Tras la entrega de dos oficiales retirados de la Policía vinculados con la masacre que acabó con la vida de 20 nativos de Cauca, se abre nuevamente el proceso por esclarecer este crimen que ocurrió hace 23 años. Líderes esperan que el Estado cumpla con la reparación pactada y, además, se procese a los autores intelectuales de la masacre.
El general (r) Fabio Castañeda fue vinculado nuevamente con la masacre de El Nilo y se entregó para responder al llamado de la Justicia. Fotos: archivo Semana
En la noche del pasado martes el general (r) Fabio Alejandro Castañeda y el mayor (r) Jorge Enrique Durán se entregaron en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de la Policía para ponerse a disposición de la justicia luego de conocerse una orden de captura en su contra por hechos relacionados con la masacre de El Nilo, ocurrida el 16 de diciembre de 1991 en Caloto, Cauca. (Lea: La masacre de El Nilo)
Ese día fueron masacrados 20 indígenas de la comunidad Nasa -anteriormente conocida como Páez- que se habían tomado por las vías de hecho la hacienda El Nilo, considerada territorio ancestral, en busca de que el Estado se la comprara a sus propietarios y, posteriormente, se las titulara, como ya habían hecho antes en el norte de Cauca. (Lea: La sangre que recuperó las tierras de los Nasa)
De acuerdo con lo consignado en el expediente judicial, “en horas de la noche del 16 de diciembre de 1991, varios hombres fuertemente armados arribaron a la casa principal de la Hacienda El Nilo, ubicada en el corregimiento El Palo del municipio de Caloto (Cauca), habitado por un considerable grupo de indígenas paeces pertenecientes al Resguardo Guataba, y tras incendiar sus viviendas y ubicar a los líderes de la comunidad, los obligaron a tenderse en el piso, para, enseguida, dispararles ráfagas de fusil y causarle la muerte”.
Tras las recientes decisiones de la justicia y la entrega de los oficiales retirados, los indígenas del norte del Cauca esperan que “por fin” se haga justicia. Orlando Güetia, consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), cuestiona que después de 23 años todavía no se sepa quiénes son los actores intelectuales de la masacre.
“Sabemos que hubo miembros de la Fuerza Pública, hacendados y paramilitares involucrados, pero pedimos que se encuentren a los autores reales de los hechos: este fue un hecho que involucró a muchos sectores de la sociedad”, le dijo Güetia a VerdadAbierta.com.
Desde que ocurrió la masacre, los indígenas han señalado que en ella participaron miembros de la Fuerza Pública, hacendados, narcotraficantes y paramilitares. Inicialmente, Castañeda y Durán fueron procesados por la justicia ordinaria, pero su caso fue remitido al Tribunal Superior Militar, donde fueron absueltos el 26 julio de 1999. No obstante, el 20 de agosto del año pasado, la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Eyder Patiño Cabrera, anuló ese fallo y ordenó que se reabriera el caso desde la etapa de instrucción. ( Descargue el fallo de la Corte en PDF)
Esa decisión de la Corte Suprema surgió a raíz de una demanda de revisión del fallo de la Justicia Penal Militar que presentó el 4 de febrero de 2011 la Procuraduría General de la Nación. Varias fueron las razones por las que la Corte decidió reabrir la investigación, entre ellas que el Estado no cumplió la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hacer una investigación a fondo; que el proceso pasara a la Justicia Penal Militar pese a que un fiscal de Derechos Humanos dictara resolución de acusación contra los dos oficiales previamente; y que la jurisdicción militar “no garantizó los estándares constitucionales de investigación y juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos”.
Por otro lado, semanas previas a la anulación de la Corte Suprema, el Consejo de Estado condenó a los dos oficiales, les ordenó indemnizar a los familiares de las víctimas y compulsó copias para que la Fiscalía reabriera la investigación. En su fallo, este tribunal le dio credibilidad al testimonio de dos hombres que confesaron su participación en la masacre, quienes declararon que en ella actuaron el entonces capitán Castañeda y varios de sus subalternos. Para la fecha de los hechos Castañeda era capitán de la compañía antinarcóticos destacado en el municipio de Santander de Quilichao.
El general (r) Castañeda, quien hasta hace dos años estuvo al frente de la comandancia de la Policía Metropolitana de Cali, siempre ha defendido su inocencia y dijo que en el momento de los hechos estaba en Santander de Quilichao en una novena navideña.
Las peticiones de los Nasa
Las comunidades indígenas del norte del Cauca quieren vivir en paz en sus territorios y piden que cese la violencia. Según sus cuentas, más 600 miembros de su comunidad han perdido la vida en masacres y asesiantos selectivos cometidos por actores armados. Foto: VerdadAbierta.com.
Esneider Gómez, exgobernador del resguardo de Toribío y consejero de la Acin, además de pedir que se procesen a los autores intelectuales de la masacre, pide una fuerte sanción para los dos oficiales retirados de la Policía. “Ya que no los podemos juzgar nosotros, esperamos que la Justicia sea coherente y les caiga todo el peso de la Ley; el dolor de 20 familias pide justicia”, le dijo a VerdadAbierta.com.
Además de la falta de justicia, los indígenas del norte del Cauca también han sido víctimas del incumplimiento del Estado para su reparación. En 1997 los Nasa conciliaron con el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llegaron a un acuerdo que contiene cinco puntos. El Estado se comprometió a entregarles 15.600 hectáreas en cinco años; a apoyar sus planes de vida; a procesar a los actores intelectuales de la masacre; a garantizar la no repetición de estos hechos violentos; y a reparar integralmente a las familias de las 20 víctimas.
El consejero Güetia explicó que el primer punto se cumplió a medias porque sólo hasta el año pasado, y luego de fuertes presiones y manifestaciones por parte de la comunidad, el Estado terminó de entregarles las hectáreas acordadas. Al respecto, el exgobernador Gómez considera que el Estado les sigue incumpliendo y que en medio de ese proceso de reparación les causó un gran problema porque les otorgó una finca que pertenecía a una comunidad afrodescendiente. Ese incidente llevó a las dos comunidades a enfrentarse a muerte. (Lea: Un error del gobierno los enfrentó, ahora afros e indígenas se reconcilian)
Las comunidades llegaron a un acuerdo y los indígenas les entregaron la finca a los afrodescendientes a cambio de que el Estado les diera otras tierras en Caquetá y les ayudara a reubicar a 17 familias. “Confiamos en el Estado y nos incumplió. No nos han dado las tierras y no nos han ayudado con las casas para las 17 familias que ahora están en Barrancón”, explicó Gómez, quien lideró esa negociación por parte de los indígenas.
Gabriel Paví, el actual gobernador del resguardo de Toribío, lugar en el que nacieron los 20 indígenas asesinados en El Nilo, afirma que el Estado les falló en apoyar sus planes de vida, en procesar a los actores intelectuales y en protegerlos de más hechos violentos. “Después de la masacre de El Nilo vinieron las de El Naya, Gualanday, San Pedro y otras. Ese es uno de los incumplimientos que más nos duelen porquecientos de mayores y guardias indígenas han perdido la vida por una guerra ajena en nuestro territorio”, dijo Paví. Según cifras de la Acin, desde 1999 han sido asesinados más de 600 indígenas en el norte del Cauca.
Sobre la reparación a los familiares de la víctimas también hay reparos. Los líderes indígenas afirman que el Estado no les dio una reparación integral y cuestionan que a la fecha todas las familias no hayan sido indemnizadas. El consejero Güetia explicó que solo 12 familias fueron indemnizadas y las ocho restantes no recibieron indemnización alguna.
Pese al incumplimiento del Estado y a la lentitud de la Justicia, los Nasa ven en la reapertura del proceso contra los oficiales Castañeda y Durán la oportunidad de encontrar la verdad y la reparación que les ha sido tan esquiva durante décadas. Este es uno de los hechos que más les duele e indigna, porque como lo dijo alguna vez Feliciano Valencia, uno de los líderes más visibles de esa comunidad, “con esa masacre nos inauguraron la Constitución Política de 1991, la cual reconoció los derechos por los que peleamos durante tantos años”.
