Varias organizaciones sociales, movimientos políticos y sectores académicos vienen trabajando en una propuesta metodológica para facilitar la participación de la sociedad civil en la mesa de diálogos del gobierno con la guerrilla del Eln. ¿Qué tan viable es?
Foto: Colectivo Mecha Libertaria.En los acercamientos que se han dado entre distintos gobiernos en las últimas dos décadas con el Eln para buscar una solución negociada a su alzamiento en armas, una de las exigencias que siempre plantea esa guerrilla es la participación de la sociedad civil con voz y voto en la mesa de diálogos. En las nuevas conversaciones, que arrancan este 27 de octubre, el tema es el primer punto de la agenda.
No obstante, es muy poco lo que se conoce de cómo será la manera en que las distintas organizaciones, movimientos cívicos y políticos, sectores y ciudadanos de a pie puedan participar en esta negociación de manera tan directa como pide el Eln. Ese grupo alzado en armas ha sido claro en advertir que ellos no serán los que digan cómo y de qué manera va a participar la gente, sino que esperan que sea la misma ciudadanía la que proponga los mecanismos de participación.
Mesa del gobierno y Eln entre incertidumbres y esperanzas
Ante ello, el Congreso de los Pueblos, la Asociación Minga, la Campaña Por una Paz Completa, Iglesias Presbiterianas y académicos, reunidos en el Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz, están desarrollando una propuesta que llevarán a la mesa de diálogos con el Eln una vez se solicite por las partes; en ella se incluirá la metodología, tiempos, y alcances de dicha participación.
En diálogo con VerdadAbierta.com, miembros del Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz aseguraron que lo que vienen trabajando es un insumo que debe ser discutido con los demás actores que se sumen a participar del diálogo, al cual esperan que asista la totalidad de los gremios económicos.
De los Cabildos Abiertos al Diálogo Nacional
Foto: Colectivo Mecha Libertaria.“La participación de la sociedad la estamos mirando desde dos componentes, uno territorial y otro sectorial. Para el caso del territorio se debe mirar las particularidades de cada una de las regiones y atender cada una de las demandas que existan en veredas, corregimientos y municipios, para luego articularlas a nivel departamental y finalmente a un aspecto más amplio a nivel nacional”, aseguró Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos.
Para garantizar la participación de todas las comunidades territoriales, la metodología señala que se deben diferencias los municipios pequeños, intermedios y grandes y priorizar cada una de las necesidades, y aunque todas sean relevantes, habrá algunas de mayor consenso. Es decir, que estará incluido desde la necesidad de la construcción de un puente entre veredas para mejor el flujo comercial hasta la consulta previa que vienen impulsando algunas organizaciones para la intervención o no de sus territorios.
Como segunda medida la propuesta se centra en definir unos ejes nacionales de discusión, como el tema de género, medio ambiente y minería, entre otros, que sean discutidos por cada sector para luego generar una propuesta conjunta por cada eje.
Aparte de ello, se pretende recoger las agendas incumplidas de negociaciones entre los gremios y el gobierno nacional, como es el caso reciente de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que el día de ayer suspendió la mesa de negociación por el incumplimiento de los acuerdos firmados en 2014 y reglamentados en el Decreto 870 de ese mismo año.
“Hemos planteado inicialmente que esta primera fase de diálogos territoriales dure alrededor de año y medio. No pueden ser discusiones solamente de las organizaciones ni de los movimientos, por eso se busca que sea el espacio más incluyente el adecuado para la disertación”, agregó Quiroga.
Ahora bien, pese a lo ambicioso de la propuesta, la metodología plantea que estas deliberaciones se den bajo alguno de los mecanismos de participación ya establecidos normativamente, como los Cabildos Abiertos, con el fin de que el resultado de las discusiones sea vinculante directamente con el gobierno. Aun así, no descartan otras maneras de participación como las mingas, asambleas barriales, y congresos de organizaciones.
Tras la etapa de discusión, la metodología establece el inicio de una fase vinculante, donde lo deliberado en los territorios y sectores se transforme en acuerdos, ordenanzas, decretos o leyes, lo cual tendrá que surgir necesariamente luego de que se discuta entre el gobierno nacional y el Eln, lo que exigirá definir unas vocerías por territorios y sectores para participar en las negociaciones con este grupo guerrillero.
Para Olimpo Cárdenas, integrante del Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz, el centro del debate con el gobierno nacional estará en si lo discutido es de carácter vinculante o solo será un insumo aportado por la ciudadanía.
“Somos conscientes de lo ambicioso que es la propuesta, pero por ello vamos por etapas y mirando cómo se puede ir avanzando en el tiempo. No se puede resolver un conflicto de más de 50 años en una mesa de solo 20 o 30 personas, no puede pasar lo de La Habana, donde se quedaron los territorios sin representación”, precisó Cárdenas.
Pese a que en el papel el mecanismo parezca loable su aplicación en el terreno, de llegar a quedar la propuesta, va a ser muy dificultosa, no tanto por el interés en la participación ciudadana, sino porlas discusiones con los demás sectores, como los empresarios y grandes propietarios de tierras, quienes ya han manifestado suinterés de sumarse a un eventual encuentro sectorial, donde seguro se tocaran temas espinosos en los que ningún lado va a querer ceder.
El Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz tiene claro que a la construcción de propuestas y acuerdos con las Farc le faltó “pueblo”. Por ello, ven en el Diálogo Nacional la herramienta ideal para recoger e incluir los debates en las conversaciones con el Eln que se dejaron de lado y que hoy día siguen siendo pieza clave de discusión y movilización en los territorios.
“La Habana fue un inicio”
Firma del Acuerdo Final entre el presidente Santos y el jefe de las Farc en Cartagena. Foto: Presidencia de la República.“Si nos remitimos al detalle del papel, el Acuerdo Final, es un insumo más para el Diálogo Nacional, pero en el análisis es la exigencia del cumplimiento a los acuerdos logrados en la Constitución del 91”, aseveró Diego Pinto, integrante de Procesos Comunitarios y Barriales de Bogotá.
Tanto este activista como la mayoría de voceros, tanto de las organizaciones sociales como de los movimientos políticos, consideran que los foros realizados por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas a instancias del gobierno nacional y las Farc no recogieron todo el sentir de las comunidades y solo se esbozaron, dentro del Acuerdo Final, unas mínimas exigencias de los procesos territoriales y de los sectores campesino, estudiantil y sindical.
“Hicieron varios foros, se recogieron relatorías e incluso se sacaron libros que se llevaron a La Habana, se leyeron y ahí quedaron, como un insumo de participación más no como un hecho vinculante. ¿Qué pasó con las decenas de propuestas que se redactaban y se enviaban?”, se preguntó Cárdenas.
Para el Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz es un hecho que el gobierno nacional le tiene que dar una salida jurídica al Acuerdo Final con las Farc y aplicarlo, pero también ven el documento como un inicio a una aproximación de un Dialogo Nacional que, con la vinculación directa de las propuestas que quedaron en el “congelador” de La Habana y las nuevas que surjan de los distintos sectores, se llegue a un consenso de mayorías y se discutan con el Eln.
¿Nueva oportunidad para las comunidades?
Foto: archivo Semana.“Nosotros, como comunidad negra, consideramos que se abre una oportunidad para que nuestra participación de los diálogos sea desde el comienzo y no desde el final, como fue en La Habana”, relató Víctor Moreno.
Para este líder afro, perteneciente al Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc), el inicio de la mesa de diálogos con el Eln abre una nueva esperanza para vincular las reivindicaciones de su comunidad a un acuerdo jurídico y asegura que, desde hace un mes, vienen adelantando un documento de propuestas que no fue incluido en el Acuerdo Final y que consideran relevante para el desarrollo de su comunidad.
“La idea que tenemos es generar un documento en conjunto con las comunidades indígenas, en el que tengamos la posibilidad de plantear nuestras inquietudes y hacerlo de manera directa, no por intermediarios”, enfatizó Moreno.
El borrador de la propuesta plantea que sean los consejos comunitarios territoriales los que hagan erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito, que los planes de desarrollo se discutan directamente con Planeación Nacional y que se establezca la consulta previa como el mecanismo de consulta predilecto para que la comunidad sea la que decida la intervención o no en sus regiones.
Lo mismo ocurre con otras comunidades a nivel territorial. Jimmy Moreno, ambientalista y líder comunitario de Santander, dijo que ahora podrá entrar en discusión la preservación del agua, la defensa de los páramos, las fuentes hídricas y de todos los ecosistemas estratégicos.
“Somos las comunidades las llamadas a mejorar la construcción de las leyes ambientales, somos las que debemos participar aportado el conocimiento de tantos años en terreno. Es ahora el momento de sumarnos al Diálogo Nacional para hacer de nuestras peticiones históricas una realidad”, reiteró Moreno.
Por ahora, lo trabajado por el Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz es un primer insumo sobre lo que puede ser la participación de la sociedad en la mesa de negociaciones con el Eln. Para el 3 de noviembre se tiene pensado el lanzamiento de esta plataforma de actores con el fin de agrupar más iniciativas y procesos que quieran aportar metodologías y herramientas para la discusión del primer punto en Quito, Ecuador.
