La reciente ruptura de las negociaciones de paz con este grupo subversivo, ordenada por el presidente Iván Duque, pone de nuevo al país en un escenario de confrontación total con esta fuerza insurgente. De ahí que sectores políticos, de opinión, no gubernamentales y comunidades se pregunten, ¿cuál es la real capacidad militar de los ‘elenos’ hoy día?
Numerosas fueron las advertencias realizadas durante el 2018 por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de violaciones de derechos humanos por cuenta del accionar de la guerrilla del Eln. La más reciente de ellas fue la Alerta Temprana 002-19 del 4 de enero de 2019. En ella advierte que, en el municipio de Valdivia, ese grupo rebelde viene experimentando un sostenido proceso de crecimiento que podría convertirse en una seria amenaza para las regiones antioqueñas del Norte y Bajo Cauca.
No se trata de una presencia nueva. De hecho, la presencia de los ‘elenos’ en Valdivia data de principios de la década del ochenta del siglo pasado, pero lo que sorprende a autoriades civiles y organismos humanitarios es que “el Eln parece haber incrementado el número de combatientes en las veredas Raudal Viejo, La Coposa y La Llana, zonas en las que se han desarrollado operativos militares por parte de la Fuerza Pública contra la compañía Héroes y Mártires de Tarazá de esta guerrilla en los últimos años”, consignó el SAT de la Defensoría en su Alerta.
El SAT plantea que ese crecimiento podría explicarse por dos factores: “El fortalecimiento económico proveniente presuntamente del Cartel de Sinaloa, a quien le habrían correspondido el noroccidente de Colombia luego de la supuesta distribución entre carteles mexicanos de las zonas de producción de la hoja y de clorhidrato de cocaína”, tal como se lee en la Alerta Temprana y, de otro lado, “por la cooptación de excombatientes de las Farc que no se vincularon al proceso de reincorporación y el reclutamiento de jóvenes en el último año y medio, particularmente en veredas como Las Palomas, Raudal Viejo y el corregimiento Raudal”.
Situación de riesgo similar describió esta misma entidad en noviembre de 2018 para el departamento de Arauca. A través de Alerta Temprana 081-18, llamó la atención de las autoridades civiles y militares por el recrudecimiento del accionar bélico del Frente Domingo Laín Sáenz, la Comisión Rafael Darío Villamizar y el Batallón Héroes y Mártires del ABC (Arauca, Boyacá, Casanare), que hacen parte del temido Frente de Guerra Oriental, justo después de culminado el cese al fuego y de hostilidades que pactaron ambas partes en la mesa de negociaciones y que rigió entre el 1 de septiembre de 2017 y el 9 de enero de 2018.
Según la Alerta Temprana, “este grupo armado ilegal mantiene una fuerte capacidad de acción por el corredor fronterizo del municipio capital, con despliegue y repliegue de tropas en las zonas de sabana y sobre el río Arauca; esto les permite resguardarse de la acción militar en territorio venezolano y facilitar acciones armadas contra la Fuerza Pública”.
El documento también resaltó que el Eln continúa con la práctica del secuestro y la extorsión a ganaderos y comerciantes de la región, empresas contratistas vinculadas con la actividad petrolera y aquellas que vienen ejecutando obras de infraestructura física en diversos municipios del departamento e incluso, a varias administraciones locales.
En el departamento de Chocó, las alertas emitidas por el SAT de la Defensoría del Pueblo el año pasado para la región del Baudó, el Medio y Bajo Atrato, coinciden en señalar el riesgo de violaciones a los derechos humanos de comunidades negras, indígenas y campesinas por cuenta de la expansión y fortalecimiento del Frente de Guerra Occidental, uno de los más beligerantes de este grupo insurgente, hacia antiguas zonas de dominio de las extintas Farc en el norte de este departamento, territorios en los que ya sostiene en una guerra frontal con las las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
Por su parte, en Norte de Santander, las miradas de los organismos humanitarios y de las autoridades civiles y militares están puestas en la guerra que actualmente libran los frentes y comisiones que integran el Frente de Guerra Nororiental, que opera en toda la región del Catatumbo, con la disidencia del Epl, conocida como Frente Libardo Mora Toro. La ferocidad de la confrontación ha generado una grave crisis humanitaria. Desplazamientos forzados masivos, confinamientos de las comunidades, masacres e instalación de las minas antipersonales se han convertido en el “pan de cada día”. (Leer más en: Lanzan alerta por crisis humanitaria en el Catatumbo)
¿Capacida militar al alza?
.
¿Significa lo anterior que la guerrilla del Eln cuenta con una mayor capacidad militar y experimenta un proceso de crecimiento sostenido? Al respecto, un informe publicado en julio de 2018 por la organización International Crisis Group, titulado La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, revela que entre 2017 y los primeros cinco meses de 2018, el accionar bélico de esta guerrilla se registró en 118 municipios del país, lo que equivale decir que uno de cada 10 se vio afectado por el conflicto armado con los ‘elenos’.
Este informe también señala que “los líderes del Eln aseguran que el grupo está creciendo más rápidamente en el terreno social y político que militarmente”, aunque a renglón seguido indican que “la mayoría de los analistas y líderes comunitarios entrevistados afirman que el crecimiento del Eln está relacionado con el tráfico de drogas y con las pretensiones del grupo sobre territorios previamente ocupados por las Farc”.
Pero, para Kyle Jhonson, investigador en Colombia de International Crisis Group, “el Eln no representa una amenaza para el Estado colombiano como tal, ni pretende serlo, pero sí una amenaza seria para algunas regiones en particular”. De acuerdo con Jhonson, si bien desde 2012 viene incrementándose el número de municipios donde se registra presencia activa del Eln, “también es cierto que en esos nuevos municipios donde han llegado los ‘elenos’ sólo han podido realizar, si acaso, una acción militar al año. En ese sentido, en cuanto a su aspecto militar es difícil decir que tengan una mayor capacidad”.
A esto se suma, según Jhonson, “que varias de esas regiones donde el Eln se ha expandido se está enfrentando con otros actores armados, lo que hace que su expansión y dominio militar sea más bien frágil o esté en permanente disputa, como en el norte de Chocó o en Nariño, por ejemplo. Claro está que no es una generalidad, porque en Vichada su expansión va marchando sin contratiempos, podría decirse”.
Quizás donde se advierte un fortalecimiento militar de esta guerrilla es en las zonas donde su presencia ha sido histórica, “como lo que es Arauca, lo que es parte del Catatumbo, el centro y sur de Chocó y parte de Cauca. Allí sí se registra un incremento de su actividad militar, pero eso también esconde otra realidad: el Eln tiene, por así decirlo, dos tipos de presencia en el país. Una, con control militar y territorial en sus sitios históricos; y otra en sectores donde se ha venido expandiendo, pero que les ha costado consolidar. En ese orden de ideas, es muy probable que tengan que hacer alianzas con otros grupos criminales para asegurar el control militar”, agrega Jhonson.
Donde sí se evidencia un crecimiento de este grupo guerrillero, advierte el analista, es en su parte económica por cuenta de la diversificación de sus fuentes de financiación, resultado de su naturaleza confederada e independencia de cada estructura. Así, mientras el Frente de Guerra Oriental se fortalece cada día con recursos que le generan los secuestros, el hurto y contrabando de hidrocarburos, los cobros extorsivos que impuso a las empresas petroleras en Arauca y Casanare, así como a los ganaderos y comerciantes de la región, el Frente de Guerra Occidental encontró en la extorsión a la pequeña y mediana minería mecanizada de Chocó la “gallina de los huevos de oro”.
“Pero si nos vamos para el Catatumbo, es imposible pensar que la guerrilla del Eln no tiene ningún vínculo con el narcotráfico, particularmente en estos momentos, que sostiene una guerra contra el Epl”, sostiene Jhonson, mientras que en su informe La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, International Crisis Group conceptúa que “en Nariño, los esfuerzos del Eln por expandirse están directamente relacionados con el tráfico de drogas, ya que ha intentado controlar las rutas de tráfico, como el río Patía y las poblaciones de Llorente y La Guayacana (Tumaco), que probablemente sean las que ven el mayor número de transacciones de drogas en toda Colombia”.
La apreciación también es compartida por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), organización que consignó en el informe titulado No estamos condenados a la guerra: hacia una estrategia de cierre del conflicto con el Eln, cómo, cada vez más, las estructuras del Eln en determinadas regiones desarrollan acciones violentas más propias de las disputas por rentas criminales que por alcanzar control territorial insurgente: “En este sentido, el Eln pasa a un escenario complejo de disputas territoriales donde el narcotráfico emerge como el catalizador de la confrontación y como configurador de su actuación respecto del territorio”.
Y agrega el Cerac: “El Eln ha tendido a involucrarse en expresiones propias del crimen organizado relacionado con el narcotráfico, a través no sólo del control sobre algunas de las fases de la cadena productiva de éste, sino también, mediante la concertación de alianzas con grupos dedicados principalmente a esta actividad”. Y advierte este centro de investigación que “lo anterior puede derivar en la conversión de una organización revolucionaria en una organización fragmentada vinculada al narcotráfico”.
¿Guerra urbana?
A diferencia de la extinta guerrilla de las Farc, que buscaban la toma del poder por la vía de las armas, los ‘elenos’ enarbolan la bandera de la “resistencia armada”, es decir, el derecho de los pueblos a rebelarse y usar las armas contra lo que consideran un “Estado opresor”.
Asimismo, las organizaciones que siguen de cerca la realidad de la violencia armada en Colombia, como International Crisis Group, Indepaz y Cerac, coinciden en señalar que, actualmente, la guerrilla del Eln cuenta con cerca de dos mil combatientes, organizados en cinco frentes de guerra regionales, divididos a su vez en 29 frentes rurales y 22 compañías, así como un frente de guerrilla urbana nacional conocido como el Frente de Guerra Urbano Nacional (Fgun). También tiene una red de milicianos que llevan a cabo operaciones de inteligencia, apoyan a las guerrillas rurales, controlan caseríos y pequeños alojamientos urbanos, y también realizan ataques si es necesario.
De ellos, el Frente de Guerra Oriental, bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, figura como uno de los más fuertes militarmente, gracias a su capacidad de generar finanzas por cuenta del secuestro, el contrabando y la extorsión. A esta estructura pertenece el Frente Domingo Laín Sáenz, según las autoridades, responsable del ataque con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santader, que tuvo lugar en Bogotá el pasado 17 de enero.
Tras la salida de la extinta guerrilla de las Farc del escenario bélico, ha sido el Frente de Guerra Oriental el que ha logrado cimentar un férreo dominio militar, social y territorial en Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santader. También inició un proceso de expansión hacia la Orinoquía, particularmente hacia el departamento de Vichada desde donde estaría ingresando a territorio venezolano.
De otro lado, uno de los frentes que ha experimentado un acelarado fortalecimiento militar es el Frente de Guerra Occidental, comandado por alias ‘Fabián’, considerado por analistas como el comandante más radical de esta guerrilla. Durante décadas, los frentes que integran esta estructura -Ernesto Che Guevara, Resistencia Cimarrón, Manuel Hernández ‘El Boche’ y Cacique Calarcá-, concentraron sus acciones en el centro y sur del departamento de Chocó.
Pero la participación cada vez más activa de este frente subversivo en la cadena del narcotráfico, así como en obtener recursos provenientes de la extorsión a la pequeña y mediana minería, le ha permitido crecer en hombres y armas, y así avanzar hacia el norte de Chocó, buscando copar antiguas zonas de dominio de las Farc, pero en el camino se ha encontrado con la férrea oposición de las Agc, que quiere tener bajo su control un importante corredor estratégico que va desde el Pacífico Norte hasta las montañas de Dabeiba, Antioquia.
Tanto alias ‘Pablito’ como alias ‘Uriel’, mando visible del Frente de Guerra Occidental, hicieron reparos públicos a las negociaciones de paz que el Eln inició con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y que el gobierno del presidente Iván Duque acaba de romper definitivamente, lo que lleva genera dudas sobre la falta de cohesión interna del Eln y la real capacidad de mando del Comando Central (Coce) sobre sus tropas.
A juicio de Kyle Jhonson, de Internacional Crisis Group, “es posible que haya habido divisiones internas frente a la paz, pero ahora que deberán enfrentar una guerra total contra el Estado, es muy posible que terminen más unificados que antes. Muchos piensan que ‘Pablito’ o ‘Uriel’ son ruedas sueltas, pero no, representan una facción del Eln frente al tema de la paz, sus divisiones son frente a la paz, no frente a la guerra”.
El analista también comparte la preocupación expresada por diversos sectores sociales por lo que podría llegar a ser el accionar del denominado Frente de Guerra Urbano Nacional (Fgun): “El Eln quiere llevar la guerra a la ciudad. Eso, incluso, lo plantearon en su Cuarto y Quinto Congreso. La pregunta es, ¿eso qué significa? Pues habrá que esperar. En Bogotá y Barranquilla ya se hicieron sentir con actos terroristas, pero en Medellín siguen haciendo acciones simbólicas como instalar una bandera en un sitio público; en Cúcuta con acciones para controlar las trochas y más contra los ‘gaitanistas’. En Cali no hacen mucho ruido. Lo cierto es que Bogotá será el blanco principal”.
Discusión sobre aplicación del protocolo
.
Desde el pasado 20 de enero, tras el anuncio del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, de que ese país respetaría el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación, acordado entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln para el desarrollo de la mesa de conversaciones, el mundo político ha emprendido una ardua discusión sobre la insistencia del presidente Duque para que ese país capture a los diez miembros de la delegación de paz de esa guerrilla.
El Protocolo reservado, dado a conocer por la representante a la Cámara Juanita Goebertus, contempla un plazo de 15 días para el retorno de la delegación al país en condiciones de seguridad. Aunque el documento fue firmado por las partes, hace parte integral del proceso de diálogos e incluye la participación activa de los países garantes, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, ha recalcado la petición del gobierno para que Cuba lo desconozca, alegando, entre otras cosas, que “nosotros jamás reactivamos esos diálogos y por supuesto esos protocolos no fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno”.
Aunque las conversaciones formales no fueron reactivadas, el presidente Duque tampoco las levantó antes del atentado ni planteó la necesidad de renegociar los protocolos. De hecho, el pasado 21 de noviembre la propia oficina del Alto Comisionado informó que “por solicitud de ese grupo insurgente” había aceptado ratificar a 10 de los 24 delegados del Eln para los diálogos, por entonces calificados por la Oficina como “congelados”.
En esa fecha, el gobierno nacional ratificó como negociadores a ‘Pablo Beltrán’, ‘Aureliano Carbonell’, ‘Silvana Guerrero’, ‘Gustavo Martínez’, ‘Alirio Sepúlveda’, ‘Isabel Torres’, ‘Consuelo Tapias’, ‘Tomás García’, ‘Viviana Henao’ y ‘Óscar Serrano’, lo que significa que prorrogó la suspensión de las órdenes de captura contra esas personas en el marco de la mesa.
Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, otro de los países garantes, se sumó a la decisión de Cuba de respetar los protocolos. Al respecto, le comunicó a su par colombiano: “En el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN, Noruega, a petición del gobierno colombiano, aceptó asumir el papel de garante (…) Ejerciendo este papel, Noruega, junto con Cuba, Venezuela, Chile, Brasil y Ecuador, ha firmado varios documentos, inclusive el ‘Protocolo establecido en caso de ruptura de la negociación de diálogos de paz entre el gobierno colombiano – Eln’, en el que los firmantes asumen ciertos compromisos en la eventualidad de interrupción o fin oficial de las conversaciones. Como facilitador y garante consecuente, Noruega debe cumplir con sus compromisos”.
Académicos, facilitadores y expertos en negociaciones de paz como Frank Pearl, Rodrigo Uprimny, Álvaro Leyva, Iván Cepeda y Carlos Medina Gallego han señalado que la petición de incumplir los protocolos viola el derecho internacional, deteriora las relaciones de Colombia con los países garantes y pone en riesgo la realización de un proceso de paz futuro con acompañamiento internacional. Pese a ello, los partidos de gobierno, junto al Liberal y Cambio Radical, respaldaron la solicitud del Ejecutivo en un pronunciamiento conjunto.
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado también se pronunciaron sobre esta situación y señalaron que al desconocer el protocolo, “el Estado colombiano está cerrando definitivamente la posibilidad de mantener, retomar o emprender en el futuro procesos de solución negociada de sus conflictos armados internos, los cuales, como se ha demostrado durante más de 5 décadas, nunca han podido ser resueltos mediante la vía militar”. (Ver comunicado)
Posibles impactos
A continuación presentamos un panorama sobre la situación de las regiones más vulnerables ante el eventual recrudecimiento del conflicto armado y la percepción de líderes sociales y autoridades locales.
.
Desde marzo de 2018, los pobladores de esta región de Norte de Santander se han visto gravemente afectados por la confrontación militar que libran el Eln y el Epl. Asimismo, durante los últimos meses se ha fortalecido en la zona una estructura disidente de la desaparecida guerrilla de las Farc. En respuesta, el gobierno nacional ha incrementado sostenidamente el pie de fuerza, que a la fecha suma más de 15 mil hombres distribuidos en la Segunda División del Ejército, la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3. (Lea más: Tensiones en el Catatumbo tras ingreso de la Fuerza de Despliegue Rápido)
En abril de 2018, tres de las principales organizaciones sociales de la región, además del movimiento comunal, acordaron crear la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, desde la cual le han hecho múltiples llamados a los actores armados legales e ilegales para que cesen las afectaciones a la población civil y solucionen los conflictos por la vía del diálogo. No obstante, sus voces han sido poco escuchadas y algunos de sus dirigentes han sido víctimas de secuestro, amenazas y desplazamiento forzado por parte del Eln y del Epl, según le confirmaron a este portal varias fuentes que pidieron la reserva de su nombre por razones de seguridad. (Lea más: El Catatumbo resiste a la guerra con su Comisión por la Vida)
El senador Jesús Alberto Castilla, oriundo del Catatumbo e impulsor de distintas iniciativas por la paz, opinó que un escalamiento de la confrontación entre el gobierno y el Eln podría profundizar la violencia contra los líderes sociales de la zona: “Quienes nos atrevemos a plantear alternativas para construir una región productiva estamos siendo permanentemente amenazados. Ahora, en un escenario de intensificación de la guerra, los líderes sociales y defensores de derechos humanos somos los más expuestos, porque en la mirada que tiene el gobierno no se distingue entre indígenas y campesinos e insurgencias. Hay un señalamiento histórico que se expresa en la violencia que hemos vivido en la región”.
Además de ello, el congresista indicó que la decisión del Ejecutivo de levantar la mesa de conversaciones con Eln genera desazón en el Catatumbo: “La suspensión del diálogo afecta, porque se suma a la respuesta gubernamental de incremento de la militarización, incumplimiento de los acuerdos con las Farc, no resolución de los problemas sociales y amenaza de la erradicación forzada en momentos en que las comunidades plantean la sustitución y otras formas de producción y comercialización para abandonar los cultivos de coca, todo lo cual genera desesperanza”.
Para Castilla, sin embargo, es necesario insistir en la solución negociada: “La guerra no puede entenderse como un mecanismo para terminar la guerra misma. La única manera de finalizarla es insistir en la solución política en las condiciones necesarias para continuar un diálogo que llegue a feliz término. Ante un hecho como el ocurrido en Bogotá, el gobierno debería tomar unas decisiones para que se exija la expresión de voluntad por parte del Eln para continuar en una mesa”.
Pese a los llamados al diálogo de la Comisión por la Vida y de una parte de la dirigencia de la región, el presidente de la República, Iván Duque, declaró este lunes en el municipio de Tibú: “En el Catatumbo vamos a seguir fortaleciendo cada vez más las acciones de la Fuerza Pública para que este territorio deje de ser inclementemente perseguido por esos brazos asesinos de la criminalidad organizada, como el Eln”. Asimismo, informó sobre el regreso de la política gubernamental de incentivar la colaboración de civiles con la Fuerza Pública a través de una “Red de Participación Cívica”, estrategia impulsada por el expresidente Álvaro Uribe durante la Seguridad Democrática.
Rafael Jaimes, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Norte de Santander, no considera, sin embargo, que con la nueva coyuntura se vaya a intensificar la actividad militar del Ejército en el Catatumbo, donde pese al significativo pie de fuerza se han cometido varios hechos de gravedad en el último año. Entre ellos, la masacre de excombatientes de las Farc en El Tarra, el asesinato de líderes sociales, el secuestro de civiles en el municipio de Ocaña y más recientemente la interceptación de un helicóptero transportador de valores en Hacarí, así como el secuestro de su tripulación. Este último hecho fue reconocido por el Frente de Guerra Nororiental del Eln. (Lea más: El sombrío panorama en la región del Catatumbo)
Contrario a ello, Jaimes refirió que el levantamiento de la mesa de conversaciones podría incrementar las acciones ofensivas del Eln contra el Epl, con el objetivo de continuar ampliando su control territorial en la región, especialmente en los municipios de San Calixto y Hacarí. Asimismo, que la nueva realidad política podría aumentar la tensión en la frontera con Venezuela, donde el Eln ha establecido su retaguardia.
Un investigador que ha viajado a esta zona del país y que conoce a fondo la situación explicó que para reforzar sus filas de cara a esa confrontación ambos grupos armados recurren a migrantes venezolanos, quienes se incorporan a uno u otro bando, lo que suma graves ingredientes a las ya críticas circunstancias humanitarias de quienes están abandonando el país vecino.
Asimismo, sostuvo que esa guerra entre el Eln y el Epl los ha llevado a atacar a líderes sociales, sobre todo cuando se incrementó la guerra entre ellos, en marzo de 2018: “Es un juego de interacción estratégica de afectar las bases sociales y no de combatirse directamente, lo que genera gran temor entre las comunidades”.
Resultado de esa estrategia ha sido el atentado contra Dimar Alexis Prada, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Centro, ocurrido el 4 de enero de este año en Hacarí; y el asesinato de Wilson Pérez Ascanio, del Movimiento Popular Constituyente (MCP), perpetrado en ese municipio al día siguiente, hechos en lo que resultó herido José del Rosario Ortiz, integrante también de MCP.
El presidente del CPDH en el departamento consideró que la conflictividad social en la zona podría escalar a raíz del despliegue de Fuerza Pública para la protección de proyectos de explotación petrolera, carbonífera y de siembra de palma de aceite, dada la postura de algunas comunidades frente a los proyectos extractivistas. En contraste a ese modelo, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) ha propuesto un desarrollo regional apalancado en las zonas de reserva campesina, mientras el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) ha planteado la creación de territorios agroalimentarios.
.
Con el anuncio del gobierno nacional de romper la negociación con el Eln y de ordenar la captura de los jefes de esa guerrilla, en esa subregión del Magdalena Medio los campesinos temen el retorno de la guerra. Ya hay municipios donde la situción es crítica.
“Hay mucha preocupación. El campesino trabajador es siempre el que queda en medio del conflicto. En los últimos tres años se había logrado una relativa tranquilidad, la gente había mejorado sus parcelas y había recuperado su arraigo. El discurso del gobierno Duque es radical. El miedo es que se reactive la guerra”.
El sur de Bolívar es una subregión donde el Eln ha tenido presencia desde los años setenta. Sin embargo, el territorio ha sido disputado por otras guerrillas como las extintas Farc y el Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp), así como distintas estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y, desde hace una década, por las bandas criminales, entre ellas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
La zona es apetecida por su ubicación estratégica, al permitir la conexión entre la Serranía de San Lucas con la costa Atlántica, el Nordeste, Bajo Cauca y Urabá antioqueños y la frontera con Venezuela. Además, es una región de abundancia hídrica por los ríos, ciénagas y caños que la irrigan, por sus suelos productivos, y por sus yacimientos de oro y plata.
Esa riqueza, contradictoriamente, ha sido una maldición para la población rural, que durante los últimos 50 años ha tenido que resistir a la guerra desatada por esos actores armados ilegales, los operativos de las fuerzas militares, el desplazamiento y el reclutamiento. En medio de esa crudeza, la comunidad campesina ha sido una de las más organizadas del país, impulsando procesos de paz y exigiendo la aplicación de los modelos de justicia transicional. Tras la desmovilización de los paramilitares en 2006 y el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las Farc, firmado en noviembre de 2016, las comunidades pensaron que el territorio haría tránsito hacia uno pacífico.
“Pero el reciente discurso del gobierno de romper los diálogos con el Eln nos tiene muy preocupados. La perjudicada es la población civil, somos los que pagamos los platos rotos de una guerra entre bandos. Vemos que la posición de Duque es la de Uribe, y tememos que se vuelva a esa época que fue muy difícil”, cuenta otro líder de la región. “Con lo que está pasando, creemos que la situación de los líderes sociales se va complicar más”.
En el sur de Bolívar, los campesinos temen el recrudecimiento del conflicto en municipios ya azotados por el Eln, donde además hay una guerra con las Agc.
También que la violencia vuelva a zonas donde desde hace tres años no había atentados o combates. “Esto nos quita la esperanza. De si vamos a poder seguir en el territorio, sacando adelante estas tierras en las que ya había algo de tranquilidad y donde estábamos a la expectativa de que hubiera inversión en el llamado posacuerdo”, reitera otro líder de la región.
Puntos críticos
.
En la actualidad, en el sur de Bolívar hay un informe de riesgo y una alerta temprana de inminencia vigentes, en las que la Defensoría ha documentado y advertido el riesgo que corren las poblaciones rurales por la violencia del Eln y la confrontación de esa guerrilla con la banda criminal de las Agc. En septiembre de 2017, el organismo del Ministerio Público informó sobre la vulnerabilidad a la que están expuestos los campesinos de los municipios de Cantagallo, en Bolívar, y de Yondó, en Antioquia.
Allí el Frente Edgar Amílkar Grimaldos Barón del Eln aumentó su presencia tras la salida de las Farc del territorio. Según el informe, este Frente busca el control de movilidad que conecta el Nordeste antioqueño con el sur de Bolívar, para comunicarse y recibir apoyo del Frente Guerra Darío Ramírez Castro, que opera en el Bajo Cauca antioqueño. La red de milicias que se instaló en las veredas cercanas a la cuenca del río Cimitarra y sus afluentes centrales, como los ríos Tamar e Ité, están relacionadas con las amenazas, extorsiones, el reclutamiento y desplazamientos que sufren los habitantes.
El riesgo recae sobre los pobladores de las veredas Alto Caño Doradas, Santo Domingo, La Poza, La Nutria y el corregimiento San Lorenzo, en Cantagallo; así como en Cuatro Bocas, Campo Cimitarra, El Bagre, El Descanso, La Concha; Bocas del San Juan, No te Pases, Jabonal, San Francisco, Congoja, Ité, en Yondó. Sin embargo, el Ministerio Público advierte que la situación más crítica se concentra en la vereda Santo Domingo, en Cantagallo, y en la vereda Puerto Matilde, en Yondó.
En estas veredas son recurrentes las propuestas de reclutamiento a jóvenes, a quienes el Eln les ofrece 900 mil pesos al mes para ingresar a sus filas. La situación ha llevado a que familias enteras se desplacen por miedo a que se lleven a sus hijos. También son recurrentes las extorsiones, sin que existan denuncias por miedo a las represalias.
El otro municipio en riesgo es Tiquisio, en Bolívar. En junio de 2018 la Defensoría advirtió que los campesinos son vulnerables a la disputa territorial desatada por el Frente Luis Fernando Gutiérrez del Bloque Herlín Pinto Duarte de las Agc y el Frente Alfredo Gómez Quiñones del Eln. La guerrilla estaría buscando el control de las estribaciones orientales de la Serranía de San Lucas para expulsar a la banda criminal, que desde 2010 consolidó su presencia en el norte del sur de Bolívar.
Esa disputa está relacionada con el control de otro corredor de movilidad, el que conecta con la Mojana sucreña, usado por los grupos armados ilegales para el transporte de armas e insumos para el tráfico de estupefacientes. En medio de esa confrontación quienes más corren peligro son los habitantes de los corregimientos de Tiquisio Nuevo, Puerto Coca, Quebrada del Medio, Bocas del Solís, Mina Seca; Aguas Negras, El Sudán, La Ventura y la zona conocida como Caño Guacamayo.
En mayo de 2018, la Defensoría documentó que el Eln llegó a varias de estas veredas anunciando su arremetida y, de paso, amenazando a quienes pagaran extorsiones a la banda criminal. A los comerciantes los obligó a pagar extorsiones equivalentes a los 12 años en que la guerrilla estuvo fuera del territorio. En este escenario, los agricultores, mineros, tenderos y transportadores están sometidos a los cobros ilegales de ambos grupos armados ilegales.
Otros de los afectados son los estudiantes. En esta confrontación entre Eln y Agc por lo menos 1.004 niños de 25 veredas de Tiquisio no reciben clases desde 2017, por el riesgo de ser reclutados y porque en medio de los combates los actores armados ilegales han usado la infraestructura escolar. La situación es de tal gravedad que los docentes no volvieron y los padres de familia quedaron atemorizados, después de que las Agc propusieron pagar la planta de maestros, con el dinero de las extorsiones que cobran a la comunidad, a cambio de impartir “doctrina gaitanista” dos veces por semana.
La Defensoría advirtió, además, que la situación de los líderes sociales en esta región es crítica. Después de que el Eln hizo presencia en varias veredas en mayo de 2018, las Agc no permiten que las comunidades realicen reuniones sin su presencia. El riesgo también reviste a quienes impulsan la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que busca que en el corregimiento Quebrada del Medio y las veredas Tagual y Malena haya una sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de coca, por el desarrollo de proyectos productivos.
Aunque la Defensoría del Pueblo ha llamado a la acción a las autoridades para proteger a estas comunidades, para los líderes rurales los esfuerzos son escasos. En una región que le apostó a ser el “piloto nacional” en la formulación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactado en el Acuerdo de Paz con las Farc y al que las comunidades le apuestan para lograr su desarrollo, y donde, además, funciona la segunda Zona de Reserva Campesina más grande del país, la incertidumbre tiene en quiebre las ilusiones de paz. “En un discurso puede decirse que se rompe un diálogo, pero lo que eso implica para quienes hemos sufrido la guerra es muy grave”, concluye un campesino de la región.
.
El Eln tiene amplia capacidad militar en el departamento con su Frente de Guerra Oriental. Por eso, según Nini Cardozo, vocera de las víctimas de Arauca en la Mesa Nacional de Víctimas, la ruptura del proceso de conversaciones ha generado temor entre los pobladores frente a una nueva escalada de violencia: “En este momento tenemos preocupación, desespero e impotencia, porque creemos que se puede reactivar una violencia mucho más fuerte entre el Ejército y el Eln, en la que se generarían más víctimas, desplazamientos, homicidios y otros impactos contra la población”.
Entre esas posibles afectaciones, explicó Cardozo, se encuentran restricciones a la movilidad, riesgos en las áreas de patrullaje o retenes del Ejército por posibles enfrentamientos o atentados con explosivos, y represalias frente a la manifestación de opiniones respecto de la situación política: “Uno ya no sabe cómo hablar ni cómo participar, porque podría convertirse en objetivo militar. Ahora, algunos de los procesos sociales empezarán a quedarse quietos”.
Cardozo aseguró que durante la tregua unilateral decretada por el Eln entre el 23 de diciembre y el 3 de enero pasados “la mayoría del departamento estuvo tranquilo”, con excepción de las áreas donde opera la disidencia de las Farc.
En diálogo con VerdadAbierta.com, voceros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, con fuerte trabajo en la región, indicaron que el eventual recrudecimiento del conflicto incrementará la estigmatización contra los líderes sociales: “Las expectativas son preocupantes, porque ya sabemos cómo opera esta fracción de la clase dominante construyendo enemigos internos que sólo pueden ser tratados mediante el terror. Ello agravará las condiciones de las comunidades organizadas, por cuanto a la crisis social que asfixia de muerte y lleva a la movilización social se suma el tinte de tratamiento de guerra que ha propuesto Duque como base de su política regional”. (Lea más: La guerra continúa viva en Arauca)
Para el Movimiento, el ambiente generado por la ruptura de los diálogos se suma a la decepción generada por la implementación del acuerdo con las Farc, guerrilla que durante años ejerció control social y militar en un sector del departamento, con los frentes 10 y 45: “(El gobierno) primero planteó volver trizas un acuerdo como el de La Habana, que era limitado para resolver los elementos causales del conflicto y que a lo mucho ha llegado a representar una pírrica inclusión política de la insurgencia fariana (…) Por otro lado, la política de desprecio y desestimación de lo poco o mucho adelantado con el Eln deja ver que la voluntad de paz de este gobierno se sintetiza en una sola cosa: guerra y exterminio de toda posibilidad de lograr cambios”.
Ante el nuevo escenario, Cardozo explicó que es necesario insistir en el diálogo para impedir que surjan nuevas víctimas en el departamento, donde según el Registro Único de Víctimas existen más de 94 mil afectados por el conflicto: “Lo mejor para Arauca no es la salida militar, sino la salida negociada, que es lo único que abre la puerta para cerrar la fábrica de muerte y dolor. Nos duele la muerte de los 20 muchachos cadetes, que pudieran ser los hijos de cualquiera de nosotros, y no estamos a favor de la guerrilla, pero sí respaldamos el diálogo y la búsqueda de acuerdos que se puedan cumplir. Como víctimas, queremos dejar el pasado y que a ningún araucano le pase lo que nos pasó a nosotros”.
Para el Movimiento, además, es indispensable dotar de contenido la discusión sobre los alcances de una nueva negociación: “En este momento es necesario ampliar el debate nacional en función de darle un sentido más concreto a la paz que merece el pueblo colombiano, no sólo una paz de silenciamiento de fusiles, sino también de cambios, de justicia social y dignidad”. (Lea más: ‘La paz para Arauca va más allá del desarme’: líderes sociales)
Este martes, el presidente Iván Duque realizó un consejo de seguridad en Arauca capital, al término del cual declaró que se fortalecerá la acción militar: “He impartido instrucciones a todo el alto mando de la Fuerza Pública para que fortalezcamos las redes de recompensas, la Red de Participación Cívica, que podamos arreciar de manera positiva lo que sería la desmovilización individual de muchos de los miembros del Eln para que dejen ese camino de la violencia, y vamos a seguir persiguiendo los cabecillas de esa organización”.
.
El Frente Darío Ramírez Castro del Eln hace presencia en las subregiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Se estima que es una de las estructuras más débiles de esa guerrilla en términos militares. Autoridades militares indican que tendría por lo menos 400 integrantes.
Para el caso del Norte y el Bajo Cauca, la Defensoría del Pueblo reportó en su Alerta Temprana 002 del pasado 4 de enero que el Eln impone restricciones a la movilidad en zona rural de los municipios Tarazá y Valdivia, sometiendo a la población a “la ‘tramitación de permisos previos’ para el ingreso a veredas que no son su sitio de residencia habitual, mediante amenazas selectivas o generando desplazamientos forzados cuando estas normas de comportamiento no son acatadas”.
La Defensoría también le atribuyó a esa guerrilla el reclutamiento forzado de menores de hasta 13 años, quema de vehículos de carga, enfrentamientos con la Fuerza Pública y participación directa en el negocio del narcotráfico en el municipio de Valdivia. Asimismo, recalcó que el Eln se ha enfrascado en una disputa militar con las Autodefensas Unidas de Colombia (Agc), que a su vez libran una guerra con el grupo armado ilegal conocido como Frente Virgilio Peralta Arenas o ‘Caparrapos’, en proceso de expansión. (Lea más: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)
El presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, William Muñoz, explicó que aunque es preocupante un eventual recrudecimiento del conflicto entre el Eln y el Estado, la subregión enfrenta problemas de seguridad más apremiantes derivados de esa disputa, que las autoridades han relacionado con las rentas ilegales: “Nosotros aquí, aparte del conflicto con Eln, tenemos otros que son más agresivos. Desde hace más de un año vivimos una confrontación entre varios grupos por la disputa territorial, que ha generado asesinatos de civiles que no tienen nada que ver con los enfrentamientos y de líderes sociales, además de desplazamientos forzados”.
No obstante, Muñoz hizo una petición por la continuidad de los diálogos: “Ese mensaje de armas y de medidas represivas genera violencia en el territorio, violaciones a los derechos humanos, afectaciones al desarrollo económico y cultural. El llamado que uno le hace al gobierno es que recapacite y se siente a negociar con Eln y ojalá con los otros grupos armados ilegales para que haya paz completa en el territorio”.
En el caso del Nordeste, hay preocupación desde el pasado domingo, cuando presuntos integrantes del Eln hostigaron a las unidades de la Fuerza Pública que prestan seguridad en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Juan Carlos Castañeda, en la vereda Carrizal, del municipio de Remedios.
Los excombatientes de las Farc que viven en el ETCR rechazaron el ataque y declararon: “Exigimos y demandamos del Estado colombiano aclimatar en el país el diálogo y la solución política al conflicto armado, de igual manera hacemos el llamado al Eln para que se excluya a la población civil del conflicto y se respeten los escenarios construidos en el territorio para la construcción de la paz”.
En opinión de Carlos Morales, representante legal de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), la decisión del gobierno nacional de romper la mesa de conversaciones con el Eln “lo que hace es fomentar la violación a los derechos humanos en el territorio. Además, genera un sinsabor, porque las comunidades mineras, campesinas e indígenas del Nordeste le apostamos a los acuerdos entre las Farc y el gobierno, y teníamos unas expectativas bastante profundas con la negociación con el Eln”.
Con respecto a las milicias urbanas de este grupo insurgente, las autoridades advirtieron que tendrían presencia en Medellín y en municipios vecinos. Al respecto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, puso los reflectores sobre la Universidad de Antioquia y le solicitó al rector del Alma Mater, John Jairo Arboleda Céspedes, que investigara sobre el asunto: “Le pedí al rector que hiciera un trabajo especial con los organismos del Estado para saber si ellos iban a tener problemas o no en la Universidad de Antioquia. Yo espero que durante la semana el rector haga un análisis detallado del tema y nos comunique qué necesidades tiene en nuestra Universidad de Antioquia”.
Horas después de esta declaración, desconocidos colgaron en un puente peatonal cercano a la entrada principal de este centro de educación superior un cartel con expresiones antisubversivas y la cruz esvástica, símbolo del régimen Nazi. El mensaje dice: “Brigada 18 Nacional Anticomunistas no queremos más guerrilleros en la U de A. Les llegó su hora”. El episodio ha generado preocupación entre la comunidad universitaria.
.
Este departamento ha sido uno de los más golpeados por la confrontación armada y las consecuentes violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que ha contribuido a deteriorar las de por sí magras condiciones de vida de sus habitantes, de mayoría afrodescendientes, pero también indígenas de diferentes pueblos.
Pero sus organizaciones sociales no se han quedado quietas ante la magnitud del drama que padecen miles de pobladores de áreas ribereñas, zonas selváticas y áreas marítimas. Desde agosto de 2017, un amplio grupo de organizaciones étnicoterritoriales y sociales le presentaron al gobierno nacional y a la guerrilla del Eln, ya sentadas formalmente en una mesa de conversaciones, la propuesta Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó, mediante el cual exigían respeto y garantías a sus comunidades. (Ver acuerdo)
Los pocos avances que arrojaron esas negociaciones y la intensificación de la confrontación armada entre el Frente de Guerra Occidental, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Ejército Nacional, sumieron a las comunidades en una crisis humanitaria que fue diagnosticada y dada a conocer el 14 de septiembre del año pasado al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
En el documento registraron cifras alarmantes, como la muerte de 25 niños y niñas, principalmente en los municipios de la cuenca del río San Juan, por falta de agua potable y atención oportuna en salud; el desplazamiento de por lo menos 1.700 personas; y el confinamiento de otras 5 mil personas. (Leer más en: La peor cara de Chocó: 25 niños muertos por falta de acceso a servicios de salud y agua potable)
Con la disolución de la mesa de negociaciones con el Eln, anunciada por el presidente Duque y reiterada por el alto comisionado Ceballos, diversos líderes sociales consultados por VerdadAbierta.com temen que esa crisis se agrave, que los efectos de la confrontación, que se teme más intensa, tengan unas consecuencias nefastas para las comunidades y sus dirigentes.
En ese sentido se expresó Claudia Palacios, vocera en Chocó de la Ruta Pacífica de las Mujeres: “No estamos de acuerdo con la postura del gobierno de que no continúe con los diálogos con el Eln a pesar de todo lo que pasó, que no se justifica, porque son las comunidades nuestras las mayores afectadas porque este conflicto, si se sigue agudizando, son las comunidades las que van a sufrir toda la inclemencia del conflicto. Nosotras, lo que reiteramos, es que continúen con los diálogos”.
Este colectivo de mujeres ha impulsado el lema de “no queremos seguir pariendo más hijos e hijas para la guerra”, y en ese sentido, su vocera en Chocó lo reiteró al hacerle un llamado al gobierno del presidente Iván Duque de no cerrar la puerta del diálogo, entre otras razones por las afectaciones que pueda tener en las comunidades.
“Nuestra exigencia, muy respetuosa, es al gobierno para que continúe con el proceso de negociación. Las mujeres no queremos aportarle a una guerra que no es nuestra. Los que caen son los pobres, los hijos de los oligarcas de este país no son los que caen”, declaró Palacios. “Como pueblos marginados que padecemos la guerra, creemos que la mejor salida a esta situación que atraviesa nuestro país es a través del dialogo. Ningún conflicto se soluciona con guerra”.
Las mujeres afros e indígenas que habitan regiones afectadas por la presencia del Eln, que confronta con el Ejército y grupos criminales, son las de mayor riesgo. En ese sentido, pobladoras de zonas como el Alto, Medio y Bajo Atrato, El San Juan y Baudó Alto, Medio y Bajo, son las que padecen con rigor la guerra.
En los trabajos que la Ruta Pacífica, regional Chocó, ha hecho con mujeres de distintas regiones, han encontrado múltiples afectaciones, no sólo generadas por el Eln, sino por otros grupos armados ilegales. “No tenemos registros de todos los hechos victimizantes, pero sí tenemos algunos en los que las mujeres manifiestan haber sido víctimas de estos actores: asesinatos sus hijos e hijas, reclutamientos, violencia sexual y botín de guerra”.
Palacios insiste en que el deseo de las comunidades es volver a sus practicas ancestrales y vivir tranquilos en medio de las carencias y el abandono estatal. “Con lo poco que hemos tenido, hemos vivido con dignidad”, destacó. “Por eso, si se rompen los diálogos, y no se tiene en cuenta el acuerdo humanitario que impulsamos desde Chocó, a través del cual le exigimos al gobierno nacional y a los voceros del eln que continúen con el proceso de negociones, las que se van a ver más afectadas son las comunidades”.
En similares términos también se expresó un líder indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Departamento del Chocó (Fedeorewa), que representa a los pueblos Embera Dovida, Embera Chamí y el Embera Katio, asentados en diez municipios chocoanos.
“Como pueblo indígena nos preocupa la ruptura de la posibilidad que hubo de que el gobierno actual continuara el dialogo con el Eln, ese es el mejor camino para resolver los asuntos del conflicto que vive Colombia”, destacó este líder, quien por razones de seguridad pidió omitir su nombre.
En sus reflexiones sobre lo decidido por el presidente Duque, el vocero de Fedeorewa reiteró que le preocupan las razones del rompimiento de la mesa de negociaciones: “Este gobierno no se asumió como Estado sino como situación de gobierno, y eso merece un análisis”.
Y justamente su análisis pasa por las posibles consecuencias que puedan sufrir las comunidades indígenas, golpeadas desde hace décadas no solo por el Eln, sino por las Farc en su momento, además de grupos paramilitares y tropas estatales.
“Nuestras comunidades sufren a todos esos actores armados, esa es nuestra preocupación. Sabemos que, con la ruptura del diálogo, y la posición del gobierno, aumentará la presión hacia las comunidades, sobre todo aquellas que viven en las lejanías de las cabeceras municipales”, dijo el líder indígena.
Zonas como Bojayá, Carmen de Atrato, Alto Baudó y Nuquí no sólo han padecido la confrontación armada, sino que están en riesgo de sufrir nuevas afectaciones con el posible escalamiento de la confrontación bélica. “Algunas comunidades están en situación de desplazamiento forzado desde 2014 y sin recibir ayuda estatal”, precisó este vocero.
“Y es que la guerra en Chocó no es de ayer”, agregó el líder de la Fedeorewa. “Viene de tiempo atrás, lo que ha afectado el debilitamiento de la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en sus territorios. Las comunidades se encuentran desabastecidas porque como no pueden estar desarrollando sus actividades diarias de siembra de pancoger, como arroz y yuca, y la caza, la pesca y la recolección de frutas están muy afectadas en los resguardos”.
Otro de los problemas que afecta a los pueblos Embera es el reclutamiento de menores de edad por parte del Eln, que admitió el líder consultado. “Varios menores de 16 años fueron ingresados a las filas del Eln”, lo que tiene complejas implicaciones sociales y culturales. “El hecho de llevarse a un hijo, a una hija, eso genera dificultades en el resguardo porque esa persona que se llevan está entre la vida y la muerte. Y de morir ese hijo o esa hija se pierde el mundo de la cosmovisión indígena”.
En ese sentido, el vocero de la Fedeorewa reiteró que el mensaje de los pueblos que representa es que tanto el gobierno nacional como el Eln “miren la posibilidad de tener una ventana de dialogo porque es el mejor camino que hay”. No obstante, ante la ruptura, dijo que seguirán trabajando en la propuesta Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó: “En nuestra condición de pueblos nos sostenemos en ese documento. La guerra afecta a la población civil, no al gobierno, es a las comunidades rurales, porque la guerra se padece en el campo, no en las ciudades”.
Nariño
.
En una de las regiones más golpeadas históricamente por el conflicto armado, funcionarios gubernamentales y líderes sociales, condenan el ataque terrorista del Eln que supuso el fin del proceso de paz, y hacen un llamado para que no escale nuevamente la confrontación armada. Hay zozobra y temor de que se revictimice a las víctimas del conflicto armado.
“La guerra sólo trae más guerra y desde Nariño nuestra voz es para llamar al gobierno nacional a la sensatez. Si bien es cierto que se rechaza de manera contundente el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander, también es cierto que al cerrar la puerta del diálogo se viene más guerra. La solución no está en parar la guerra con más guerra, sino en buscar actores internacionales que sirvan de garantes para un acercamiento”, dice con angustia Édgar Isandara, secretario de Gobierno de Nariño.
Debido a la posible escalada de atentados del Eln y al incremento de combates con la Fuerza Pública, este miércoles se realizará un consejo de seguridad extraordinario en ese departamento fronterizo con Ecuador, para analizar la situación y las regiones más sensibles. El gobierno regional ha identificado cuatro: Los Abades, compuesta por los municipios de Samaniego, Santa Cruz de Guachavéz y Los Andes Sotomayor; el triángulo que conforman Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán; la zona de cordillera, especialmente los municipios de Policarpa y Rosario; y los municipios de Ricaurte y Tumaco, en donde frecuentemente el Eln ataca el oleoducto Trasandino. (Leer más en: ‘Arde’ la cordillera de Nariño y el Estado no hace mayores esfuerzos para evitarlo)
Isandara insiste que Nariño siempre ha sido amigo de la paz porque ha sufrido la guerra en carne propia: “Tenemos un millón y medio de habitantes y, de ellos, 500 mil son víctimas del conflicto. Teniendo en cuenta que Nariño está saliendo de una oleada de violencia y desplazamiento sin precedentes, dado que el año pasado terminamos con ocho mil personas en situación de desplazamiento y casi 600 homicidios, nos preocupa lo que pueda suceder de ahora en adelante. Nosotros no somos amigos de que se siga por el camino de la guerra, de alguna manera tiene que establecerse un mecanismo para que hay justicia y paz. No podemos hacer la paz con más guerra”.
Asimismo, el funcionario señala que, a diferencia de otras regiones del país, tras la dejación de armas de las Farc, el Eln no copó sus antiguos territorios y “prácticamente está en los mismos espacios”, en donde históricamente ha tenido una presencia muy fuerte. Las zonas de la otrora guerrilla más antigua del continente son disputadas por nuevos grupos armados y narcotraficantes.
Aunque el gobierno departamental asegura que el Eln no se ha expandido, situación contraria que han documentado centros de investigación como el Crisis Group, hay preocupación porque “es una guerrilla que, por sus estructuras que no son tan organizadas como las de las Farc en su momento, pueden generar una desestabilización mucho mayor porque toman decisiones (realizar ataques) sin consultar a la cúpula más alta”.
Ese temor es compartido por Claudia Cabrera, alcaldesa de Policarpa: “Para nosotros es preocupante el regreso de la página de la guerra porque implica atraso, que la comunidad esté en riesgo y que la infraestructura se vea afectada. Actualmente estamos en la construcción de cinco puentes; en 2002 nos volaron uno y hoy en día no se sabe si fueron las Farc o el Eln. Ahora es posible que perdamos los avances que hemos realizado para sacar el municipio adelante”.
La mandataria señala que los habitantes de Policarpa tienen mucha zozobra y preocupación por una nueva escalada de la violencia y de la confrontación armada: “Creemos que no puede pasar, que los diálogos tienen que continuar y que el gobierno nacional debe hacerlo por el bien de la comunidad. Aquí no podemos pensar en algunas personas, sino en los municipios que sufrieron y seguirán sufriendo el conflicto. Esperamos que el gobierno nacional tome la decisión más sensata, pensando en las víctimas del conflicto: no podemos ser revictimizados. No es tomar decisiones de ir a la guerra y poner muertos, porque nuestras comunidades son las que ponen los muertos”.
Al igual que los dos funcionarios, Javier Dorado, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Nariño, tiene preocupación por el posible escalamiento de la violencia, pero también por las afectaciones que puedan sufrir los líderes sociales y las comunidades que le apostaron al proceso de paz con el Eln, pues alentaba la participación de la sociedad y quienes hicieron parte de ella, puede sufrir judicializaciones arbitrarias y ataques por parte de grupos armados. Situaciones que han ocurrido desde el año pasado. (Leer más en: La parálisis de la mesa con el Eln dejó en veremos a los líderes sociales)
“Estamos con la incertidumbre de que puedan presentar nuevas judicializaciones. Yo llegué a participar en Tocancipá y presentamos siete propuestas para Nariño, entre ellas la del desminado humanitario. Ahí estamos con esa angustia de que pueden llegar a presentarse nuevas acciones jurídicas contra nosotros por haber presentado iniciativas de paz. Aparte, están el asesinato de líderes y las amenazas de actores ilegales contra todo lo que tiene que ver con manifestación social”, precisa. (Leer más en: Preocupan capturas masivas en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca)
Pero los riesgos no sólo son para las comunidades y sus líderes. Otra población que se encuentra en riesgo por el accionar del Eln son los excombatientes de las Farc que depusieron las armas y se encuentran en vía de reincorporación. “En la zona de Cumbal y Ricaurte hay una dispersión muy alta de excomanrientes que salieron de los ETCR -Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización- de La Variante y de Policarpa, que salieron a nuevos puntos de asentamiento o siguieron caminos individuales. Estas personas están regresaron donde sus familias y el Eln está señalando a los excombatientes y sus parientes de ser informantes del gobierno por haberse atenido al proceso de paz”, cuenta un investigador que pidió la reserva de su nombre.
Cauca
.
El Eln se expandió en este departamento tras la salida de las Farc del ajedrez del conflicto armado. Ricardo Cifuentes, secretario de Gobierno de Cauca, explica que la ruptura de los diálogos con ese grupo guerrillero causó mucha preocupación, porque a las acciones militares que en antaño realizó en La Vega, La Sierra, Cajibío, El Tambo y el Pacífico, se suma el provecho que le sacó al proceso de paz con las Farc para extender su presencia en Argelia y Balboa, en el sur del departamento, y en Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao, en el norte
“Esperamos el desarrollo de algunas acciones, pero no de la contundencia de las Farc cuando estaban en el conflicto. El Eln no ha tenido ese tipo de acciones (atentados a la infraestructura) y no creemos que las tengamos inmediatamente, pero sí secuestros, extorsiones y asesinatos por control territorial y actividades de minería ilegal y narcotráfico”, indica el funcionario, y agrega que la semana pasada se realizó un consejo de seguridad para ajustar la presencia de la Fuerza Pública en el departamento.
Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), señala que, en medio de su proceso de expansión hacia esa región, el Eln realizó algunas acciones que evidenciaron sus capacidades bélicas “que aunque no fueron muy grandes, sí causaron anomalías en términos de desarmonía y desequilibrio”. Por esa razón, se encuentran atentos a lo que pueda suceder, porque “el Eln ha manifestado tener presencia en el norte de Cauca y se ha corroborado: hay presencia de hombres, no en gran cantidad como las Farc, pero tienen algún tipo de presencia en Jambaló, Buenos Aires, Corinto y Caloto”.
Los indígenas Nasa lamentan que se reanuden las acciones bélicas en sus territorios, pues se sumarían a otras que padecen por la presencia de disidencias de las Farc, del Epl, de grupos paramilitares y las propias acciones militares para enfrentarlos: “Esa situación no le conviene al norte de Cauca por la complicada situación de derechos humanos que ya padece. Independientemente de la capacidad militar del Eln, no es conveniente tener un frente de confrontación armada”. (Leer más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)
La preocupación de Capaz no sólo es por los desplazamientos y las muertes que puedan causar futuros enfrentamientos entre el Eln y la Fuerza Pública, sino también por las dinámicas que se mueven detrás de un ambiente de guerra: “En ese escenario se le da alas al concepto bélico de respuesta inmediata, de atacar al terrorismo con acción militar y de inteligencia que, con argumentos dudosos, controvierte cualquier tipo de contradicción legitima y democrática en el país”.
Y prosigue: “La experiencia de nuestras comunidades es lamentable en ese tipo de escenarios. En muchos gobiernos, en especial en los uribistas, que utilizaron como argumentos la supuesta infiltración o la supuesta incidencia de actores armados para deslegitimar nuestras movilizaciones. Todo esto complica el panorama, pero las comunidades han sido firmes y reiterativas en seguir movilizándonos y en continuar con la protección de nuestro territorio”. (Leer más en: “Existe un gran desconocimiento de lo que es el mundo indígena”)
A esa situación se suma que los mandos de las disidencias de las Farc carecen de formación política y no respetan la autoridad de las comunidades indígenas ni sus procesos de control territorial. Un investigador que conoce las dinámicas de la región, explica que la situación se complica mucho más por la presión que realizan agentes internacionales y locales sobre las disidencias para aumentar la producción de drogas y despegar los territorios como sea: “Eso con las Farc no sucedía y la presión ahora que reciben de afuera es mucho más alta. En esa medida, cualquier obstáculo como puede ser la resistencia y el control territorial indígena, tienen que ser eliminados. Ya no tienen con quién hablar (los indígenas) en la contraparte insurgente”.
Víctor Moreno, consejero Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), expresa que las comunidades afro tienen temor de que sus territorios ancestrales sean afectados por bombardeos y que se agudice la crisis humanitaria que padecen en el Pacífico. Por esa razón, el próximo jueves realizarán una reunión del Consejo Mayor.
Reitera que el Eln se expandió a municipios donde antes no tenía presencia como Caloto, Santander de Quilichao y Guachené, en donde hay una mezcla de muchas cosas: “No se sabe hasta dónde están las disidencias de las Farc y hay mucha confusión en el territorio. Las comunidades piden que se pueda gozar el derecho a la paz”.
Por tal motivo, señala que la Comisión Étnica de Paz, que agrupa a diversos pueblos afros e indígenas, nacida en medio de las negociaciones con las Farc en Cuba, se ofrece como mediadora para acompañar una vía de negociación entre el gobierno nacional y el Eln: “Creemos que la mesa no debe ser levantada, creemos que debe darse una paz negociada por todas las afectaciones sufridas. Los pueblos étnicos somos los más afectados: ¡Hagan todo lo posible para que las negociaciones no se deñen y se den los ceses al fuego necesarios para que la guerra no escale, porque se hará en nuestros territorios!”
Valle del Cauca
El Eln no se expandió a municipios donde no tenía presencia antes de la dejación de armas de las Farc, así lo asegura Fabio Cardozo, secretario departamental de Paz y Reconciliación: “El Eln en el último periodo no ha tenido una figuración relevante”. Su presencia se encuentra en sitios donde ha permanecido históricamente: Jamundí, en el sur; en Bolívar, El Cairo, el Cañón de Garrapatas, El Dovio, en el norte y sobre la cordillera Occidental; y en el Pacífico, en Buenaventura, alrededor de los ríos Yurumanguí y San Juan.
“Hay estructuras urbanas que hacen presencia en Cali. Tienen cierta capacidad, aunque un atentado dinamitero se puede concertar con dos personas. Eso hace parte de los riesgos de la guerra y la confrontación. El Presidente de la República debe saber las consecuencias que puede tener la ruptura de la mesa y las decisiones que ha tomado, pidiendo su captura (de la delegación del Eln en Cuba) obviando los protocolos que suscribió el Estado colombiano”, señala Cardozo.
El funcionario aclara que se deben adoptar planes de contingencia que ofrezcan tranquilidad y seguridad: “En Valle de Cuca la situación no es tan crítica y el Eln no tiene la capacidad que tuvo algún día las Farc, pero no nos podemos dar el lujo de bajar los brazos, teniendo en cuenta lo que pasó en la Escuela General Santander, que deja ver que las ciudades son vulnerables”.
