La historia de esta mujer, pieza clave en la expansión de los proyectos sociales de las Auc, está signada por el despojo de predios en Córdoba, Antioquia y Chocó.
Sor Teresa – Foto Semana
Sor Teresa Gómez Álvarez fue una de las mujeres más cercanas a los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil. Su papel en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) durante las últimas dos décadas fue promover el proyecto contrainsurgente a través de la expropiación ilegal de predios rurales en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó.
Desde hace varios años, las autoridades le seguían la pista para que respondiera por el homicidio de la líder reclamante de tierras Yolanda Izquierdo, ocurrido el 31 de enero de 2007 en Montería. Por estos hechos, Gómez Álvarez fue condenada a 40 años de prisión por el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir.
Su captura se produjo el 8 de octubre en zona rural del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, hasta donde llegaron funcionarios de la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes, apoyados por agentes de la Dijin de la Policía Nacional, para hacer efectiva su detención.
El nombre de Sor Teresa Gómez Álvarez aparece de manera reiterada en procesos de despojo más emblemáticos del Chocó asociados a la siembra de palma y que se dieron en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó; también a diversas expropiaciones en el norte del Urabá antioqueño, en un sector conocido como Tulapas, y en el sur, en Mutatá; y en buena parte del departamento de Córdoba. Se calcula que hay por lo menos dos mil víctimas directas de despojo y desplazamiento en los cuales tiene responsabilidad esta mujer.
Nacida el 27 de junio de 1956 en el municipio de Amalfi, Antioquia, de donde eran oriundos los hermanos Castaño Gil, se casó con Manuel Gil, hermano medio de estos jefes paramilitares y es suegra de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, escolta de Vicente Castaño Gil.
Poco se sabe de cómo se vinculó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que dieron origen en 1997 a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), pero lo que han constatado diversas investigaciones judiciales es que su trabajo se centró en sacar adelante los procesos sociales que, supuestamente, apoyó está organización armada ilegal.
Caso Funpazcor
Inicialmente, aparece como representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), organización no gubernamental creada en 1991 a través de la cual los jefes paramilitares donaron miles de hectáreas de tierras para adelantar una particular “reforma agraria” con labriegos afectados por las guerrillas de las Farc y el Epl.
“Funpazcor fue la encargada del manejo de una parte importante de las finanzas de las Auc, al igual que de la política de recuperación de predios donados años atrás y de la realización de una diversidad de transacciones ilícitas”, señaló un juez en sentencia que devolvió 1.419 hectáreas del predio Cedro Cocido a 59 familias que fueron despojadas bajo esta modalidad.
El fantasma de Sor Teresa Gómez en territorio chocoano
Al respecto, la Unidad de Restitución de Tierras documentó que a comienzos de la década del noventa los hermanos Castaño destinaron unas 18 mil hectáreas que estaban a su nombre, entre ellas, la Hacienda Santa Paula compuesta por los predios Cedro Cocido, Los Chavarríes, Arquía y Micono, a 45 de minutos de Montería, y la Hacienda Las Tangas, en el municipio de Valencia, para distribuirlas entre campesinos colonos que habían llegado a la región y carecían de un terruño parar vivir.
En 1990, bajo una supuesta figura de donación, los Castaño le entregaron estas tierras a varias familias por medio de Funpazcor. Las haciendas fueron parceladas en predios de entre 5 y 20 hectáreas, en su mayoría, pero en realidad la tierra no les fue donada como les habían dicho porque les advirtieron que no podían venderlas sin el permiso de la Fundación, no podían vivir allí y menos sustituir los pastos. Sin embargo, muchos campesinos corrieron el riesgo y levantaron una casa y cosecharon maíz, yuca, ajonjolí y papaya para el sustento diario.
Después de hacer productivas las tierras, al cabo de diez años, los Castaño los obligaron abandonar las antiguas haciendas. A algunos les prometieron un pago mensual por el arriendo de los pastos, a otros a que recibieran un dinero para que se fueran. Los campesinos contaron durante los juicios de restitución que nos les cumplieron y los que recibieron el dinero explicaron que éste no compensaba ni el valor de las fincas ni de las mejoras que habían hecho durante diez años. Sin embargo, aceptaron por miedo a que les sucediera algo y se desplazaron.
Gran parte de estos desplazamientos ocurrieron entre 1999 y parte de 2000 y como consecuencia vino el despojo. No solo las tierras cambiaron de dueños en el terreno sino también el papel. Los campesinos fueron forzados a escriturarles las parcelas a testaferros y cómplices de las Auc. Los traspasos de las tierras, por lo menos de las parcelas de la antigua hacienda Santa Paula, fueron realizados por Funpazcor.
Las autoridades tuvieron referencia de esta organización y de Sor Teresa Gómez Álvarez luego de un allanamiento realizado el 30 de abril de 1998 en un parqueadero ubicado en el centro de Medellín, conocido como Padilla. Allí, un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía detectó el centro de operaciones financieras de las Accu y desde donde se coordinaban todos los asuntos económicos de esta organización ilegal.
Tras un dispendioso análisis de los documentos físicos y electrónicos encontrados en el lugar, se comenzaron a identificar cientos de personas que giraban y recibían cheques, entre ellas estaba Gómez Álvarez y su fundación, lo que llevó a las autoridades a realizar el 24 de mayo de 2001 la Operación Monserrate, que consistió en el allanamiento de la sede de la organización no gubernamental en la ciudad de Montería.
En el procedimiento judicial se logró la incautación de documentos sobre la fundación y la captura de Tarquino Morales Díaz, miembro de la junta directiva, y el supuesto conductor Antonio Adonis González, quienes fueron procesados por el delito de concierto para delinquir. En el lugar no se encontró Gómez Álvarez, quien desde ese momento se convirtió en prófuga de la justicia.
No obstante, las pesquisas judiciales no avanzaron con eficiencia, y Funpazcor no sólo fue útil para consolidar una base social al servicio del paramilitarismo, sino que se convirtió en una fachada para la adquisición ilegal de tierras, tráfico de armas y lavado de activos provenientes de actividades ligadas al narcotráfico.
Por estas últimas razones, la fundación y su representante legal fueron relacionadas con actividades del narcotráfico e incluidas el 8 de febrero de 2004 en la lista conocida como Designados como Narcotraficantes (SDNT por sus siglas en inglés) que elabora la Oficina de Control de Bienes y Finanzas del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Detrás de la palma
Lo paradójico de la historia criminal de Gómez Álvarez es que mientras las autoridades la buscaban en Montería, ella estaba creando en Mutatá, Antioquia, la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), con el objetivo de participar del proyecto de cultivo de palma impulsado ilegalmente por Vicente Castaño en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, a través del despojo y titulación fraudulenta de predios.
Los pecados terrenales de Sor Teresa Gómez Álvarez
Asoprobeba se registró ante la Cámara de Comercio de Urabá el 2 de julio de 2001 como una entidad sin ánimo de lucro y definió su objeto social como “la defensa gremial del campesino productor de la comunidad asociada”. Al iniciar, el proyecto agrupó a 164 familias; para el 2009, ascendía a 250.
Las tierras del proyecto, que hacen parte de la larga lista de predios despojados de manera irregular a los pobladores, fueron adquiridas por Gómez Álvarez a Hugo Fenel Bernal Molano, según consta en la escritura número 220, registrada en la Notaría Única de Carepa, Antioquia, el 6 de marzo de de 2002. Se trata de un predio de 1.100 hectáreas ubicado en la vereda Caño Manso, cuenca del Curvaradó, y transado por 100 millones de pesos.
Esta compraventa tuvo dos particularidades: según directivas de Asoprobeba, su proyecto productivo tuvo el respaldo de Uniban y de algunas entidades del Estado, y la compra fue avalada por el antiguo Incora, que supuestamente habría subsidiado el 70% de la inversión; además, Bernal Molano, al momento de la venta, estaba siendo buscado por la justicia norteamericana para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas. Fue capturado el 2 de marzo de 2007 en una finca en Tierralta, Córdoba, y extraditado en julio de 2008.
A través de Asoprobeba, Gómez Álvarez suscribió diversos contratos de comodatos, varios de ellos incluso bajo amenazas de muerte, con campesinos en territorios colectivos para adelantar allí el proyecto productivo de siembra de palma africana, asunto que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso de la apropiación ilegal de predios por parte de una veintena de empresarios apoyados por fuerzas paramilitares del Urabá chocano y antioqueño.
Uno de los testigos de este despojo de predios que ha referenciado a Gómez Álvarez es el labriego Enrique Manuel Petro Hernández, quien el 12 de abril de 2007, le indicó a la Fiscalía que años atrás había sido presionado por esta mujer y el empresario Jaime Sierra Moreno para ceder los derechos de una finca de 150 hectáreas, ubicada en la comunidad de Caño Claro, y cuyas tierras fueron sembradas de palma sin su autorización.
Según Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, esta mujer fue quien, inicialmente, manejó la empresa Urapalma, a través de la cual Vicente Castaño Gil pretendió impulsar desde Belén de Bajirá proyectos de siembra masiva de palma y plátano en tierras que fueron arrebatadas a campesinos y colonos.
De ella también ha hablado en estrados judiciales Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’. En diversas ocasiones, reiteró que Gómez Álvarez, o ‘Teresita’ como se le decía en la zona, era la encargada de escoger a las personas que comprarían las tierras y manejaba los recursos de los Castaño, “por eso la nombraron para la sociedad Urapalma”,dijo este exparamilitar.
Por su parte, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, le contó a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que conoció a esta mujer en 1996: “Luego, en 1998, Vicente la encargó de desarrollar un proyecto palmero en Bajirá, mediante la ubicación de tierras para darle a los campesinos para sembrar plátano, después siembran palma”.
En el proceso que se le sigue a 23 empresarios, intermediarios, inversionistas y paramilitares, en el que está vinculada Gómez Álvarez, un fiscal de la Unidad Nacional de Fiscalías contra los delitos de desaparición y desplazamiento forzados aseguró en escrito de alegatos de conclusión que resulta “incuestionable que Sor Teresa Álvarez estuvo involucrada en la asociación criminal paramilitar que diseñó, planeó y ejecutó el proyecto palmicultor, como la persona encargada de efectuar los pagos a las personas que de diversas formas vendías sus propiedades”.
Un homicidio
Fotografía de Yolanda Izquierdo. Foto tomada de semana.com – Archivo particular
A su prontuario criminal también se anexó el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder campesina de Córdoba, baleada por sicarios en la puerta de su casa el 31 de enero de 2007, momentos después de haberle solicitado protección a un juez de Montería porque las amenazas en su contra se habían incrementado.
Esta líder campesina, de 43 años de edad y madre de cinco hijos, fue despojada de una finca en Valencia, Córdoba, a comienzos de la década del noventa por el paramilitar Fidel Castaño, quien haría con esas tierras y muchas más su proyecto de “reforma agraria”.
Armada de valor, Yolanda Izquierdo se registró como víctima de despojo de tierras ante la Unidad de Justicia y Paz, creada por la Ley 975 para adelantar los procesos penales contra los paramilitares desmovilizados, y decidió además representar a unas 800 familias en las versiones libres para reclamar verdad, justicia y reparación integral. Centró su atención en los predios que les fueron arrebatados y reclamó por su devolución durante varias versiones libres de Salvatore Mancuso en Medellín.
Fueron varias las llamadas que recibió esta líder en las que una voz siempre le decía “Cállate mija, no sigas con eso de la reparación que te vamos a quebrar”. Y como persistió en su reclamo y no tuvo la suficienteprotección por parte de las autoridades, fue asesinada.
“Esperan muchas verdades”
Conocida la captura de Sor Teresa Gómez Álvarez, el abogado Gerardo Vega, presidente de la organización Forjando Futuros, que representa reclamantes de tierras, aseveró que esta es la oportunidad para esclarecer cientos de casos de despojo en el norte de Urabá y sur de Córdoba.
“También es la oportunidad para que se esclarezcan quienes fueron los empresarios, ganaderos y terratenientes que estuvieron detrás del despojo de tierras, así como las muertes de varios líderes de restitución de tierras en el Urabá antioqueño”, aseveró Vega.
Por su parte Carlos Páez, quien hace parte del consejo directivo de la organización Tierra y Vida, que agrupa a decenas de reclamantes de tierra en todo el país, reconoció que esta captura es un paso importante en los procesos que llevan: “Lo que estábamos esperando del Gobierno y así como no quedó impune la muerte de Yolanda, también esperamos que se haga justicia en los casos de nuestros compañeros asesinados en el Urabá antioqueño por reclamar sus derechos y pedir que les devolvieran sus tierras”.
A su vez, Armel Romero, secretario de la Asociación de Campesinos Desplazados y Córdoba y Urabá antioqueño (Acduda), que agrupa a 120 labriegos reclamantes de tierras, aseguró que la detención es significativa por cuanto era la última persona del clan Castaño y considera que ya no queda nadie que herede su poder.
“Esperamos a ver que determinaciones toma la Fiscalía con ella. Esa señora tiene mucho que contar sobre el despojo de tierras aquí en Córdoba y en Urabá. Ella hizo mucho daño por estas tierras y ojalá la justicia le cobre todo ese daño, como el que le hizo a nuestra compañera Yolanda Izquierdo”, aseveró Romero.
