Este departamento figura como una de las regiones donde más se registran agresiones a defensores de derechos humanos y líderes sociales. El año anterior se documentaron 207 ataques mientras que en lo que va corrido del año, la cifra va por 69.
Según el informe del programa Somos Defensores, el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca y el Valle de Aburrá son las regiones del departamento más críticas para la labor que desarrollan los líderes sociales. Foto: Ricardo Cruz.A juzgar por las cifras, Antioquia no es un buen territoriopara ejercer liderazgo social o para defender los derechos humanos. Un reciente informe del programa Somos Defensores, donde se analiza el comportamiento de las agresiones a los activistas antioqueños durante los dos primeros meses de este año muestra una tendencia que, de no detenerse, ubicaría al 2017 como el año más nefasto para quienes desarrollan esta actividad.
Según el informe, entre enero y febrero del año en curso se registraron 69 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo Antioquia, cifra que muestra un notable incremento con relación a los ataques consignados en el mismo periodo del año anterior (23 en total) y aún mayor si se compara con los 13 casos registrados en los dos primeros meses de 2015.
Para el programa Somos Defensores, el dato despierta serias preocupaciones si se tiene en cuenta que en todo 2016 se documentaron 207 agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos en este departamento y en tansólo 59 días del año en curso ya se reseñó una cifra cercana al 35 por ciento. “De seguir la situación de riesgo y vulnerabilidad de los liderazgos, el año 2017 terminará como el más violento contra el movimiento de derechos humanos”, se lee en el Informe.
De acuerdo con dicho documento, a la fecha han sido asesinados ocho activistas, tres han sido retenidos ilegalmente y se han registrado 15 casos de amenazas. El informe llama la atención sobre las 21 personas que resultaron heridas durante los desalojos realizados por las autoridades de Policía en el barrio de invasión Nuevo Jerusalem, en límites con el municipio de Bello. Entre los principales responsables de estos hechos se señala a los denominados “grupos paramilitares”, seguido por la Policía Nacional y “grupo sin identificar”.
En esta ocasión, las agresiones se concentran en el Valle de Aburrá, que incluye a la capital, Medellín, así como las subregiones del Norte, Urabá y Oriente. VerdadAbierta.com dialogó con varios líderes de estas zonas de Antioquia para conocer qué tan riesgoso es la labor de defender los derechos humanos en municipios como Apartadó, Turbo, Sonsón, La Unión, Jericó y Támesis, entre otros.
Desidia estatal
Además de los homicidios, las amenazas y las retenciones, el informe del programa Somos Defensores destaca además los hostigamientos y las detenciones hechas a varios líderes sociales en Antioquia. Foto: archivo Semana.Si bien no existe un consenso sobre la cifra de líderes asesinados en Antioquia para 2017, pues mientras el programa Somos Defensores habla de ocho mientras otras organizaciones hablan de seis, sí es un hecho que dos de ellos ocurrieron en el Urabá antioqueño.
José Yeimer Cartagena fue asesinado el pasado 17 de enero en inmediaciones de la vereda Piedras Blancas, de Carepa, en Urabá. Era integrante del movimiento político Marcha Patriótica Capítulo Córdoba, miembro de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas), además de ser reclamante de tierras y un activo campesino que impulsaba procesos de paz en Saiza, corregimiento de Tierralta, Córdoba, donde residía.
Por su parte, Porfirio Jaramillo murió en la misma tierra que llevaba años reclamándole a la justicia. Su asesinato ocurrió el 28 de enero a pocos kilómetros dela finca El Consuelo, vereda Buenos Aires, corregimiento Nuevo Oriente de Turbo también en Urabá, predio que le fue despojado por un exjefe paramilitar finalizando los años noventa y al que decidió retornar en 2012 sin ningún acompañamiento estatal y por su propia cuenta y riesgo ante la falta de resultados de los entes judiciales.
Ambos casos comparten la misma particularidad: las víctimas ya habían denunciado amenazas de muerte en su contra ante las autoridades respectivas. “Pero aquí uno denuncia y es como si no pasara nada. Cómo será que en las estaciones de Policía y en algunas personerías les están diciendo a los campesinos que para que no los maten, mejor que no reclamen tierras”, denuncia Carlos Páez, director de la organización Tierra y Paz, que agrupa víctimas de del despojo de tierras en el Urabá antioqueño.
Tierra y Paz nació en 2012, su sede se encuentra en el municipio de Apartadó y en estos momentos cuenta con 860 personas registradas, todas reclamantes de tierra. Varias de ellas han recibido serias amenazas de muerte contra sus vidas mientras que otro tanto ha optado por abandonar sus pueblos como medida de autoprotección. “¿Qué le dicen al campesino cuando denuncia? Pues que se vaya de la región, esa es la solución que le dan”, agrega Páez, quien cuenta con esquema de protección suministrado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a las fuertes intimidaciones recibidas en los últimos años.
En esta región de Antioquia, las luchas históricas por la tenencia de la tierra se han transformado en un conflicto social de incalculables proporciones. Según Páez, los procesos de reclamación de predios ante la Unidad de Restitución de Tierras se están dando en un contexto donde se mezcla la negligencia de las entidades estatales locales con el creciente poderío armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
“Y esa negligencia la están aprovechando los empresarios, los terratenientes y ganaderos para no devolver los predios”, asegura el activista quien no vacila en afirmar que en el Urabá antioqueño, ser reclamante de tierra o enarbolar la bandera de la restitución es tener una diana entre pecho y espalda.
Proyectos minero-energéticos: ¿la nueva amenaza?
En algunas regiones de Antioquia viene incrementándose el riesgo para los líderes sociales por cuenta del desarrollo de proyectos minero-energéticos, los cuales vienen aumentando los niveles de polarización política y social. Foto: Ricardo Cruz.Profundas heridas de puñal terminaron ocasionándole la muerte a Edmiro León Alzate, campesino de 53 años de edad e integrante del Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio en el Oriente Antioqueño (Movete). El hecho ocurrió el 12 de enero pasado en la vereda Cañaveral de Sonsón, uno de los 23 municipios que conforman la región del Oriente del departamento.
Voceros de Movete, movimiento que agrupa organizaciones e iniciativas municipales de resistencia a los proyectos hidro-energéticos y mineros proyectados para el Oriente antioqueño, afirman que no existen indicios de que esta muerte guarde relación con su labor de defensa de derechos ambientales y de permanencia en el territorio.
“Hay versiones del Personero de Sonsón y de muchas otras personas del pueblo que señalan que no había denunciado amenazas ni ningún otro tipo de situación en su contra. Él sí era un líder muy reconocido en su pueblo, pero no nos atrevemos a decir que su muerte está relacionada con esto. Tendremos que esperar las investigaciones”, afirma Evelio Giraldo, vocero de Movete.
Sin embargo, ello no significa que la situación de los activistas que luchan contra los impactos de los proyectos extractivistas en el Oriente antioqueño esté exenta de riesgo o dificultad. “Hay un ambiente de mucha tensión por lo que está pasando en el país, por todo el contexto nacional. Y este hecho aumentó mucho más el temor entre nuestros líderes”, agrega Giraldo.
Si algo no olvidan los habitantes de esta región de Antioquia son los años de intensa violencia que soportaron antes, durante y después de la ejecución de los grandes proyectos hidroeléctricos y de infraestructura desarrollados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hoy, cuando en el Oriente antioqueño se respiran vientos de paz, los integrantes de Movete esperan que la defensa del medio ambiente no se convierta en la nueva fuente de amenazas para los líderes.
“Por fortuna el tema de derechos civiles ya lo sentimos superado, nuestra lucha es por los derechos ambientales y culturales, por la defensa del territorio. Hasta ahora, no ha ocurrido algo que lamentar, pero nos mantenemos muy alerta”, cuenta el activista, quien confiesa que sus compañeros de lucha deben soportar estigmatizaciones y un trato hostil por parte de las administraciones locales. “Este sigue siendo un contexto difícil y si se le suma ese lenguaje hostil, pues preocupa y prende las alarmas”, añade Giraldo.
Situación similar se vive en el Suroeste de Antioquia. La otrora despensa cafetera del departamento hoy es codiciada por empresas nacionales y extranjeras para desarrollar allí ambiciosos proyectos de explotación de minerales tales como oro, plata y cobre. Ello ha generado una intensa movilización ciudadana en municipios como Támesis, Jericó y Jardín. Lo que aún está por establecerse es si esta lucha contra la gran minería ya comenzó a dejar víctimas mortales.
Uno de los casos de líderes asesinados en Antioquia documentados por el programa Somos Defensores es el del reconocido líder ambiental Alberto Suárez Osorio, asesinado el 24 de enero en el municipio de Jardín. Fuentes consultadas por VerdadAbierta.com señalan que no es claro que su muerte guarde relación con su activismo. Con todo y ello, quienes se oponen a los megaproyectos mineros en la región se enfrentan a un contexto cada vez más adverso y riesgoso.
Fernando Jaramillo, miembro de la Mesa Ambiental de Jericó, no duda en afirmar que “mientras más avanzan los proyectos mineros más se polariza el ambiente y claro, más aumentan los riesgos para los líderes”. Desde 2004, la empresa Anglogold Ashanti viene desarrollando labores de prospección en inmediaciones de la vereda Quebrada Honda de esta localidad, situación que amenaza con convertirse en un tenso conflicto social para toda la región.
“Se trata de un proyecto que se está desarrollando en un cerro que es una estrella hídrica: allí nacen varios acueductos veredales. Ya se han secado varios. La situación afectaría a Jericó y a Támesis”, explica Jaramillo, quien dice que por cuenta de la oposición a este proyecto, “las administraciones locales nos han llegado a estigmatizar, a decir que somos terroristas. Y no faltan los problemas con la Fuerza Pública que protege el área del proyecto desde 2008, impidiendo en muchas ocasiones la movilización de los campesinos de la zona. Se respira mucha tensión en la región”.
Región crítica
El Ejército informó que entre el 24 de noviembre de 2016 y el 12 de marzo de este año ha realizado 203 operaciones contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Foto: archivo Semana.Pero no sólo la organización Somos Defensores considera a Antioquia como una región crítica para la labor de los líderes sociales y la defensa de los derechos humanos, sociales y económicos. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo también lo referencia como uno de los departamentos de mayor riesgo para esas actividades.
Así quedó reseñado en un documento conocido por VerdadAbierta.com y no publicado por esta agencia del Ministerio Público en el que advierte que por lo menos 310 organizaciones sociales están en riesgo y por lo menos 15 de ellas son de Antioquia.
Por lo menos 310 organizaciones están en situación de riesgo en todo el país
De otro lado, en la respuesta un derecho de petición presentado al Ejército Nacional se estableció que Antioquia (junto con Norte de Santander, Cauca, Chocó y Nariño), es uno de los departamentos más críticos por la presencia y accionar de Grupos Armados Organizados (GAO). Asimismo, se señala que es una de las regiones donde opera, desde su creación en el 2015, la Brigada contra la Minería Ilegal, “cuyo objetivo es neutralizar a las organizaciones criminales que se dedican a la explotación ilícita de yacimientos mineros”.
Qué contesta y qué no contesta el Ejército Nacional
En Antioquia hay grandes intereses económicos, tanto legales como ilegales, que se están convirtiendo en factor de riesgo para aquellas personas y organizaciones que se atreven a cuestionarlas en voz alta. Como lo advirtió una de las fuentes consultadas, la tarea de muchos activistas sociales es defender los derechos ambientales y culturales, y eso parece molestarles a algunos que se quieren lucrar a toda costa, sin calcular el daño a las comunidades y a la naturaleza. Quien cuestione está en riesgo.
