La justicia produjo la segunda condena contra un ex oficial del Ejército por una serie de masacres ocurridas en varios municipios del Valle del Cauca, entre 1986 y 1994.
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Las víctimas de la masacre de Trujillo llevan 24 años exigiendo justicia. / FOTO SEMANA – Decisión de la Corte Suprema de Justicia para reabrir investigación de la masacre de Trujillo. – Trujillo: una tragedia que no cesa, informe de la CNRR – Capturan a coronel(r) del Ejército por masacre de Trujillo – Fue condenado ‘El Alacrán’ por homicidios en Trujillo –Ordenan dos recapturas por masacre de Trujillo |
Un juez especializado de Bogotá condenó a 44 años de cárcel al mayor (r) Alirio Antonio Urueña Jaramillo por su responsabilidad en la masacre de Trujillo, una serie de asesinatos que dejó entre 245 y 342 muertos en los municipios Trujillo, Riofrío y Bolívar, del Valle, entre 1986 y 1994.
La investigación probó que el entonces comandante del Batallón Palacé de Buga, de la Tercera Brigada del Ejército, se alió con los paramilitares financiados por los narcotraficantes Henry Loaiza alias ‘El Alacrán’, Iván Urdinola Grajales y Diego Montoya alias ‘Don Diego’, para cometer al menos 103 de los 342 crímenes registrados. En el fallo, el juez absolvió al teniente (r) de la Policía José Fernando Berrío y al sargento (r) Aníbal Álvarez Hoyos.
Esta condena se convierte en la segunda para el caso de Trujillo, después de que en diciembre de 2009 un juez de Buga sentenciara a alias ‘El Alacrán’ a 30 años de prisión. En ese fallo, el Juzgado Tercero Penal lo halló responsable del asesinato de Daniel Arcila y Mauricio Castañeda.
El caso de la masacre de Trujillo se había caracterizado por la impunidad y todo tipo de tropiezos en el proceso judicial. Por ejemplo, el 27 de enero de 2009 el Juzgado Segundo Penal de Tuluá anuló el proceso que llevaba la justicia contra el mayor Alirio Urueña y el teniente José Bernando Berrío (absuelto), argumentando que habían sido acusados de forma errónea por el delito de homicidio agravado con fines terroristas. Además de la nulidad, el juez les concedió libertad provisional el 6 de marzo de 2009.
El 22 de mayo de 2009 el Tribunal Superior de Buga ordenó recapturar a los ex integrantes de las fuerzas militares, respondiendo una apelación presentada por la Fiscalía y la Procuraduría. En septiembre de 2010 la Corte Suprema ordenó revisar los fallos de 1991 que habían absuelto a los narcotraficantes alias ‘El Alacrán’, alias ‘Don Diego’, así como al mayor del Ejército (r) Alirio Ureña y a Diego Rodríguez Vásquez (ver la decisión completa de la Corte).
Según el informe ‘Trujillo: una guerra que no cesa’, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -Cnrr-, diferentes pruebas no fueron tenidas en cuenta en el proceso judicial. Además testigos como Daniel Arcila, informante del Ejército en Trujillo, fueron desacreditados y luego desaparecidos después de colaborar con la justicia.
La Cnrr indicó que en el proceso se destruyeron y alteraron pruebas y peritajes, intimidaron a familiares de las víctimas y señalaron a los muertos como colaboradores de la guerrilla.
La masacre de Trujillo
Fue una serie asesinatos ocurridos en Trujillo, Riofrío y Bolívar, municipios del Valle del Cauca, donde fueron asesinadas entre 245 y 342 personas entre 1986 y 1994.
Los crímenes alcanzaron su punto más álgido entre marzo y abril de 1990, después de un combate en La Sonora, localidad de Trujillo, donde siete militares fueron asesinados por el Eln.
Después de la emboscada, la violencia se intensificó con las desapariciones de cinco ebanistas, y el asesinato del padre y líder comunitario Tiberio Fernández, quien fue mutilado de pies y manos, castrado, decapitado y lanzado al río Cauca por denunciar la barbarie que se había tomado Trujillo.
Para cometer la masacre, narcotraficantes, miembros de la Policía y del Ejército y paramilitares se aliaron. Justificaron los crímenes como reacción a los abusos del Eln, pero en realidad desaparecieron testigos, desplazaron y despojaron campesinos y asesinaron a presuntos ladrones y drogadictos.
En 1995 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DIH) condenó al Estado colombiano por esta masacre, por lo que el entonces presidente Ernesto Samper tuvo que pedir excusas públicas. Además, la Corte Suprema calificó la masacre como delito de lesa humanidad, hecho que hace que así hayan pasado más de 20 años, el crimen no prescribe.
Con información de la agencia de noticias EFE y VerdadAbierta.com
