Acuerdo entre Farc y ‘Gaitanistas’ está en crisis: ‘Rubén El Manteco’

Por primera vez, y ante una cámara de VerdadAbierta.com, uno de los jefes guerrilleros que opera entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, explicó qué tipo de acuerdos tienen con las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) y cuál es la situación actual. Entrevista exclusiva de Ricardo León Cruz Baena y Juan Diego Restrepo E.

farc agc 1El comandante del Frente 58 de las Farc, Joverman Sánchez Arroyave, conocido como ‘Rubén El Manteco, fue uno de los emisarios en los diálogos que han sostenido las Farc con las Agc. Foto: Juan Diego Restrepo E.La confrontación armada entre varios frentes de la guerrilla de las Farc con unidades de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ en diversas regiones de Antioquia evidencian la posible ruptura de los acuerdos que ambos grupos armados ilegales tenían desde hace más de dos años.

“Esos acuerdos están en crisis”, reconoció Joverman Sánchez Arroyave, conocido en las filas de las Farc como ‘Rubén’ o ‘El Manteco’, quien comanda el Frente 58 de ese grupo guerrillero. Su testimonio fue entregado a un equipo periodístico de VerdadAbierta.com que viajó hasta el Nudo del Paramillo para conocer sus expectativas, críticas y temores sobre el proceso de negociación que sus jefes adelantan desde hace más de tres años con el gobierno nacional en La Habana, Cuba. (Leer más en: Jefes de las Farc hablan desde el Nudo de Paramillo)

De esas alianzas se venía hablando desde hace más de dos años. Autoridades civiles y militares insistieron siempre en ellas. Desde 2014 diversas agencias estatales señalaron cómo los acuerdos entre ambos grupos armados permitieron la expansión de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y el aumento de la minería ilegal en el Medio y Bajo Atrato chocoano, así como en el Bajo Cauca antioqueño.

Reportes oficiales señalan también que los pactos entre Farc y ‘Gaitanistas’ permitieron que el Urabá antioqueño y chocoano se consolidara como un corredor estratégico para el tráfico de migrantes que buscan atravesar la espesa selva del Darién para llegar a Centroamérica y de allí a Estados Unidos.

Pero no solo eso. Altos mandos militares señalaron, en diversas ocasiones, que miembros de las Farc y de los ‘Gaitanistas’ se unieron para atacar conjuntamente a miembros de la Fuerza Pública. El 16 de septiembre de 2014, por ejemplo, el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el general Leonardo Pinto Morales, por aquellos días comandante de la VII División del Ejército Nacional; junto con el general de la Policía, Rodolfo Palomino, en ese momento director general de esta institución, atribuyeron a un comando conjunto de Farc y Agc el ataque a una caravana de la Policía en carreteras de Montelíbano, Córdoba, que dejó siete uniformados muertes y otro cinco heridos de consideración.

Documentos internos de las Farc también evidencian que era una prioridad establecer algún tipo de acuerdo con los llamados ‘Gaitanistas’ en los territorios donde confluyen ambas organizaciones armadas ilegales. Así quedó consignado en la relatoría de un encuentro que tuvo lugar en septiembre de 2013 en algún lugar del Parque Nacional Natural Paramillo, en la que participaron los comandantes conocidos como alias ‘Pastor Alape’, alias ‘Román Ruiz’, alias ‘Rubén’ o ‘Manteco’ y alias ‘Darlinson’, y que dio vida al Área Nudo de Paramillo (Anupa), una estrategia diseñada por esta guerrilla para organizar mejor sus actividades militares y políticas. (Leer más en: ¿Está vigente agenda de las Farc en Nudo de Paramillo?)

En dicho documento se consignó la preocupación por mantener comunicaciones de alto nivel con los ‘Gaitanistas’, a quienes califican como “bandidos” y se ordena “suspender cualquier comunicación con jefes de bajo rango y mucho menos guerrilleros en estas actividades”. Lo particular es que pese a las alianzas, califican estos grupos como “enemigos nuestros” y definieron que “cualquier relación debe ser entendida como un alto al fuego en dirección a neutralizar su actividad criminal contra las masas y sus organizaciones”.

Allí también se estableció que los acuerdos a los que se lleguen con “los bandidos” se deben respetar e imponer su cumplimiento. También se establecieron normas en su relación con ellos: “no comprometernos con nada que no podamos cumplir, no permitir su presencia en áreas de control nuestro, comprometerlos a que nos suministren información […] suministrarnos material de guerra, abrirnos paso en las zonas que tenemos por recuperar, pagar el impuesto por las propiedades, parar la compra de tierras en áreas de nuestro manejo”.

Dado que esta alianza también incluye el componente de la producción de cocaína, en la reunión sostenida en las montañas del Paramillo se determinó elevar “los precios a los productores de base y que nos promocionen públicamente nuestro nombre como aliados de ellos”. Se fijó, además, “redactar los acuerdos, pero no darles archivos con nuestros nombres”.

Hoy, el ‘secreto a voces’ sobre estos acuerdos ha sido ratificado por el propio ‘Manteco’, quien fue uno de los delegados de las Farc para hablar con los altos mandos de las Agc. La razón de la crisis se centra en el incumplimiento de los acuerdos por parte de los ‘Gaitanistas’.

Consecuencias de la crisis

Las consecuencias de esas diferencias se traducen en riesgos para las comunidades.  Sin embargo, la realidad que viven determinadas regiones de Antioquia y Chocó dejan entrever que esa alianza atraviesa una crisis que no solo elevó el riesgo de vulneración de derechos de cientos de comunidades campesinas, sino que la situación se perfila como una seria amenaza para un eventual postconflicto con la guerrilla.

Los informes oficiales no son nada halagadores. El pasado 12 de abril, la Defensoría del Pueblo reportó que tres personas, entre ellos el hijo de una enfermera, recibieron impactos de fusil al quedar en medio del fuego cruzado de un combate protagonizado por un comando conjunto de guerrilleros de las Farc y Eln contra miembros de los llamados ‘Gaitanistas’ en zona rural del corregimiento Puerto López de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

Ya en enero del presente año, esta agencia del Ministerio Público había reportado el desplazamiento masivo de por lo menos 600 personas de las veredas El Coral, Muquí Arriba, Muquí Abajo; Primavera, Arenales, El Castillo, El Oso y la Llana hacia el casco urbano de ese corregimiento de El Bagre, debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre las Farc y las Agc’, confrontación en la que también se ha involucrado el Eln, toda vez que también opera en esa región.

En febrero pasado, líderes sociales del corregimiento San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, reiteraron sus denuncias por la incursión de la banda criminal a territorios que históricamente han sido bastiones de la guerrilla de las Farc, lo que ha generado enfrentamientos armados, asesinatos selectivos, amenazas y el desplazamiento de varios dirigentes campesinos del corregimiento.

La situación había sido advertida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. A través del Informe de Riesgo 012-14A, reportó las incursiones de la banda criminal a veredas de tránsito y refugio del Frente 5 y la Columna Móvil Mario Vélez de las Farc.

En su momento, el SAT llamó la atención sobre la emergencia humanitaria que estaba generando la presencia de esta banda criminal en tanto se denunciaron asesinatos selectivos y combates con la guerrilla, en los que la población civil llevó la peor parte al quedar en medio del fuego cruzado, situación que generó varios desplazamientos masivos en septiembre de 2013.

En octubre del año pasado, la misma entidad reportó confrontaciones armadas entre miembros del Frente 34 de las Farc y combatientes de los ‘Gaitanistas’ en las cuencas de los ríos Truandó, Quiparadó, Domingodó y Salaquí, en el Bajo Atrato Chocoano. Si bien en su momento la Defensoría informó que se logró conjurar un posible desplazamiento masivo de comunidades indígenas y afro, la amenaza aún sigue latente en aquella región.

Por último, el SAT emitió en enero pasado un informe de riesgo en el que alerta sobre posibles consecuencias para las comunidades de los municipios de Acandí y Unguía, en el Chocó, por la presencia tanto de Farc como Agc en esos territorios: “han establecido dispositivos de control poblacional y territorial, con el despliegue de estructuras armadas en zonas rurales y corregimientos, lo cual permite prever la persistencia y agudización del riesgo para la población civil”.

Fuentes consultadas en el occidente de Antioquia denunciaron una fuerte confrontación de las Farccon las Agc en el municipio de Briceño, justamente donde comenzó el desminado humanitario en unas de sus veredas, El Orejón, como resultado de los acuerdos con el gobierno nacional en Cuba. Históricamente esta región ha tenido presencia de la guerrilla, pero la penetración de los ‘Gaitanistas’ a ese sector, ha generado incluso varios muertos.

¿Y el narcotráfico?

farc agc 2En el área de influencia del Frente 58 de las Farc se cultiva y se procesa hoja de coca para uso ilícito. Campesinos esperan que el Estado ofrezca programas efectivos de sustitución de cultivos. Foto: Juan Diego Restrepo E.Diversas fuentes testimoniales y documentales señalan que esa alianza tiene relación con actividades del narcotráfico, y así ha quedado plasmado, incluso, en el documento interno de las Farc que dio origen a la Anupa.

Sin embargo, ‘El Manteco’ niega cualquier vínculo con esas actividades ilegales y reduce su participación en el negocio al cobro de un impuesto a los campesinos cultivadores de hoja de coca y a quienes les compran la pasta base que ellos mismos producen.

“Reto a cualquiera a que demuestre que somos narcotraficantes”, afirma, tajante, el jefe del Frente 58 y rechaza que se les sindique de proteger los laboratorios de las Agc, donde se cristaliza la pasta base para extraer el clorhidrato de cocaína con el fin de surtir los mercados internacionales.

De lo que sí es consciente este jefe insurgente es que el narcotráfico implica un riesgo de rearme o continuidad en la guerra para aquellos guerrilleros que quieran evitar la desmovilización y no acatar el llamado a la desmovilización, el desarme y la reinserción a la vida civil.