1.024 mujeres fueron agredidas en Colombia por defender derechos en el último quinquenio

El informe Voces de vida resistencia, volumen II, del Programa Somos Defensores, analiza los factores estructurales de las múltiples violencias que sufren las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos entre 2020 y 2024 en Colombia y hace un balance de las respuestas institucionales ante la magnitud de la situación. El documento ofrece insumos para llevar a cabo políticas públicas eficaces que atiendan las necesidades de las defensoras, que van más allá de una visión militarista de la seguridad, y que permitan superar factores de discrminación e injusticia social. 

Desde la Corporación Sisma Mujer se llama a abordar las agresiones contra las defensoras de derechos humanos como violencia sociopolítica de género. Actos sistemáticos de amedrentamiento por ser mujeres y ejercer liderazgos y defender derechos humanos y de la naturaleza. “Esto obedece a órdenes patriarcales expresados en estereotipos de género que proscriben a las mujeres todo aquello que subvierta su sobrecarga de trabajo de cuidado y los símbolos de dominación masculina”, señala el informe. El documento recalca que este tipo de violencia le sirve a redes de poder armado, político o económico que lucran con la expoliación de mujeres, sus comunidades y territorios. 

La Corte Constitucional estableció la presunción de riesgo extraordinario de género ante las agresiones contra las defensoras de derechos humanos, tras determinar que están expuestas a múltiples, reiterados y escalonados ataques. “Por tanto, es imperativo que la institucionalidad active todos los mecanismos necesarios para salvaguardar su vida, integridad y seguridad de forma extensiva a sus familias y organizaciones”, señala el informe.

Siguiendo esta línea, se señala que la Corte Constitucional ha determinado riesgos específicos para las mujeres expuestas al conflicto armado. Los riesgos van desde violencia y explotación sexuales; esclavitud doméstica y trabajos forzados; uso, utilización y reclutamiento; persecución y agresiones (incluso fatales) como parte de estrategias de control coercitivo; desintegración de su grupo familiar por desplazamientos, desapariciones o asesinatos; despojo de sus tierras y patrimonio; pérdida de sus fuentes de ingresos y apoyos económicos; hasta aquellos derivados de su pertenencia a grupos étnicos u organizaciones comunitarias, sociales o políticas.

El informe es claro en advertir el problema del bloqueo institucional de género, el cual se define como una situación en la que las entidades encargadas de diseñar y ejecutar las políticas públicas de género carecen de coordinación, responsabilidades, capacidades o recursos. Entre los problemas detectados se encuentran los retrasos planes de acción, falta de ejecución, indicadores insuficientes, falta de presupuesto, fallas en mecanismos de protección, incluidos casos de violencia sexual cometidos por escoltas. 

También se identificó en las políticas públicas una compresión desigual del enfoque de género, problemas para identificar y registrar quiénes son defensoras y barreras de participación en el tema digital. Además, hay una gran cantidad de zonas de alto riesgo para las defensoras que quedan desatendidas mientras los esfuerzos institucionales se centran en lugares donde ya hay atención.

El Sistema de Información de Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos del Programa Somos Defensoras (SIADDHH) registró 4.043 personas defensoras víctimas de una o más agresiones entre 2020 y 2024, de las cuales 1.024 fueron mujeres. En total se documentaron 1.118 agresiones contra defensoras, equivalentes al 26% de las 4.335 agresiones contra personas defensoras registradas en el período. 

Por año, las agresiones contra mujeres fueron: 247 en 2020, 284 en 2021, 189 en 2022, 203 en 2023 y 195 en 2024. Las mujeres indígenas fueron el liderazgo más afectado con un total de 233 defensoras, el 23% de las mujeres violentadas. En 2021, año del Estallido Social, destacó por la represión estatal: 14 detenciones arbitrarias contra defensoras, el 67% del total del periodo analizado, y cuatro judicializaciones, la mitad de las registradas. Cauca concentró 26% de esas detenciones. 

En 2023, mientras las agresiones contra el conjunto de personas defensoras disminuyeron 9%, las dirigidas contra mujeres aumentaron 7%. Las amenazas fueron la agresión más frecuente: 797 casos, el 71% del total. Se registraron 110 asesinatos, pasando de representar el 6% de las agresiones en el periodo 2013-2019 a 10% entre 2020 y 2024. 

Entre los presuntos responsables de las agresiones aparecen; grupos desconocidos con 446 agresiones (40%), paramilitares con 344 (31%), grupos postacuerdo con 128 (11%), la fuerza pública con 90 (8%) y el ELN con 37 (3%). Los lugares más afectados fueron el Cauca registró 247 agresiones, Bogotá con 123, Antioquia con 104, el Valle del Cauca con 94 y La Guajira con 60.

El informe concluye que la violencia contra las defensoras es un mecanismo de control social y político. El objetivo no es solo la mujer, sino mermar a las comunidades y procesos sociales. En medio del postacuerdo, el documento señala que para que se pueda construir paz en Colombia es una condición necesaria la protección y esfuerzo institucional de las políticas de género en su integralidad.