La justicia dictó dos sentencias contra este narcotraficante por una parte de los asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas que ocurrieron en ese municipio de Valle del Cauca hace más de 20 años.
 Henry Loaiza Ceballos, alias ‘El Alacrán’, uno de los ex jefes del Cartel del Cali vinculado con la masacre de Trujillo. Foto: Inpec. |
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga tomó nuevas decisiones por la ola violencia que desataron narcos y paramilitares contra las comunidades del norte de Valle del Cauca entre 1986 y 1994. Los dos fallos vinculan a Henry Loaiza Ceballos, alias ‘El Alacrán’, ex capo del Cartel de Cali, con una desaparición forzada, 43 homicidios y 22 secuestros, ocurridos en marzo de 1990 en Trujillo.
En la primera sentencia, a raíz de una investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el juez condenó al confeso narcotraficante a una pena de 20 años de cárcel por los homicidios, secuestros y la desaparición forzada; en la segunda, lo condenó a 30 años como coautor de homicidio agravado.
En ambos casos, el juzgado le ordenó a Loaiza indemnizar a los familiares de las víctimas con mil salarios mínimos vigentes al momento del pago. A cada víctima le corresponderían alrededor de 600 millones de pesos por los daños sufridos.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos que originaron la sentencia ocurrieron el 29 de marzo de 1990, en la vereda Playa Alta, del corregimiento La Sonora (Trujillo), cuando se presentó una emboscada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a una patrulla del Ejército, donde murieron siete uniformados y un presunto subversivo.
El ente investigador indicó que “como consecuencia del ataque y, al parecer, en retaliación a la presunta colaboración de ciudadanos de Trujillo con grupos subversivos, se conformó un grupo paramilitar en su mayoría integrado por personas jóvenes de la región, quienes con la connivencia de algunos militares y policías acantonados en la zona, iniciaron un periplo por la jurisdicción” que dejó a las 65 víctimas.
En septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia ordenó revisar los fallos de 1991 que absolvieron a los narcotraficantes Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’ y Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, al igual que al mayor del Ejército (r) Alirio Ureña y a Diego Rodríguez. Dos años y medio después, la justicia corrigió el rumbo, aunque en 2009, ‘El Alacrán’ fue condenado a 30 años de prisión, pero sólo por dos asesinatos.
Además, el 13 de julio de 2010 fue capturado el coronel (r) del Ejército Hernán Contreras Peña por su presunta responsabilidad. En octubre de ese año también fue condenado el mayor (r) Alirio Urueña, y otros miembros de la Fuerza Pública han sido vinculados a la investigación.
El caso de la masacre de Trujillo
Este municipio de Valle del Cauca es tristemente conocido por una serie de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas que paramilitares y narcotraficantes cometieron entre 1986 y 1994 contra los campesinos a los que consideraban como afines a grupos guerrilleros.
La violencia también tocó a los municipios vecinos de Riofrío y Bolívar, en donde se estima que fueron asesinadas alrededor de 300 personas. Los crímenes alcanzaron su punto más álgido entre marzo y abril de 1990, después de un combate en el corregimiento La Sonora, donde siete militares fueron asesinados por el ELN.
Después de la emboscada la violencia se intensificó, con las desapariciones de cinco ebanistas, y el asesinato del padre y líder comunitario Tiberio Fernández, quien fue mutilado de pies y manos, castrado, decapitado y lanzado al río Cauca por denunciar la barbarie que se había tomado Trujillo.
Para cometer la masacre, narcotraficantes, miembros de la Policía y del Ejército y paramilitares se aliaron. Justificaron los crímenes como reacción a los abusos del Eln, pero en realidad desaparecieron testigos, desplazaron y despojaron campesinos y asesinaron a presuntos ladrones y drogadictos.
La Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir las investigaciones por estos crímenes y se apoyó en las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación de los Sucesos de Trujillo, creada por la Presidencia de la República en 1994, y por el informe del grupo memoria histórica de la desaparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), ‘Trujillo: una tragedia que no cesa‘, publicado en 2008. La investigación de la CNRR establece que numerosas pruebas no fueron tenidas en cuenta en el proceso judicial.
Uno de estos es el testimonio de Daniel Arcila Cardona, informante del Ejército en Trujillo y uno de los principales testigos. Arcila fue desacreditado, y a pesar de las pruebas, su versión no fue tenida en cuenta. En 1991, un año después de dar su testimonio a la justicia, Arcila desapareció.
‘Trujillo: una tragedia que no cesa’, también demostró que en el proceso se destruyeron y alteraron pruebas y peritajes, intimidaron a familiares de las víctimas, señalaron a los muertos como colaboradores de la guerrilla. El informe concluye que “en suma, en el proceso seguido hay una puesta en acción de eventos criminales y también de recursos sociales y legales encaminados, no a esclarecer, sino a encubrir”.
Además, la Corte Suprema de Justicia calificó la masacre de Trujillo como delito de lesa humanidad, por lo cual, a pesar de que han pasado más de 20 años desde los asesinatos y las desapariciones, el crimen no prescribe.
En 1995, el Estado colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obligó al entonces presidente Ernesto Samper a pedir excusas públicas, pero las decisiones judiciales no habían seguido la sentencia.
En 2010, la Corte trató de acabar con la impunidad por esta masacre, ya que sólo había sido condenado Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’ a 30 años en 2009, el mayor Aliro Urueña Jaramillo fue llamado a juicio en 2008, ‘Don Diego’ fue extraditado a Estados Unidos.
Las víctimas todavía están a la espera de condenas a antiguos miembros del Batallón Palacé de Buga, de ex oficiales de la Policía de Tuluá y Trujillo, y de narcotraficantes de Valle.
