Así lo establece un documento no publicado del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo conocido por VerdadAbierta.com. ¿Por qué, pese a la gravedad del asunto, esta agencia del Ministerio Público no emite un informe de riesgo?
A raíz del proceso de paz con las Farc, las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se dispararon. Foto: Ricardo Cruz.La situación de líderes sociales y de defensores de derechos humanos es cada vez más dramática por cuenta de acciones armadas en su contra. Las amenazas, intimidaciones y muertes se registran en todo el país, afectando a representantes, voceros e integrantes de por lo menos 310 organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos, según se lee en el texto conocido por este portal.
El documento advierte que la persistencia de la confrontación con otros actores armados y la expansión de dinámicas de violencia ha “impactado principalmente a las personas y organizaciones que abanderan la defensa del territorio, los recursos naturales, los derechos de las víctimas, en particular la restitución de tierras, y quienes propenden por el fortalecimiento de las agendas comunitarias y la implementación de los acuerdos de paz en el nivel territorial”.
También indica que el año pasado fueron asesinados 111 personas que tenían algún nivel de liderazgo en sus comunidades, lo que significa un 53,1 por ciento más que las registradas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en su último informe, indicó que se habían cometido 59 homicidios, cifra con la que está conforme el gobierno nacional.
Diversas fuentes consultadas, quienes pidieron la reserva del nombre, coincidieron en advertir que la recurrencia de este tipo de hechos, sobre los cuales hay una fuerte discusión en el país, genera altos niveles de incertidumbre en términos de las garantías para el ejercicio político en momentos en el que avanza la implementación de los acuerdos de paz alcanzados con la guerrilla de las Farc.
El informe conocido por VerdadAbierta.com tuvo origen en el incremento de homicidios contra miembros de la Marcha Patriótica a finales de 2016. A raíz de esta situación, sus voceros sostuvieron varias reuniones con funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en las que solicitaron una valoración del riesgo de los líderes sociales.
En el SAT se comprometieron entonces a elaborar dicha evaluación y emitir un informe de riesgo. Sin embargo, pasados casi cuatro meses y pese a la continuidad de las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, esta agencia no ha emitido ningún tipo de advertencia, lo que constituiría una grave omisión. Hasta el momento sólo se conoce un comunicado de prensa, fechado el 3 de marzo pasado, en el que registra que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, ha documentado al menos 120 homicidios, de ellos, 111 perpetrados durante el año anterior. (Ver comunicado)
No obstante ese comunicado, el silencio oficial de la Defensoría del Pueblo sobre esa situación genera gran preocupación en defensores de derechos humanos, entre otras razones porque el SAT es uno de los principales instrumentos de prevención previstos en el acuerdo de paz; asimismo les preocupa que razones políticas, y no humanitarias, puedan estar determinando las emisiones de informes de riesgo, sobre todo de un tema tan delicado para la construcción de la paz en el país.
El documento referencia 282 municipios de 31 departamentos del país. Todos tienen algo en común, según los análisis del SAT: “se identifican en riesgo las zonas rurales y cabeceras de los municipios relacionados, lugares en los que desarrollan sus labores habituales los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos a los que hace referencia este Informe”.
Igualmente precisa cuál es la población en situación de riesgo: líderes indígenas, líderes afrodescendientes, líderes de víctimas del conflicto armado, líderes campesinos, líderes sindicales, líderes de organizaciones políticas de izquierda, líderes de víctimas, líderes de organizaciones ambientalistas, líderes de población LGBTI, pequeños comerciantes, líderes de Juntas de Acción Comunal en zonas rurales y periferias urbanas, docentes y personeros municipales. Asimismo se identifican 310 organizaciones sociales, comunitarias y defensores de derechos humanos en riesgo. (Vea el listado de organizaciones en riesgo)
El informe pretendía advertir “la recurrenciade hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos dirigidos contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país, genera un alto nivel de incertidumbre en términos de las garantías para el ejercicio político en los territorios, en momentos en que se da inicio a la implementación de los acuerdos”
La Defensoría del Pueblo también hacía un llamado de atención a las entidades estatales relacionadas con el tema y señala que lo que está ocurriendo en las regiones. Así lo demuestra el siguiente mapa, elaborado con base en información del SAT, que muestra cuántos municipios y cuántas organizaciones sociales están bajo amenaza. (Haga clic en cada departamento para desplegar la información correspondiente y pase el mouse por los círculos para ver los municipios bajo riesgo)
Esta es una ‘nueva’ voz de alerta sobre el tema. Otra más, que se suma a los diferentes informes de organizaciones no gubernamentales y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, quienes constantemente denuncian que, año tras año, los asesinatos de líderes sociales aumentan. Sin embargo, las cifras de las distintas instituciones y organizaciones sociales no coinciden. Ello se debe a tienen distintos niveles de cobertura territorial y a las diferencias en el concepto de líder social y defensores de derechos humanos. (Ver: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Sin embargo, este informe de riesgo no publicado recopila la información recabada por la Defensoría del Pueblo en 2016. Según su documentación, el año pasado “fueron asesinados 111 líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en Colombia. Del total de víctimas, el 37% de los casos [41] ocurrieron en el departamento del Cauca, 18 en Antioquía, 8 en Cundinamarca, 8 en Norte de Santander y 7 en Nariño. Estos cinco departamentos reúnen el 74% de las muertes violentas cometidas contra este sector de la población”. Dichos registros se aproximan a los casos denunciados por Indepaz (116) y se alejan a los publicados la semana pasada por la ONU (59). Asimismo, el informe recoge cifras de atentados, desapariciones forzadas y amenazas colectivas e individuales.
Más que muertes
A pesar de la diferencia de registros, diferentes documentos señalan que el año pasado aumentaron las agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales.El debate sobre la violencia contra líderes sociales se ha centrado en los homicidios; sin embargo, el informe en mención reporta la ocurrencia de cinco casos de desaparición forzada y por lo menos 431 amenazas, sólo recepcionadas por la Defensoría, el 14 por ciento de las cuales son colectivas. No se descarta que exista un subregistro de los hechos, lo que evidenciaría que la situación de riesgo es más grave de lo que públicamente se ha reconocido.
En cuanto a los responsables, el informe establece que “son proferidas principalmente mediante panfletos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, sufragios, entre otros, se hacen a nombre de estructuras que se autodenominan ‘AUC’, ‘Águilas Negras Nueva Generación’, ‘Águilas Negras – AUC’, ‘Águilas Negras’, ‘Comando Central – Los Rastrojos’, ‘Los Rastrojos’, ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, ‘AGC’, ‘Los Gaitanistas’, ‘Los Urabeños’, entre otros”.
Al respecto, destaca el SAT que en “contexto de la ‘administración del miedo’, propio de la actual etapa del conflicto armado, la distribución de panfletos, más allá de su origen y autoría, ciertamente es funcional al propósito de las organizaciones armadas ilegales de ejercer control y dominio sobre la población. Detrás de los contenidos de los panfletos se evidencia la intencionalidad de imponer patrones de conducta determinados, la socialización de valores específicos fundamentados en la violencia y la promoción y defensa de un modelo político, económico y social favorable”.
Por ello, para esta agencia del Ministerio Público, “no es gratuita la variedad de amenazas distribuidas y masificadas que, en principio, llevan a suponer que no tienen conexión unas con otras. En la perspectiva de generar una atmósfera de inseguridad y zozobra generalizadas, ello podría ser una estrategia deliberada dirigida a crear confusión, impotencia, desconfianza hacia las instituciones del Estado y la negación de la democracia como el escenario propicio para la realización de los derechos humanos de los ciudadanos”.
En su reflexión, el SAT conceptúa que el asesinato se presenta cuando pierden fuerza las amenazas y las acciones intimidatorias: “El homicidio es la materialización de la ruptura del trabajo de defensa de derechos humanos que se realiza, esto es de un impacto grave, pues con la muerte se desarticulan los procesos que promueven estos líderes. En otros casos se presenta la desaparición forzada, como una forma de invisibilizar la acción violenta y generar un mayor nivel de incertidumbre en las organizaciones sociales y en los procesos comunitarios”.
“Sí hay sistematicidad”
El país se ha enfrascado en la discusión sobre si esa ola de violencia es sistemática y proveniente del paramilitarismo. Foto: archivo Semana.Uno de los fuertes debates que rodean esta tragedia se concentra en definir si las amenazas, intimidaciones y muertes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son sistemáticas o no. Uno de los más férreos críticos a establecer la sistematicidad de estos estos es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien hace pocos días reiteró su postura: “Vuelvo a decir que esto no será lo más simpático, pero es la verdad. No hemos podido documentar que haya detrás de esa actividad (muertes) de eventos contra posibles líderes sociales sistematicidad alguna”.
No obstante, en su informe no publicado, el SAT de la Defensoría confirma lo que el ministro Villegas niega. El informe referencia por lo menos cuatro aspectos que dan cuenta de la sistematicidad de la violencia ejercida contra los líderes sociales.
El primero de ellos indica que “por lo menos el 69% de las víctimas desarrollaban su labor de organización comunitaria e impulso de acciones de reivindicación de derechos en zonas rurales”; el segundo establece que “por lo menos el 25% de las víctimas eran líderes de pueblos y comunidades indígenas. La mayor afectación sobre este sector de la población se registra en el departamento del Cauca con un total de 19 víctimas”.
En tercer aspecto resaltado es que “si bien por las características de los procesos organizativos en los territorios, algunas de las víctimas pertenecen simultáneamente a varias organizaciones (de víctimas, campesinas, indígenas, comunales, entre otras, que a su vez están adscritas a procesos de nivel regional o nacional), se observa un alto nivel de afectación sobre líderes de Juntas de Acción Comunal, tanto en zonas rurales como en sectores periféricos de las cabeceras municipales”.
Y por último, destaca que “respecto a los procesos de convergencia de organizaciones sociales a nivel nacional, se observa un alto nivel de afectación sobre líderes adscritos al Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y al Congreso de los Pueblos”. Desde su fundación, en julio de 2010, 132 militantes de Marcha Patriótica han sido asesinados hasta la fecha.
Ante la magnitud del drama, la Defensoría expresó en el documento no emitido su preocupación por esa situación y advirtió que “los escasos resultados en las investigaciones que permitan determinar y sancionar a los responsables de estos hechos, refuerza la acción de los perpetradores y no contribuye al esclarecimiento de los patrones que subyacen a estos hechos, las cuales aun cuando se presenten bajo circunstanciasaparentemente disímiles, deben ser consideradas en un contexto de violencia y de afectación con un sector poblacional que tiene unas características específicas y de protección especial dados los antecedentes de violencia ejercidos en su contra”.
Escenarios de riesgo
La salida de las Farc del escenario de la guerra trajo consigo el reacomodo de grupos armados y disputas territoriales. Foto: archivo Semana.En medio del proceso de desarme de las Farc, con motivo de la implementación del Acuerdo Final alcanzado en Cuba tras cuatro años de negociaciones, la Defensoría Pueblo advierte sobre los riesgos que se ciernen por la reconfiguración territorial de los grupos armados ilegales y de las economías criminales, a raíz de la salida de la guerrilla más grande del país de las regiones en las que tuvo presencia histórica.
A ello se suma, “la histórica estigmatización que ha recaído sobre las comunidades y procesos sociales que se han considerado afines a los actores armados y que han sido catalogados como tales para justificar la violencia y desconocer la legitimidad de los reclamos ciudadanos, implica la necesidad urgente de adoptar medidas por parte del Estado Colombiano para garantizar los derechos de estas comunidades y con ello generar las condiciones para la construcción de escenarios de participación democrática y garantía de derechos en los territorios”.
En su análisis, el informe plantea cuatro grandes riesgos, los cuales no sólo afectan a los líderes sociales, sino a la población civil en general que vive en los teatros donde se libran combates por control territorial y disputa de rentas ilícitas. Las reseñamos a continuación.
1. Transformación del escenario de confrontación armada con las Farc
El primer riesgo surge de las disidencias de las Farc, que decidieron no concentrarse en las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización, para entregarle sus armas ONU y así iniciar su tránsito hacia la vida civil. La Defensoría ha identificado disidencias en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Vaupés, Meta, Caquetá, Nariño y Putumayo.
De esa situación, encuentra nuevos escenarios: “1) mantener los frentes disidentes como reductos de esa guerrilla, incrementando las prácticas de control territorial y poblacional, incluidas las de líderes sociales y comunitarios; 2) conformar nuevos grupos armados ilegales con autonomía, aprovechando la experiencia de conocimiento del territorio, el control de la población y las economías ilegales; y/o 3) sumarse a otros grupos armados como el ELN, las AGC o grupos delictivos, quienes los pueden acoger como combatientes y milicianos con experiencia en la guerra y las economías ilegales”.
Por otro lado, la salida de las regiones de las Farc, que fungían como autoridades de facto, ha despertado nuevos problemas por falta de regulación. Como ejemplo, la Defensoría identificó que “en zonas de los departamentos de Guaviare y Caquetá esta situación se evidencia en el incremento de la delincuencia común, especialmente el hurto de motocicletas y asalto a personas, la ocurrencia de homicidios selectivos sin autor identificado, además de casos de amenazas y desplazamientos forzados al parecer relacionados con el accionar de milicianos de esta guerrilla”.
2. Expansión del Eln hacia zonas antes controladas por las Farc
El proceso de concentración de las Farc fue visto como una valiosa oportunidad por la segunda guerrilla más grande del país, que está en negociaciones formales con el gobierno nacional en Ecuador para cesar la guerra. “Se evidencia en diferentes regiones del país una dinámica de expansión y fortalecimiento del ELN hacia zonas que en el pasado fueron controladas por las FARC EP, en las cuales han entrado a intervenir en las economías de guerra y a regular la vida social a través de diversos mecanismos”, refiere el informe.
Por consiguiente, ha aumentado el accionar de la Fuerza Pública contra ese grupo guerrillero, lo que ha causado emergencias humanitarias, especialmente en el departamento de Chocó, las costas caucanas y nariñense, los límites entre Cauca y Valle del Cauca, y la región del Catatumbo en Norte de Santander, “territorios de los que había relegado en tiempos de la incursión paramilitar en la región a finales de la década de los años noventa”.
Grupos armados ilegales y del Estado incendian el sur de Chocó
Sobre el Catatumbo, el informe advierte que además del ELN, en esa región “tiene presencia el EPL, grupo armado del cual se ha evidenciado una fuerte expansión en los últimos meses, pasando de tener presencia en un número limitado de municipios a detentar capacidad de acción en la mayor parte de la subregión, con proyecciones hacia el Sur del Cesar y hacia la frontera con Venezuela, a través de incursiones en el área metropolitana de Cúcuta. Además de la vinculación con la economía cocalera, el EPL ha reforzado los mecanismos de control social, a través del ejercicio de la violencia contra sectores de la población estigmatizados, en particular las personas vinculadas con el consumo de sustancias psicoactivas, las personas que ejercen el trabajo sexual, las personas acusadas de cometer hurtos y otras conductas calificadas como reprochables”.
3. Expansión y fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
La Defensoría alerta sobre el continuo proceso de expansión de ese grupo armado que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ocurrida entre 2003 y 2006. Ha identificado que tras la concentración de las Farc, en los últimos meses los gaitanistas han establecido presencia en “los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, La Guajira, en las zonas urbanas del departamento de Cesar, cabeceras municipales y centros poblados del Magdalena Medio, el área metropolitana de Cúcuta, en Casanare y en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca; en estos últimos este proceso se soporta en grupos locales que emplean esta denominación para detentar el control territorial e intervenir sobre economías ilegales”.
Asimismo, identifica que “estas estructuras operan en algunas regiones a través de hombres armados que portan uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública y que ejercen control sobre el territorio y la población, o a través de redes más pequeñas que ejercen coacción sobre la población civil apelando a la intimidación en territorios que en el pasado reciente estuvieron bajo dominio de las AUC, donde el nivel de vulneración de derechos y libertades fundamentales fue de tal magnitud que el recurso a la amenaza logra el propósito de influir en la toma de decisiones individuales y colectivas”.
4. Cooptación de estructuras armadas ilegales por parte de las AGC
A la par de la expansión por propia cuenta de los ‘gaitanistas’, la Defensoría del Pueblo observa una profusión de estructuras armadas de diverso orden en los territorios que tienen en común la defensa de órdenes sociales, políticos y económicos impuestos por la fuerza, versión que riñe con la que constantemente entregan los altos mandos militares y de policía.
Al respecto, la Defensoría indica que “una de las características de la dinámica de la violencia política actual en Colombia es la abundancia de estructuras armadas que, bajo diversas denominaciones, y en ocasiones más próximas a la criminalidad organizada despliegan acciones que vulneran los derechos fundamentales de la población civil. En la labor de monitoreo desarrollada por la Defensoría del Pueblo se evidencia que estas organizaciones ejercen la violencia contra el liderazgo social y político que se opone a los intereses de determinados sectores que ostentan el poder en los territorios, lo que evidencia la continuidad, más allá del nivel estructural, de las prácticas a partir de las cuales se ejerce la violencia y el propósito de la misma”.
También se refiere y enumera la presencia de las diferentes estructuras criminales que existe a lo largo y ancho del país, como ‘Los Rastrojos’, ‘La Empresa’, ‘La Constru’, ‘Águilas Negras Nueva Generación’, ‘Los Carranceros’, ‘Renacer los Buitragueños’, ‘La Oficina de Envigado’, ‘La Cordillera’, ‘Libertadores de Vichada’, ‘Los Pachencas’ y ‘Los Costeños’, entre otros. Todos ellos, según la Directiva 15 del Ministerio de Defensa no fueron considerados como Grupos Armados Organizados.
La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes
Sobre ese el accionar de los grupos posdesmovilización de las Auc, la Defensoría del Pueblo advierte sobre “la continuidad en los patrones de violencia contra los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos que fueron característicos de las diferentes estructuras de las AUC en las décadas anteriores, dicho comportamiento se encuentra encaminado a desarticular las expresiones organizativas comunitarias mediante la expansión de amenazas que circulan a través de redes sociales y otros medios de comunicación”.
Lo que esperan los defensores de derechos humanos consultados es que la Defensoría del Pueblo actúe de manera pronta y eficaz, alejado de razones políticas y en el marco de su labor misional, para que se activen mecanismos de protección que contengan la tragedia que se cierne sobre los líderes sociales.
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