El año no termina nada bien para municipios como Tarazá, Cáceres, Caucasia o Ituango. El éxodo de sus pobladores registra cifras que ni siquiera se presentaron en años recientes, cuando se recrudeció el conflicto armado. Las confrontaciones entre estructuras armadas criminales continúan y la Defensoría del Pueblo advierte el surgimiento de disidencias de Farc en el Nudo de Paramillo.
“En este momento hay veredas como La Envidia, La Unión, La Esperanza y El Triunfo en las que vivían, póngale usted, en promedio unas 50, 60 familias. Hoy sólo quedan, en total, una o dos familias si mucho. La cosa está bien jodida porque todos los días uno ve que se va y se va gente”, relató Luis*, habitante de Tarazá, donde el éxodo forzado de campesinos ya adquirió dimensiones preocupantes.
Según el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas, unas 11.563 personas declararon haber sido desplazadas forzosamente entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de este año en Antioquia, lo que representa un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron unas 7.810 personas víctimas de ese flagelo. De ellas, unas 5.948 personas (el 51 por ciento) corresponden sólo a dos municipios del convulsionado Bajo Cauca antioqueño: Cáceres y Tarazá.
De acuerdo con lo consignado en el Registro Único de Víctimas, 2018 se convertirá en el año que más personas fueron expulsadas de Cáceres: en total, 3.108 personas han debido dejar sus tierras a la fuerza. La cifra supera, incluso, lo registrado en 2011, cuando grupos armados sucesores del paramilitarismo protagonizaron vendettas, disputas y confrontaciones armadas en todo el Bajo Cauca antioqueño que dejaron un saldo de 1.663 personas desplazadas forzosamente, el pico más alto hasta ahora registrado en esta población.
“Aquí en el pueblo el desplazamiento se siente con fuerza en el casco urbano”, cuenta un poblador de Cáceres, quien pidió omitir su identidad. “Los grupos armados impusieron eso de las ‘fronteras invisibles’ como en Medellín: si usted es de (barrio) Costa de Oro no puede ir a Moisés Gómez. Han matado mucha gente por eso, por cruzas esas fronteras, por eso la gente se ha ido. Todos esos barrios a orillas del Cauca están prácticamente desocupados”.
La situación es igual de compleja en el vecino municipio de Tarazá. Según el Registro Único de Víctimas, hasta el 1 de noviembre de este año unas 2.840 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, cifra que representa un dramático incremento con respecto al 2017, cuando fueron reportados unas 489 personas, mientras que en 2016 tan sólo 353 personas padecieron el éxodo forzado. Tal cantidad de personas que son expulsadas a la fuerza o que huyen de la violencia no se veía desde 2013, cuando 2.471 personas salieron de sus tierras.
Caucasia (Bajo Cauca) e Ituango (Norte) son los otros municipios que este año presentan preocupantes incrementos de víctimas de desplazamiento forzado por cuenta de nuevas dinámicas de violencia. En el caso del primero, los registros señalan que hasta el 1 de noviembre de este año unas 962 personas fueron expulsadas a la fuerza, cifra que dobla la registrada en 2017, cuando fueron desplazadas 308 personas. Con respecto a Ituango, en lo que va corrido del año han sido reportadas como víctimas de este flagelo unas 718 personas, mientras que en 2017 tan sólo 223 personas fueron registradas como desplazadas forzosamente.
Aunque las cifras oficiales ya son dramáticas, estas podrían ser mucho mayores: “Hay gente que se va y no le dice a nadie, para no ‘calentarse’ o no tener problemas o para que, simplemente, la gente no se dé cuenta que se fue”, relató Luis.
“La preocupación aquí -continuó- es que muchas de las personas que se han ido eran beneficiarias de programas como el PNIS y entonces no sabemos qué va a pasar con eso, con los proyectos productivos, que el gobierno los entrega, pero si uno está en el territorio. Pero si uno no puede estar en el territorio por la violencia, entonces, ¿qué pueden hacer ellos?”.
El PNIS al que hace referencia Luis es el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, una iniciativa que surgió del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc como uno de los mecanismos para fortalecer el paso voluntario de la ilegalidad a la legalidad de quienes siembran en sus parcelas hoja de coca.
Este programa supone unas ayudas económicas y asistencia en proyectos productivos para las familias que se hayan comprometido con el gobierno nacional a arrancar las matas y a dejar la ilegalidad. Pero tal como lo advierte Luis, varias de ellas se están desplazando de manera forzada hacia otras regiones y no es claro si pueden o no seguir recibiendo el aporte en plata.
Situación crítica
A las autoridades civiles municipales y departamentales les preocupa que la confrontación armada en el Bajo Cauca antioqueño entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional como ‘Clan del Golfo’, y el autodenominado Frente Virgilio Peralta, conocido en la región como ‘Caparrapos’, no cede ni en furia ni en intensidad y, en consecuencia, el drama del desplazamiento forzado podría recrudecerse aún más en las próximas semanas. (Leer más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)
De hecho, esta guerra, que inicialmente se concentró en Caucasia, Cáceres y Tarazá, ya se extendió a otros municipios de la región como El Bagre; a vecinas localidades del norte de Antioquia como Ituango, Valdivia, San Andrés de Cuerquia; a y otras zonas del sur de Córdoba, como San José de Uré, Montelíbano y Tierralta, donde ya se sienten los impactos humanitarios por cuenta de esta disputa por el control territorial. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)
En el municipio de El Bagre, por ejemplo, líderes comunitarios, organismos humanitarios y defensores de derechos humanos denuncian un incremento de los asesinatos, las balaceras y los ataques sicariales en el casco urbano durante los últimos dos meses, al parecer, por la llegada de los ‘Caparrapos’, quienes, al parecer, pretenden disputarle el dominio que sobre ese territorio han mantenido las ‘Agc’ durante varios años.
“Hasta hace poco había un sólo grupo dominante en el pueblo, ahora hay dos, y hasta tres, y uno no sabe ya quién es quién. Se dice que son ‘Caparrapos’, que son ‘Agc’”, denuncia un poblador de El Bagre, quien también pidió omitir su identidad. “Eso en el casco urbano, porque en lo rural el cuento es otro: por donde se movía las Farc, como (corregimiento) Puerto López, ahora están los ‘elenos’ y están muy fuertes”.
Como si fuera poco, recientes informes emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advierten la aparición de estructuras disidentes de los antiguos frentes 18 y 36 de la extinta guerrilla de las Farc, lo que conflictúa aún más el escenario de disputa armada.
Según la Alerta Temprana 038-18 del pasado 25 de noviembre, en zonas rurales de municipios como Puerto Libertador y Tierralta se advierte la presencia de hombres armados que se autodenominan “Nuevo frente 18-Román Ruiz-Cacique Coyará”, quienes estarían dispuestos a recuperar corredores de movilidad entre Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Nudo de Paramillo, que en el pasado reciente estuvieron bajo dominio de la extinta guerrilla de las Farc y varios de los cuales fueron copados por las Agc.
“Este contexto de creciente hostilidad entre los grupos armados ilegales tiende a agravar los riesgos para líderes sociales, étnicos, comunitarios, de juntas de acción comunal y defensores de derechos humanos que intentan administrar justicia, reivindicar derechos y contribuir a la implementación de los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz”, consigna la Alerta Temprana.
Y advierte que “la reconfiguración de las organizaciones armadas ilegales y la aplicación de acciones y mecanismos violentos de control social en la jurisdicción de los municipios enunciados, en la actual coyuntura evidencia un profundo terror entre los habitantes, ante probables atentados contra la libertad e integridad personal, la restricción de la movilidad, la desarticulación de los procesos sociales, la fragmentación de la confianza comunitaria y los desplazamientos forzados, entre otras infracciones al DIH”.
Al evaluar la situación de alto riesgo de vulneraciones de derechos humanos en que se encuentrna las comunidades del sur de Córdoba y el Bajo Cauca, el SAT de la Defensoría llama la atención sobre el papel de la Fuerza Pública, tras señalar que “la expansión territorial de las AGC y el control del amplio corredor de movilidad que integra las subregiones de Urabá, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño, se considera que se ha facilitado por la lógica contrainsurgente que ha priorizado la Fuerza Pública en estos casos”
Para esta Agencia del Ministerio Público, “el énfasis en las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública se puede evidenciar a partir de la observancia de la actual existencia de los dispositivos militares de la región: sólo permanece la Brigada 11 mientras que antes de la desmovilización de las Farc-EP, operaban en Córdoba la Brigada 11, las Brigadas móviles 16, 24 y la Fuerza Contundente de Acción Decisiva –FUCAD”.
Entre las comunidades campesinas e indígenas que habitan el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba persiste la misma sensación. “¿Cómo es posible que yo, que todavía me puedo mover por las veredas haciendo trabajo comunitario, me encuentro siempre a los armados, que ni siquiera sé quiénes son porque todos visten de negro o de camuflado, a los soldados y a la policía, pero la policía y el ejército nunca ven a los bandidos, ¡nunca!?”, se pregunta un líder comunitario de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. (Leer más en: Confrontación armada afecta restitución de tierras en el Bajo Cauca antioqueño)
Medellín, el gran refugio
Ante el complejo panorama de orden público que viven tanto el Bajo Cauca antioqueño como el sur de Córdoba, Medellín se está convirtiendo en la ciudad receptora de población desplazada proveniente de estas regiones. La capital antioqueña también registra notorios incrementos en cuanto al número de personas que han llegado este año solicitando ayuda humanitaria por desplazamiento forzado, en comparación con años anteriores.
Un informe del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín revela que entre enero y octubre de este año fueron atendidos unas 12.158 personas en situación de desplazamiento, casi el doble de las atendidas en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron atendidas unas 6.122 personas. Un grueso número de dichas personas provienen, precisamente de las regiones del Bajo Cauca y Norte de Antioquia.
El monitoreo hecho por esta dependencia muestra que, a 25 de noviembre pasado, unas 5.247 personas que salieron expulsadas forzosamente de los seis municipios del Bajo Cauca llegaron a Medellín en busca de ayuda humanitaria. De ellas, unas 3.251 personas provienen de Tarazá; 924 personas de Cáceres; otras 681 salieron desplazadas de Caucasia; mientras que unas 673 personas llegaron desde Ituango; 336 de Valdivia; y 182 de Briceño.
Sólo en la semana comprendida entre el 19 y el 25 de noviembre arribaron a la capital antioqueña 77 grupos familiares (unas 300 personas aproximadamente) que declararon ser víctimas de desplazamiento forzado. De ellas, unas 11 familias provenían de Tarazá y 5 más de Ituango, mientras que otras más llegaron procedentes de Caucasia, El Bagre y Cáceres (tres cada una), y de los municipios cordobeses de Montelíbano (una) Ayapel (tres) y Montería (uno).
La compleja situación fue reconocida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien durante la audiencia que tuvo ante la Corte Constitucional, el pasado 29 de noviembre, expuso cómo la confrontación armada que está teniendo lugar en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia, así como en el sur de Córdoba, está generando incrementos en la dinámica de desplazamiento forzado, aumentando significativamente el número de víctimas de este flagelo que han llegado a la ciudad en busca de ayuda humanitaria. (Leer más en: Dramático aumento del desplazamiento forzado en Bajo Cauca antioqueño)
“Desde el 1 de enero de 2018 a hoy, hemos recibido y atendido el 100 por ciento de la población desplazada, sumando 4.859 personas provenientes del Bajo Cauca con un incremento muy superior al que se tenía de años anteriores por el fenómeno del conflicto. A la fecha, 1.099 personas también llegaron del nordeste antioqueño, principalmente de Briceño, Ituango y Valdivia”, detalló Gutiérrez ante los magistrados.
La compleja situación de orden público en el Norte y el Bajo Cauca, que se refleja en Medellín, parece no tener fin y, tal como lo advierten pobladores y organismos humanitarios, el temor es que sigan impactando a las comunidades, y de no tomarse medidas adecuadas, el desplazamiento forzado no tendrá freno.
(*) Nombre cambiado por razones de seguridad
