Organizaciones de la Cumbre Agraria cuestionan el incumplimiento del gobierno nacional, otras creen en los acuerdos con las Farc y no salieron a protestar y, en medio de ello, las guerrillas sacan provecho. La situación se ha agudizado en Cauca, tras la muerte de dos indígenas.
Las promesas incumplidas de los paros agrarios de 2013 y 2014 son el aliciente de esta protesta social. Foto: Cortesía Minga Nacional Agraria.“Ir a un paro sería hacerle daño al proceso de paz”, afirma José Yesid Doncel, secretario político de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales de Caquetá (Coordossac), lo que revela el grado de compromiso de este colectivo social con las conversaciones que adelantan el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana, desde noviembre de 2012.
Este líder social sustenta su decisión en un aspecto que considera fundamental, sin irse en contra de aquellas organizaciones que sí atendieron el llamado las protestas agrarias que comenzaron este 30 de mayo: “Tratamos de reivindicar el uso de la tierra y la defensa de los derechos humanos y todo eso ya está prácticamente acordado en La Habana. Así que no tenemos argumentos para hacer un paro si lo de la implementación se cumple”.
En Norte de Santander tampoco todas las organizaciones están coordinadas para salir a las calles y carreteras. Una de las más radicales en el año 2013, cuando se dio el primer paro agrario, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), decidió no participar esta vez en la minga. Sus voceros explicaron a través de un comunicado que la prioridad es la Marcha por la Paz, programada para el próximo 15 de julio, como una muestra de respaldo a las mesas de diálogo de las Farc y del Eln con el gobierno nacional.
Ascamcat argumentó que tampoco salen a protestar por cuanto el Fenómeno del Niño afectó muy fuertemente los cultivos de los campesinos del Catatumbo, “situación que imposibilita la participación masiva en esta movilización o paro”. Asimismo, esbozan otros puntos de su agenda propia, entre ellos la sustitución efectiva de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, las críticas a la eventual erradicación manual de sembrados ilegales y la constitución de una zona de reserva campesina en esta región del nororiente del país.
El desarrollo de la protesta se agudizó en su cuatro día en el departamento de Cauca, en donde murieron los indígenas Gersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz a causa de impactos de bala. Las autoridades de la comunidad Nasa señalan como respondables a miembros del Esmad, de quienes dicen, están haciendo uso ilegal de armas de fuego: “la utilización desproporcionada e ilegal de la fuerza, es una contradicción a su discurso de paz y de la supuesta intención de dialogo con las organizaciones sociales movilizadas”.
Entre tanto, un consolidado de la Defensoría del Pueblo registró que el jueves ocurrieron 14 bloqueos en Cauca, Nariño, Chocó, Caldas, Tolima y Risaralda. En cuanto a los choques entre manifestantes y miembros de la Fuerza Pública, reportó un “saldo de 21 civiles y 7 miembros de la Fuerza Pública heridos, a los cuales se sumarían 36 lesionados más que están siendo verificados por la Defensoría y corresponderían a hechos de las últimas horas en Hobo, Huila”.
¿Cuáles sí están y por qué?
La Cumbre Agraria estima que hay cerca de 70.000 personas en las protestas y que están concentrados en más de 100 puntos por todo el país. Foto: Cortesía Minga Nacional Agraria.Las trece organizaciones sociales que integran la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular atendieron o atenderán la orden de salir a manifestarse en calles y carreteras ante lo que ellos califican como incumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno nacional de tres años para acá.
Se calcula que hay focos de protesta en 27 departamentos del país. Las manifestaciones son lideradas por la Cumbre Agraria y a ella se han sumado la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), el Congreso de los Pueblos y la Mesa Única Amplia, entre otras.
Contrario a Ascamcat, el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), que lidera diversos procesos agrarios en el Catatumbo y que hace parte del Congreso de los Pueblos, apoya la minga por las mismas razones que congregan a otras organizaciones del país y, además, porque sienten que el Estado solo ve a los campesinos como cultivadores de hoja de coca, no hay apoyo a quienes tienen cultivos tradicionales y por el mal estado de las vías terciarias y secundarias, que han sido mantenidas por peajes comunitarios.
Y es que ya llevan dos años las conversaciones entre el gobierno y los campesinos, y todavía no se han cumplido ni siquiera las promesas que hizo el Ejecutivo para sentarse a dialogar en la Mesa Única Nacional, compuesta por 35 organizaciones y en la que se tratan temas como ayudas para la agricultura, la seguridad de los líderes sociales o la sustitución de cultivos ilícitos.
El 2014, como recurso para que levantaran el segundo paro agrario que había ocurrido en menos de dos años, el gobierno se comprometió a destinar 250 mil millones de pesos con la esperanza de convertir esa inversión en un hábito cada año para fomentar la agricultura del país. También prometió priorizar 30 proyectos que presentara la Cumbre Agraria en temas de salud, educación, vías terciarias, infraestructura agropecuaria, acueductos y alcantarillados y financiar unos foros regionales de paz.
“Eran puntos aclimatadores que se pactaron para generar confianza entre las comunidades y los delegados del gobierno, pero éste los ha incumplido”, aseguró Robert Daza, uno de los voceros nacionales de la Cumbre Agraria.
Si bien promesa era por 250 mil millones, este vocero de la Cumbre Agraria asegura que el balance es negativo puesto que las comunidades solo han recibido, hasta ahora, 20 mil millones de pesos para la compra de semillas e insumos agrícolas. La queja es que por lo menos el 40% de los recursos se quedó en manos de intermediarios gubernamentales.
“Los técnicos del Ministerio de Agricultura sometieron a campesinos, cabildos indígenas y a los consejos comunitarios de los afrodescendientes a un paseo de la muerte por la cantidad de trabas que ponen para que no cumplan con los requisitos”, aclaró Daza, quien aseguró que, para un proyecto de seguridad alimentaria, el gobierno pidió 274 requerimientos antes de aprobarlo.
Las comunidades afrodescendientes también están elevando sus quejas. Emitio Pertuz, quien hace parte de la Mesa Única por parte de Chocó, asegura que a la minga entrarán formalmente el próximo 6 de junio en protesta porque el gobierno nacional no ha querido reconocer su autonomía ni ha cumplido lo que prometió en 2013 acerca de reglamentar la Ley 70 de 1993, que legisla sobre la titulación de los territorios colectivos de estas comunidades.
Otra de sus luchas, en la que se unen con los indígenas, es tener un espacio en la mesa de diálogos en La Habana para conversar con los voceros del gobierno y las Farc sobre temas que los tocan directamente, entre ellos el respeto a los territorios protegidos de las etnias colombianas, la eventual convivencia con guerrilleros desmovilizados y el tratamiento a los insurgentes que sean indígenas o afrodescendientes. A pesar de que han solicitado de manera insistente un puesto en la mesa de negociaciones, su pedido no ha sido atendido. (Leer más en: Los afros piden pista en La Habana)
“No ha sido posible que el gobierno garantice a indígenas y afro a sentarnos como pueblo a ver cómo es que están negociando sobre nuestro territorio y nuestros derechos”, se queja Pertuz.
Pero no es lo único que reclaman. Los afro también exigen seguridad para protestar, pues desde el año pasado, 14 integrantes de sus organizaciones sociales han sido asesinados sin que se sepa por quién;68 más han sido amenazados por grupos criminales como los ‘Rastrojos’ y las ‘Águilas Negras’; y otros 28 han sido detenidos “por hacer protesta social pacífica”, asegura Pertuz.
De hecho, este es uno de los puntos en los que la Cumbre Agraria no ve mucho avance. A pesar de que se creó una subcomisión dedicada única y exclusivamente a atender las denuncias en los territorios, en la que también está el gobierno, solo entre septiembre de 2014 y junio de 2015 se registraron casi 6.000 personas confinadas, cerca de 4.000 desplazados, 124 amenazas, 61 homicidios y más de 300 personas judicializadas que hacen parte de las organizaciones de la Cumbre Agraria, según un primer balance publicado el año pasado. (Leer más en: Tras acuerdo con gobierno nacional, líderes afro son amenazados en Cauca)
Otra de las razones de la protesta es el desacuerdo que tiene la Cumbre Agraria con la llamada Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), pues consideran que en vez de mejorar las condiciones de desarrollo rural en el país, las agudiza. Esto debido a que la nueva norma le permitiría a empresas agrícolas, forestales o ganaderas trabajar en tierras baldías siempre y cuando se asociaran con campesinos. El problema es que las zonas destinadas para ello chocarían con territorios indígenas y de afrodescendientes. (Leer más en: Nuevo reto para la Corte Constitucional en tema agrario)
“Desde el movimiento social buscamos que el campesino sea reconocido como sujeto de derechos de vital importancia para el país. Desprotegen al campesino con leyes como la que reglamenta las Zidres o las políticas del plan nacional de desarrollo, que ven al Catatumbo y a toda la región oriental como un simple cluster minero-energético y de agroindustria”, dice Yermin Sanguino, vocero de Cisca.
¿Y qué responde el gobierno? El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, declaró a la prensa que el gobierno ha cumplido la mayoría de los puntos y citó como ejemplos la realización de varios de los foros de paz con recursos de su cartera y habló de 143 proyectos agrícolas que están en ejecución. Según él, son convenios “directos con las 13 organizaciones que conforman la Cumbre Agraria para que sin intermediarios políticos, administrativos ni financieros ellos ejecuten sus proyectos productivos”.
Ante ello, Daza considera que el ministro Cristo se queda corto en su balance, pues el compromiso inicial era financiar 257 proyectos de las comunidades y hasta el momento esa meta no se ha cumplido.
Sobre las exigencias de indígenas y afros para acercase a la mesa de negociaciones en La Habana, Cristo afirmó que esta misma semana se definiría la fecha y los protocolos necesarios para que unos y otros conversen con las delegaciones del gobierno y la guerrilla. Según el jefe de la cartera del Interior, los acercamientos aún no se han dado por “inconvenientes con las Farc en cuanto a la metodología”.
Al respecto, en la mañana de este jueves las delegaciones de paz del gobierno y de las Farc anunciaron que entre el 20 y el 21 de junio recibirán a diez delegados de cada comunidad étnica para que planteen aportes y propuestas que sirvan como insumo para el punto seis de la Agendadel Acuerdo General: “implementación, verificación y refrendación”. También participarán dos representantes de la comunidad Rrom.
En su intervención, Cristo dijo que el gobierno está dispuesto a dialogar siempre y cuando las protestas sean pacíficas y no acudan a las vías de hecho. Por su parte, los voceros de la Cumbre Agraria han asegurado que este es un movimiento cien por ciento pacífico.
Rondan las guerrillas
En la fotografía se ve a los cinco soldados retenidos por la Guardia Indígena en Chocó. Foto: Cortesía de Defensoría del Pueblo.Pese a la voluntad pacifista de los organizadores del paro agrario, y a pesar de que insisten en que sus razones son justas, al parecer los grupos armados en algunas regiones del país se están aprovechando de las circunstancias para presionar a la gente, como le dijeron diferentes fuentes a VerdadAbierta.com.
La situación más crítica se registra en Arauca. Una conocedora del territorio, quien prefirió no revelar su nombre por condiciones de seguridad, sostuvo que en diferentes veredas tanto las Farc como el Eln han presionado a los campesinos e indígenas para que apoyen el paro. “Ya han direccionado qué comunidades saldrán del departamento a otras regiones, mientras que de Boyacá y Norte de Santander vienen hacia Arauca”, asegura la fuente consultada.
Además, explica que hay bloqueos en la vía Tame – Yopal; así como en Saravena, desde donde parte el oleoducto Caño Limón – Coveñas, y en el sector de Caricare donde está uno de los campos petroleros de Arauquita. “Es decir que están en puntos estratégicos de extracción de petróleo”, aclara la señora.
Esta mujer no desconoce que en ese departamento las organizaciones sociales también tienen motivos para marchar. Se destacan los procesos de reivindicación liderados por los indígenas debido al daño histórico que han ocasionado las petroleras en sus territorios o el mal estado de la vía La Soberanía, que comunica a Arauca con Boyacá y Norte de Santander. “Estaba dentro de los acuerdos de hace dos años y a pesar de que se ha hecho un llamado urgente al gobierno, sigue con problemas. Tanto que la gente la denomina la trocha de La Soberanía”, explica.
Ella dice que desde el primer día de la minga, el comercio paró casi por completo en Arauquita, Saravena y Fortul y que a pesar de que los cascos urbanos de cuatro de los siete municipios del departamento funcionan con normalidad, no ocurre lo mismo en las vías rurales. “Todas las salidas hacia Casanare y Boyacá están bloqueadas. No se puede entrar por tierra al departamento”, asegura.
Frente a la posible interferencia de grupos armados ilegales, el personero de Tame, Juan Carlos Villate, sostiene que en el municipio circula un mensaje a través del sistema WhatsApp en el que presuntamente las guerrillas “les dicen a las comunidades que se abastezcan porque el paro va para largo”. Pero no ha sido lo único. En los días anteriores a las protestas, las autoridades tuvieron que activar planes de seguridad, pues encontraron tres cilindros bomba en el río Guala Bajo y hubo dos hostigamientos a los militares en la vía que comunica a Arauca, a menos de 10 minutos del municipio.
Algo similar ocurre al sur del país. Diferentes asociaciones de víctimas del Bajo Putumayo aseguran que días antes del paro, las citarona reuniones y anunciaron que todas las corporaciones registradas legalmente están obligadas a apoyar la minga y a concentrarse en el corregimiento de Santana, en Puerto Asís, y en Mocoa. “Y cumplimos o cumplimos porque sabemos que quienes suelen estar detrás son los ‘guerros’ (guerrilleros de las Farc)”, afirma una líder de víctimas que solicitó la reserva de su nombre.
Ante estas situaciones, Daza asegura que las organizaciones de la Cumbre son autónomas y no son “correa de transmisión entre los grupos armados”. Según este líder, “hay cosas que no podemos controlar, como el hecho de que los grupos armados legales e ilegales intenten formar el caos con lo que estamos haciendo”.
“Como comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes tratamos de cerrar totalmente los espacios por donde pueda haber infiltraciones a nuestra protesta, pero en algunas regiones, ellos tienen mucha presencia e intentan entrar, pero no es decisión de nuestra y es el Estado el que tiene que controlar los movimientos de la guerrilla”, aclaró el vocero de la Cumbre.
Por su parte Edwin Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), reitera que “los actores armados no pueden tergiversar la movilización social”, y detalla que las comunidades indígenas han sido determinantes para controlar todo tipo de infiltraciones.
Uno de los casos ocurrió este martes, cuando la Guardia Indígena de Chocó retuvo a cinco soldados en el kilómetro 18 de la Vía Quibdó – Medellín que habían supuestamente desertado del batallón de ingenieros Luis Londoño Londoño y decían que se dirigían a la capital antioqueña, muchos de ellos sin maletas ni papeles. La Defensoría del Pueblo intervino en el caso y los hombres fueron devueltos a la guarnición militar.
A ello se suman las denuncias por exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional. De acuerdo con la información del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el indígena Emberá Willington Quibarecama murió el pasado 30 de mayo en Buenaventura tras ser arrollado por un camión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Por el momento así están los matices luego de dos días de protestas campesinas, que promete seguir si el gobierno nacional no solo dialogue con ellos sino que se comprometa a cumplir los acuerdos a cabalidad y no se queden, nuevamente, en falsas promesas.
