Corte Suprema decidirá suerte de ex congresista César Pérez por masacre de Segovia

      

La Corte Suprema de Justicia decidió cerrar la etapa de recolección de pruebas en el caso que adelanta contra el ex congresista César Pérez por la masacre de Segovia. Ahora el AltoTribunal deberá decidir si lo llama a juicio o no.








Nuevamente el diputado y ex congresita antioqueño se ve involucrado en líos judiciales. Foto Partido Liberal.

Los paras, César Pérez y el chance en el Urabá
La conexión antioqueña de los paras


Los parapolíticos y los crímenes de lesa humanidad
Los testimonios que implican a César Pérez con la masacre de Segovia


 



La Sala Penal de Corte Suprema de Justicia cerró la etapa instructiva del caso contra el ex representante antioqueño César Pérez García, procesado por los hechos ocurridos en Segovia  el 11 de noviembre de 1988 en los que paramilitares asesinaron a 43 personas de ese municipio.

Concluida esta fase, y tras haber negado los recursos que insistían en ampliar los plazos para la práctica de pruebas, el Alto Tribunal pasará a definir si precluye la actual investigación contra el ex congresista o si profiere resolución de acusación, con lo cual se daría paso a etapa de juicio.

El pasado 22 de julio de 2010, El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) capturó en Medellín al diputado César Pérez García. 

La orden de captura fue emitida por la Corte Suprema de Justicia como parte de la reapertura del caso hecha en mayo de ese año, pues consideró que allí se había cometido un delito de lesa humanidad y decidió vincular a las investigaciones al diputado y ex congresista antioqueño. A Pérez García se le investiga por los presuntos delitos de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.
 
De acuerdo con los testimonios y los documentos evaluados por la Alta Corte, la masacre hizo parte de las operaciones paramilitares contra los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) que, para esa época le había ganado las elecciones al Partido Liberal, de donde procede Pérez García, y tenía gran aceptación entre los pobladores de Segovia y municipios vecinos como Remedios.

A Pérez García lo incriminan paramilitares como Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘el negro Vladimir”, quien fue uno de los autores materiales del múltiple asesinato. De acuerdo a versiones entregadas a las autoridades judiciales, Pérez García presuntamente incitó a los paramilitares para que cometieran ese crimen: “él le pidió a Fidel Castaño que sacara a la U.P. de Segovia, Fidel Castaño lo conectó con Henry Pérez y ya ellos en reunión explicaron los motivos para la masacre”, dijo ‘Vladimir’ a los investigadores que ahora procesan a Pérez.

Inicialmente, el cacique liberal fue procesado y capturado el 8 de agosto de 1995, pero los cargos en su contra fueron retirados por asuntos técnicos. El proceso cesó a su favor el 29 de agosto de 2000, cuando un juez lo absolvió de los cargos.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Antioquia, aseguró que esta incursión sangrienta de paramilitares debe ser considerada como uno de los primeros casos de parapolítica en el país, pues a su juicio contempló la articulación de militares, políticos y paramilitares para recuperar el poder político que le arrebató la UP. En las elecciones de 1992 el Partido Liberal recuperó su poder regional en el Nordeste antioqueño.

Pérez García, abogado de profesión y oriundo del municipio de Remedios, se desempeñó por cinco períodos como Representante a la Cámara; además, ha sido Concejal y Diputado, y presidió la Federación Nacional de Diputados. Es fundador del movimiento Convergencia Liberal, un sector del Partido Liberal en Antioquia. En sus actividades en el sector privado se desempeña como Rector y Miembro del Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia a la que se vinculó desde 1976.

Además, su vida política ha estado asociada a prácticas de corrupción y por ello perdió la curul en la Cámara de Representantes en enero de 1994 y su asiento en la Asamblea Departamental de Antioquia en el 2010. Además, fue condenado recientemente a 8 años de detención domiciliaria tras comprobársele malos manejos administrativos cuando se desempeñó como Presidente de la Asamblea en 1998.