Juzgado Especializado de Medellín concluyó que empresarios conformaron una asociación con fines delictivos para adquirir tierras en Chocó destinadas al proyecto palmicultor.
El juicio contra 21 palmicultores continúa en la ciudad de Medellín.
La verdad sobre las alianzas celebradas entre empresarios palmicultores asentados en el Bajo Atrato Chocoano y grupos paramilitares, que han dado pie a complejos procesos judiciales por delitos como desplazamiento forzado y despojo de tierras, comienza a esclarecerse.
Todo gracias a la reciente decisión proferida por el Juzgado Adjunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín que condena a 150 meses de prisión a los empresarios Luis Fernando Zea y Héctor Duque Echeverry, este último prófugo de la justicia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y ocupación de áreas de especial importancia ecológica.
La decisión también ordena la cancelación de las escrituras 735 del 8 de octubre de 2002 y 767 del 10 de septiembre de 2004, ambas asentadas en la Notaría Única de Carepa, Urabá antioqueño, con las cuales se legalizaron las compras de tierras que fueron destinadas para la implementación del proyecto agroindustrial de la palma.
Según la providencia, en enero de 2004 los empresarios Luis Fernando Zea y Héctor Duque, en asocio con María Isabel Correa Gómez, ex esposa del jefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’,crearon la empresa Promotora Palmera de Curvaradó Palmadó Ltda, con el fin de participar en un ambicioso proyecto de palma africana en el Bajo Atrato Chocoano liderado por el también comandante paramilitar Vicente Castaño.
Para ello, tanto Zea como Duque, en calidad de socio y representante legal respectivamente de Palmadó Ltda., adquirieron de forma fraudulenta más de 4.500 hectáreas de tierra ubicadas en la cuenca del río Curvaradó, concretamente en la zona conocida como El Guamo, en Riosucio, Chocó, a cuyos pobladores les habían sido adjudicados los predios bajo la figura de territorios colectivos, contemplada en la Ley 70 de 1993 y que plantea además que estos no pueden ser embargables, comercializados o enajenados.
Tal como se consignó en el proceso, Zea fue el encargado de perfeccionar las compras de tierras, que se realizaron entre los años 2001 y 2003, utilizando para ello presiones indebidas, intimidaciones y aprovechándose, además, de la condición de desplazados forzados que para aquel entonces tenían los habitantes de la comunidad El Guamo, quienes precisamente abandonaron el territorio entre los años 1996 y 1997, por cuenta de los fuertes enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc, el Ejército Nacional y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
De acuerdo con los testimonios rendidos a lo largo del juicio, luego de la llegada de los paramilitares, en 1997, comenzaron los asesinatos de líderes de la comunidad, los bloqueos de alimentos y los retenes ilegales a lo largo de la cuenca del río Curvaradó; hechos que terminaron por generar el éxodo masivo de los pobladores, quienes en su mayoría se asentaron en los municipios antioqueño de Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó.
Luego del año 2000, los pobladores comenzaron a ser contactados por comisionistas de tierras, varios de ellos integrantes de la misma comunidad, quienes advertían sobre la imposibilidad de retorno al territorio, siendo mejor negocio vender los predios por el dinero que ofrecieran los posibles compradores. En este sentido, para el Juez fueron fundamentales los testimonios de Eustaquio Polo Rivera y Eliseo Pérez, pobladores de El Guamo quienes describieron ante los estrados judiciales cómo fue dicho proceso de compra de tierras.
“Cuando nosotros íbamos a regresar nos dijeron unos comisionistas que esta tierra la necesitaban para la siembra de palma y ganadería. Ellos decían que si no vendíamos igual los empresarios iban a coger todas las tierras. Como yo no vendí empezaron las amenazas”, relató en su momento Eustaquio Polo, quien señaló a los paramilitares alias ‘Palillo’ y ‘Emerson’ como los responsables de la violencia desatada en la región después de 1997.
Por su parte, Eliseo Pérez señaló que fue invitado a una reunión en Belén de Bajirá (Mutatá), “donde llegaron tres o cuatro señores que eran los que iban a comprar tierras. El precio que ofrecieron fue de 200 mil pesos, muchas personas por la situación de estar sufriendo y no poder entrar a trabajar sus tierras, tuvieron que malvender por lo que fuera. Yo al ver ese precio y que era a pagar a cuatro contados cada seis meses, pues dije que no iba a vender porque eso estaba muy barato y era mucho plazo. Entonces se paró un señor alto, delgado y me dijo que si yo no vendía, de igual manera ellos necesitaban la tierra para sus cultivos, por eso me toco vender mis tierras”.
Además de considerar que se aliaron con Raúl Hasbún, miembro de un grupo armado al margen de la Ley como las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), para perpetuar el desplazamiento forzado de la comunidad El Guamo y cometer un despojo de tierras, el Juez también responsabilizó a los empresarios Zea y Duque Echeverry de daño ambiental producto de la siembra de palma africana en la región, tal como lo demostró la Fiscalía a lo largo del litigio jurídico.
“Como consecuencia del cultivo de la palma, la agricultura y la pesca artesanal disminuyeron drásticamente; afectó la economía de los habitantes de la región que subsistían precariamente de los cultivos de plátano, maíz y yuca (…) se encareció el uso del agua para los pobladores, por cuanto se tuvieron que dotar de elementos necesarios para el almacenamiento de las aguas lluvias y el tratamiento artesanal del agua del rio en época de verano, como consecuencia de la transformación y destrucción de los ecosistemas acuáticos-drenajes, cambio de cauces etc”, reza en sus apartes la sentencia.
La historia de la palma en el Chocó
Lo que deja claro la sentencia contra Luis Fernando Zea y Héctor Duque Echeverry es que en el proyecto agroindustrial de la palma confluyeron los intereses de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y reconocidos empresarios del sector, que buscaron obtener grandes réditos económicos sin importar que para ello se debiera despojar a los pobladores del Bajo Atrato Chocoano de sus tierras.
Al respecto, los testimonios rendidos en este proceso por los jefes paramilitares Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’; Ever Veloza García, alias ‘H.H’; y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, coinciden en afirmar que el proyecto de la palma surgió luego que Vicente Castaño sostuviera reuniones con empresarios de la palma tales como Luis Donaciano Riascos, Javier Daza Pretelt e Ítalo Cianci. De hecho, este último se comprometió a aportar dinero para el proyecto si Vicente aportaba los terrenos para el mismo, dado el dominio que ya tenían las Autodefensas de la zona.
Así las cosas, Castaño se apoyó en otros miembros de las autodefensas, como alias ‘Napo’, alias ‘Palillo’, y el mismo Rodrigo Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’, para que ubicaran las tierras en el sector, comprarlas con precio fijado por los miembros de las Autodefensas, recurriendo incluso a los asesinatos selectivos, hurtos y desplazamientos forzados, para luego adelantar los trámites de legalización ante el Incora (hoy Incoder).
Una vez con las tierras en su poder, Vicente invitó a empresarios de la palma, a quienes convenció de la rentabilidad del proyecto y la necesidad de instalarse allí, para así aprovechar las ayudas que el Gobierno Nacional estaba otorgando a quienes impulsaran este monocultivo. La primera empresa en aceptar la invitación fue Urapalma S.A., empresa que junto con el comandante paramilitar, aportaron recursos para la construcción de la Extractora Bajirá, fundamental para el abaratar los costos del procesamiento del cogollo de la palma.
Luego llegarían Palmas de Curvaradó S. A, Palmura S. A, Palmadó Ltada, Inversiones Agropalma & Cia Ltda, PalmasS. A, Palmas de Bajirá e Inversiones Fregni Ochoa. Todas ellas se asentaron en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó con el objeto de sumarse al proyecto agroindustrial y de manera marginal, a la ganadería.
Lo que pudo demostrar la Fiscalía a lo largo del proceso es que las empresas Urapalma S.A., Palmura S.A y la Extractora de Bajirá estaban bajo la dirección de Vicente Castaño; que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, tuvo injerencia en la empresa Palmas S.A; así como Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoloche’ lo tuvo en Agropalma & Cia Ltda y Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, en Palmadó Ltda.
Estas empresas obtuvieron sendos créditos y apoyos para consolidar el proyecto agroindustrial. Prueba de ello fue el crédito obtenido por la firma Urapalma S.A. de parte del Banco Agrario y la Corporación Financiera Colombiana por valor cercano a los 5,421 millones de pesos, al tiempo que recibió incentivos del Estado por 2.891 millones de pesos, entre los años 2001 y 2005. La empresa Palmas de Curvaradó recibió en 2005 un crédito del Banco Agrario por 1.788 millones de pesos y de esa misma entidad, la firma Palmadó obtuvo un préstamo en 2005 por 488 millones.
“Cuando vio que ya estaba consolidada la palma y que su grupo controlaba militarmente la región, Raúl Hasbún imitó lo hecho por Vicente Castaño y creó la empresa Palmadó S.A, siendo su principal accionista, imbricando la doble condición de militante del grupo ilegal -causante directo del desplazamiento- por un lado, y por el otro, empresario palmero”, consignó el Juez en sus consideraciones.
Palmadó Ltda fue creada mediante escritura pública No. 083 de la Notaria Única de Apartadó, el 26 de enero de 2004 y en ella figura Héctor Duque Echeverry como representante legal y Luis Fernando Zea como socio, al tiempo que Hasbún contralaba la empresa por intermedio de su ex cónyuge María Isabel Correa Gómez.
Para el Juzgado Adjunto, fue claro que los empresarios que se asentaron en el Bajo Atrato Chocoano lo hicieron con el conocimiento pleno de que la zona era dominada por los paramilitares y que estos, bien como representantes de las empresas cultivadoras de palma, integrantes de la misma o trabajadores, hicieron parte de una asociación dedicada a la comisión de conductas penales, como medio, para la adquisición de terrenos y el adelantamiento de las plantaciones de palma aceitera.
En los próximos meses este mismo despacho tendrá que definir la situación de otras 21 personas, entre empresarios, inversionistas e intermediarios, que vienen siendo procesados por los mismos delitos por los cuales acaban de ser condenados Zea y Duque, y quienes también se hicieron a miles de hectáreas en los territorios colectivos de las comunidades de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó.
