En los ocho departamentos que integran esta región del norte del país, líderes y lideresas sociales, así como autoridades étnicas, demandan acciones integrales que garanticen la prevención y protección de sus comunidades y señalan que aunque existen diversos mecanismos, funcionarios locales las desconocen y las entidades estatales no se articular de manera efectiva.
A cuatro horas de la ciudad de Montería, 70 familias indígenas de la etnia Embera Katío sobreviven al confinamiento. Quién entra y quién sale del territorio es una información conocida por los actores armados ilegales que hacen presencia en la zona: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y un grupo conocido como ‘Los Caparrapos’, ambas estructuras recicladas del paramilitarismo.
“Nos prohibieron hasta la pesca, que es una práctica tradicional. Nuestra medida de autoprotección ha sido reforzar la Guardia Indígena porque denunciar es tiempo perdido”, explica uno de los integrantes de la comunidad nativa, que desde el año 1971 espera el reconocimiento de su título colectivo en el municipio de San José de Uré (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra).
La afirmación del indígena tiene asidero en la realidad: Córdoba es el décimo departamento del país donde se han presentado más asesinatos de defensores de Derechos Humanos entre enero de 2016 y julio de 2018. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, 13 personas han perdido la vida en ejercicio de su liderazgo. (Leer más en: En una década, 48 indígenas asesinados y un silencio asustador)
De esos casos, sólo este año en San José de Uré han sido asesinados tres líderes sociales y, en lo que va del año, el conflicto ha desplazado de manera forzada a 930 personas, cifra cercana a la reportada en 2009, lo que evidencia la persistencia de las afectaciones contra esta comunidad.
El problema es que “no hay garantías de protección ni para los líderes ni para la comunidad”, destaca el líder, quien participó en la Mesa de Diálogo Multiactor sobre seguridad y protección para líderes y lideresas que promueven procesos de justicia transicional, implementación del Acuerdo de paz y defensa del territorio en el Caribe colombiano, realizada hace una semana en Cartagena.
En la Mesa confluyeron representantes de comunidades en Bolívar, Córdoba, La Guajira y Magdalena, espacio en el que líderes sociales y defensores de derechos humanos buscan un puente con diversas entidades estatales para establecer compromisos que fortalezcan su protección.
Para los líderes y lideresas asistentes, lo importante en este momento es que “exista una real voluntad política de protegernos”, dice otro de los defensores que, como los demás, solicitó la reserva de su identidad.
Según datos de la organización Somos Defensores, en la región Caribe han sido asesinados 26 líderes desde la firma de Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. La mayoría de las víctimas son presidentes de juntas de Acción Comunal, promotores de la sustitución concertada y voluntaria de cultivos de uso ilícito, y defensores de figuras como las Zonas de Reserva Campesina.
Tras un análisis de la situación, los líderes concluyeron que el enfoque de derechos humanos en la política de protección es únicamente discursivo; las políticas y medidas no se articulan como un sistema de prevención y protección ni enfrentan las causas del riesgo; y algunas personerías municipales no ejercen sus funciones de promoción y protección.
“Muchos funcionarios públicos todavía desconocen la Directiva 002 de junio de 2017 de la Procuraduría”, asevera una lideresa. El documento que referencia fue remitido por el Ministerio Público a los procuradores en todo el país, así como a autoridades civiles, policiales y militares, y contiene lineamientos para fortalecer la protección de defensores de derechos humanos, así como de líderes, lideresas y autoridades étnicas, así como a sus organizaciones y a quienes, en esa condición, participen activamente en la implementación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc. (Leer más en: “No habrá tolerancia ni impunidad para crímenes de líderes sociales”: Procuraduría)
Una de las críticas más reiteradas en Cartagena apunta al Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, según afirmaron varios de los consultados por este portal, “no es integral, las quejas y denuncias no son valoradas con la sensibilidad y urgencia que amerita su gravedad; y las autoridades no disponen de capacidad de reacción inmediata en situaciones de riesgo”.
Los líderes cuestionaron, además, que este programa carezca de enfoques diferenciales de género y étnico, y que se limite a vehículos blindados y chalecos antibalas que “dificultan las actividades de defensa de los derechos humanos en las comunidades rurales y a su vez, suponen un incremento del nivel del riesgo”.
En condición vulnerable
Una de las situaciones más complejas en la región Caribe es la proliferación de amenazas contra líderes, autoridades étnicas y defensores de derechos humanos, muchas de las cuales no son denunciadas ante autoridades locales por falta de confianza.
Voceros de la Unidad de Víctimas de Bolívar aseguran que sólo en el municipio de Carmen de Bolívar, a dos horas de Cartagena, conocen 70 casos de amenazas contra líderes. Por su parte, en el departamento de Magdalena, los integrantes de las cinco mesas de víctimas instaladas allí han recibido amenazas.
“Desde el año 2012 vengo asistiendo a reuniones y las instituciones tienen una hoja de ruta sobre qué deben hacer. Pero no hay una certeza de que cumplan, por eso, sigo en condiciones de desplazamiento”, se lamenta otro de los líderes de la región asistentes al evento. Aunque algunos reconocen que la prevención y protección no es asunto exclusivo de una entidad, reiteran la importancia de la coordinación interinstitucional.
Esa desarticulación se observa en los procesos de restitución de tierras que se han venido dando en este sector del país. Varios de los campesinos beneficiados con medidas judiciales mediante las cuales les devolvieron sus predios creen que la falta de cumplimiento de las sentencias los hace vulnerables.
Ejemplo de ello ocurre en el corregimiento de Salaminita en el municipio de Pivijay, Magdalena, donde 38 familias del antiguo centro poblado lograron un fallo a su favor en diciembre de 2016, y otras 16 familias del área rual en agosto pasado, pero no han podido retornar. Los primeros no cuentan con viviendas y los segundos esperan que les entreguen los predios.
“Cada vez que nos reunimos, vemos que nos hacen rondas en unas motos. Es preocupante, porque somos una comunidad que quiere volver a sus tierras”, asegura un líder de este municipio. (Leer más en: A Salaminita aún no llega la llave prometida por el gobierno nacional)
En el municipio de Zona Bananera, también en Magdalena, 49 familias campesinas, la mayoría de edad avanzada, sienten incertidumbre por la entrega material de sus fincas, restituidas por el Tribunal de Cartagena Mediante sentencia de enero de 2018. “En este momento hay dos líderes amenazados por los opositores. Hay un temor generalizado sobre qué va a pasar una vez a los campesinos les entreguen las fincas”, apunta otro líder. (Leer más en: Los silencios en la sentencia que restituye Las Franciscas a reclamantes)
En La Paz, Cesar, los campesinos alertan por la convulsión del conflicto armado como efecto de la guerra en la vecina región del Catatumbo. En medio de todo ello, hay una población campesina que lleva años luchando por la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Perijá, una figura concebida por la Ley 160 de 1994 y que el Acuerdo de Paz prometió cumplir con la Reforma Rural Integral.
Sin embargo, en el vecino municipio de Chimichagua fue asesinado el pasado 21 de agosto Luis Henry Vera Gamboa, enlace dinamizador de la Mesa Regional Campesina del Perijá, organización social que ha impulsado la sustracción de reserva forestal de 74 mil 947 hectáreas del Perijá para la constitución de la Zona de Reserva Campesina de esa región. (Leer más en: Persisten altos niveles de riesgo contra líderes sociales en Cesar)
En el departamento de La Guajira, las solicitudes de restitución comenzaron a ser estudiadas desde 2016, cuatro años después de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues solo hasta ese momento la Unidad de Restitución de Tierras (URT) pudo microfocalizar los municipios de Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Villanueva y El Molino, es decir, tras recibir el aval de seguridad para documentar las reclamaciones.
Pero el ambiente se ha enrarecido este año. “Hace menos de un mes circuló un panfleto que amenazaba a una de las compañeras que trabaja en los procesos de restitución del departamento. La amenaza fue de frente al esquema colectivo de protección”, cuenta una de las líderes de la comunidad.
Hay compromisos
Ahora, con el nuevo gobierno del presidente Iván Duque (7 de agosto de 2018) y las próximas administraciones territoriales, que se elegirán en octubre de 2019, los líderes esperan un mayor compromiso en la prevención y protección de sus vidas, para que cesen los crímenes y amenazas contra ellos y las comunidades que representan.
En la reunión, Donaldo Ardila Arroyo, delegado de la Unidad de Víctimas, se comprometió a aportar información para robustecer el informe sobre el panorama de riesgo en el Caribe presentado por la Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio en Colombia (ENI-Colombia). Por su parte, Sebastián Castaño, asesor de la Unidad Nacional de Protección, buscará concertar una posible reunión con el Director Nacional de la entidad, para mejorar la estrategia de prevención y protección en la región, articulado con el Ministerio del Interior.
Zulima Rojas, funcionaria del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, integrado por 18 agencias del Estado, aseguró que presentará la priorización de la región Caribe en la sesión plenaria de diciembre próximo, proyectando una sesión territorial para el año 2019. A su vez, Elena Ambrosi, procuradora delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados, y Gabriel Cera, Delegado Disciplinario para la Defensa de los Derechos Humanos del Ministerio Público, reiteraron su compromiso en seguir difundiendo la Directiva 002 y las alertas tempranas 026 y 042 de la Defensoría del Pueblo, que documentan los riesgos y vulneraciones contra líderes sociales en todo el país. (Lea: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
En ese sentido, Margarita Jaimes y Sofía León, funcionarias de la Defensoría, propusieron articularse con la Procuraduría, mientras Ana María Quintero, de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteró el compromiso de continuar con su labor de monitoreo, así como de proponer que Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, incluya al Caribe en su agenda de visita oficial a Colombia, que comenzará el próximo 20 de noviembre.
“De verdad esperamos que las instituciones cumplan porque llevamos años reuniéndonos, haciendo propuestas. Esto es tiempo de nuestras vidas, de venir a la ciudad a contar lo que pasa. Los líderes sociales somos importantes porque representamos las necesidades de comunidades que llevan años exigiendo soluciones, para vivir con tranquilidad en el territorio”, concluye uno de los líderes.
