Nueve comunidades de este departamento de la región Caribe denuncian que durante el 2016 aumentaron las estigmatizaciones y agresiones en su contra. Esperan celeridad en los procesos judiciales y la atención de las autoridades de sus casos.
De los 54 homicidios relacionados con procesos de Restitución de Tierras ocurridos entre los años 2011 y 2016, el 57.4% (31) son presuntamente responsabilidad de grupos paramilitares. Foto: Andy VC.Zona Bananera, Pivijay, Chibolo, Ciénaga y Sabanas de San Ángel, en el Magdalena, fueron cinco de los municipios donde el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Rodrigo Pupo Tovar, alias ‘Jorge 40’, instauró su poder regional a finales de la década del noventa a costa de asesinatos, despojo y desplazamiento forzado, varios de ellos orquestados con terratenientes y políticos locales. Hoy en día, los estragos del fenómeno paramilitar no han desaparecido en este departamento.
Más de 480 familias organizadas en la Asociación Campesina de Víctimas y Reclamantes de Tierra del Magdalena (Asocavirtmag) están exigiendo que se preste atención a los hechos de violencia en contra de sus líderes, ocurridos en varios de los predios despojados por paramilitares del Bloque Norte de las Auc.
A ello se suma la zozobra que se ha presentado en la región tras la reciente salida de la cárcel de César Augusto Castro Pacheco, alias ‘Tuto’, José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, y varios exintegrantes de esa estructura armada ilegal luego de cumplir su condena dentro del proceso de Justicia y Paz.
“Son varios los exparas que han salido, unosde alto perfil, otros no tanto. Acá se mantienen los que les sirvieron de ayudantes que no fueron presos. El temor es que haya nuevamente una alianza entre terratenientes y grupos armados”, comentó a VerdadAbierta.com un líder de la región, quien pidió la reserva de su nombre.
Pese a ser uno de las regiones priorizadas por la Unidad de Restitución de Tierras, algunos de los predios que fueron despojados por el grupo armado ilegal o por testaferros aún no han sido regresados a sus dueños legítimos. De igual manera, a quienes han regresado voluntariamente a sus tierras los han amenazado y otros han sido objeto de extorsiones. Vea mapas del Cinep sobre amenazas y amenazas de presuntos paramilitares.
La Lucha por la tierra en Magdalena
“De tantas amenazas que me mandaron y a las que no hice caso, fueron a mi casa dos tipos, me reventaron la puerta. La Unidad de Restitución de Tierras me sacó para la ciudad, pero tocó volver porque uno pasa ‘filo’ y a los hijos hay que darle de comer”, aseveró un reclamante de tierras.
Según cifras del Banco de Datos y Cifras del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), 84 personas del departamento, de cuatro procesos colectivos, funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, investigadores que han caracterizado el despojo en la región e integrantes de Ong defensoras de derechos humanos acompañantes del proceso,han sido amenazadas en el periodo 2011-2016 durante transcurso de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Las comunidades denuncian que las amenazas las realizan a través de teléfonos celulares, asesinando sus mascotas y generando zozobra entre las comunidades. “A mí me llamaron este año a nombre de un juez de Justicia y Paz, que necesitaban un millón de pesos para seguir adelantando el caso de los predios, si no es por mi mujer e hija yo hasta los pago. Luego me llamaban a decirme groserías para que cumpliera”, señaló un líder.
Situación actual de la tierra
No es el único departamento en el que empresarios bananeros han sido acusados por exparamiltiares de haber adquirido los predios con violencia, se suman Córdoba y Antioquia, entre otros. Foto: archivo SemanaEl departamento es, actualmente, una de las regiones que mayor complejidad ha presentado para implementar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Según cifras de la Unidad de Tierras, a la fecha se han recibido más de 6 mil solicitudes, de las cuales más de la mitad ya han sido atendidas.
El problema se ha concentrado en el alegato que han presentado los segundos ocupantes de los territorios, en su mayoría grandes terratenientes dedicados a la siembra de palma y banano, algunos de ellos organizados en la Asociación de Compradores de Buena Fe, quienes aseguran haber comprados los predios a los dueños legítimos.
Estos propietarios reclaman garantías para permanecer en sus predios y exigen que la ley actúe a su favor porque, a su juicio, son poseedores legítimos. Sus exigencias fueron apoyadas, en abril pasado, por el entonces procurador general, Alejandro Ordoñez, quien convocó una audiencia pública en el municipio Sabanas de San Ángel, en abril pasado, para escuchar a los opositores de la Ley de Restitución de Tierras del departamento.
En ese encuentro, los actuales poseedores de los predios reclamados aseguraron ser víctimas de la implementación de la Ley sobre la que aseguran que pretende desalojarlos de los terrenos para devolvérselos a las familias que, en el pasado, alegan haber sido despojadas o desplazadas forzosamente.
“El diseño de la Ley desconoció unas realidades. Pretendió algo sano que es quitarles la tierra a los despojadores, a los delincuentes, pero con mucha frecuencia no se encuentran a los despojadores sino a terceros, ocupantes, opositores de buena fe y se termina haciendo una injusticia. Quedan dos víctimas enfrentadas: a quien se le despojó y a un tercero”, afirmó en aquella audiencia Ordoñez.
No obstante, aunque en varias regiones del país se ha evidenciado la existencia de segundos ocupantes en condición de desplazamiento y con los mismos problemas económicos que los actuales reclamantes, para el caso del departamento del Magdalena, la historia de los predios actualmente ocupados es diferente.
¿Predios manchados?
A la fecha, la mayoría de predios reclamados funcionan como grandes extensiones de tierra dedicadas a la producción de palma aceiteraFoto: archivo Semana.Son varias las organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de abogados que denuncian que los actuales poseedores de los predios que reclaman nueve comunidades en el Magdalena han sido señalados por exparamilitares del Bloque Norte en audiencias de versión libre ante fiscales de Justicia y Paz de hacerse a la tierra acudiendo a asesinatos, intimidaciones y desplazamientos forzados.
Uno de los casos más sonados es el de Carlos Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, excomandante del Frente ‘William Rivas’ del Bloque Norte, quien en 2015 aseguró que el ganadero y palmero Juan Manuel Fernández de Castro, también beneficiario del programa Agro Ingreso Seguro, se reunió con alias ‘Jorge 40’ para darle indicaciones sobre los campesinos que eran supuestamente guerrilleros.
“Él habló con Rodrigo, yo estaba ahí, me dijeron él es el dueño de la tierra, estos señores son colaboradores de la guerrilla. Yo me fui y los matamos, dejé dicho que el que sigue colaborando se sigue muriendo. Allí iba a comenzar a sembrar palma el señor Fernández”, aseguró el exparamilitar.
Actualmente son 53 familias las que reclaman la propiedad de 51 lotes ubicados en el municipio de Zona Bananera, las cuales se desplazaron luego del asesinato de Eduardo García y Emilio Cortés a manos de paramilitares del Frente ‘William Rivas’. Según denuncian los campesinos, tras el desplazamiento los terrenos fueron usados para sembrar palma, destruyendo los cultivos de pancoger previamente sembrados.
No es la primera vez que el empresario ha estado involucrado en líos de tierras con comunidades campesinas. Desde hace cinco años alrededor de 20 familias de la vereda Pitalito, en Chimichagua, Cesar, vienen reclamando la propiedad de 370 hectáreas, sobre las cuales el empresario asegura haberlas comprado con títulos de propiedad y al dueño del predio.
Se agrava conflicto por predio en Pitalito, Cesar
De igual manera ocurre con algunos de los poseedores de los predios reclamados por 220 familias que residen en la vereda La Pola, Chibolo. La Corporación Jurídica Yira Castro, apoderada de la defensa de los reclamantes, ha denunciado en distintas oportunidades que los dueños de los predios, varios de ellos asistentes a la audiencia convocada por Ordoñez, fueron investigados, algunos condenados y otros señalados por exparamilitares en los tribunales de Justicia y Paz.
Dentro de los documentos que ha usado la defensa de los campesinos en el proceso de reclamación de tierras reposan los nombres de Gerardo Orozco, firmante del llamado “Pacto de Chibolo”, Carlos Arturo Londoño Acosta, José Norberto Bedoya, Víctor y Pedro Pimienta Gamero.
Relatan los campesinos que la salida de César Augusto Castro Pacheco, alias ‘Tuto’, ha generado de incertidumbre en el territorio. “Nosotros como víctimas tememos que se vuelvan a forjar las alianzas que nos desplazaron, las autoridades no hacen caso a lo que exigimos porque no han visto el problema de fondo. No tenemos miedo por tenerlo, lo tenemos es porque nuevamente nos han amenazado”, expresó una víctima.
Pasado de guerra y despojo
La Corte Suprema de Justicia consideró que la reconstrucción histórica realizada alrededor del proceso de Justicia y Paz en relación con el jefe paramilitar ‘Jorge 40’ “no fue la más acertada”. Foto: archivo Semana.La zona norte y centro del departamento fueron epicentro de grandes desplazamientos forzados, masacres y asesinatos selectivos durante la década del noventa y principios del año dos mil.
El paso del Bloque Norte de las Auc significó la desaparición de varios centros poblados, entre ellos el corregimiento Salaminita, de Pivijay, un caserío donde el Frente ‘Pivijay’, al mando de Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, ocasionó la muerte de 39 personas en una masacre y la destrucción del pueblo.
“Después de la incursión, el pueblo quedó solo, en varias ocasiones nosotros nos quedamos ahí y pasamos varios días. En la vía se hizo un hueco, por lo que alias ‘Esteban’ ordenó tumbar una casa para tapar ese hueco y, además, porque decía que ahí se podía esconder la guerrilla”, aseguró en versión libre el exparamilitar Daniel Velázquez Madera, alias ‘José Cabezón’.
Salaminita, un pueblo que desapareció en Magdalena
De igual manera ocurrió en el municipio de Zona Bananera. En 1997 llegó el Frente ‘Zona Bananera’, creado por Hernán Girado, alias ‘El Patrón de la Sierra’, Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’. Su accionar dejó, en tan solo un año, alrededor de 70 personas desaparecidas, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Tres años después, el Bloque Norte creó el Frente ‘William Rivas’, que estuvo al mando de Carlos Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, célula de las Auc a la que se le atribuyen alrededor de 8.500 hechos criminales perpetrados entre los años 2002 y 2003. A ello se suman las supuestas alianzas que realizaron con multinacionales bananeras para terminar con los sindicatos de las plantaciones, como ocurrió de igual manera en la región del Urabá Antioqueño.
Resistencia Franciscana en Zona Bananera
“Ayudamos a dos multinacionales a pacificar el sindicato que representaba a los trabajadores bananeros de la región. Cuando asumí el comando del Frente ‘William Rivas’, el sindicato que representaba a los trabajadores bananeros era Sintrainagro. Se trataba de un sindicato de izquierda muy agresivo. Yo ordené la ejecución del presidente izquierdista José Güette Montero”, confesó ante un fiscal alias ‘Carlos Tijeras’.
Presente, bajo amenazas
De las 80 amenazas relacionados con procesos de Restitución de Tierras ocurridos entre los años 2011 y 2016, el 35% (28) son presuntamente responsabilidad de grupos paramilitares. Foto: archivo Semana.El peso de la guerra que cargan estas comunidades sigue existiendo; pese a no vivir el mismo horror de la violencia paramilitar del pasado, los rezagos del despojo y el desplazamiento forzado siguen presentes en su vida cotidiana y temen el brote de una nueva violencia en su contra.
Ante el preocupante panorama, el Cinep, el programa Somos Defensores, el Consejo Noruego para Refugiados y la Comisión Colombia de Juristas, convocaron a una mesa de diálogo que se realizó el pasado miércoles en Santa Marta con el fin de exponer los casos de amenazas y riesgos a los que se enfrentan las comunidades.
A la reunión acudieron representantes de las comunidades reclamantes de tierras, la Fiscalía, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Policía departamental. Fue la oportunidad de las víctimas para exponer su situación y escuchar a las autoridades.
“Esta mesa es crucial para atender la problemática de los líderes de restitución de tierras y todos sus reclamantes. La situación de tensión y riesgo merece la atención de todas las autoridades articulado con las organizaciones de la sociedad civil para proteger, brindar y asegurar la seguridad física de los reclamantes y la implementación de esta política”, aseguró Sergio Coronado subdirector del Cinep.
VerdadAbierta.com estuvo presente en esta mesa de diálogo. Uno de los temas se centró en las recientes amenazas contra varios líderes y en la protección que se ha ofrecido por parte de la UNP a los reclamantes. Durante los años 2013 y 2016 la Unidad recibió 195 solicitudes de medidas de protección, 65 de ellas implementadas, y ha adelantado 249 estudios de riesgo.
“En varios casos, el ‘Clan del Golfo’ (llamadas también ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’) se han adjudicado las amenazas. Uno va a decir eso a las autoridades y dicen que eso por acá no existe, entonces no saben es nada”, relató un líder.
Al respecto, representantes de la Policía aseguraron que la aseveración había que rectificarla, aduciendo que la delincuencia común se hace pasar por esa organización criminal para amedrentar. Sin embargo, ya han existido agresiones físicas y panfletos firmados a nombre del grupo armado o a nombre del llamado ‘Ejército Antirestitución’.
Otra de las inquietudes planteadas por la comunidad se concentró en la estigmatización de la que son víctimas por parte de los opositores al proceso de restitución y en algunos casos de funcionarios. “A nosotros nos despojan, pero nos tildan de guerrilleros. ¿Cómo hacemos para que se nos quiete eso? Ellos son los que nos persiguen a medida que avanza el proceso de la parte administrativa a la parte judicial”, agregó otro reclamante de tierras.
De igual manera fueron centro de atención las denuncias realizadas contra los actuales ocupantes de los predios, quienes han ofrecido dinero a los reclamantes para que desistan del proceso, cambien las versiones entregadas en Fiscalía o para que dejen de presionar la entrega de los predios.
“Nosotros logramos hacer un encuentro interveredal para socializar lo que ha sido el proceso y hacerle entender a los segundos ocupantes que no somos nosotros el enemigo. Que son los grandes terratenientes quienes nos han quitado la tierra y son los que nos están dividiendo”, agregó otro de los reclamantes asistentes al encuentro.
Tras esta jornada de trabajo y diálogo se pactaron varios compromisos, entre ellos el seguimiento oportuno por parte de la Fiscalía a las denuncias por amenazas y lesiones en contra de los reclamantes y sus familiares; la instalación de un Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en el departamento por parte de la Defensoría del Pueblo y mayor presencia y acompañamiento de la Fuerza Pública a las comunidades con rondas perimetrales y presencia regional.
Asimismo, se acordó buscar las vías pertinentes para realizar una Mesa Nacional de Garantías, liderada por la UNP, el Ministerio del Interior y la Fiscalía, que acompañe el avance del proceso y seguimiento a los procesos judiciales adelantados tras las denuncias radicadas por las víctimas.
Se espera que este tipo de diálogos arrojen resultados concretos en el corto, medianoy largo plazo que favorezcan a las comunidades reclamantes de tierras y se aleje de una vez por todas la violencia que los acosa.
(*) Los nombres de los líderes fueron omitidos por razones de seguridad
