Una corte de apelación norteamericana resolvió que una mujer cuyo hijo fue desaparecido en noviembre de 2002 en la comuna 13 de Medellín por paramilitares al mando de Diego Fernando Murrillo Bejarano, alias ‘don Berna’, no puede ser reconocida como víctima bajo las leyes norteamericanas y, por tanto, se queda sin piso cualquier beneficio de restitución económica.
Por IPC* especial para Verdad Abierta
Tres jueces de una corte de apelaciones del Distrito Sur de New York resolvieron una acción legal conocida como Writ of Mandamus, una figura que se asemeja a la tutela y a través de la cual se alegó que un juez federal había definido de manera muy limitada la definición de víctima contemplada en la Ley de Derechos de Víctimas (Crime Victims Rights Act, CVRA).
Lo que pretendían los apoderados de la mujer colombiana era que se aplicara la definición más amplia que contempla la legislación norteamericana y que está consagrada en la CVRA, pues son conscientes de que la desaparición del joven de la comuna 13 tenía un nexo claro con las actividades del narcotráfico que lideraba Murillo Bejarano en Medellín.
El alegato surgió el pasado 4 de marzo, cuando el juez federal Richard M. Berman le negó el otorgamiento de ese status a la mujer de la comuna 13 en una audiencia especial a la que asistió Murillo Bejarano. Esa vez argumentó que de acuerdo a la legislación norteamericana el joven desaparecido no había sido víctima del delito de conspiración para enviar cocaína a ese país y distribuirla en sus calles por el cual se procesa a alias don Berna.
En esa ocasión el juez Berman, al analizar los conceptos de la Fiscalía norteamericana, de la defensa del confeso narcotraficante y jefe paramilitar, y de los apoderados de la madre del joven desaparecido, concluyó que la peticionaria no es una víctima en el sentido de la CVRA, pues no logró demostrar que la muerte de su hijo tenía una conexión directa con el delito de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.
El caso ha venido siendo impulsado en Estados Unidos por la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley y la Corporación Jurídica Libertad.
Al respecto, el abogado Byron Gongora, de la Corporación Jurídica Libertad, explicó que si bien los jueces de la corte de apelaciones comunicaron la decisión al final de este martes, no la argumentaron. “Según la legislación norteamericana, ellos tienen hasta 36 horas para presentar el fallo ante las partes”, dijo desde New York.
Durante los minutos que duró la exposición de las partes, es decir, de los apoderados de la mujer colombiana y de los fiscales norteamericanos, los tres jueces preguntaron bastante sobre los efectos que tendría la decisión de otorgarle el status de víctima, pues al parecer temían que por esa vía se abriera una puerta para que los afectados por el accionar paramilitar de los jefes de las Auc encarcelados en ese país acudieran a instancias judiciales para reclamar sus derechos.
Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quien asistió a la audiencia, explicó que la decisión que tenían que tomar los jueces de la corte de apelaciones no era fácil, implicaba, a su juicio, cambios incluso en la legislación de ese país.
“Es comprensible que los jueces no se hayan atrevido a dar el paso”, declaró Cepeda, pero a la vez expresó su optimismo porque si bien en este caso se perdió una batalla jurídica, se ha abierto un camino y se acumuló experiencia para otros casos que involucran a jefes paramilitares.
“Hay que seguirse preparando con mucha perseverancia. Aquí se llegó a la segunda instancia por primera vez en la historia judicial norteamericana”, reiteró Cepeda.
Sibien Murillo Bejarano aceptó los cargos por conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos y distribuirla en varias ciudades de ese país, no se pudo comprobar que la muerte del joven de la comuna 13 haya sido producto de ese delito. Los fiscales hasta ahora no vinculan la violación de derechos humanos con el delito de narcotráfico, lo que hace difícil el camino de las víctimas del paramilitarismo en los tribunales norteamericanos.
“Pero en el caso de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, sí habrá posibilidades, porque él no sólo afronta cargos por narcotráfico sino por terrorismo”, indicó Cepeda al referirse al primer jefe de las Auc extraditado a ese país, el 7 de mayo de 2008.
“Eso implicará mayor trabajo jurídico para que las víctimas, en ese proceso, sean reconocidas por las leyes norteamericanas, en especial en otros estados, como Washington y Miami”, sostuvo el vocero del Movice.
Ahora viene la audiencia de sentencia contra alias don Berna, programada para las 10 de la mañana de este miércoles, donde se escuchará la decisión del juez Berman sobre la pena que le impondrá al confeso narcotraficante y jefe paramilitar, cuya condena está en un rango de 27 a 33 años.
Lo que lamentan los apoderados de la víctima del accionar de Murillo Bejarano y los defensores de derechos humanos es que sanción penal no contemple los crímenes atroces cometidos por el ex inspector general de las Auc y quien dominó a sangre fuego amplios territorios rurales y urbanos, incluida la ciudad de Medellín.
* Agencia de Prensa IPC
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