Después de la crudeza del conflicto armado, cientos de desplazados retornaron a la región, pero se encontraron con un panorama adverso por problemas de acceso y mala calidad del líquido vital. Ante la falta de respuesta institucional, buscan figuras jurídicas para proteger las fuentes hídricas.
En Montes de María hay un panorama adverso para las víctimas del conflicto armado. Pese a que muchos resistieron en el territorio y otros retornaron para reactivar su vida en el campo, la falta de acceso y calidad de agua es ahora su principal problema.
“La Mesa del Agua se reúne porque llevamos 10 años mostrando lo que sucede. Estamos creando propuestas concretas para buscar soluciones, es como hacer el trabajo que deberían impulsar las instituciones”, dice Wilmer Vanegas, uno de los habitantes de esa región del Caribe que incluye a municipios de Bolívar y Sucre, y quien hace parte de la Mesa Permanente por la Defensa del Derecho al Agua, un espacio de las comunidades campesinas y afrodescendientes de la región, en su lucha por proteger las fuentes hídricas.
El pasado 6 de diciembre se reunieron en Cartagena para pensar, con la ayuda de expertos, qué figuras jurídicas les permitirán recuperar y conservar el recurso natural. “En el territorio se le está dando prioridad al agua no para el consumo humano, sino para los monocultivos. Hoy vemos que las rondas hídricas, todo ese territorio que era campesino, está en manos de terratenientes que tienen el control del agua”, explica Hernando González, también integrante de la Mesa.
Con el apoyo de la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS), el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), las comunidades estudiaron figuras como las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, los Acuerdos de Conservación-Producción, el Distrito de Conservación de Suelos y el Distrito de Manejo Integrado. “Seguimos consumiendo agua contaminada. Ahora la problemática se está agudizando con los monocultivos y la minería. En Montes de María la mayoría de los cuerpos de agua se están secando”, señala Geovaldis González, miembro de la Mesa.
La preocupación de estas comunidades se enfoca en dos asuntos: el primero, que el agua del Distrito de Riego de María La Baja está a disposición de los cultivos de palma de aceite y piña, y los agroquímicos usados por estas industrias afectan su salud y seguridad alimentaria. Y segundo, que urge conservar los pocos reservorios que no están contaminados y que corresponden a los nacimientos que están en las partes altas del Distrito, en los municipios Carmen de Bolívar y San Jacinto.
Con tierra y sin agua
El Acuerdo de Paz promete en el punto 1 (Reforma Rural Agraria) infraestructura y garantías para que las comunidades campesinas puedan trabajar en el campo. Sin embargo, en Montes de María la población se enfrenta a una contradicción: allí el gobierno nacional priorizó los modelos de justicia transicional para reparar a las víctimas del conflicto armado, pero en la práctica, las comunidades que volvieron a estas tierras no tienen agua. (Lea: María La Baja, un retorno sediento)
El principal suministro del vital líquido para esta población proviene del Distrito de Riego de María La Baja, que cubre los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto y María La Baja, en Bolívar, y en menor proporción en San Onofre, Sucre. Como lo documenta el libro Historia del Distrito de Riego de María La Baja-Bolívar, se trata de un sistema de canales y represas que conectan entre sí construido en 1966 para garantizar la producción de alimentos, para ese entonces de arroz.
El conflicto armado provocó el desplazamiento de la población campesina. Justo cuando esto ocurría, a principios del nuevo siglo la industria de la palma de aceite se instaló en la zona. En 2007, como consta en un convenio del antiguo Incoder, el gobierno nacional le entregó la administración del Distrito de Riego a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala de María La Baja (Usomarialabaja), representada por Carlos Murgas Guerrero, el zar de la palma y dueño del Grupo Empresarial Oleoflores. (Ver Convenio Incoder y Lea: Carlos Murgas Guerrero, 40 años dominando la palma de aceite)
Para 2007, las comunidades apenas estaban retornando porque, dos años atrás, había concluido en la región la desmovilización colectiva de paramilitares, acordada con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Cuando volvieron, los campesinos encontraron que en las tierras predominaba la palma y que el agua era utilizada para ese cultivo.
“El acceso al agua está concesionada a Usomaría y el agua no es potable. Personas externas al territorio se han adueñado, no tenemos la facultad para decidir cómo y qué utilidad darle agua en nuestro territorio”, indica Edis Manuel Llerena Calvo, integrante del Consejo Comunitario Eladio Ariza, de San Jacinto.
Cuando las comunidades sintieron que la situación era crítica, crearon la Mesa del Agua en 2008, pero el camino no ha sido fácil. “En 2012 creamos un comité y amenazaron a tres líderes. Seguimos insistiendo, pero las instituciones no nos pusieron cuidado. No encontramos el respaldo institucional para la protección de estas fuentes hídricas”, recuerda González.
Desde entonces, la comunidad comenzó a tocar las puertas de las alcaldías de la región, la Gobernación de Bolívar y la Corporación Autónoma Regional del Canal de Dique (Cardique), advirtiendo sobre el aumento de los problemas intestinales y dermatológicos en la población, así como mortandad de peces.
“Antes, el agua no tenía químico, con ese poco de megaproyectos ha cambiado la textura del agua. No hemos podido superar las infecciones en mujeres y hombres, y las rasquiñas en los niños. Seguimos tocando el tema de la sentencia porque queda claro que al municipio no se le dado por hacer las cosas bien”, señala Luis Manuel Carballo, habitante de La Suprema, una vereda de María La Baja donde habitan 250 personas.
Carballo se refiere a la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Bolívar en 2014, frente a una acción popular interpuesta por la comunidad. En la decisión, los magistrados ordenaron al Municipio de María La Baja garantizar el servicio de acueducto y agua potable, algo que todavía sigue pendiente. En la reciente Mesa del Agua la comunidad explicó que lo curioso es que ese mismo año Cardique declaró parte del área del Distrito de Riego de María la Baja como Área de Importancia Estratégica Ambiental (AIE).
Según la Ley 99 de 1993, la Ley General Ambiental en Colombia, estas áreas se determinan para la conservación de los recursos que surten de agua a los acueductos municipales y distritales, es decir, para consumo humano. “El área declarada abarca el bosque tropical seco, las áreas de nacimiento de los arroyos, así como las represas que almacenan el agua del distrito de riego, que además es la fuente de agua del acueducto de la cabecera municipal y de los corregimientos que están en el área de influencia del sistema de riego”, explicó la comunidad durante la reciente reunión de la Mesa.
Voluntad política
Pese a la declaración de la AIE, la comunidad asegura que aún no hay acciones institucionales para proteger los nacimientos ni recuperar los cuerpos de agua del Distrito. Eso explica por qué los campesinos han tenido impulsar otros mecanismos de protección desde la Ley Agraria 160 de 1994 y los procesos de justicia transicional, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Sobre el primero, han buscado la constitución de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). En abril de 2018 lograron que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aprobara la primera en Montes de María, sobre 44 mil 481 hectáreas entre los municipios de Córdoba, Zambrano, El Guamo y el sector de San Angustín en San Juan Nepomuceno, a orillas del río Magdaelna. La otra, que abarca 11 municipios más, sigue en trámite por el estudio predial y la aplicación de la consulta previa. (Ver Acuerdo de creación)
Sobre el segundo, las comunidades esperan que el acceso y calidad del agua haga parte de la reparación integral, producto de los procesos de restitución. Pero en esta región las solicitudes que involucran palma han tenido tropiezos en el registro o siguen pendientes de sentencia. En María La Baja, diez campesinos de El Cucal solicitaron la restitución desde 2013 y en abril de 2018, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) apenas había notificado a dos que estudiaba sus casos. En La Candelaria, en el mismo municipio, la URT no aceptó la solicitudes (Lea: La restitución de tierras que aún no llega a El Cucal).
Según datos del Observatorio de Tierras y Territorios Étnicos de la Javeriana, de las 440 hectáreas que componen El Cucal, 303 están sembradas con palma; en La Candelaria, que tiene 904 hectáreas, 278 son de ese cultivo. Sobre procesos de restitución étnica, el consejo comunitario Eladio Ariza, en San Jacinto, espera desde 2015 una sentencia que les ayude a blindar su territorio. Allí de las por lo menos 2 mil hectáreas que componen el título colectivo que reclaman, 479 tienen palma (Lea: En Montes de María, comunidad afro le apostó a restitución étnica).
Mientras los montemarianos siguen insistiendo con las Zonas de Reserva y los procesos de reparación; cualquier figura jurídica ambiental que propongan para proteger las fuentes hídricas tendrá que ser avalada por Cardique. La preocupación es que cuando la comunidad ha propuesto crear zonas de protección o amortiguamiento, la institución les ha respondido que no es posible “dado que el Distrito de Riego no es un cuerpo de agua natural, sino que ha sido construido (intervenido) artificialmente”.
En María La Baja, la población tuvo que instalar algunas llaves de succión para acceder al agua subterránea y en la actualidad 1.200 pescadores han visto afectada su actividad económica, por la continua mortandad de peces. “Las aguas llegan contaminadas y afectan la seguridad alimentaria de nuestra vereda, que es Puerto Santander”, advierte Libardo Cassianis Pérez, habitante de la zona.
Lo que ocurre en esta región puede explicarse en la voluntad política para apoyar a las comunidades campesinas. El pasado 20 de noviembre el gobierno nacional fue uno de los 49 que se abstuvo de votar la adopción de la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales, celebrada en la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. La decisión generó la reacción de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, académicos y congresistas, que el 10 de diciembre emitieron una carta expresando su inconformidad y de paso, exigiéndole al presidente Iván Duque que adopte la Declaración. (Ver carta aquí)
“La actuación de la delegación colombiana en Naciones Unidas, cuya jefatura máxima recae en usted como Presidente, envía un muy mal mensaje al país y al mundo. Máxime cuando Colombia es un país agrícola y de fuerte tradición rural, y tiene un profundo déficit de protección hacia la población campesina. Esta necesidad fue además reconocida en el Acuerdo de Paz… donde precisamente se pactó una Reforma Rural Integral para dignificar la vida de los campesinos y campesinas, asunto al que igualmente apunta este instrumento internacional”, indica la misiva.
Mientras eso sucedía en el concierto internacional, la temporada de verano ya comenzó en el país y en Montes de María saben lo que eso significa: que el agua escaseará más que de costumbre. Lo que se pregunta la comunidad es por qué un recurso vital para la supervivencia deba pasar por tantas discusiones jurídicas y reclamaciones que, en su caso, ya suman una década.
