Durante el actual periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un conjunto de organizaciones de derechos humanos denunció la ineficiencia del Estado colombiano para afrontar ese flagelo. Las repuestas de la institucionalidad evidenciaron falencias. Para la Comisión, el diagnóstico está más que claro y preguntó por acciones concretas.
A pesar de la zozobra que producen, los panfletos amenazantes contra líderes comunitarios, organizaciones sociales y poblaciones enteras, se han vuelto una parte más del paisaje en varias regiones del país por la frecuencia con la que son emitidos. Muestra de lo anterior es el norte del departamento de Cauca, en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas recibieron alrededor de 30 amenazas escritas durante el primer semestre el año.
Ese tipo de agresión concentró la atención de algunos miembros y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sede en Washington, Estados Unidos, que escucharon las denuncias y requerimientos que realizaron siete organizaciones de la sociedad civil colombiana, y las explicaciones que aportaron dos representantes del gobierno nacional y una de la Fiscalía General de la Nación.
Las palabras iniciales estuvieron a cargo de Diana Sánchez, directora de la organización Minga, que promueve la defensa de derechos humanos en Nariño, Cauca y Norte de Santander. Denunció que las amenazas han tenido un incremento exponencial y progresivo, sin tener respuesta efectiva alguna por parte del Estado colombiano. “Según el Programa Somos Defensores, entre 2010 y el primer semestre de 2019, se registraron 3.334 casos de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, la mayoría bajo la modalidad de panfletos”, refirió.
Y prosiguió, tras advertir que esas cifras presentan un subregistro, debido a la intensidad de ese fenómeno que ocurre en todo el país: “Mientras que en 2010 el Programa registró 110 amenazas, año a año fueron aumentando progresivamente hasta alcanzar el pico de 539 amenazas en 2015. Durante 2016 y 2017, que coincide con la firma del Acuerdo de Paz, las cifras disminuyeron, para aumentar drásticamente en 2018, año en el que registramos 583 casos de amenazas. En el primer semestre de este año registramos 477”.
Con ese panorama, las miradas se posaron sobre la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que se le cuestionó por la ausencia de investigación en contexto y de acumulación de expedientes con hechos similares, para judicializar a los responsables de las amenazas.
También se puso en evidencia la falta de acceso público a registros y resultados del ente investigador, así sean pocos, como los que fueron obtenidos vía derecho de petición, los cuales revelan que entre 2017 y 2108, la Fiscalía abrió 1.172 procesos por el delito de amenazas y obtuvo resultados mínimos: tres condenas, nueve imputaciones y ocho juicios abiertos.
Respuestas del Estado
Tras esos cuestionamientos, la CIDH le otorgó la palabra a los representantes estatales: Francisco Barbosa, alto consejero Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales; Mónica Suárez, directora de Apoyo a la Investigación y Análisis para Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de la Nación; y Ricardo Arias, director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.
El primero en hablar fue el consejero Barbosa, quien señaló que “se han tenido unas reducciones desde el inicio del gobierno entre el 33 y 35 por ciento en temas de líderes sociales” y que los crímenes y parte de las amenazas están ocurriendo actualmente en 67 municipios, frente a los cien del gobierno anterior. Frente a esos municipios, recalcó que “allí toca avanzar unas estrategias y llevar el Estado de Derecho a esos territorios, y unas estrategias de gobierno absolutamente claras frente a estos”.
Sin dar mayores detalles de las cifras, indicó que esos resultados son producto del Programa de Acción Oportuna (PAO), que entró en marcha en noviembre de 2018. Y enumeró otras labores que el gobierno nacional ha realizado para tratar el tema de agresiones a líderes sociales: 1.859 consejos tácticos con el Ministerio del Interior y 2.050 acciones de coordinación institucional. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
En cuanto a otras cifras sin detallar, mencionó que se ha logrado el esclarecimiento del 58 por ciento de los asesinatos de líderes sociales, pero omitió decir que esos resultados sólo contemplan casos ocurridos desde 2016 y que en la mayoría de ellos no hay condenas sino investigaciones con órdenes de captura o imputaciones. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
Por otro lado, la representante de la Fiscalía General de la Nación, Mónica Suárez, se desmarcó sobre la falta de investigación en contexto y señaló que el ente acusador diseñó un protocolo para investigar de manera especial las amenazas: “Se creó un grupo especializado de fiscales, Policía judicial y analistas, porque no es recibir la amenaza como caso individual, sino entender que, si ese defensor ha tenido amenazas anteriores, hay que hacer el estudio en conjunto”.
Y aclaró que esa entidad tiene intervenciones tempranas en los casos de denuncia, por ello, destacó que se han dispuesto varios canales de comunicación directos: número de celular, plataformas sociales, un correo electrónico, priorización y seguimiento de casos. Esos canales, reconoció, han permitido, “por primera vez, implementar tres fallos condenatorios por amenazas, cuando no los habíamos obtenido (antes), ocho en juicio y nueve en etapa de investigación. Queremos continuar y seguir adelante”.
Sobre esos canales, posteriormente la funcionaria fue cuestionada por Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: “Muy plausible la voluntad de tener líneas telefónicas, pero se sigue desconociendo la Colombia rural. ¿De qué sirven unas líneas telefónicas cuando no hay acceso ni siquiera a un teléfono? Los medios idóneos materiales no son suministrados por el Estado para intentar activar alertas tempranas”.
Finalmente, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ricardo Arias, señaló que para el gobierno nacional “el fortalecimiento y el trabajo por las garantías de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, hoy es una prioridad”.
Puso el espejo retrovisor sobre gobiernos de antaño al indicar que “se encuentra uno un panorama anterior en donde había una dispersión normativa y de instancias de tal magnitud, que las respuestas no eran de ninguna forma eficientes, y en donde los espacios de interlocución con la sociedad civil se encontraban, no solamente congelados, sino que había una dilación al momento de encontrar respuestas en un corto o mediano plazo”. Y acto seguido destacó al PAO, pues, según él, busca “aunar esfuerzos institucionales para responder de manera efectiva y rápida a lo que hoy sucede en el territorio colombiano”.
Sin embargo, la realidad muestra otro panorama, como los constantes asesinatos de indígenas y la masacre de una candidata del Partido Liberal y su comitiva en Cauca. (Leer más en: La fatal deuda con las Guardias Indígena y Cimarrona del norte de Cauca y Suárez, tres años bajo fuego)
Sobre el panorama actual, Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), entidad que corrobora asesinatos de líderes sociales y cuyo trabajo es usado como fuente de investigación de la Fiscalía, “las violaciones se producen en un contexto de estigmatización de su labor (de la víctima), especialmente aquellos que viven en zonas rurales. Estas regiones se caracterizan por la falta de servicios básicos adecuados, altos niveles de pobreza, existencia de cultivos ilícitos, presencia de grupos armados ilegales y grupos criminales”.
Por ello concluyó que es necesario fortalecer la seguridad en las regiones donde está la mayoría de los cultivos de uso ilícito y donde se está implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS).
PAO Vs. CNGS y Águilas Negras
Aunque los dos funcionarios del gobierno nacional defendieron las bondades del Plan de Acción Oportuna (PAO), las organizaciones sociales controvirtieron esa postura y argumentaron que es una instancia paralela a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), creada en el Acuerdo de Paz para crear una política pública que le ponga fin a los grupos sucesores del paramilitarismo, que son señalados como los mayores responsables de la violencia contra líderes sociales.
Diana Sánchez, de Minga, insistió en que el gobierno del presidente Iván Duque está desnaturalizando a la CNGS y que tan sólo la ha convocado en dos ocasiones, a pesar de que debe sesionar mensualmente; además, que la está reemplazando con el PAO: “El gobierno ha decidido crear lo que parece ser una instancia paralela y reducida de la Comisión, que excluye la participación de la sociedad civil y posee una clara predominancia de instituciones de Defensa, por medio del llamado Plan de Acción Oportuna, que deja de lado una comprensión integral de las causas y estructuras detrás de las agresiones, como el entramado paramilitar que pretendía enfrentar el Acuerdo de Paz”.
Esa postura fue secundada por Jomary Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien planteó que el PAO es una política paralela, repetitiva, reactiva y que abandona el enfoque de seguridad del Acuerdo de Paz. Por ello, reiteró la importancia de generar una política pública que desmonte el paramilitarismo: “Si se cumpliera ese objetivo, podríamos estar avanzando en reducir los factores de riesgos para personas defensoras, organizaciones y comunidades”.
Finalmente, una de las preguntas más delicadas por parte de la CIDH la hizo Francisco José Eguiguren, quien es relator para Colombia y relator de Derechos Humanos. Dado que las denominadas Águilas Negras es el grupo que más envía panfletos amenazantes, el comisionado le preguntó directamente a los representantes del Estado si se sabe quiénes son. Se necesita “saber quiénes están al frente de estas organizaciones criminales, sea del narcotráfico o de actividades ilícitas; que se haya avanzado en identificarlos, en detenlos, en procesarlos, en acorralarlos”.
La representante de la Fiscalía respondió que por el momento no hay resultados concretos y que esperan tenerlos hacia finales este año, pues hay un fiscal asignado exclusivamente para ese tema. “Esto nos va a poder permitir y decir realmente si se trata de una continuidad (del paramilitarismo), no importa como se llame el grupo, pero estamos haciendo la investigación. Ya hemos recepcionado entrevistas, ya hemos recepcionado declaraciones de personas privadas de la libertad con fallos condenatorios que pertenecieron a Águilas Negras”, señaló.
Y concluyó: “No puedo decir en este momento que desarticulamos o hicimos, no. La apuesta que nosotros tenemos es que este año tenemos que dar a conocer qué ha pasado detrás de esta organización”.
