Después de 16 años de la masacre que obligó a todo el corregimiento a desplazarse, los antiguos pobladores regresaron por su cuenta y no encontraron huella alguna del que fue su hogar.
Los paramilitares del Frente Pivijay destruyeron las casas de Salaminita. Hoy solo quedan algunas planchas de cemento. Foto: Comisión Colombiana de Juristas.
A 20 minutos de Fundación, sobre la carretera que conduce a Pivijay, en Magdalena, se creó en los años 80 un corregimiento llamado Salaminita. A lado y lado de vía se alzaban dos hileras con 49 casas, había centro salud y colegio, y en la zona rural decenas de predios que el entonces Incora había adjudicado a campesinos. Hoy quien pasa por la vía no ve nada, el piso de cemento de algunas casas es el único recuerdo que queda de este pueblo.
La violencia del Frente Pivijay, una facción paramilitar que hizo parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), destruyó este caserío habitado por 211 personas. El 7 de junio de 1999 Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, ordenó la muerte de tres pobladores, el desplazamiento masivo del corregimiento y días después llevó un par de retroexcavadoras para derribar las casas. Hoy las tierras pertenecen a ganaderos de la región que las tienen cercadas.
El pasado 7 de junio, 200 de los antiguos pobladores, muchos de ellos familiares entre sí, retornaron a lo que fue Salaminita. Llegaron desde todos los rincones de la Costa Caribe, caminaron por la carretera que divide el pueblo y oficiaron una misa recordando a las decenas de muertos que dejó la llegada de los paramilitares. “Invitamos a la Defensoría del Pueblo, a la Unidad de Víctimas, a la Alcaldía local de Pivijay, pero nadie fue. Nosotros queremos que nos tengan en cuenta, ya está bueno tanto abandono”, aseveró una de las personas que organizó el evento.
Si bien en este momento la Unidad de Restitución de Tierras adelanta dos reclamaciones (una de la zona urbana y otra de la rural) ante los jueces especializados de restitución, los pobladores sienten que el resto de las entidades del Estado no los han acompañado. “No estamos en medio del monte, a nuestro pueblo lo atravesaba una carretera nacional. No puede ser que se desaparece de repente y a nadie le interese reconstruirlo”, se lamentó el familiar de una de víctimas de la masacre.
La tragedia que arrasó un pueblo 
El pasado 7 de junio fue la primera vez que se reunió nuevamente todo el pueblo. Más de 200 pobladores asistieron al acto de conmemoración de la masacre. Foto: Ricardo Cubides.
Entre la década de los 50 y 70, llegaron cerca de 70 familias a estas tierras que hacen parte del municipio de Pivijay. El centro poblado se construyó sobre baldíos y tras largas disputas, en 1980 lograron que el antiguo Incora les adjudicara a los campesinos predios enla parte rural, compuesta por la vereda el Jardín y La Suiza. Allí cultivaron yuca, plátano, maíz, ajonjolí, la cría de cerdos y la ganadería en pequeña escala. En 1986, Salaminita fue erigido como corregimiento.
Los pobladores recuerdan que tenían un puesto de salud, postes eléctricos, un colegio con seis profesores y estaban gestionando la construcción de una iglesia, de la que hasta ahora solo tenían la virgen. “Era un pueblo muy calmado, todos nos queríamos y muchos éramos familia. Nos prestábamos los caballos, los burros y uno desde lejos sabía quién era quién”, contó uno de los antiguos pobladores.
En el corregimiento, el Bloque Caribe de las Farc y el Frente Domingo Barrios del Eln hacían presencia esporádica. La Fiscalía documentó que a finales de los 90 ganaderos de Pivijay se contactaron con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para financiar grupos paramilitares y en mayo de 1999 se creó el Frente Pivijay.
El 7 de junio de 1999, a Salaminita llegaron en camionetas 30 paramilitares al mando de alias ‘Esteban’, el mismo que en noviembre de 2000 dirigió la masacre de Nueva Venecia, donde murieron 39 personas. Los ‘paras’ obligaron a todos los pobladores a reunirse en una tienda del pueblo, pararon las flotas que en ese momento transitaban por la carretera y bajaron a sus pasajeros para que todos vieran el asesinato de tres pobladores.
Alias ‘Esteban’ dijo que se trataba de supuestos colaboradores de las Farc y ordenó que les dispararan en frente de sus familiares, vecinos y amigos. Las víctimas, que estaban sentadas en un tronco con las piernas atadas, fueron María del Rosario Hernández, quien durante doce años había sido la inspectora del pueblo, y dos jóvenes, Oscar Barrios y Carlos Cantillo.
La muerte de María de Rosario impactó a la comunidad. “Fueron tiempos espantosos, uno no sabía lo que podía pasar, si ya habían matado a la inspectora qué podía quedar para nosotros, en lo único que pensábamos era para donde podíamos irnos”, recordó uno de los pobladores.
Todos coinciden en que a Hernández, que para la fecha tenía 48 años, la mataron por alertar a las autoridades sobre decenas de cuerpos que los paramilitares estaban arrojando al borde de la carretera. Sus denuncias no siempre fueron escuchadas, en ocasiones nadie llegaba a recoger los cadáveres hasta que la propia inspectora tenía que llevarlos hasta la morgue.
Irónicamente, lo mismo sucedió el día de su asesinato. Aunque el hecho fue informado a las autoridades de Fundación, nadie hizo el levantamiento de los cuerpos. La gente del pueblo recogió el cadaver de María del Rosario y el de Óscar Barrios, pero no el de Carlos Cantillo, que era un jornalero no muy conocido por la comunidad. Su cuerpo duró tres días en el centro del pueblo hasta que la Cruz Roja vino por él.
El día de la masacre todos los pobladores salieron huyendo, la mayoría hacía los cascos urbanos de Fundación y Pivijay. Los paramilitares se robaron el sistema de electrificación, el techo del colegio, los muebles del puesto de salud, los paneles y enseres de las casas, vaciaron las tiendas, pero lo que más le dolió a los pobladores, fue el hurto de la Virgen.
A los pocos días, alias ‘Esteban’ contactó a la comunidad y les pidió que regresaran, pero por temor decidieron no hacerlo. Como una forma de venganza, el exjefe paramilitar llevó un par de retroexcavadoras y ordenó tumbar todas las casas. En versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz, Daniel Velázquez Madera, un paramilitar del grupo conocido con el alias de ‘José Cabezón’, contó: “después de la incursión, el pueblo quedó solo, en varias ocasiones nosotros nos quedamos ahí y pasamos varios días. En la vía se hizo un hueco, por lo que alias ‘Esteban’ ordenó tumbar unas casa para tapar ese hueco y además porque decía que ahí se podía esconder la guerrilla”.
A los pocos habitantes de la zonarural que se negaron a salir los amenazaron o los mataron en los meses siguientes. Todos recuerdan que el 23 de agostos de 2000, más de un año después de la masacre, asesinaron en su finca y enfrente de su familia a los señores Antonio Araque Bolaños y María Eloísa Gutiérrez, una pareja de la tercera edad que se había negado a abandonar su tierra porque aseguraban que era lo único que tenían.
Poco a poco Salaminita se convirtió en lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) define como un pueblo arrasado. “La estrategia de tierra arrasada consiste en el ejercicio de la violencia que no solo aniquila a las personas sino que destruye el entorno material y simbólico de las víctimas. De esta manera, el territorio se vuelve inhabitable por la propagación de las huellas de terror, lo que fuerza el éxodo de la población”, dice en el informe ¡Basta Ya!
El enredado retorno 
En la Unidad de Restitución, 36 familias que vivían en casco urbano denunciaron que las despojaron de sus casas, lo mismo hicieron 16 campesinos de la zona rural. Foto: Ricardo Cubides.
“Ya varios han muerto, pero después de reunirnos todos y volver al pueblo uno queda con la sensación de que no se quiere morir sin ver otra vez ese pueblo que tanto queremos”, dijo a VerdadAbierta.com una víctima que asistió al acto de conmemoración.
Para retornar, las víctimas iniciaron un proceso de reclamación ante la Unidad de Restitución de Tierras acompañadas por la Comisión Colombiana de Juristas. El pueblo hoy le pertenece a dos terratenientes conocidos en la zona: el área al sur de la carretera es de Adolfo Díaz Quintero y el costado norte de Vicente Rueda.
En versiones libres dentro del proceso de Justicia y Paz, los exparamilitares han dicho que estos ganaderos llegaron a financiar al grupo armado. “Esa reunión se hizo en La Zulia, allí estuvieron Vicente Rueda Guarín, Adolfo Díaz Quintero, Gustavo Pabón, otros que no recuerdo el nombre, a ellos los recuerdo porque posteriormente hubo otras reuniones a donde ellos iban y el señor Adolfo Díaz era muy amigo del grupo autodefensas, inclusive ellos contribuían a la causa de las Auc con dinero y con información”, dijo Daniel Velásquez Madera, refiriéndose a una reunión que tuvo lugar días antes de la masacre.
Los pobladores del casco urbano alegan que dadas las condiciones de seguridad, vendieron los terrenos de sus casas en valores entre los $100 mil y $150 mil pesos. Algunos nunca vendieron, pero sus propiedades quedaron incluidas en las fincas de los terratenientes, lo mismo ocurrió con la escuela y el centro de salud. 38 familias están reclamando sus casas y se espera que en los próximos meses se conozca el fallo de un juez.
En la zona rural, aunque los terratenientes pagaron mejores precios, los pobladores dicen que vendieron bajo presión porque sabían que no podían vivir más en Salaminita y porque a quienes se negaron a vender los mataron. Hoy, 16 familias reclaman los predios, pero denuncias de los opositores en contra de las víctimas han dilatado el proceso. El caso está ahora en manos de la justicia.
