Autoridades locales desalojaron dos veces a una comunidad de veinte familias que denuncian que un palmero los quiere sacar de las tierras que han trabajado por 25 años. El empresario asegura que la tierra es suya y que lo quieren extorsionar. Las acciones oficiales han sido contradictorias e inconsistentes.
La comunidad trató de oponerse al desalojo, pero los agentes del Esmad lo impidieron.El pasado 3 de diciembre de 2013 vigilantes empleados por el empresario Juan Manuel Fernández de Castro dispararon contra diez campesinos y Bruno Federico, un periodista que quería documentar las reclamaciones que estaban haciendo veinte familias sobre un predio de 370 hectáreas en esta vereda. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó el ataque y pidió a las autoridades investigar (Lea el comunicado). El empresario Fernández de Castro dijo que “todo fue un acto de provocación. Ellos incentivaron la violencia, llegaron con cámaras grabando y les puse una denuncia penal porque estaban invadiendo mi finca”, dijo.
Los problemas en la vereda Pitalito comenzaron en enero de 2010. Desde 1985 una veintena de campesinos había encontrado las tierras abandonadas y se establecieron allí, hicieron sus ranchos, sus cultivos de pancoger, organizaron su junta comunal y construyeron una escuela para sus niños en 1990, según consta en la placa de inauguración (ver foto). Pero ese año llegó Juan Manuel Fernández de Castro, su vecino, empresario de palma aceitera, a ofrecerles la compra de sus mejoras, anunciándoles que la tierra era ahora de él y debían desalojar.
“Fernández de Castro fue de casa en casa por la vereda diciendo que las mejoras tenían un avalúo entre 3 y 13 millones de pesos, presionándolos y amenazándolos para que firmaran la venta de las mejoras porque de no hacerlo, ya sabían quiénes vendrían para que desocuparan”, dice la tutela presentada ante un juez por los campesinos, contra la Alcaldía de Chimichagua, que autorizó que los desalojaran con la fuerza pública en octubre de 2013.
Otra es la versión del empresario palmero y ganadero. Según Fernández de Castro, las compras de las mejoras “fueron transparentes, realizadas en mi casa en Curumaní y en presencia del Personero de ese municipio. Tengo grabaciones que prueban que la negociación fue limpia. Es más, tomaron hasta trago en mi casa, ¿cómo vienen a decir que soy el que los desplazó?”.
Pero los campesinos insisten que Fernández de Castro quiere tomar posesión de las tierras trabajadas por ellos para extender su cultivo de palma y para ello ha hecho transacciones ilegítimas, usado sus influencias con las autoridades locales para sacarlos y destruido las propiedades y sembradíos que tenían en Pitalito. El empresario asegura que ellos no son víctimas; que buscan extorsionarlo. “Quieren crear todas estas pruebas falsas para manchar mi nombre”, aseguró.
VerdadAbierta.com encontró que Fernández de Castro registró la compra de las mejoras de 15 campesinos en enero de 2010, en presencia del personero de Curumaní, Yairzino Benjumea Ruiz, y en un formato en el que los campesinos, el empresario y el personero expresan que la venta ocurrió “libre de toda coacción”. Los documentos fueron autenticados ante el notario 4 de Santa Marta, José M. Baute Fernández de Castro.
Fernández de Castro dijo que este notario sí era pariente lejano suyo, pero que eso en nada cambiaba que las compras que él hizo fueran legítimas. “Le digo que ellos fueron a mi casa, tengo las grabaciones haciéndome las ventas y después de eso han ido a mi casa a extorsionarme”, reiteró.
El conflicto ha escalado y las dos partes ya se han denunciado penalmente. El empresario demandó a las organizaciones nacionales e internacionales que acompañan a los campesinos por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, injuria y calumnia.
Los campesinos, a su vez, denunciaron al empresario el 4 de mayo de 2010 por desplazamiento forzado y despojo de tierras. Sin embargo, advierten que la lentitud con que se ha movido su demanda es sospechosa. El caso fue asignado al Despacho 21 de la Unidad contra el Desplazamiento y la Desaparición Forzada con sede en Santa Marta, la ciudad donde el empresario tiene evidente influencia y aunque ya han pasado más de tres años las autoridades no los han llamado a rendir declaraciones.
La historia en detalle
Pitalito es una vereda que queda muy cerca de la ciénaga de Zapatosa. Es rica en agua y sus suelos son aptos para cualquier cultivo. Con una extensión total de 370 hectáreas, las tierras en cuestión son dos predios: San Miguel, de 172 hectáreas, y Pitalito, de 198 hectáreas.
Eran terrenos baldíos adjudicados originalmente en 1966 por la Gobernación de Magdalena, según aparece en el Certificado de Tradición y Libertad, a Amelia Quintero de Chacón y Manuel Aristides Chacón Quintero. No obstante, en los 25 años que los campesinos han habitado esas tierras, nunca vieron a alguien de esa familia por allá.
En diciembre de 2009, Fernández de Castro firmó una promesa de compraventa con varios integrantes de la familia Chacón (Amelia Chacón Quintero, Nanci, Carmen Cecilia y Esperanza Chacón Quintero y Dixon Chacón Suárez) para comprarles la finca Pitalito y San Miguel. Sin embargo, sólo se cerraron los tratos el año siguiente. Fernández de Castro le compró al propietario ausente el predio San Miguel el 4 de junio de 2010 por 80 millones de pesos, y el predio Pitalito el 22 de septiembre, por 90 millones de pesos.
Así que antes de que Pitalito fuera suyo por escritura, en enero de 2010, fue cuando los campesinos cuentan que Fernández de Castro los buscó para comprarles sus mejoras. Iba con personas uniformadas de militares, aseguran varios de ellos. Seis de las veinte familias aceptaron, pero las otras 14 no quisieron vender sus mejoras porque después de un cuarto de siglo consideraban que esas tierras ya les pertenecían, lesparecía poco dinero y se sintieron indebidamente presionadas. En los documentos firmados por los campesinos, el personero de Curumaní y el empresario las compras de mejoras fueron registradas por entre 5, 11 y 14 millones.
Los trabajadores del palmicultor que tiene la escritura de propiedad de Pitalito, destruyeron las casas, la escuela y el salón comunitario.“El 1 de febrero de 2010 dicho señor apareció con supuestos miembros del Ejército Nacional y trabajadores de él y destruyeron las casas con maquinaria y manualmente, quedando solo en pie dos viviendas y el colegio”, narraron los campesinos en la tutela que instauraron por las actuaciones del empresario. Pero durante los siguientes días, dicen, recibieron amenazas y aunque denunciaron lo sucedido ante la Personería y la Alcaldía de Curumaní, la Alcaldía e Inspección de Policía de Chimichagua, el Ejército y la Gobernación de Cesar, ninguna institución tomó medidas.
Los campesinos recuerdan que el 10 de marzo de 2010 el empresario acudió al Alcalde de Chimichagua para que emitiera una orden desalojo, tras considerar que él era propietario porque había comprado algunas mejoras. En abril, los campesinos se opusieron a esta petición, reiterando que Fernández de Castro no era el dueño formal del predio, no había comprado mejoras sino de seis fincas y que en febrero de ese año los había agredido.
Pese a las denuncias de los campesinos, la Alcaldía ordenó desalojarlos el 24 de junio de 2010. “Nos subieron en dos camiones del Esmad y nos dejaron a eso de las cuatro de la tarde en la última finca de la vereda La Calichosa, que queda a cinco minutos de Curumaní. También procedieron a destruir los cambuches en que estábamos alojados”, recuerdan los campesinos.
Para la comunidad, todas las actuaciones de Fernández de Castro eran irregulares, no sólo porque el 1 de febrero de 2010 les había destruido las parcelas sino que había logrado un desalojo autorizado por la Alcaldía sin ser aún el propietario de las 370 hectáreas, pues como figura en los papeles él formalizó esa compra de Pitalito recién en septiembre de 2010. El lote que sí había comprado era el de San Miguel.
Los campesinos insisten, además, que las autoridades no han debido aprobarle esa compra, pues como el vendedor había abandonado esa tierra por más de 25 años ya no era suya para venderla. El abandono del predio es, en efecto, una causal para que baldíos adjudicados regresen a la Nación. Alegan los campesinos que ellos, que las han poseído por tantos años, son los verdaderos dueños. Según consultó VerdadAbierta.com, existe una figura jurídica por la cual quienes han poseído y trabajado la tierra por más de diez años, tienen derecho a que se las titulen, y el dueño formal pierde la propiedad.
La comunidad de Pitalito no se dio por vencida después del desalojo y buscaron recuperar las que consideraban sus tierras por las vías legales, buscando que el Estado los reconociera como campesinos desplazados. Como no lo consiguieron, tres años después, el 21 de mayo de 2013, 18 de las familias decidieron retornar a las tierras. Considerando ya esa tierra como suya, pues el Estado le permitió registrarla como tal, Fernández de Castro, solicitó de nuevo a la Alcaldía de Chimichagua una nueva orden de desalojo. El 23 de mayo el Municipio emitió una resolución en la que ordenó a la Inspección de Policía verificar la situación de los campesinos y del predio.
Según el relato de los campesinos, el 24 de mayo pasado a los predios llegaron el inspector, el personero, el comandante del Batallón Especial Energético y Vial, un teniente y cuatro soldados, pero a la falta de un perito, no se decidió nada.
Los campesinos dijeron que esa “inspección era irregular” y le solicitaron de nuevo a la Alcaldía de Chimichagua que hiciera una visita antes de tomar una decisión. La Alcaldía les informó que la diligencia sería para el 17 de junio de 2013, pero en realidad ese día el Alcalde terminó firmando una resolución con la que ordenaba un nuevo desalojo para el 2 de julio.
Los campesinos solicitaron para ese mismo día la reunión del Comité de Justicia Transicional, un organismo creado por la Ley de Víctimas que atiende las solicitudes de riesgo de las comunidades, pero el Personero y el Inspector de Chimichagua dijeron en esa reunión “que no había nada que hacer porque la orden de desalojo ya estaba dada”. La comunidad cuestionó cómo la Personería, que se supone debe velar por sus derechos, se negaba a colaborarles.
Ante esta situación, el 8 de julio de 2013 las familias interpusieron una acción de tutela pidiendo la nulidad de la resolución de desalojo, la cual fue fallada el 24 del mismo mes por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chimichagua. El Juez declaró la nulidad de todo lo actuado, es decir, tanto la querella de Juan Manuel Fernández de Castro, como la orden de desalojo, debido a que esas decisiones se basaron en una norma que ya había sido derogada y pidió analizar otra vez la querella policiva bajo el Decreto 747 de 1992.
La querella del palmicultor fue admitida de nuevo por el Alcalde de Chimichagua el 26 de julio de 2013, por medio de una resolución, y notificada un sábado -día no hábil- en la que pidieron una nueva visita al predio el 2 de agosto -lunes feriado-. Pero no se hizo la diligencia. En ese mes fue elegido un nuevo alcalde en elecciones atípicas.
Sin embargo, desde el 2 de agosto y hasta octubre, se rumoraba en el pueblo que iban a desalojar a las familias de Pitalito. “Llamamos a Naciones Unidas, a Suiza, a organizaciones internacionales, a la Defensoría y éstos preguntaron a las autoridades de Chimichagua que qué iba a pasar con los campesinos de esta vereda y la única respuesta que obtenían era que sólo iban a hacer una inspección ocular. Por eso nos sentimos indignados, asaltados en nuestra buena fe, porque el Personero Municipal de Chimichagua nos dijo que no iban a hacer el desalojo”, explicó el abogado que acompaña a la comunidad campesina.
Al final, el 21 de octubre llegó la esperada visita, pero venía amarrada con el desalojo, sin que los campesinos supieran. Las 18 familias que aún permanecían en Pitalito, observaron cómo llegaron en un solo vehículo de cuatro puertas, conducido por el procurador Darío Galvis de El Banco, Magdalena, el Inspector de Policía, el Personero Municipal y el asesor jurídico del municipio de Chimichagua; una funcionaria de Bienestar Familiar y el abogado de Fernández de Castro. Dijeron que venían hacer la inspección ocular de acuerdo con Resolución 1634 de ese mismo día, emitida por el Alcalde de Chimichagua.
La diligencia de inspección comenzó a las 9:20 de la mañana, cuando llegaron los agentes de la Policía, miembros del Esmad, del Ejército y de la Sijin. Terminó a las 2:50 de la tarde con la decisión de desalojarlos. A pesar de las solicitudes de la comunidad y de los abogados que la acompañaban, para que suspendieran el operativo porque no existía un plan de contingencia para la reubicación de estas familias con más de 20 niños, las autoridades no escucharon sus ruegos. El Personero aseguró que ya tenía un albergue provisional, donde podían quedarse y recibir alimentación y ayuda humanitaria. Pero varios campesinos atestiguaron que sólo les dieron albergue por una noche.
Dicen los campesinos que el día del desalojo llegaron hombres vestidos de civil que los grabaron y fotografiaron.Un miembro de la Junta de Acción Comunal de Pitalito le dijo a VerdadAbierta.com que ese día les destruyeron todo. “El salón comunal, las casas y la escuela. Todo quedó arrasado”. La versión fue confirmada el 15 de noviembre de 2013 por una misión de verificación, integrada por la Defensoría del Pueblo y las organizaciones nacionales e internacionales que acompañan a los campesinos, que se trasladó hasta los predios y constató el estado en que quedó la vereda.
Sin embargo, Darío Galvis, procurador provincial de El Banco (Magdalena), quien estuvo en el desalojo, le dijo a VerdadAbierta.com que “eso no fue así. El Ministerio Público está para garantizar los derechos de la población y los campesinos firmaron el acta de la diligencia. Eso que dicen los campesinos no ocurrió así y no puedo dar declaraciones porque no estoy autorizado. La prensa tiene que pedir la información a la oficina de comunicaciones de la Procuraduría General de la Nación”.
Desde el pasado 24 de octubre, estas familias viven hacinadas en una casa que un ciudadano de Curumaní le cedió en calidad de préstamo. Contaron que quisieron regresar a Pitalito a buscar lo que no pudieron traer el día del desalojo y recoger las cosechas de las cuatro hectáreas que han sembrado con maíz, yuca, pimentón, tomate, cebollín, pepino, ahuyama, aguacates, semilleros de guanábana, limones y papayas, no pudieron porque trabajadores de Fernández de Castro se los impidieron.
Ahora, con los disparos que hicieron los vigilantes del empresario contra los campesinos y el periodista, el señor que les prestó la casa en Curumaní quiere que los campesinos se vayan porque no quiere meterse en líos. Los campesinos están pidiéndoles a las autoridades que investiguen en detalle este caso porque, según ellos, ha habido demasiadas irregularidades.
Presentaron la reclamación ante la Unidad de Restitución de Tierras pero el organismo gubernamental, encargado de atender las solicitudes de restitución, documentarlas y presentarlas en demanda ante un juez, les señaló que el predio deberá ser estudiado porque está afectado por la Ley II de 1959, es decir, está dentro de una zona de reserva forestal. El Incoder y la Unidad no tienen la misma postura al respecto del uso de esas tierras. Hasta hace dos meses el primero señalaba que podían ser explotadas con un manejo especial del uso del suelo; pero la segunda determinó no dar prioridad a casos que como este tienen restricciones ambientales.
Es urgente que las autoridades independientes (Incoder, Unidad de Tierras o la justicia) investiguen a fondo el caso antes de que el álgido enfrentamiento conduzca a alguna tragedia.
