Una investigación señala la responsabilidad de algunas empresas en el desplazamiento forzado, pero a la vez hace énfasis en los esfuerzos por prevención y mitigación. El estudio se realizó durante un año y se concentró en Antioquia y Nariño, departamentos críticos.
El estudio encontró que “efectivamente hay vínculos que relacionan al sector empresarial con el desplazamiento forzado interno, tanto en zonas de expulsión como en zonas de recepción”, pero agrega que no son evidentes ni generalizables.
Las conclusiones plantean tres formas de relación: una negativa, en la que el sector privado resulta involucrado en la generación de desplazamiento, y dos positivas, en las que las empresas participan en su prevención o mitigación a través de proyectos comunitarios. Estas últimas se enmarcan en la responsabilidad social y cumplen un importante papel “de cara a la construcción y el fortalecimiento de su licencia social para operar”.
En la presentación del estudio se recalcó que el desplazamiento forzado sigue siendo un grave problema para el país. Colombia es la segunda nación en el mundo con más refugiados internos, con aproximadamente cuatro millones de personas en dicha situación.
De otra parte, se señaló que si bien existen iniciativas desarrolladas por el sector privado en prevención y mitigación del desplazamiento forzado, estas siguen siendo poco visibles y resultan escasas frente a las dimensiones del fenómeno. Por esta razón se resaltó la experiencia de tres casos exitosos, ubicados en El Salado (Sucre), Medellín y Santa Marta.
La investigación
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Universidad de los Andes fueron las entidades encargadas del informe, que buscó analizar el sector empresarial y su relación con el desplazamiento forzado interno en Colombia. El estudio contó con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Su elaboración estuvo dirigida por Angelika Rettberg, del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, y de Ángela Rivas, de la FIP. La recopilación de información se realizó entre diciembre del 2009 y diciembre del 2010, y se concentró en los departamentos de Antioquia y Nariño.
Estos departamentos comparten altos niveles de desplazamiento forzado, pero con características diferentes. En Antioquia es una problemática que viene de muchos años atrás y está vinculada a la expansión paramilitar. Mientras en Nariño es un fenómeno más reciente y está relacionado con la disputa territorial de los diferentes actores del conflicto.
Casos de generación de desplazamiento
La investigación enuncia tres casos concretos de empresas judicializadas por su vinculación en la generación de desplazamiento forzado: Chiquita Brands, Dole y las empresas palmeras de Urabá.
Chiquita Brands es una empresa bananera estadounidense acusada de casos de “asesinato, tortura, masacres y secuestros” en la región de Urabá. La empresa pagó 25 millones de dólares a la justicia estadounidense como multa por haber patrocinado grupos paramilitares.
Dole Food Company, otra compañía frutera estadounidense, enfrenta acusaciones por “estimular, financiar y colaborar directamente con las actividades de grupos paramilitares en la zona bananera de Magdalena y La Guajira entre 1997 y 2007, donde se registraron cerca de 300.000 personas desplazadas”.
El tercer caso lo constituyen algunas empresas palmeras de la región de Urabá, donde al menos nueve compañías estuvieron estrechamente vinculadas al paramilitarismo, en especial en Jiguamiandó y Curbaradó (Chocó), donde se usurparon las tierras de varias comunidades afrodescendientes.
Búsqueda de responsabilidad social empresarial
En contraste, el estudio documentó tres casos significativos de participación empresarial en programas de mitigación del desplazamiento forzado: el proyecto de reconstrucción de El Salado, de la Fundación Semana; el programa “Energía para el Retorno”, de las Empresas Públicas de Medellín, y el Programa de Desarrollo Sostenible para Población Desplazada de Santa Marta, de Fundaunibán.
“Existe un enorme potencial por explorar y desarrollar en relación con la generación de alternativas que desde el sector empresarial contribuyan a resolver situaciones ligadas al desplazamiento”, afirmó Ángela Rivas, coautora del estudio. Para ella, el conocimiento del problema por parte de las empresas desarrollará su capacidad de contribuir a la superación del desplazamiento forzado interno y a la construcción de paz.
En el foro de presentación se señaló que “las empresas deben aumentar su participación y acción en la solución del desplazamiento forzado en Colombia”. En ese sentido, se requiere de mayor comprensión por parte de los empresarios del contexto colombiano y de su deber de respetar los derechos humanos y contribuir a su vigencia, sin desconocer que la principal responsabilidad recae en manos del Estado.
La investigación invita a que las empresas tomen conciencia sobre la situación del desplazamiento forzado y los demás fenómenos derivados del conflicto armado como primer paso hacia la búsqueda de soluciones mancomunadas. En ese sentido, si la inversión extranjera se sigue promoviendo en el país, se requerirá de mayor compromiso empresarial para el cumplimiento de los derechos humanos.
Publicado en: Semana.com
