que cese toda esa impunidad. Claro que es importante que, frente a todo lo que ocurrió en Yarumal, Santiago sea condenado porque esta abre otras acciones de revisión frente a otras personas que fueron absueltas en el proceso. Demostraría que la administración de justicia puede funcionar. (Leer más en: Fiscalía relaciona a Álvaro Uribe con grupos armados ilegales en el Suroeste antioqueño)
VA: Diversos sectores han señalado que detrás de este proceso han estado los senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda, ¿qué dice usted al respecto?
DPA: Pues que es absolutamente falso. En el país hay unos dirigentes que han tenido la valentía para contarle a la opinión pública lo que hacemos los defensores de derechos humanos, caso el senador Gustavo Petro. En el caso del senador Iván Cepeda, él ha sido defensor de derechos humanos y el país lo conoce y en su calidad de defensor de derechos humanos tuvo conocimiento de los hechos relacionados con la hacienda Guacharacas, los ha denunciado, y hoy como parlamentario ha dado los debates en el Congreso, como es su función.
VA: Y, frente a quienes dicen que este proceso judicial tiene un fuerte componente ideológico por parte de sectores de izquierda que quieren ver preso, sí o sí, a la familia Uribe Vélez, ¿qué podría decir?
DPA: Nuestra labor como defensores de derechos humanos es poner en conocimiento de la justicia las graves violaciones a los derechos humanos que conocemos, pero las decisiones no las tomamos nosotros. A lo largo de este proceso se ha querido señalar, como dije, que Iván Cepeda y Gustavo Petro están detrás de todo esto, pero si Iván Cepeda tiene el poder para incidir en la Fiscalía, pues imagínese. Pero le recuerdo, la persona que tomó la decisión en segunda instancia de acusar a Santiago Uribe Vélez fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. No somos los defensores de derechos humanos los que tomamos decisiones, nosotros solo aportamos pruebas. No nos interesa ver en la cárcel a Santiago o Álvaro Uribe Vélez, nos interesa que haya justicia y que se sepa la verdad.
