SEMANA revela documentos secretos del gobierno sobre cómo son, cómo actúan y quiénes financia a los grupos paramilitares.
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| Los grupos paramilitares comenzaron a establecerse para finales de los 80s. Foto Semana /León Darío Peláez |
La semana pasada, la noticia fueron los paramilitares. Pero no como lo venían siendo desde principios del año pasado, por la dosis de masacres y asesinatos políticos que perpetraban, sino porque ahora, y por primera vez, les tocaba morder el polvo de la derrota. El martes 4, dos operativos de las autoridades -uno en Bogotá y otro en el Magdalena Medio antioqueño- dieron como resultado la muerte de 10 integrantes de bandas de sicarios paramilitares yla detención de otros 13.
El primer golpe tuvo como escenario las tranquilas calles de un barrio residencial al sur de Bogotá, a donde muy temprano en la mañana llegaron los efectivos del DAS y luego de un intenso tiroteo que duró más de media hora, dominaron a los miembros de la banda “Los Justicieros”, organización que de acuerdo con el director del DAS, general Miguel Maza Márquez, trabajaba a órdenes de Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”. Entretanto, en el área de Monteloro, del municipio de San Luis, al suroriente de Antioquia, un comando combinado de la Policía Nacional y efectivos antinarcóticos, se enfrentaba a una banda paramilitar que, según el general Octavio Vargas Silva, inspector general de la Policía, estaba dedicada a custodiar predios de propiedad de Pablo Escobar Gaviria, en el área del Magdalena Medio.
La primera organización habría participado en asesinatos de dirigentes de izquierda y figuras de la política nacional, entre ellos el del joven líder de la Unión Patriótica, José Antequera, hace pocas semanas. La segunda sería parte de la temible organización paramilitar del Magdalena Medio, dedicada a la doble función de custodiar fincas, laboratorios y pista del cartel de Medellín, y perpetrar asesinatos y masacres de campesinos y demás operativos de tipo paramilitar.
Lo anterior evidenciaba que algo nuevo estaba pasando en Colombia. El país, acostumbrado a la cuota semanal de sangre y muerte que ponían en la mayoría de las ocasiones, civiles del campo y la ciudad, o soldados bachilleres en camiones emboscados, incluso, guerrilleros de cualquiera de los grupos alzados en armas, había comenzado a pensar que mientras los paramilitares se podían pasear en forma oronda por vastas zonas del territorio nacional, la guerra que el Estado colombiano tenía que librar contra todos los enemigos de la democracia se estaba dando selectivamente en contra sólo de la subversión de izquierda. ¿Cuándo demonios, se preguntaban muchos, se iban a enfrentar soldados o policías contra los paramilitares, la subversión de derecha?
Los documentos secretos
Los sucesos de la semana pasada eran una primera respuesta a esa pregunta y significaban mucho más que una mera coincidencia. De alguna manera, eran el resultado del trabajo investigativo que las autoridades habían comenzado a desarrollar meses atrás, cuando estalló un clamor nacional para que se actuara en contra de los paramilitares. Los organismos secretos, las autoridades militares y funcionarios de la Presidencia de la República y del gabinete dedicados a los problemas de la paz y la guerra, habían estado avanzando en la recopilación y el análisis de la información disponible, que les permitía armar, en forma casi completa, el rompecabezas del paramilitarismo. “Después de haber revisado la documentación -dijo a SEMANA un alto funcionario que tuvo acceso a la información- pensé que lo único que hacía falta era comenzar a actuar”. Y esto fue precisamente lo que sucedió la semana pasada.
La información con que cuenta el gobierno es amplia y detallada. Gracias a ella se conocen ya los orígenes, el desarrollo y la estructura actual de los paramilitares. Se sabe cómo se financian, cómo operan, cómo se comunican y cómo preparan a sus hombres. Se tiene establecido cuál es el nexo entre estos grupos y la industria del narcotráfico. Además, se tiene un conocimiento exacto de quiénes son sus jefes máximos. Se sabe, entre otras cosas, que especialistas israelíes y británicos han sido traídos al país en forma secreta, para preparar a los comandos de élite de estas organizaciones. En fin, se sabe mucho. Así lo pudo establecer SEMANA después de conocer un paquete de documentos que, desde distintos despachos oficiales y de seguridad, han llegado a manos del presidente Virgilio Barco, y que recogen una vasta información basada en labores de inteligencia, interceptación de documentos y llamadas telefónicas, y, lo más importantede todo, valiosos testimonios de desertores de los grupos paramilitares.
Tal vez el más importante de estos testimonios fue el suministrado por un médico, que inició su actividad subversiva en las filas del M-19 y que, después de haberse amnistiado, hacia el año 1983, fue ilegalmente retenido en el área de Puerto Boyacá, por efectivos del Batallón Bárbula que, después de intensos interrogatorios lo habrían entregado a quienes conformaban la génesis de lo que poco después serían los grupos paramilitares. Este informante, al igual que otros que han entrado en contacto con las autoridades, se encuentra fuera del país, como beneficiario de un régimen de protección de su identidad y de su paradero. Aparte de esto, el gobierno ha reunido datos recogidos en las acciones de la Policía antinarcóticos en zonas del Magdalena Medio y el Meta, en los interrogatorios a integrantes de bandas de sicarios retenidos en los últimos meses, e incluso en llamadas y escritos anónimos que han dado pistas claves para ubicar a algunas fichas importantes de la organización paramilitar. El cruce de estos datos le ha permitido al gobierno trazar la historia que, en sus principales apartes, SEMANA presenta a sus lectores, omitiendo, claro está, aquellas informaciones que, como lo relacionado con la ubicación de pistas y laboratorios del narcotráfico y los organigramas del paramilitarismo, deben permanecer bajo reserva para no entorpecer el avance de las investigaciones.
Salud para todos
A mediados de 1983, los habitantes de Puerto Boyacá y sus alrededores, que aún entonces eran víctimas de una de las más feroces actividades de boleteo, extorsión y secuestro por parte de las FARC, comenzaron a ser testigos de un proceso que al principio les resultó apenas curioso y atractivo. Grupos de civiles, en ocasiones armados, empezaron a recorrer la región llevando a numerosas veredas brigadas de salud que se convertía en una oportunidad de entrar en contacto con los campesinos, conocer sus inquietudes y ubicar cuáles de ellos estaban asociados con las FARC y cuáles, por el contrario, se mostraban hastiados de las prácticas de la organización guerrillera. Las brigadas habían sido originalmente una idea de ACDEGAM, la asociación de ganaderos del Magdalena Medio, cuyas directivas se encontraban bastante entusiasmadas con esta práctica.
Por esa misma época, empezaron a aparecer los cadáveres, a veces mutilados o torturados, de aquellos quienes se les atribuía algún nexo con la guerrilla. Solía suceder que sobre al lado de sus cuerpos, se encontrara un letrero con inscripciones como “Muerto por comunista”. A fines del 83, las brigadas de salud se habían extendido ya a varias zonas del territorio nacional que sufrían del mismo mal que el área de Puerto Boyacá: la guerrilla. Hacendados, comerciantes y mineros de regiones como Urabá, elMeta, el nororiente antioqueño, y todo el Magdalena Medio, comenzaron a patrocinar las brigadas de salud que precedían las llamadas “operaciones de limpieza”, y las primeras masacres que se dieron en estos tiempos en el país, como la sucedida en Remedios, Antioquia, a fines del 83.
A pesar de que el fenómeno se había extendido bastante ya, como lo demostraban los muertos diarios de Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo e incluso Barrancabermeja, Puerto Boyacá siguió llevando el liderazgo y marcando la pauta de la nuevas prácticas que se debían realizar. En ese municipio surgió entonces la primera organización armada de autodefensa, cuyos fundadores fueron, según la información recogida, Pablo Guarín -asesinado en 1987, por las FARC- Carlos Loaiza, Luis Suárez y Gonzalo Pérez. Ellos recogían aportes de hacendados de la región y reclutaban entre los hijos de los campesinos, a los jóvenes que debían ingresar a la primera escuela de autodefensa, llamada “El Tecal” y ubicada en la finca La Paz cerca a Puerto Boyacá.
Los primeros contingentes de este grupo realizaban patrullajes por la zona, en ocasiones acompañados por efectivos del Batallón Bárbula, con asiento en Puerto Boyacá. Estos patrullajes no sólo buscaban sacar a las FARC de la región, sino amedrentar a sus antiguos colaboradores y convertirlos en aliados de la autodefensa. Por aquel entonces, la organización operaba con módicas contribuciones de los hacendados, pues su funcionamiento no exigía muchos gastos. Los sueldos pagados a los patrulleros no excedían los 7 mil pesos mensuales y la comida generalmente era suministrada por los propios campesinos de las áreas por donde se efectuaban los patrullajes.
Pero a medida que crecía la organización, surgían mayores exigencias de comunicaciones, armamento y equipo en general. Los patrulleros pedían mejores ingresos y, según uno de los testimonios recogidos por las autoridades, la plata comenzó a escasear. No era fácil pedir a los hacendados que aumentaran sus contribuciones, pues se corría el riesgo de que pensaran que las cuotas que pagaban a los grupos de autodefensa iban a terminar siendo más onerosas que el boleteo de la guerrilla.
La loteria
A principios de 1985, un episodio ocurrido en cercanías del sitio Dos y Medio, a unos cuantos kilómetros de Puerto Boyacá, cambió para siempre la historia de la organización. Un comando de autodefensa, que había montado un retén en el camino, interceptó un campero cargado de cocaína. El conductor del campero intentó acelerar para pasar de largo el retén y se produjo un tiroteo, tras el cual algunos de los ocupantes del vehículo resultaron heridos. Según uno de los documentos del gobierno, el cargamento era de propiedad de Jairo Correa y Pacho Barbosa, este último dueño de la finca “La Suiza” en Puerto Nare, no muy lejos de allí.
Los propietarios de la carga entraron en contacto con los jefes de la autodefensa en Puerto Boyacá y se iniciaron negociaciones que culminaron con un acuerdo. Hubo consenso alrededor de que narcotraficantes y autodefensas coincidían en su rechazo a la guerrilla y a los comunistas. El campero y la droga fueron devueltos y sus dueños entregaron, como contraprestación, un Toyota de placas venezolanas a la autodefensa, que desde entonces incluyó en sus patrullajes el territorio de la hacienda “La Suíza”.
Fue el principio de un romance que terminaría en matrimonio: narcotraficantes y autodefensa se entendieron fácilmente y, con el paso de los días, los jefes de la organización en Puerto Boyacá llegaron a tutearse con personajes a quienes las autoridades colombianas y norteamericanas acusan de ser los cabecillas del cartel de Medellín: Pablo Escobar Gaviria, Jorge Luis Ochoa Vásquez y Gonzalo Rodríguez Gacha, más conocido como “El Mexicano”, todos ellos inversionistas en esa y otras regiones a donde se había extendido el cubrimiento de la organización de autodefensa. Algunos de los dirigentes del área, como Pablo Guarín y Luis Rubio -que luego sería el primer alcalde electo de Puerto Boyacá, antes de que una juez le dictara orden de captura y se convirtiera en profugo de la justicia-, habían conocido a Escobar Gaviria durante la campaña electoral de 1982, en la cual éste fue elegido representante a la Cámara.
Los nuevos capitales hicieron olvidar pronto las épocas de vacas Flacas. Con más dinero, resultó fácil crear nuevas escuelas de autodefensa, que entonces comenzaron a combinarse con las de sicarios. Según los documentos gubernamentales, las dos escuelas más importantes, conocidas como “Cero-Uno” y “El Cincuenta”, estaban ubicadas respectivamente en el kilómetro 9 de la vía Puerto Boyacá-El Zambito, y en la vía El Delirio-Ariza, en el departamento de Santander.
También resultó fácil extender a nuevas regiones la operación de lo que ya para entonces, eran los grupos paramilitares, que de la posición inicialmente defensiva de las autodefensas, habían pasado definitivamente al ataque. El eje Urabá-Córdoba-Bajo Cauca-Magdalena Medio-Meta estaba ya prácticamente cubierto por los tentáculos del pulpo paramilitar cuya cabeza se trazó cuatro metas principales:
-Proteger a la comunidad del boleteo, la extorsión, el secuestro y demás prácticas de la guerrilla, y preparar para ello a patrulleros que, camuflados de vaqueros o jornaleros, debían cuídar las hacíendas, especíalmente las de los narcotraficantes.
-Preparar y entrenar a los grupos de escoltas de las figuras del cartel y de la cúpula paramilitar.
-Preparar y entrenar personal para las labores de producción de cocaína en los laboratorios del cartel. Esta oportunidad, que implicaba con el tiempo hacerse a un buen capital, se le brindaba a aquellos patrulleros que se distinguieran en su labor.
-Atentar contra militantes y dirigentes de la Unión Patriótica y otras organizaciones polítícas y sindicales, y contra representantes del gobierno o de los partidos políticos y demás sectores de la sociedad, que se opusieran al narcotráfico. Para ello, era necesario crear grupos de sicarios profesionales.
Los profesionales
Con el fin de lograr estos objetivos, las más bíen primitivas escuelas de la autodefensa de “El Tecal”, “Cero- Uno” y “El Cincuenta”, fueron reemplazadas por dos nuevos centros de preparación, para los cuales se diseñaron curiosos exámenes de admisión y nuevos programas de entrenamiento acordes a las necesidades narco-paramilitares de la organización (ver recuadro).
·La escuela “Galaxias”, en Pacho, Cundinamarca, que según los documentos del gobierno, es dirigida por Marcelino Panesso, alias Benitín y financiada por “El Mexicano”. Allí se preparan “los mejores”, según la expresión de uno de los informantes que habló con las autoridades. Para ingresar a esta escuela, es requisito al menos ser bachiller y, aún mejor, haber cursado algunos semestres universitarios.
-“La escuela “Cero-81”, en inmediaciones de la Ciénaga de Palagua, en Puerto Boyacá, supervisada directamente por Henry Pérez, hijo de Gonzalo Pérez, según lo aseveran los documentos del gobierno.
El curso para un patrullero dura entre 30 y 60 días y puede incluir preparación en los siguientes campos: camuflaje, armas y polígono, defensa personal, preservación de la identidad, escoltas, inteligencia y contra-inteligencia, comunicaciones y primeros auxilios.
Terminada la etapa de entrenamiento, el patrullero recibe una completa dotación de equipo y víveres. En cuanto al equipo, consta de hamaca y toldillo, soga de nylon o poliéster, plástico y carpa, cubiertos, un fusil FAL, G-3 o Galil, una granada para fusil, entre 200 y 300 tiros de munición, 2 a 4 granadas de mano y un uniforme verde o azul. El avituallamiento incluye un sobre de sopa o crema, una panela, una lata de leche condensada, salchichas y una lata de atún o sardinas.
El patrullero debe levantarse entrelas 4 y las 5 de la mañana, para iniciar sus actividades con un trote de varios minutos y otros ejercicios físicos. Después de ello, entona los himnos de la organización (ver recuadro), define el santo-y-seña del día, y se establecen los relevos, la ubicación de los puestos de control y los patrullajes. Cada patrullero tiene un código y un alias, y porta una cédula falsa. Aparte de ello, está sujeto a rígidas normas disciplinarias, que incluyen la pena de muerte para quien consuma estupefacientes.
Ingleses e israelíes
Para 1987, la organización paramilitar había alcanzado ya un nivel que sus financiadores consideraban óptimo. Su conducción había quedado definitivamente en manos de las figuras del cartel de Medellín, que se habían convertido en sus principales financiadores y que la utilizaban tanto para la labor política y militar, como para funciones directamente relacionadas con el negocio del narcotráfico. Como le dijo a SEMANA el director del DAS, general Miguel Maza, “los grupos paramilitares, como hoy los conocemos en Colombia, son la interpretación particular que el narcotráfico ha hecho de las autodefensas”.
Dentro de esa interpretación, particular interés por optimizar y hacer más eficiente a los grupos tenía, según uno de los documentos gubernamentales, “El Mexicano”, que ya para entonces había comenzado a decirle a todo aquel que quisiera oirlo que había decidido declararle la guerra al comunismo en todo el territorio nacional. Esta actitud surgía no sólo de una cuestión ideológica y de un posicionamiento social, sino de las diferencias que se habían presentado en las selvas del Ariari, cuando lugartenientes de Rodríguez Gacha acusaron a hombres de las FARC de haberse robado 10 millones de pesos en efectivo, que iban a ser utilizados en la compra de bultos de hoja de coca producida en la región. Las autoridades dijeron a fines del 87 que estas diferencias estaban detrás del asesinato del Presidente de la Unión Patriótica y ex candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, por hombres que trabajaban para “El Mexicano”.
Muchos han interpretado que la respuesta al asesinato de Pardo Leal fue el atentado en el que murió el dirigente liberal de Puerto Boyacá, Pablo Guarín, a fines del 87. Cuando éste se produjo, “El Mexicano”, según lo revela uno de los informes de las autoridades, conversó largamente con Henry Pérez, y ambos estuvieron de acuerdo en contratar instructores extranjeros para preparar a escoltas y patrulleros. Los contactos realizados en el exterior por amigos del cartel de Medellín, permitieron invitar al país a cinco israelíes que llegaron por Cartagena, un día cercano a la noche del Año Nuevo de 1988, y permanecieron 45 días en el país, dictando un curso de entrenamiento en la escuela ” El Cincuenta” en Puerto Boyacá, que después de haber sido cerrada, revivió para la ocasión.
El curso fue bautizado con el nombre de “Pablo Guarín Vera” y los cinco instructores israelíes sólo se identificaron ante sus 50 estudiantes con los alias de Amancia, Zadaca, Dean, Teddy y otro que el informante que suministró estos datos a las autoridades no recuerda. Los 50 alumnos se reclutaron así: 20 del Magdalena Medio, escogidos por Henry Pérez; 20 de Pacho, escogidos por “El Mexicano”; 5 de los Llanos, escogidos por Victor Carranza, y 5 de Medellín, escogidos por Pablo Escobar y Jorge Ochoa. Los instructores le manifestaron a sus alumnos que una vez terminaran de dictar este curso, debían desplazarse a fincas en Costa Rica y Honduras, para entrenar grupos de contras nicaragüenses.
Semanas después, once instructores británicos fueron contratados para dictar un nuevo curso. Los entrenadores ingleses se identificaron como “miembros de la Legión Británica” y distribuyeron entre los estudiantes ejemplares de la revista “Legión”. Cinco de ellos se identificaron con los alias de Peter, Alex, Gordon, David y George. El curso comenzó a dictarse en la misma escuela “El Cincuenta”, pero una visita de efectivos de la Policía antinarcóticos al área obligó al traslado al Putumayo por vía aérea, con escala en una pista en la zona del Yarí.
El interés de Rodríguez Gacha en estos cursos quedó una vez más en evidencia cuando asistió personalmente, según uno de los documentos del gobierno, a la graduación de los estudiantes, que a partir de entonces se convirtieron en integrantes de una élite de comandos paramilitares, cuyos sueldos oscilan entre un millón y un millón y medio de pesos mensuales. La idea original era la de utilizar este grupo altamente preparado, para que dirigiera una violenta acción contra los campamentos del estado mayor de las FARC en La Uribe, Meta. No se sabe qué los desalentó, si problemas tácticos o la información de que las cabezas de esa organización guerrillera ya no permanecen casi en ese lugar. Tampoco se sabe si la idea de llevar a cabo este ataque sigue vigente.
Estructura y finanzas
Los documentos que el gobierno se encuentra analizando revelan con bastante claridad cómo funciona la estructura operativa y demando de la organización paramilitar. No hay duda de que Puerto Boyacá, cuna de estos grupos y que un funcionario definió como “una especie de república independiente paramilitar”, sigue siendo el epicentro desde el cual se controlan las principales bases y escuelas, y desde donde se trazan políticas y objetivos.
En ese municipio, la organización paramilitar tiene una clínica a su servicio, una imprenta, una droguería una armería, un computador y -este es uno de los datos que mayor preocupación le ha causado al gobierno- un centro de comunicaciones que opera con la colaboración de las oficinas de Telecom en esa población. Según lo revelan los documentos de las autoridades, el centro de operaciones es un edificio de dos plantas que en la primera está ocupado por una droguería. En la segunda está la clave, según el testimonio de un desertor del paramilitarismo, que se ofreció a colaborar con las autoridades. Allí, en este lugar conocido como “La Central”, se encuentran trabajando cuatro operadores de radioteléfono, en dos turnos diarios de 12 horas. Está además el computador, que reúne y clasifica en clave, la información y los archivos de la organización. Las autoridades creen que, debido a algunas deserciones y al hecho de que los paramilitares ya saben que esta información está en manos del gobierno, este centro de operaciones puede haber sido trasladado.
Sea como sea, lo que está claramente establecido es que desde allí se controla toda la organización, se recibe la información y se emiten las órdenes. Un segundo centro satélite está ubicado, según las autoridades, en la población de Pacho, en Cundinamarca, donde tiene su centro de operaciones “El Mexicano”. Este centro está al mando de Marcelino Panesso, un desertor de las FARC que ahora trabaja para los paramilitares. Estas dos poblaciones conforman un eje que irriga el mando hacia las demás regiones en el Magdalena Medio, el Meta, Antioquia, Córdoba, el Bajo Cauca, Caquetá y Putumayo (ver mapa). Se sabe además que la organización cuenta con casas en Montería, Ibagué, Cartagena, Medellín y Bogotá. Resulta curioso que en la zona de Urabá, donde se han cometido algunas de las más cruentas masacres, no exista, según la información, ninguna “agencia” o centro satélite. Se cree que eso explica que los autores de las masacres de principios del año pasado en las fincas “Honduras” y “La Negra”, hayan venido del Magdalena Medio, en lo que habría sido un servicio prestado por la organización paramilitar a “clientes” de la zona bananera.
La organización cuenta también con 30 pilotos a su servicio, y una flotilla de aviones y helicópteros. Tiene 120 vehículos, principalmente camperos, pero también buldózeres y motoniveladoras, sin contar con las lanchas y planchones para el transporte fluvial.
En materia de finanzas, los documentos del gobierno revelan que la organización le cobra una cuota mensual a los ganaderos y hacendados de las regiones hasta donde ha llegado su influjo. La cuota pagada por los nacotraficantes es mucho mayor y, según algunos testimonios, los paramilitares se estarían financiando casi exclusivamente con las contribuciones de los “capos”, pues las mensualidades de los hacendados no narcotraficantes tendrían casi un caráter simbólico y difícilmente bastaría para cubrir los gigantescos gastos que han aumentado no sólo por cuenta del armamento y la infraestructura de transporte y comunicaciones, sino de los sueldos que reciben los distintos empleados de la organización (ver recuadro).
Los pagos se hacen a través de cuentas corrientes, abiertas en algunos casos a nombre de personas ficticias. Firman los cheques Emilio Valderrama, Carlos Lesmes, Luz Marina Ruiz de Pérez y otros. Las principales cuentas están, según uno de los anexos de un documento del gobierno, en el Banco Popular y la Caja Agraria de Puerto Boyacá, y en una oficina de BIC en Medellín.
La información sobre las conexiones entre la organización y miembrode las Fuerzas Armadas y de la Policía es la que más celosamente guarda el gobierno. Sin embargo, SEMANA pudo establecer que, aparte de las acusaciones existentes contra el mayor Echandía, hoy fugitivo de la justicia, hay datos sobre las facilidades con que Henry Pérez tramita salvoconductos y consigue comprar armas de Indumil a través del Batallon Bárbula.
Los documentos de las autoridades hablan también de conexiones establecidas entre los grupos paramilitares y oficiales y suboficiales que han actuado en Montería, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Salgar y San Vicente del Caguán. Según un testigo cuya declaración fue recogida por las autoridades, en la Navidad de 1987, algunos miembros del Ejército y de la Policía asignados al área de Puerto Boyacá, llegaron a la casa de Henry Pérez “a recibir su aguinaldo”.
Si se puede
La información recopilada por las autoridades sobre la cuestión paramilitar resulta sencillamente apabullante. Queda demostrado, por el mismo hecho de que estos datos hayan podido recogerse y por los episodios de la semana pasada, que la organización paramilitar no es invulnerable. Era necesario descifrar el enigma de su estructura, sus conexiones, su financiación y su modus operandi. Pero también era urgente que las autoridades actuaran y rompieran así el mito de que los paramilitares eran intocables.
Pero cualquier acción en contra de estos grupos resultará insuficiente si no se analizan primero las causas que los generaron y se diseñan estrategias para removerlas. La organizacion paramilitar se ha hecho fuerte allí donde antes habían mandado, con mano de hierro, los grupos guerrilleros, que a su vez, se habían hecho fuertes años atrás debido a la ausencia casi absoluta del Estado.
Uno de los aspectos más interesantes del análisis que hay que hacer, tiene que ver con las razones que pudieron llevar a los más poderosos narcotraficantes del país, a financiar y asumir el control casi total de estos grupos. Indudablemente, uno de los motivos fue que los “capos” comenzaron a adquirir grandes extensiones allí donde la presencia guerrillera era nutrida. Y estas compras no fueron accidentales: ellos eran los únicos que se animaban a comprar en esas regiones violentas pues creían que podían hacer frente a la amenaza guerrillera. De ahí que se decidieran a patrocinar primero y luego asumir el mando, de la organización paramilitar. Pero éste no fue el único motivo para que lo hicieran. Algunos analistas del gobierno consideran que en su lucha contra la guerrilla, también buscaban adquirir cierta legitimidad social entre algunos sectores del país que pensaban que el gobierno no era capaz de frenar la amenaza de la subversión de izquierda. “Incluso–dijo a SEMANA un alto funcionario–se puede pensar que estos señores han dejado de ser meros delincuentes comunes como lo erancuando se dedicaban exclusivamente al narcotráfico, y pueden estar adquiriendo un cierto status político, al hacerse convertido en patrocinadores de la subversión de derecha”.
Como puede verse, es posible que los narcotraficantes estén buscando posicionarse frente al país de un modo que les permita en un futuro convertirse en interlocutores válidos del gobierno. Pero, ¿se puede pensar algún día en dialogar con las cabezas de estos grupos? Tal vez, por el momento, el ambiente no está maduro para que se abra esta discusión. Sin embargo, cabe preguntarse por qué, si el gobierno está dialogando con algunos grupos guerrilleros que se sabe están hondamente involucrados en actividades de narcotráfico, no podría, en determinadas circunstancia, entrar en conversaciones con estos otros grupos. Mejor dicho, lo que algunos se preguntan es que, si se dialoga con narcoguerrilleros, ¿por qué no se puede dialogar con narcoparamilitares?
Evidentemente, los golpes de la semana pasada son sólo un primer paso, y falta ver si las autoridades continúan recorriendo este camino que tanto se demoraron en tomar. Independientemente de si en el futuro se plantea algún tipo de negociación con sectores que puedan estar patrocinando las acciones paramilitares, lo cierto es que golpear militarmente a estos grupos -al igual que ha sucedido con algunas organizaciones guerrilleras- refuerza la posición del gobierno, de las instituciones y de la democracia colombiana. Pero mientras llega la hora de resolver todas estas inquietudes, la verdad es que los operativos de los últimos días, contribuyen a ver una luz al final del oscuro túnel de la violencia paramilitar.– –
Examen de admisión
Nadie puede ingresar a una escuela paramilitar si no cuenta con una carta de recomendación de un hacendado vinculado a la organización paramilitar. El aspirante debe responder primero las siguientes preguntas:
·¿Ha sido afectado por la guerrilla?
·¿Qué ideología tíene?
·¿Dónde trabajaba y cuánto ganaba?
·¿Quiénes son y dónde residen sus familiares?
·¿Qué haría en caso de ser capturado por las autoridades?
·¿Es capaz de matar a papá, mamá o hermano si comprueba que éstos son guerrilleros?
Himnos y lemas
Estos son algunos de los himnos y lemas que suelen repetir los integrantes de las bandas paramilitares:
“Yo tenía un compañero
otro igual no encontraré
que siempre marchaba a mi lado
al mismo ritmo y compás.
Perdida viene una bala
para él o para mi
a él le tocó y yo lo siento~.
“Nuestro lema es defender
nuestros hijos, nuestro hogar,
nuestros bienes, nuestras tierras,
y lo vamos a lograr.
Un día fuimos comunistas
obligados a luchar
por doctrinas que llegaron
y están contra la paz”.
Sueldos
Esta es la escala salarial que cubre los distintos niveles de la tropa paramilitar:
·Patrulleros: de 30 a 50 mil pesos mensuales.
·Comandantes de patrulleros: de 200 a 300 mil pesos.
·Comandos de élite: entre 1 y 1.5 millones de pesos al mes.
·Administradores de fincas: de 100 a 150 mil pesos mensuales.
.”Cocineros” y químicos profesionales de los laboratorios: hasta 2 millones de pesos en un mes.
Los sicarios, así como los pilotos que transportan la droga, ganan de acuerdo con el encargo específico que se les haga.
El mapa paramilitar
1. PACHO (Cun.). Escuela “Galaxias”, dirigida por Marcelino Panesso, alias “Benitín”. Centro de operaciones de “El Mexicano”.
2. PUERTO BOYACA (Boy.). Escuela “081”, dirigida por Henry Pérez. Epicentro logístico y administrativo de la organización. Control de todas las operaciones del Magdalena Medio y algunas a nivel nacional. Nexos con miembros del Batallón Bárbula. Funciona el centro de comunicaciones y la imprenta.
3. PUERTO BERRIO (Ant.). Treinta hombres armados al mando de Alfredo Vaquero, alias “Vladimir”, autor de la masacre de La Rochela.
4. DORADAL, LA DANTA, LAS MERCEDES, PUERTO TRIUNFO (Ant.). Treinta hombres armados al mando de Pedro Aristizábal, alias “Pedrito”, y Ramón Isaza, alias “Lenin” cerebro de las matanzas de Urabá.
5. YACOPI. Corregimientos Patevaca y Teherán (Cund.). Entre 20 y 30 hombres armados.
6. PUERTO BOYACA. El Marfil y Puerto Pinzón (Boy.). Entre 20 Y 30 hombres armados.
7. MAGDALENA MEDIO SANTANDEREANO. Cimitarra (La Corcovada, Vuelta Acuña, San Fernando) y San Vicente de Chucurí (Las Montoyas) No se conoce aún el numero exacto de hombres armados que operan en la zona.
8. VISTA HERMOSA, PUERTO LOPEZ, ACACIAS Y CAVIONA (Meta) Treinta hombres armados al mando de Juan de Dios Toro, alias “Martín”.
9. LA AZULITA (Put.). Un contingente al mando de un sargento retirado del Ejército y de un N.N. con los alias “Uldarico” y “William”.
10. PUERTO ASIS (Put.). Un contingente al mando de alias “Rendija” .
11. SAN VICENTE DEL CAGUAN Y EL RECREO (Caq.). Contingente al mando de Humberto García. Nexos con la base militar del área.
12. EJE MONTERIA-PUERTO ESCONDIDO (Cord) Cincuenta hombres armados almando de Eduardo Ramírez, alias “El Sarco”, y un mayor retirado con el alias de “Gabino”. Nexos con oficial de inteligencia militar conocido como “El Viajero” .
13. CAUCASIA (Ant.). Treinta hombres armados, dirigidos por alias “Walter”, que se esconden en terrenos propiedad de César Cure y Fidel Castaño.
Los violentólogos opinan
A raíz del asesinato de 12 investigadores de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, ocurrida el 19 de enero en La Rochela (Magdalena Medio), a manos de un grupo paramilitar, SEMANA reunió a 5 profesionales de diversas disciplinas y estudiosos del fenómeno de la violencia, para analizar ese nuevo fenómeno que hoy tiene en jaque al país.
Los invitados fueron Jaime Arocha (antropólogo); Dario Betancur (historiador); Fernando Uricoechea (sociólogo); María Victoria Uribe (antropóloga), y Rodrigo Lozada (politólogo). SEMANA reproduce a continuacion los apartes más importantes de la discusión.
SEMANA. ¿Existe algún tipo de antecedentes o de relación entre la llamada época de “La Violencia”, y la que hoy vive el país?
FERNANDO URICOECHEA: No. No hay ninguna relación entre esta violencia con la de los años 50. La violencia anterior era absolutamente tradicionalista, zapatista si se quiere. No estaba dirigida contra el statu quo, contra el orden institucional. La violencia de ahora surge inicialmente como una insurgencia. Se trata de gente que está fuera del sistema, que se opone a él deliberadamente. La primera es una violencia de aldeanos, es rústica. La única semejanza que yo encuentro entre esta violencia y la otra es el carácter vertiginoso que va asumiendo a medida que se va permitiendo, y la desfiguración y perversión que toma cada día. La “Violencia” se encuadraba perfectamente dentro del sistema y no cuestionaba su legitimidad. Es más, se dio para acceder al poder a través de los votos tras la hegemonía conservadora. Perversamente, la única forma de llegar al poder era extinguiendo las huestes electorales del enemigo.
MARIA VICTORIA URIBE: Yo estoy haciendo un trabajo sobre las masacres de la “Violencia”, ocurridas entre los años 48 a 60, y he podido concluir que la lucha bipartidista liberales-conservadores fue, en muchos casos, la sombrilla, la apariencia. Detrás de la mayoría de masacres había problemas de tierras, de robo de café, de venganzas, de ajuste de cuentas, guerras privadas que nada tenían que ver con la confrontación bipartidista.
FERNANDO URICOECHEA: Me preocupa que al alegar el carácter general, histórico, que ha tenido la violencia en Colombia, se estimule la pereza científica. Como siempre hemos tenido violencia, entonces no se podrían identificar los factores de la violencia de hoy. Yo no creo que uno pueda conceptuar sobre la base de este tipo de análisis. Pienso que la violencia moderna, la de los años 60 para acá, se ha complicado desde que la guerrilla comenzó a utilizar métodos como el secuestro, la extorsión, el boleteo y la vacuna.
JAIME AROCHA: Eso no es cierto. Existe evidencia judicial que indica que en las décadas de los 40 y 50, sectores de la Policía y de los militares pusieron en práctica esos métodos, sin antecedentes en el país. Si nosotros queremos hacer arqueología sobre un hecho, la violencia actual, esta podría ubicarse como la respuesta de una derecha que se cansó de las prácticas de la izquierda. Es necesario clarificar que el secuestro, el boleteo la emboscada y todas esas prácticas incorrectas no podemos achacárselas exclusivamente a los guerrilleros. Esa práctica se ha dado porque existe una escuela.
S.: ¿Qué opinan ustedes del fenómeno paramilitar?
DARIO BETANCUR: Pienso que existe una derecha organizada, pero también grupos sueltos que llegan incluso a atentar contra esa estructura que los ha creado. Pienso que en el caso concreto de los funcionarios de Instrucción Criminal habría que sondear el problema de Puerto Boyacá, en donde ha habido asesinatos en complicidad con el Ejército. Y aquí cabría la pregunta del millón: ¿Quién nutre de armas a los paramilitares? ¿Cómo pueden actuar tan libremente sin que les pase nada? Existen trabajos documentados sobre el Magdalena Medio que no han podido publicarse por amenazas, y que demuestran que los paramilitares tienen un corredor, bajo su jurisdicción, que va desde Puerto Boyacá hasta Antioquia, pasando por Santander y volteando hasta Arauca y el el Meta. Y estos grupos actúan, si no directamente con la complicidad del Ejército, sí al menos con su permiso tácito.
RODRIGO LOZADA: Me parece que hay otro elemento que debe tenerse en cuenta: el de los intereses en juego. Creo que en este tipo de violencia paramilitar predominan intereses económicos y personales que surgen del hecho de que unos hacendados y empresarios se sienten asediados, generalmente por grupos guerrilleros, ante la desprotección por parte del Estado que es incapaz de brindarles seguridad y de impartir justicia. Llega un momento en que los tipos se exasperan, sienten la necesidad de defenderse por sí mismos y reciben una inyección sustancial del dinero del narcotráfico, interesado en otros objetivos. La coincidencia de intereses es puramente coyuntural. Los narcotraficantes, tengo la impresión, se dejan conquistar por los grupos de derecha en un intento de buscar aceptación. Su anticomunismo no es serio, aun cuando algunos posean este sentimiento sinceramente. En este último caso, el apoyo a los grupos paramilitares no es sólo monetario ni por vivir en determinadas regiones, sino que pasa a transformarse en una actividad ideológica.
F. U.: Para complementar lo que acaba de decir Rodrigo, y modificando un poco su argumento de que los narcos apoyan a los grupos paramilitares para congraciarse con la derecha, habría que ubicar las zonas de mayor violencia en la actualidad. La violencia de hoy se está dando en zonas atrasadas y en áreas de economía de enclave, como en el Urabá. En estas regiones, los narcos tienen intereses. En estas regiones se desarrollan formas de capitalismo salvaje, lo que traducido a las relaciones laborales origina una sobreexplotación de la fuerza de trabajo y ninguna garantía. Estos capitalistas no toleran que sus trabajadores se sindicalicen y ni siquiera les reconocen los derechos garantizados en el Código Laboral.
D.B.: Es importante destacar que existe una situación social que está alimentando el fenómeno paramilitar, y que en las zonas de economía de enclave la situación social es muy explosiva. Pero existen núcleos de hacendados y ganaderos alimentando y estimulando la existencia de estos grupos. Si a este escenario se agregan las acciones de los narcotraficantes y de los guerrilleros, que se creen con autoridad para hacer justicia por ellos mismos, el panorama es dramático.
R.L.: A todo este desolador cuadro habría que agregar que el Estado no da protección a través de la justicia, ni de sistemas de seguridad que le permitan al ciudadano común sentir segura su vida. En este contexto de desprotección surge la mejor oportunidad para hacer alianzas.
S.: Se han mencionado alianzas de los hacendados con los narcotraficantes y con algunos miembros del Ejército. ¿Habría otros sectores involucrados en el problema paramilitar?
D.B.: Sí. En el Magdalena Medio por ejemplo, es un hecho que los grupos paramilitares están siendo alimentados por un foco perturbador que existe desde hace muchos años: el de los esmeralderos. El desplazamiento de estos hombres a sitios como Barranca, Casanare, Arauca, Meta y Antioquia es un hecho.
S.: ¿Por qué piensan ustedes que la violencia por narcotráfico ha sido mas cruda en Antioquia que en el Valle, si se supone que los carteles de Medellín y Cali son igualmente poderosos?
D.B.: Si se hace un análisis de los dos grupos, se puede concluir que el de Cali es más sutil, más urbano y sobre todo más cosmopolita. Además, ha invadido todos los sectores sociales. Por otro lado, el Valle es económicamente más moderno y desarrollado y los conflictos se resolvieron hace mucho tiempo. De todos modos, no hay que olvidar que allí se vivió una violencia muy grande en el año 85. Todos los días aparecían muertos en lo que se denominó la “limpieza de Cali”. Se mataban basuriegos, prostitutas, homosexuales y pordioseros, pero también caían guerrilleros del M-19.
F.U.: A esta situación yo agregaría la que se vivió en la Universidad del Valle. Allí también se dieron amenazas a profesores, como en la Universidad de Antioquia. Muchos tuvieron que salir del país o venirse para Bogotá. Sin embargo, no se dio la escalada criminal que sufrió la Universidad de Antioquia. La razón es sencilla: en Cali no existen universidades privadas y la burguesía estudia en la universidad pública. Al estar tan integrado el narcotráfico con sectores de la burguesía, se dio una voz de alerta y la campaña de intimidación se detuvo .
R.L.: Pongo en duda lo que ustedes acaban de decir. No creo que los narcotraficantes tengan interés de acabar con la inteligencia del país, ni con los sindicalistas. Creo que su lucha es únicamente contra la guerrilla y contra todos los que la apoyan. Vuelvo y repito que creo que ellos tienen un interés meramente capitalista, el de defender sus propiedades.
M. V. U.: Esto que usted ha dicho es sólo parte del problema. Que los narcos se hayan dedicado a comprar tierra en Urabá o en el Magdalena Medio, en donde encontraron terreno abonado para sus propósitos, nadie lo pone en duda. Pero también es cierto que se trata de personas muy rústicas y profundamente godas, que no vacilarían en ordenar matar a alguien que consideren un obstáculo para sus propósitos.
S.: ¿Pero, entonces, por qué los asesinatos de militantes de la Unión Patriótica, de dirigentes cívicos y populares se siguen dando como si obedecieran a un plan fríamente calculado y estructurado?
R.L.: Yo creo que no puede haber un plan estructurado nacionalmente. Aun cuando no soy un experto en el tema del narcotráfico, no me puedo imaginar a un grupo de personas negociantes, que compiten salvajemente por los mercados, sentados en una mesa diseñando cómo, cuándo y dónde le deben echar plomo a la guerrilla y todavía menos que puedan saber quiénes son los auxiliadores “legales” de los alzados en armas.
No creo en una campaña para acabar con la izquierda del país. Esta hipótesis supondría que todos los “narcos” tienen unos puntos en común que van más allá de la naturaleza mísma de sus negocios, y que aún cuando se enfrentan por los mercados, en el momento de actuar frente a un enemigo común se unen.
D.B.: Para mi, el problema es regional. Son focos locales que estaban sueltos y que después de “limpiar” sus zonas convergen al centro, comienzan a coger unidad. El foco más grande está en Puerto Boyacá. Allí, una vez convertido en “territorio libre”, o “territorio anticomunista” –como ellos han denominado la región–, decidieron extender su acción a todo el país.
Un gringo en tierra de sicarios
La revista norteamericana Rolling Stone publicó en su edición de abril una crónica del periodista Howard Kohn sobre Medellín y el narcotráfico. El artículo, titulado Company Town, narra entre otras cosas, un escalofriante recorrido del autor por los barrios de esa ciudad que se han convertido en verdaderos semilleros de sicarios. SEMANA publica uno de sus apartes.
“Había ido en un taxi con dos reporteros free-lance que me habían acompañado a visitar a unos detectives, y aún estábamos sorprendidos tratando de asimilar lo que nos habían dicho, particularmente lo del muerto de prueba, el test de asesinato que tienen que pasar los sicariosque deben probarse a si mismos. Para nuestro taxista eran noticias viejas. Estaba bien informado sobre la mafia. Dos de sus amigos habían trabajado en laboratorios de procesamiento de cocaína. Eran como cadáveres, dijo: “Ellos salían cada cierto tiempo blancos como fantasmas, después de permanecer encerrados y de tomar leche como antídoto de los químicos que usaban en los laboratorios”. Otro de sus amigos vivía en Nueva York, pero frecuentemente regresaba a su casa con mucho dinero en efectivo. El taxista había rechazado oportunidades que se le habían presentado para trabajar en esas mismas cosas. Inclusive habría podido convertirse en sicario, aunque ahora a los 23 años, la edad lo descalificaba. La juventud era el límite crítico. “A uno no le importa mucho vivir o morir”, dijo. “Uno tira del gatillo y en los segundos siguientes puede estarse tomando una cerveza o tirando del gatillo nuevamente. Uno no lo piensa dos veces”.
Para evitar cualquier falla de los nervios o cualquier remordimiento de conciencia, nos habían dicho los detectives, estaba el muerto de prueba. Para propósitos de entrenamiento unicamente, sse seleccionaba una víctima, la mayoría de las veces un vecino o un pariente, si los instructores pensaban que el sicario necesitaba una prueba más ruda. Volverse un sicario certificado depende de dispararle a la víctima escogida en un lugar público con testigos y a quemarropa, mirándole a los ojos. “Ellos tienen que aprobar, o tienen que volver a empezar con alguien más”, nos habían dicho los detectives.
El barrio Antioquia es un lugar donde se sabe que los sicarios vienen a realizar el ritual. Las calles son destapadas, de tierra roja, cortadas a tajo en las montañas como en zig-zag. El taxista paró en una esquina para orientarse. Vi cómo unos niños gritaron y salieron corriendo cuando vieron el carro. Al principio yo pensé que se reían. Los adultos que habían estado ocupados barriendo las esclinatas de las puertas o echando dados en el polvo, rápidamente desaparecieron y se escondieron en el interior de las rústicas casas. Fue el flash de unos brazos y unas piernas quemadas por el sol y luego sólo la mancha brillante de los buganviles contra las paredes de adobe.
– “¿A dónde fueron?”, pregunté. El taxista engranó el carro y, mirando por encima del hombro, dijo en forma tajante: “Se están cubriendo. Piensan que somos sicarios”.
Nos fuímos, después de haber producido una pequeña interrupción en una apacible tarde – cuatro extranjeros en un taxi habían sido evitados al no conocerse sus intenciones. Un pequeño drama. Sin haber mostrado un arma, un vecindario se había deshecho, había perdido su seguridad. Vi cómo en cuestión de segundos el anónimo mecanismo del miedo podía volverse muy personal y entonces entendí, por primera vez comprendí completamente, que el temor era primario, que vivía en todas partes y tocaba a todo el mundo en Medellín”.
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