Autodenominados así hace 14 años, fueron subestimados desde sus inicios por las autoridades, pero, con el paso del tiempo, se convirtieron en una máquina criminal capaz de paralizar parte de país. Aprendieron de exguerrilleros, exparamilitares, militares y policías retirados que se sumaron a esta organización armada ilegal. Hoy generan riesgo electoral en por lo menos 253 municipios.
“No son autodefensas. Lo que tenemos en varias zonas del país […] son unas organizaciones criminales emergentes muy pequeñas, que están manejando cultivos ilícitos que existían en las zonas donde se desmovilizaron las autodefensas”, aclaró el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en una entrevista televisiva emitida el 30 de marzo de 2006, al referirse a los grupos armados ilegales que estaban surgiendo en reemplazo de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos pactados a mediados de 2003 con el Estado colombiano.
Esa aclaración no era menor. De acuerdo con cifras de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, creada para adelantar labores de coordinación interinstitucional e información con el fin de articular procesos de inteligencia, operativos y de confrontación contra estas organizaciones ilegales, para ese año se contabilizaban 22 estructuras armadas en diversas regiones del país, conformadas por 4 mil hombres.
Se trataba de grupos que aspiraban a copar los territorios que, en apariencia, habían abandonado los integrantes de los distintos bloques y frentes de las Auc que para reinsertarse a la vida legal tras dejar sus armas y comprometerse a contar la verdad, reparar a sus víctimas y a no repetir los hechos violentos.
Entre esos grupos, calificados de “muy pequeños”, comenzó a destacarse uno que, inicialmente, se autodenominó ‘Bloque Héroes de Castaño’, y fue creado a mediados de 2006 en el norte del Urabá antioqueño por orden de Vicente Castaño, uno de los fundadores de las Auc y verdadero cerebro detrás de la expansión paramilitar de finales de los años 90.
Castaño delegó la responsabilidad del mando en Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, un trajinado exparamilitar con experiencia en el manejo de finanzas provenientes del narcotráfico, quien se desmovilizó con el Bloque Centauros en septiembre de 2005 en zona rural del departamento de Casanare.
Este nuevo grupo se conformó en sus inicios con excombatientes de las Auc que no se acogieron al proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida legal pactado con el Estado colombiano o que renegaron de ese acuerdo y retomaron las armas, así como con exguerrilleros que decidieron cambiar de bando, y luego se fueron integrando policías y militares retirados.
A la sombra de alias ‘Don Mario’ estaban dos hombres que habían comenzado su recorrido en la guerra dos décadas antes en el Urabá antioqueño en las filas subversivas del Epl: los hermanos Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga David. Conocidos con los alias de ‘Giovanni’ y ‘Otoniel’ respectivamente, ambos aportaban experiencia en la lucha armada.
Esta incipiente estructura criminal daría un salto cualitativo el 15 de octubre de 2008, en plena vigencia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática impulsada por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Ese día promovieron el primer paro armado de que se tenga conocimiento en varios municipios del eje bananero en el Urabá antioqueño con motivo de su “presentación en sociedad” bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), a las que luego el gobierno nacional las nombraría luego como ‘Los Urabeños’ y después como ‘Clan del Golfo’ para no estigmatizar a los habitantes de esa región.
A través de un comunicado explicaron que las razones de ese rearme se fundamentaban “en los incumplimientos del gobierno en el proceso de paz que adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia, y el avance de la guerrilla en busca de controlar zonas donde ha ejercido control las autodefensas durante muchos años”.
Asimismo, precisaron por qué adoptaron ese nombre: “[…] le hemos dado el nombre a nuestro movimiento el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en homenaje a ese gran líder asesinado por defender a las clases más desprotegidas del país”. Y precisaron su objetivo: “Nuestros esfuerzos irán encaminados a luchar contra la guerrilla, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, los crímenes de estado, la politiquería, la violación a los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia participativa. En busca de una Colombia madre patria para todos”.
De esa manera comenzaba a construir una cruenta historia que avanzaba de manera paulatina hacia diversas regiones del país con la pretensión de posicionarse como la más grande organización criminal del país y batiéndose a sangre y fuego con quienes se opusieran a sus objetivos. Para el momento de su anunció, y de acuerdo con reportes del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, las Agc tenían presencia en 18 municipios de cuatro departamentos -Antioquia, Córdoba, Chocó y Atlántico-.
Pero detrás de esa supuesta fundamentación ideológica se ocultaba un objetivo económico: el control del negocio del narcotráfico y de otras actividades ilegales, entre ellas la explotación minera en enclaves auríferos, razón por la cual los jefes de las Agc fortalecieron alianzas con grupos armados ilegales, bandas criminales locales y regionales, así como con la antigua guerrilla de las Farc, lo que les permitió expandirse y crecer en hombres, armas y control territorial. (Leer más en: Acuerdo entre Farc y ‘Gaitanistas’ está en crisis: ‘Rubén El Manteco’)
“El propósito fue dominar toda la cadena del negocio, sin intermediarios, y fungiendo, además, como agentes de seguridad para otros narcotraficantes aliados que estuvieran dispuestos a pagar por ello”, dice una investigación de la Fundación Ideas para la Paz sobre los ‘Gaitanistas’.
Su principal jefe, alias ‘Don Mario’, se convirtió en una obsesión para las autoridades y tras intensos operativos fue capturado en zona rural del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Ante su detención, ‘Giovanni’ y ‘Otoniel’ asumieron la comandancia de los ‘Gaitanistas’, con la tarea de expandir y consolidar la organización.
De acuerdo con análisis del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, que se sustentan en información recolectada por más de una década, y de opiniones de especialistas en el conflicto armado y el crimen organizado en Colombia, esta organización criminal opera en red bajo tres dinámicas por lo menos: tienen presencia territorial como estructura; subcontratan o tercerizan “servicios” con otros grupos armados ilegales que tienen presencia regional o local; y trabajan en alianza con carteles transnacionales del narcotráfico.
En esa caracterización coincide Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que le hace seguimiento a este tipo de fenómenos: “Esta no es una organización vertical y estructurada, tipo Ejército o guerrilla. Es una constelación de grupos que se enlazan por intereses: muchas bandas locales, estructuras más organizadas y un núcleo que se mantiene muy cohesionado alrededor de mandos medios. Como están en una alianza en función de muchos negocios, que van más allá del narcotráfico, es un portafolio mafioso”.
Paros armados, su estrategia
Con base en esas dinámicas de operación, que les ha permitido crecer, expandirse y consolidarse, han realizado por lo menos cinco paros armados, incluido el de la semana pasada, en sus 14 años de vida ‘gaitanista’: el primero fue en octubre de 2008, cuando anunciaron su creación.
El segundo ocurrió a comienzos de enero de 2012, tras la muerte en una acción policial de alias ‘Giovanni’, uno de sus jefes más representativos, afectando 16 municipios de seis departamentos.
Tras esa muerte, los ‘Gaitanistas’ quedaron bajo el mando de ‘Otoniel’ y de otro hombre curtido en la guerra, Francisco José Morelo Peñate, alias ‘El Negro Sarley’. Y justo el tercer paro, ocurrido en abril de 2013, lo padecieron varias poblaciones de Urabá y Bajo Cauca, en Antioquia, tras la muerte de ‘El Negro Sarley’, durante combates con la Fuerza Pública en zona rural del municipio de San Pedro de Urabá.
El cuarto paro armado se realizó en abril de 2016 y tuvo como excusa conmemorar la muerte de alias ‘El Negro Sarley’. En esa acción criminal, que afectó a 36 municipios en ocho departamentos del país, evidenciaron su poder y presencia territorial. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ le hablan con armas al proceso de paz?)
Valga destacar que tres de los paros armados promovidos por los ‘Gaitanistas’, así como su expansión y consolidación territorial, se realizaron bajo la vigencia de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, impulsada por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Y el quinto paro armado ocurrió entre el jueves y el domingo de la semana pasada, en reacción de los ‘Gaitanistas’ a la decisión del gobierno nacional de extraditar a Estados Unidos a alias ‘Otoniel’, considerado por las autoridades el jefe máximo de esa organización criminal y capturado en octubre de 2021 en zona rural de Necoclí, en el Urabá antioqueño. (Leer más en: Cayó ‘Otoniel’, el hombre de las tres guerras y La apuesta de ‘Otoniel’ por la JEP no lo salvó de su extradición)
Organizaciones sociales y entidades estatales coincidieron en resaltar que, en esta ocasión, se afectaron por lo menos 11 departamentos y 178 municipios. Homicidios, confinamientos de comunidades urbanas y rurales, quema de vehículos, cierres del comercio y hasta cortes de agua y gas, hicieron parte del repertorio de violencia aplicado por las Agc.
Ante esas afectaciones, John Córdoba, poblador del Urabá antioqueño, asevera que “esos acontecimientos del paro armado no son nuevos, seguramente en otras regiones del país sí. Aquí, cada que hay una baja o una captura de alguno de los miembros del Clan del Golfo, la ciudadanía sabe que el paso siguiente es el paro armado y eso generalmente dura tres o cuatro días”.
Hablando desde uno de los municipios más importantes de esta región agroindustrial, este poblador dice que la última acción de los ‘Gaitanistas’ no generó “mucha zozobra porque, de alguna manera, hemos aprendido a convivir con el conflicto armado”.
Pero en otras zonas como Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, las afectaciones sí se sintieron, y así lo cuenta el campesino Enemesio Ramírez, habitante de la vereda Ojito Seco de ese municipio y productor de aguacate. Cuando comenzó el paro el jueves pasado tenía más de 2 mil aguacates para la venta, pero no pudo salir al mercado porque supuestos integrantes de las Agc pasaban en motocicletas y le disparaban al que saliera. “Me voy para pérdidas y esto es desesperante y triste”, se lamenta.
No obstante, hay situaciones que vienen de tiempo atrás. Uno de los casos más representativos es lo que ocurre en el área metropolitana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que le hace seguimiento a este tipo de fenómenos criminales vulneradores de derechos humanos, dice que la presencia los ‘Gaitanistas’ se remonta a diciembre de 2020.
“Tienen incidencia política, ejercen control territorial, tienen control social y conviven en territorios muy cercanos a nuestra ciudad capital […] lo que demuestra es una fortaleza, sobre todo en estos cuatro años de gobierno de Iván Duque. Es indudable el fortalecimiento de esta estructura paramilitar en todo el país”, afirma Cañizares.
De hecho, este defensor de derechos humanos asegura que los planes de expansión de los ‘Gaitanistas’ hacia esa región del país no han variado, pese a la captura y extradición de alias ‘Otoniel’: “Hemos encontrado que responden a una estructura nacional y los planes que tenían de expansión se siguen desarrollando, como ocurre en Cúcuta. Antes de la entrega de ‘Otoniel’ pretendían incursionar en el Catatumbo y expandirse en el área metropolitana. Esto último se está dando al pie de la letra”.
Esa apreciación coincide con análisis del SAT de la Defensoría del Pueblo consignados en su más reciente informe de riesgo electoral, fechado el pasado 17 de febrero. En ese documento, esta agencia del Ministerio Público plantea que, pese a las capturas y muertes de varios de sus jefes, las Agc “busca profundizar el control territorial en las zonas de presencia histórica (bajo Cauca, sur de Córdoba y Chocó)”, así como “expandirse mediante alianzas locales con otros grupos o enfrentándolos con acciones de baja intensidad”.
Por tales razones, Cañizares cuestiona la postura del actual gobierno nacional, que es la de “minimizar al máximo la presencia y el control que ejercen en múltiples regiones del país el paramilitarismo que representan las Agc, es un sofisma. Nosotros lo vivimos aquí”. Es justo lo que decía hace 16 años.
Por su parte, Posso, de Indepaz, también rebate la afirmación del presidente Duque sobre “el fin de los ‘Gaitanistas’” y reitera que el pasado paro armado fue “una demostración de fuerza, no son hechos aislados ni los últimos gritos antes de la desaparición […] Es un problema muy grave, que después de 17 años de haberse llegado a acuerdos de desmovilización con los paramilitares, estos herederos tengan tal capacidad”.
“Son 17 años —agrega— en los que se ha anunciado la desaparición del paramilitarismo o del narcoparamilitarismo en Colombia, y resulta que lo que tenemos es que, a pesar de los golpes a máximos dirigentes, se reproducen estos grupos. El asunto es mucho más complicado que lo que el gobierno dice y tampoco son cosas aisladas sin mayor importancia. Esa simplificación es un reconocimiento de incapacidad, más que otra cosa”.
Riesgo electoral
En el informe de riesgo electoral, el SAT de la Defensoría del Pueblo estableció que los “grupos armados ilegales buscan incidir en las bases sociales y en las autoridades locales para intervenir en el proceso electoral, esto con el fin de continuar y fortalecer el control poblacional y territorial”.
En esa perspectiva, las situaciones de riesgo en el escenario electoral en algunas zonas del país, según el SAT, “obedecen a prácticas de maquinarias políticas tradicionales que se asocian con grupos armados ilegales y constriñen o afectan el libre derecho al voto”, además de generar “amenazas a líderes sociales o candidatos cuyas propuestas políticas van en contravía de los poderes locales hegemónicos y sus intereses”.
Para la Defensoría, la activación de las acciones de los grupos armados ilegales de cara a las elecciones se da bajo dos circunstancias relacionadas con las condiciones en las que se encuentran en las regiones: “Si un grupo armado ilegal ya cuenta con control hegemónico del territorio, genera mensajes intimidantes para intervenir en la elección o dinero para apoyar candidaturas”, aspecto que se refleja en los departamentos de Antioquia y Córdoba, así como en la región delos Montes de María, entre otros; “pero si es una zona en disputa se activan repertorios de violencia para coartar o cooptar poblaciones”, como parece que sucede en Nariño, Cauca, Arauca y Chocó.
Con respecto a los ‘Gaitanistas’, el SAT determinó que son fuente de amenaza en 253 municipios del país, convirtiéndose en la organización armada ilegal con mayor presencia territorial, seguida por las disidencias de las antiguas Farc (230 municipios) y la guerrilla del Eln (189 municipios).
Esos 253 municipios que están en riesgo las Agc están concentrados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. De ellos, 32 poblaciones se identifican en riesgo extremo, 111 en riesgo alto, 75 en riesgo medio y 35 en riesgo bajo.
Cabe destacar que, pese a esa alerta del SAT, tres de esos departamentos resultaron afectados con el paro armado impuesto por las Agc -Antioquia, Bolívar y Chocó-, de acuerdo con datos difundidos por el equipo de prevención de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Con respecto a los departamentos de la región Caribe, el SAT advirtió que la influencia de los ‘Gaitanistas’ en el proceso electoral “podría devenir del grado de control que ostenten en algunas zonas de la región, de las estrategias de incidencia social y eventuales de alianzas con poderes locales y regionales que impidan cualquier transformación sustancial en el territorio, ni pongan en riesgo las rutas del narcotráfico y otras rentas ilegales controladas por el grupo”.
Sobre los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, donde este grupo armado ilegal está más consolidado, la agencia del Ministerio Público aseguró en su informe que sus operaciones “se dirigen a la conservación del control alcanzado”, apelando a “la regulación de la vida cotidiana de las comunidades, la arrogación de funciones del Estado al tramitar conflictos de carácter interpersonal y comunitario, la suplantación de los mecanismos de justicia regulando las relaciones sociales en estos entornos y el desarrollo de una estrategia de cooptación de los procesos organizativos […] lo que podría significar riesgos para los procesos de participación política y de elección popular”.
Con respecto a las medidas de seguridad y protección en este periodo electoral, el SAT cuestionó el papel de la Policía y las Fuerzas Militares, por cuanto se reducen a candidatos y militantes de los partidos y “no desde una perspectiva más amplia de garantías al derecho a la participación que incluya activamente a los electores”.
“La Política Pública sobre elecciones -se lee en el informe de riesgo- está pensada para la garantía a la participación, pero tiene mayor peso en acciones del Gobierno y focalización en la seguridad de los candidatos sin otorgar igual énfasis al otro 50% de la ecuación, que es la garantía de la participación de los votantes y de la población civil en el marco de las elecciones”.
Dudas sobre seguridad
“La acción de la Fuerza Pública ha sido de notarios”, dice Posso, de la organización Indepaz, al reaccionar sobre el papel de los organismos de seguridad estatales en el control del paro armado impuesto por las Agc. A su juicio, “se está cosechando años de omisiones y de todo tipo de hilos de complicidad”.
Esa queja fue constante en aquellos municipios donde los ‘Gaitanistas’ ejercieron control e impidieron que, por cuatro días, las comunidades urbanas y rurales pudieran movilizarse libremente y llevar una vida normal. “Ese paro era previsible y las autoridades no hicieron nada para contenerlo”, dice un activista en derechos humanos desde el Bajo Cauca antioqueño, una de las más afectadas por las acciones criminales de este grupo armado ilegal.
Por su parte, Cañizares, desde Cúcuta, también plantea dudas sobre la operatividad de las autoridades policiales y militares en contra dese grupo armado ilegal en esa región del país: “Nosotros hemos llamado la atención acerca de la actitud o poca voluntad de atacar las estructuras de las Autodefensa Gaitanistas. No hay una voluntad definida para combatirlos y erradicarlos. Nos llama mucho la atención esa actitud de dejar hacer y permitir que esa organización, en el caso nuestro, avance de manera silenciosa en los principales centros urbanos del departamento”.
Al respecto, el líder campesino Arnobis Zapata, que lidera procesos sociales en el sur del departamento de Córdoba, reitera lo dicho por Cañizares: “Las Agc cuentan con la falta de voluntad política del gobierno nacional de atacarlos. Es el paramilitarismo en su máxima expresión: la Fuerza Pública y la institucionalidad se apartan para que hagan su paro”.
Otra perspectiva ofrece el presidente Iván Duque. Desde la base antinarcóticos del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, dijo que le estaba cumpliendo al país en materia de seguridad y, en especial, contra esta organización criminal, y anunció medidas para fortalecer las acciones contra ella.
“Desde la captura de Otoniel, hemos emprendido un trabajo que refuerza lo que era la campaña militar y policial Agamenón, para convertirla en la campaña militar y policial Cóndor. Esta nueva campaña, que se lanzó desde finales del año pasado, es hoy la que nos permite ejercer presencia territorial contra todas las estructuras”, declaró Duque un día después de terminado el paro armado.
En su declaración a la prensa, rodeado de policías y soldados, anunció que esa campaña se reforzaría con un Bloque de Búsqueda, compuesto por más de 1.400 uniformados que tendría como objetivo la captura de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’; Wilmer Antonio Quiroz, alias ‘Siopas’; y José Gonzalo Sánchez, alías ‘Gonzalito’, quienes son considerados por el mandatario como “tres reductos del ‘Clan del Golfo’ que han pretendido tomar control de la organización”.
Tanto ‘Chiquito Malo’ como ‘Gonzalito’ integraron estructuras paramilitares asociadas a las Auc: el primero de ellos se desmovilizó con el Bloque Bananero en noviembre de 2004 y el segundo con el Bloque Catatumbo en diciembre de ese mismo año. Por su parte, alias ‘Siopas’ es un exguerrillero que abandonó en 2008 las filas de las antiguas Farc que operaban en la costa Pacífica para integrar las Agc.
La campaña Agamenón fue activada en febrero de 2015 por orden del entonces presidente Santos y de acuerdo con su informe al Congreso, estuvo integrada por cerca de 10 mil miembros de la Fuerza Pública con el objetivo de desmantelar a los ‘Gaitanistas’.
En junio de 2017 fue lanzada la campaña Agamenón II. En un balance realizado desde la base antinarcóticos en Necoclí, el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseveró que, por cuenta de esa operación militar y policial, las Agc habían sido reducidas a poco menos de dos mil hombres, tras la captura de 1.360 integrantes.
“No se entiende cómo puede llamársele a una organización que pierde más de la mitad de sus miembros como próspera o en expansión, por el contrario, lo que están es pagando escondederos para que nuestra Fuerza Pública no termine por desmantelar esa organización”, destacó Villegas en esa ocasión.
Un mes antes de la declaración del Ministro de Defensa, la Policía Nacional reportó. a través de un informe. la captura de 1.001 integrantes de los ‘Gaitanistas’ y celebró los resultados de Agamenón, afirmando que era “la operación que ya desmanteló la mitad del ‘Clan del Golfo’”.
Cinco años después, esas cifras contrastan con la que expuso el presidente Duque, quien, en tono también triunfalista, aseveró que, bajo su mandato, le han “asestado golpes históricos contra el ‘Clan del Golfo’. Quiero solamente indicar que, en nuestro gobierno, hemos capturado más de 2.800 miembros del ‘Clan del Golfo’ y se han adelantado más de 1.196 operaciones”.
Al respecto, el investigador Eduardo Álvarez Vanegas, un estudioso del conflicto armado colombiano, considera que el gobierno nacional no tiene la real dimensión de lo que, actualmente, son las Agc y plantea varias preguntas con respecto a la creación del Bloque de Búsqueda, entre ellas, “¿por qué esta vez esa estrategia sí sería exitosa y cuáles serían los componentes para debilitarla y ponerlas ad portas de su desmantelamiento y sometimiento?”.
Este investigador también se pregunta por las acciones que se tendrán en cuenta para proteger a las comunidades donde los ‘Gaitanistas’ tienen mayor presencia, pero con “liderazgos menos disciplinados, menos poder de control y comportamientos más violentos con la gente”. Y agrega: “¿Cuál será la apuesta de seguridad y estabilización en zonas donde tienen influencia para reducir la violencia y transformar las condiciones que han permitido su reproducción?”.
A juicio de Álvarez Vanegas, lo que revela la decisión anunciada por el presidente Duque, a quien sólo le quedan tres meses de gobierno, “es una muestra más de improvisación de cortoplacismo y miopía, como lo fueron las Zonas Futuro”, un proyecto que ofrecía una transformación integral “con legalidad, emprendimiento y equidad” de regiones afectadas por el conflicto armado y que no logró trascender más allá de la presentación en unas cuantas diapositivas. (Leer más en: Zonas Futuro: ¿territorios donde podrían incrementarse las violaciones de derechos humanos?)
Para este investigador, es clave entender que las Agc no son una estructura monolítica, como lo era por ejemplo la antigua guerrilla de las Farc, sino de una organización horizontal, que opera en red y que tiene la capacidad militar y económica para tercerizar algunas de sus actividades, entre ellas el sicariato, con bandas locales.
Además, apunta Álvarez, las Agc recogen trayectorias y aprendizajes que se remontan a los años ochenta con los ejércitos de autodefensas, a los que se sumaron exguerrilleros, militares y policías retirados, y alianzas con sectores sociales, financieros y con organizaciones criminales transnacionales.
En relación con los carteles internacionales del narcotráfico, este investigador plantea un escenario de riesgo, puesto que ante lo que el llama “la decapitación” de los jefes de las Agc y el ascenso de nuevos comandantes, más jóvenes y con menos experiencia en la guerra y en lo político, así como en el negocio de las drogas, podría darse una mayor presencia de emisarios extranjeros en las regiones, lo que podría convertirse en un factor de violencia contra las comunidades, especialmente rurales.
Es por todo ello que Álvarez Vanegas cuestiona la política de seguridad enfocada solamente en capturar o eliminar a los jefes de las Agc sin tener en cuenta otros aspectos: “Podrán tener éxitos operacionales, contener la expansión orgánica, pero su adaptación a circunstancias adversas los ha llevado a expandirse en red, contratando servicios incluso de la delincuencia común organizada. Es por ello que un bloque de búsqueda para la magnitud del fenómeno puede resultar fallido”.
Con respecto a las salidas a esta compleja situación, este investigador sugiere que el próximo gobierno debe sostener “una conversación franca con el Consejo Nacional de Seguridad sobre cómo ven a las Agc para superar la narrativa del presidente Duque sobre los reductos. Hay que hacer una lectura juiciosa del presente y del futuro de esta organización y de otras que tienen el poder de desestabilizar las regiones”.
Y agrega: “Hay que pensar en políticas de desmantelamiento y de sometimiento, no sólo con las Agc, pero teniendo en cuenta quiénes son orgánicos, funcionales, subcontratistas, ocasionales, y aquellos que desde distintos sectores de la sociedad y del Estado se han beneficiado. Esa política de sometimiento debe incluir la decisión de Estado de querer descubrir, mostrar y hacer excavación de quiénes están detrás de esas organizaciones”.
Por último, Álvarez Vanegas sugiere que esa política de sometimiento debe ofrecer tres aspectos: ofrecer incentivos a quienes quieran dejar la criminalidad; brindar garantías de seguridad para aquellos que acepten este proceso y aporten a la verdad histórica y jurídica; y procurar el desmonte de la organización más allá de lo militar.
La discusión sobre estas salidas está abierta y mientras se definen alternativas, es necesario alertar sobre el proceso electoral de cara a la cita a las urnas el próximo 29 de mayo y más allá de eso estar atentos a lo que dijo el presidente Duque sobre si las Agc está derrotadas o no.
