Este hombre no sólo es clave en el despojo de tierras en el Urabá antioqueño y chocoano para satisfacer la ambición de los jefes paramilitares Vicente y Carlos Castaño Gil, así como de Salvatore Mancuso, sino en obstaculizar la restitución que impulsa el gobierno nacional.
Benjamín Alvarado Bracamonte, quien por varios años fue buscado por las autoridades y presentado tras su captura como un enemigo de la restitución de tierras, es una pieza clave en el despojo de tierras en los departamentos de Antioquia y Chocó para los jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Su detención se produjo cuando investigadores de la Dijin de la Policía Nacional llegaron hasta una finca de la vereda Hoja Ancha de San Andrés de Sotavento, Córdoba, y tras identificarlo procedieron a su captura. Desde abril de 2011 fue presentado por las autoridades como uno de los integrantes del llamado ‘Cartel contra la restitución de tierras’. Por información que permitiera su captura se ofrecían hasta 200 millones de pesos.
Alvarado Bracamonte, quien se había radicado en Venezuela y portaba documentos falsos al momento de la detención, estuvo al servicio de las Auc en uno de sus frentes de trabajo: el despojo de tierras a campesinos de la región del Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano mediante la intimidación, la amenaza y el desplazamiento forzado.
Campesinos de Tulapa, una amplia zona que abarca los municipios de San Pedro de Urabá, Turbo y Necoclí, han señalado en diversos estrados judiciales a Alvarado Bracamonte como uno de los artífices del despojo de tierras a finales de la década del noventa y comienzos del dos mil, y como quien se oponía a los procesos de restitución de predios mediante acuerdos al parecer con bandas criminales emergentes una vez comenzó a ejecutarse la Ley 1448 de 2011, conocida como de Víctimas y Restitución de Tierras.
El capturado era conocido en el norte de Urabá como un hombre cercano al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, para quien compraría algunos predios en Tulapa, aprovechándose del desplazamiento forzado que padecieron decenas de sus pobladores tras incursiones de grupos paramilitares en sus territorios y cruentos choques armados con facciones de la guerrilla de las Farc.
Labriegos que han comparecido en los últimos años a procesos de restitución de tierras en el Urabá antioqueño ante magistrados del proceso transicional de Justicia y Paz, han señalado a Alvarado Bracamonte como “un trabajador de Salvatore Mancuso”, también como “colaborador de los hermanos Castaño (Vicente y Carlos)”, y la persona encargada de “comprar las tierras en San Pedro de Urabá a los vendedores”, que no eran otros que campesinos que por acciones bélicas y presiones armadas abandonaban sus predios en esa región del departamento de Antioquia, en límites con Córdoba.
En una audiencia de cancelación de títulos fraudulentos de propiedades del norte de Urabá, realizada en Medellín el 16 de septiembre de 2011, un magistrado de control de garantías de Justicia y Paz conceptuó que varias transacciones de tierras se hicieron de manera ilegal: “En dos o tres casos salta a otra negociación legítima, pero luego viene la negociación ilícita, es decir los negocios que hicieron estas víctimas con el grupo armado al margen de la ley, entonces esas 15 (propiedades) pasan de sus propietarios legítimos a sus propietarios ilegítimos”, entre ellos Alvarado Bracamonte.
En el Bajo Atrato chocoano
Rastreos en bases de datos también muestran que este comprador de tierras para los jefes de las Auc también estuvo por los lados del bajo Atrato chocoano en adquisición de predios para dedicarlos a la siembra de palma.
Tal es el caso de un predio registrado en la Notaría Única de Dabeiba, Antioquia, bajo la escritura 076 del 7 de abril de 2004, que le vendió a la firma Palma de Urabá (Palmura), implicada en el despojo de tierras de titulación colectiva en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, Bajo Atrato chocoano, donde el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil impulsó un ambicioso proyecto de siembra de palma a nivel industrial que hoy tiene en la cárcel a varios empresarios, inversionistas y comisionistas.
Adicional a ello, en la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación aparecen doce predios que le fueron incautados a Alvarado Bracamonte en el corregimiento Belén de Bajirá, entre los municipios de Mutatá, Antioquia, y Riosucio, Chocó. Según los certificados de tradición y libertad, todos ellos fueron adquiridos en abril de 1996, cuando estaban entrando a la región facciones de las Autodefensas Campesina de Córdoba y Urabá (Accu).
Hasta el momento las autoridades no han establecido si tanto el predio vendido a Pamura como aquellos que están bajo la administración de la DNE fueron adquiridos de manera fraudulenta a campesinos afectados por el conflicto armado en esa región chocoana a finales de la década del noventa y comienzos de la del dos mil.
Con los ‘Urabeños’
Fuentes policiales también han indicado que Alvarado Bracamonte, conocido con los alias de ‘Juancho’ y ‘Misael’, una vez desmovilizado de las Auc, se incorporó al grupo armado ilegal conocido como los ‘Urabeños’ o ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que surgió en el norte del Urabá antioqueño a finales delaño 2006 una vez concluyó la desmovilización colectiva de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional.
Su incorporación en este grupo armado ilegal le posibilitaría tener injerencia en la restitución efectiva de tierras a campesinos que fueron víctimas del despojo violento y fraudulento de tierras, sobre todo en el Urabá antioqueño, por lo que se le ha asociado al llamado ‘ejército antirestitución’.
En la actualidad, el capturado tiene en su contra varias investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y desplazamiento forzado. Uno de los expedientes tiene que ver con el asesinato del líder campesino Clemente Hortensio López Montalvo, baleado por un grupo paramilitar en su vivienda en Tierralta, Córdoba, en la madrugada del 24 junio de 1996. De acuerdo con testimonios de desmovilizados, la orden de muerte fue dada por Alvarado Bracamonte.
El ex paramilitar Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias ‘El Pájaro’, también involucró a Alvarado Bracamonte en el homicidio de Julián Cesar Jiménez Mora, ocurrido a mediados de 1994 en Tierralta, luego que desde un bar se le señalara como presunto secuestrador. Su versión fue conocida en tribunales de Justicia y Paz el 17 y 18 de febrero de 2009.
“Yo lo sigo mientras alias ‘Juancho Bracamonte’ se alistaba, veo que entra al bar La Montaña y sale, lo seguimos cuando vemos que esta persona entra a la Residencia Doña Martha. ‘Juancho Bracamonte’ le dispara mientras yo le cuidaba la espalda. Salimos y regresamos a la cantina El Molino, donde todavía se encontraban Mancuso y los demás, diciéndole a Mancuso: ‘listo patrón, ya hicimos el trabajo’”, relató Fontalvo Sánchez.
La captura de Alvarado Bracamonte se suma a la de Sor Teresa Gómez Álvarez, detenida en el Valle del Cauca el 8 de octubre del año pasado, a quien también se le señala por obstaculizar la restitución de tierras, razón por la cual habría impartido la orden de asesinar a la líder de tierras Yolanda Izquierdo, sino de haber incidido en la adquisición ilegal de tierras para los Castaño Gil en Antioquia, Córdoba y Chocó.
Se espera que ya entre rejas, este ex paramilitar contribuya con información que permita precisar las estrategias de despojo impulsadas por los hermanos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, quienes más estarían involucrados en esas actividades ilegales y quienes le acompañban en la tarea de entorpecer la aplicación de la Ley 1448 de 2011 en lo relacionado con la restitución efectiva de tierras a campesinos afectados por esas acciones ilícitas.
