En los municipios de Morales, Tiquisio, Arenal y Norosí, fueron detenidas 12 personas sindicadas de pertenecer a las redes de apoyo de la guerrilla del Eln. Algunas de ellas son integrantes del movimiento social Congreso de los Pueblos. ¿Quiénes son, por qué los apresaron y cuáles han sido los impactos de estas detenciones? (Artículo actualizado)
Este movimiento tiene sus orígenes en la minga de resistencia indígena de 2009, cuando alrededor de 12 mil nativos se tomaron la Vía Panamericana en reclamo por el incumplimiento de los acuerdos que habían suscrito con el Gobierno en 2004. Posterior a ello, se sumaron procesos sociales, juveniles, estudiantiles y sindicales para darle nacimiento a una minga social y comunitaria. Foto: Andrés Celis.En la noche del martes y la madrugada de ayer, en un operativo conjunto entre la Sijin de la Policía y el Ejército, se allanaron las residencias de Isidro Alarcón, Francisco Zabaleta y Milena Quiroz, tres líderes sociales y defensores de derechos humanos de la región del Magdalena Medio. (Ver comunicado)
Junto a ellos, nueve personas más fueron detenidas por el delito de concierto para delinquir. Entre la lista de capturados se encuentran un conductor de bus y ocho mineros artesanales, todos conocidos en la región del Sur de Bolívar y pertenecientes a la Federación Agrominera del sur del Bolívar (Fedeagromisbol). Según información de Fiscalía, el operativo se adelantó en contra de las redes de minería ilegal y se espera que esta semana se ejecuten alrededor de 26 órdenes de capturas más.
Lo cierto es que en la región y en el país los detenidos son conocidos, no por algún vínculo con la guerrilla del Eln, sino por su liderazgo en distintos procesos sociales de los que hacen parte. Milena, Isidro y Francisco son integrantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y miembros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), de la cual, Milena es vocera hace varios años.
El trasegar de esta líder con las comunidades campesinas y afrodecendientes la llevó a asumir la vocería en escenarios locales y nacionales, así como la representación legal del consejo comunitario afrodescendiente Casimira Olave Arincón Amela y de la Cooperativa Multiactiva de Arenal. A su vez, se desempeña como periodista de la emisora comunitaria La Negrita, del municipio de Arenal, desde la cual ha denunciado las afectaciones por el conflicto armado, el daño medioambiental por la presencia de multinacionales mineras y el abandono de la región por parte del Estado.
Lo mismo ocurre con Isidro, quien es líder local del Proceso Ciudadano, donde representa los intereses de la vereda Micoahumado del municipio de Morales. Francisco Zabaleta, por su parte, desde hace años trabajaba para la comunidaddel municipio de Norosí, siendo vocero de ellos en la CISBCSC.
A ello se sumó el intento de captura en Barrancabermeja de Arisolina Rodríguez, también vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar, donde participaba en un foro regional sobre garantías y participación política de los movimientos sociales. Allí, según informan los organizadores, buscaban recoger aportes de organizaciones a nivel territorial para la promoción de la “participación ciudadana y el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social”. Los asistentes al evento se opusieron a la detención.
Las 12 personas fueron capturadas por órdenes de un juez de Cartagena, ciudad a la que fueron trasladados ayer mismo, para iniciar el proceso de imputación de cargos. El hecho generó una ola de rechazo por parte de los movimientos sociales y personalidades políticas, especialmente del Polo Democrático.
En contraste, para la Policía Nacional estas capturas representan “un golpe al Eln”. Así lo afirmó el general Gonzalo Londoño, comandante de la Regional 8 de esa institución. En declaraciones de prensa dadas en Cartagena, el oficial explicó que las detenciones son el resultado de un trabajo de inteligencia adelantado por miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.
“Es un trabajo de más de diez meses por parte de nuestros investigadores que hicieron posible la obtención de doce órdenes de capturas que se hicieron efectivas hoy -ayer- en la madrugada. A uno de los capturados le hallaron una pistola 9 milímetros, y doce millones de pesos en efectivo. También hallamos panfletos del Eln, celulares y tabletas. Logramos la desarticulación de una estructura que delinquía en el sur, con temas de extorsión, constreñimiento y desplazamiento forzado, y todo lo relacionado con apoyo al Eln. Hacían reclutamiento de jóvenes para ingresar a este grupo subversivo”, explicó el general Londoño.
En contexto
La participación dentro de la emisora comunitaria llevó a que Milena Quiroz fuera amenazadas por los grupos paramilitares y señalada por las autoridades locales de pertenecer a la insurgencia del Eln. Foto: Cortesía: Congreso de los PueblosDesde hace más de una década la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar coordina las comunidades locales, organizaciones sociales y al gobierno departamental y nacional para garantizar la defensa de los derechos humanos en el territorio, proteger el medio ambiente y generar proyectos productivos para el desarrollo de la región.
Esta comisión, integrada por distintas organizaciones sociales, ha tenido entre sus tareas recientes la veeduría de la implementación del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional en lo que concierne a la participación política de las comunidades y a la erradicación de cultivos ilícitos. Además, en darle celeridad a los pactos logrados con la Cumbre Agraria 12 de junio de 2016.
Los matices de la protesta campesina
El senador Iván Cepeda, garante por parte del gobierno nacional ante la Comisión, ha acompañado los distintos procesos sociales de esta región, siendo testigo del incumplimiento ante lo acordado con la Cumbre Agraria y denunciando en el Congreso las infracciones a los derechos humanos que se cometen en los territorios.
“La realidad es muy compleja en esta región del país, distintos factores atentan contra la economía campesina y contra la minería ancestral, que hace parte de fuente de la supervivencia de los campesinos de a pie. Si le agregamos los incumplimientos del gobierno, se acumula un malestar social y un déficit económico para las comunidades”, señaló Cepeda en diálogo con VerdadAbierta.com.
Muestra de ello es la reunión adelantada la semana pasada en desarrollo de la Mesa de Tierras y Territorios de la Comisión, en el municipio de Puerto Wilches, Santander, en la cual participaron varias de las personas capturadas. Durante el encuentro se denunciaron los incumplimientos y se le pidió al gobierno nacional no obstaculizar los procesos ni poner “trabas” para el desarrollo de los proyectos productivos en la región.
“Las denuncias que se hicieron fueron contundentes, no sólo por el incumplimiento del gobierno sino por la situación de derechos humanos que vive la región por la presencia de grupos paramilitares, la constante amenaza con la que vive el medio ambiente a causa de la intervención de los mega proyectos y la locomotora minero-energética”, señaló un campesino presente en la reunión, quien pidió la reserva del nombre.
Para el senador Cepeda, los acuerdos, sistemáticamente incumplidos, agravan la situación de derechos humanos y cierran la oportunidad de buscar economías alternativas para los campesinos; asegura, además, que pretender callar al movimiento social no es la mejor respuesta por parte del gobierno nacional: “No hay minería ilegal ni injerencia del Eln, sobre estas comunidades. Son campesinos luchando por su sustento. La decisión de hoy (las capturas) no tiene sustento jurídico, es infame y apunta a acabar los procesos que desde hace años se mantienen en la región para evitar que las multinacionales dañen la tierra”.
¿Un movimiento perseguido?
Comunidades afro y campesinos seguirán trabajando en el territorio para exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdo pactados. Foto: archivo SemanaNo es la primera vez que ocurre una captura masiva en contra de integrantes del Congreso de los Pueblos. A principios de julio de 2015 fueron capturados 12 de sus militantes en la ciudad de Bogotá, a quienes las autoridades presentaron como integrantes de una red urbana del Frente Domingo Laín, del Eln, y los acusaban de ser quienes orquestaron los atentados con petardos en contra de las sedes de la AFP Porvenir y otros hechos que alteraron el orden público durante 2014 y principios de 2015.
En diálogo con este portal, Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur del Bolívar, aseguró que la complejidad que se vive en los municipios de esa región se da por los múltiples intereses que hay, tanto de los actores armados como los del Estado, lo cual lleva a que todos persigan directa o indirectamente a los líderes sociales.
Congreso de los Pueblos: ¿Un movimiento bajo sospecha?
“La versión de la Fuerza Pública es decir que somos afines o guerrilleros del Eln, la amenaza siempre ha sido la misma. Pero la realidad es que llevamos más de 20 años en la defensa del territorio, entendiendo por ello, el cuidado de la tierra y los recursos naturales”, aseveró el líder campesino.
Según testimonios de algunos campesinos de la región, recientemente el gobierno nacional se había comprometido a darle un tratamiento especial a los mineros artesanales; las fuentes consultadas aseguraron que, en documentos firmados por el viceministro de Minas y Energía, Carlos Cante Puentes, se determinó que les darían mayor atención y los ayudarían con el desarrollo de los proyectos alrededor de esta actividad.
Sin embargo, denuncias deesta federación agrominera documentan que luego de una visita que se hizo a la región, representantes del gobierno nacional constataron cómo se desarrollaban los trabajos en las vetas auríferas y comenzaron a pedir requerimientos técnicos, estudios, y presupuestos de las pequeñas asociaciones de mineros artesanales. Esa actitud fue interpretada como un intento de obstáculo y sería denunciado en una mesa de trabajo propuesta por las organizaciones para discutir la manera en que se está ejerciendo la minería artesanal.
Para Beleño, la persecución que se ha desatado en contra de los procesos del Sur de Bolívar no es más que otra manera de “callarnos la boca a quienes hemos insistido en denunciar los incumplimientos del gobierno y a los que alertamos sobre los peligros que corremos quienes defendemos la vida y la tierra en las zonas de álgida confrontación armada”.
Por su parte, Zoraida Hernández, representante de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, aseveró que la persecución política en contra de la organización no es de ahora y que las amenazas se incrementaron desde que en la región se está denunciando una nueva incursión paramilitar.
Pasado de violencia y abandono
Las vías fluviales del sur de Bolívar han sido un objeto de disputa por parte de los actores armados, no ha habido un solo año en el que no se presente un inconveniente entre las partes, el más reciente, el secuestro de 15 pescadores por parte del Eln el 16 de enero de 2016. Foto: archivo SemanaEl Sur de Bolívar es una subregión del Magdalena Medio en la que el conflicto armado no se ha desactivado. Por allí han pasado todos los actores armados, desde guerrillas hasta paramilitares. Los primeros en llegar fueron los del Eln en 1975; luego las Farc, en 1983; y el Ejército Revolucionario Popular (Erp), en 1994.
Los ‘paras’, por su parte, arribaron por órdenes de los hermanos Vicente y Carlos Cataño en el año 1998 con el Bloque Central Bolívar (BCB), al mando de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, quien sembró el horror en esta zona cometiendo masacres, desplazamientos y asesinatos selectivos.
Las masacres de Julián Bolívar en Simití
Esta subregión ha sido clave para los actores armados por la conexión con el Nordeste antioqueño, las cuencas fluviales del rio Magdalena, y la cercanía con el Nororiente santandereano y el Sur de Cesar, tres zonas disputadas a sangre y fuego durante varias décadas para la producción ilegal cultivos de hoja de coca y la explotación de oro.
El conflicto y el abandono del sur de Bolívar
Desde finales del año pasado los pobladores de esta región vienen denunciando la presencia de grupos armados ilegales que han hecho presencia en la zona amedrentando y generando zozobra entre los campesinos. A principios de años circuló un panfleto firmado por las ‘Águilas Negras’ amenazado a pobladores, reclamantes de tierras e integrantes de organizaciones sociales.
Este año, según cuentan sus habitantes, aparecieron los ‘R-15’, un grupo de encapuchados armados que señalan y hostigan a la población de San Pablo, lo que ha ocasionado varios desplazamientos forzados, en especial de reclamantes de tierras.
Pese al complejo panorama en la región, voceros del Congreso de los Pueblos reiteraron que continuarán con su trabajo en la región y que, por lo pronto, iniciarán una campaña para que no se vayan a cometer más ‘falsos positivos judiciales’ en contra de la organización, exigiendo la libertad inmediata de las personas que fueron detenidas.
“Ser líder en Colombia no es un delito, el gobierno nacional debe dar las garantías al movimiento social, debe proteger a los líderes y lideresas que estamos aportando a la construcción de la paz. No hay posibilidades de construir paz cuando nos siguen matando y judicializando. Exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros”, aseveró, en tono enérgico Alberto Castilla, senador y vocero del Congreso de los Pueblos.
Sociedad civil se prepara para diálogos con Eln
Por ahora, tanto la Federación como la Comisión seguirán articulados al trabajo propuesto en la Mesa Social para la Paz, espacio desde el cual están construyendo una propuesta de participación de la sociedad civil dentro de los diálogos desarrollados en la mesa de conversaciones entre la guerrilla del Eln y el gobierno en Quito, Ecuador.
Durante el transcurso del jueves, varias organizaciones sociales, entre ellas el Cinep, emitieron un comunicado en el que plantean la falta garantías para la participación en los foros regionales sobre participación política. Ello a raíz de que dos miembros de la Sijin se presentaron en un foro que se celebraba en Barrancabermeja, Santander, donde se presentaron para ejecutar una orden de captura contra Arisolina Rodríguez, líder social de la Cumbre Agraria y de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar y sur del Cesar.
Además, indican que “durante décadas hemos trabajado con diferentes sectores para garantizar su participación, organización y derecho a la protesta social. Estamos comprometidos con la construcción de paz territorial y trabajamos para ponerle fin a la estigmatización de líderes y organizaciones sociales que concentran su trabajo en regiones fuertemente afectadas por el conflicto”. (Ver comunicado)
