Así lo expresó a este portal Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su balance sobre el país refleja las tensiones políticas que, día a día, vive el país por cuenta de sectores críticos al Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.
Por lo menos cinco preocupaciones centrales, resultado del trabajo en diversas regiones del país, contiene el informe anual sobre la situación de derechos humanos en el país que mañana será presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Las inquietudes de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se resumen en la grave situación que violencia que está golpeando a las comunidades indígenas, afros y campesinas de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca; la falta de presencia integral del Estado que limita su capacidad para cumplir con su deber de protección de la población.
Asimismo, en la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales; y la desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos.
En términos de cifras, en el informe anual, que se construye sobre situaciones observadas y hechos ocurridos en 2020, se registró el asesinato de 133 líderes sociales y la comisión de 76 masacres, en las que han muerto tres o más personas; así como 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño; y el asesinato de 73 antiguos integrantes de las extintas Farc, incrementando a 248 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz.
Por último, a este organismo multilateral le preocupan “las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia” del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc en noviembre de 2016 en Bogotá, resultado de una negociación que, por cuatro años, adelantaron el Estado colombiano, en representación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la máxima dirigencia de ese grupo insurgente. (Descargue informe aquí)
Justamente esta última preocupación surge en medio de la polémica que levantó en el país el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de investigar por lo menos 6.402 casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado entre los años 2002 y 2008. (Leer más en: Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’)
En reacción, sectores críticos del Acuerdo de Paz renovaron su petición de acabar con esa instancia transicional. Desde octubre del año pasado, el partido Centro Democrático radicó en el Senado de la República un proyecto de reforma constitucional para derogar la JEP que, junto con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en razón del conflicto armado, hacen parte del Sistema pactado en el Acuerdo de Paz.
En rueda de prensa realizada ayer en Bogotá, Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso un breve resumen del contenido del informe que se presentará en Ginebra, destacando esas inquietudes y sus respectivas recomendaciones, que espera sean acogidas por diversas entidades estatales.
Consulte aquí la presentación de la OANUDH.
VerdadAbierta.com conversó con De Rivero, para resolver algunas preguntas que surgieron de su exposición, con el fin de profundizar en sus percepciones y las posibles salidas que puedan darse al respecto.
VerdadAbierta.com (VA): A la Oficina que usted representa en Colombia le preocupa mucho la manera cómo desacreditan a la JEP. En ese sentido, ¿cuál es su análisis y que le recomienda al gobierno nacional y a esos sectores políticos críticos del espacio de justicia transicional creado con el Acuerdo de Paz?
Juliette De Rivero (JDR): Para nosotros el sistema integral es el corazón del Acuerdo de Paz, es el que les da la voz y el espacio a las víctimas, y en esa búsqueda de justicia es importante proteger la integridad del mandato de estas instituciones. Y claro, nos preocupan las propuestas de reformas legislativas que buscan terminar con la JEP.
La rendición de cuentas, la justicia y la lucha contra la impunidad son elementos esenciales de la construcción de la paz duradera en Colombia. Los ataques a las personas que hacen parte del sistema integral vulneran los derechos de las víctimas, y los derechos a la verdad y a la justicia. Nosotros queremos que ellos puedan tener la serenidad y la tranquilidad de implementar su mandato con plena independencia y autonomía como lo requiere la ley.
VA: Otra de las preocupaciones expresadas en el informe es la de las limitaciones a la información que ha tenido la Comisión de la Verdad. Por ello exhortan a diferentes entidades estatales para que aporten la información solicitada. ¿Por qué esa inquietud?
JDR: La Comisión de la Verdad ha pedido esa cooperación y también han hecho declaraciones públicas al respecto exhortando al Estado a cumplir con brindarles información. Hubo una comunicación de la Comisión de la Verdad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que haya mayor cooperación para entregar esa información. Nosotros respaldamos ese pedido. A final de año la Comisión debe entregar su informe y es muy importante que cuente con esa cooperación.
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VA: Con respecto las comunidades y sus liderazgos, en su resumen sobre el informe que se presentará mañana se afirma que la Oficina “observó el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos”. ¿Por qué cree que persiste esa crítica situación?
JDR: Lo que estamos observando, principalmente, es una ausencia del Estado en estos lugares más afectados por la violencia. La población y sus líderes se encuentran directamente enfrentados a estos diversos grupos que han expandido el control territorial. Ese estado de desprotección es esa ausencia de las autoridades, sobre todo civiles.
El Estado no ha llegado a estas zonas. Lo que he escuchado cuando he conversado y lo que me cuentan los colegas que trabajan permanentemente en los territorios es que después de la firma de los acuerdos hubo como un año y medio en que se respiró en estos territorios, pero luego digamos no se ocupó ese territorio por parte del Estado y estos grupos han empezado a llegar y a ejercer un control social muy fuerte sobre las comunidades.
VA: Dada su experiencia en otros países, ¿qué podría explicar la frecuencia de asesinatos de líderes, lideresas y autoridades étnicas, y a defensores y defensoras de derechos humanos?
JDR: En Colombia ha habido un conflicto muy largo, con prácticas de violencia que han durado mucho tiempo, entonces creo que es difícil hacer una transición hacia la paz, que se tiene que construir poco a poco. Por eso el Acuerdo de Paz es tan interesante acá en Colombia porque, realmente, tiene un mapa de todo lo que se tiene que hacer para recuperar y construir un Estado de Derecho en el que no haya sitio para ese tipo de violencia.
Eso es lo que me parece fantástico del Acuerdo de Paz y dentro de eso, la centralidad de todo lo que es la justicia transicional, que busca transformar esa cultura de violencia que ha existido en relación con el conflicto, dándole el espacio a las víctimas, el espacio a la verdad, y abriendo el camino para la rendición de cuentas. Y me parece muy importante combatir la impunidad, es esencial para decir que la violencia no tiene premio.
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VA: El tema de las cifras es muy discutido en el país. Ustedes registran la ocurrencia en año pasado de 133 líderes sociales asesinados, pero el gobierno nacional fijo ese mismo fenómeno en 66 homicidios. ¿Qué factores hacen esas cifras tan variables?
JDR: Me parece que hay que ser muy francos sobre la realidad de estas cifras. Las cifras que tenemos de los casos que conocimos en el 2020 de asesinato de defensores es de 133, de esas hemos podido verificar 90 y estamos en proceso de verificación de 25. Esto es una muestra de la realidad que corresponde a la información que nosotros hemos recibido y que también tiene que ver con el despliegue territorial que tenemos y los recursos de que disponemos para darle seguimiento a estos casos.
Yo no quisiera pretender que nuestras cifras sean la verdad absoluta o que representan el número absoluto de casos en Colombia y por eso también cité otras cifras para demostrar que acá diferentes instancias pueden recoger diferente información. Y lo que estás cifras permiten hacer es detectar tendencias y hacer un análisis para orientar las recomendaciones que le hacemos al gobierno, para entender mejor lo que está sucediendo.
Por eso es muy importante que cada institución del Estado cumpla con su función frente a esta realidad: que todas las denuncias que reciba la Fiscalía sean investigadas, que la Defensoría le dé seguimiento a todos los casos que recibe. El despliegue territorial de la Defensoría es muy amplio y eso, seguramente, le permite recoger cifras más amplias. Lo importante no son las cifras en sí, sino qué contextos están creando estas condiciones de vulnerabilidad de los líderes y la situación de violencia para las comunidades.
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Relación institucional
VA: El informe presentado por usted asevera que “La implementación efectiva del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo es crítica para la prevención de la violencia”, y recomendó fortalecerlo, pero el gobierno nacional anunció que centraría parte de ese trabajo en la Fiscalía. ¿Qué opina de esa decisión?
JDR: Es muy importante que las diferentes instancias del Estado se coordinen para responder a esta situación de asesinato de defensores. Ayer (lunes) hablé con el Defensor del Pueblo y él sostiene que la Defensoría va a cumplir con su rol, como lo ha estado cumpliendo hasta ahora, de documentar todos los casos de asesinatos de defensores que llegan a la institución y que van a seguir con el programa robusto de Alertas Tempranas en los cuales nosotros les vamos a apoyar.
También conversé con el Fiscal y nos enfocamos en la necesidad de ver los contextos y el desmantelamiento de estas redes criminales y de grupos generadores de violencia.
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VA: Ya que alude a la conversación el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en su presentación anunció que “nos pusimos de acuerdo en fortalecer nuestra cooperación”. En ese sentido, ¿ustedes qué puede aportar para reforzar esas tareas de desmantelamiento?
JDR: En el pasado hemos hecho muchas capacitaciones al personal de la Unidad Especial de Investigación para que recojan esos contextos y entienda lo que significa, digamos, el asesinato de un líder o una lideresa social. Por qué se le ataca, qué liderazgo ejercía y qué representaba para la comunidad, y cómo operan estructuras para debilitar esas comunidades. No es simplemente por atacar a la persona, es para acallar a toda una comunidad.
Hemos hecho muchas capacitaciones de cómo se integran ese tipo de análisis, como se integran los estándares internacionales en las investigaciones. Entonces, realmente queremos profundizar en ese sentido para ayudar y apoyar la labor de la Fiscalía en este trabajo que quieren reforzar en el desmantelamiento de estas estructuras.
VA: Pero uno de los problemas que se le cuestiona a la Fiscalía, y en general al actual gobierno nacional, es que se han casado con una sola explicación, y es que esa violencia es asunto del narcotráfico y no ven nada más allá, no ven contextos locales y regionales. ¿Usted cree que esa asistencia que le ofrecen a la Fiscalía puede cambiar esa situación?
JDR: La verdad es que el trabajo que hemos hecho con la Fiscalía en el pasado ha dado muy buenos resultados. Lo que vemos en los territorios es una diversidad de grupos armados no estatales y criminales. Para nosotros lo importante acá es que, aunque la violencia es generada por estos grupos, existe una responsabilidad del Estado de proteger a la población y ese es nuestro enfoque, y ese es el enfoque que queremos utilizar para acompañar al Estado a dar mejor respuesta a esta situación.
VA: El informe resalta la “preocupación por la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. ¿Eso quiere decir que falta mucha más capacitación, más asistencia técnica o hay alguna otra recomendación para lograr avances?
JDR: Acá el mensaje principal es que el contenido del Acuerdo de Paz tiene que estar en el centro de las respuestas a esta situación de violencia. El Acuerdo había previsto que podrían existir estas situaciones y había previsto una instancia que era la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad justamente no sólo para adoptar una política pública de desmantelamiento, también para seguir su implementación.
Es muy importante que se realice ese diálogo con la sociedad civil para elaborar una política pública integral de desmantelamiento. Ahí es donde vemos necesario hacer ajustes y profundizar el nivel de implementación del Acuerdo de Paz.
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VA: Pero esa recomendación requiere que el actual gobierno nacional acepte esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y los reportes que tenemos, incluso de sus miembros de la sociedad civil, es que a este gobierno no le gusta esa instancia. ¿Qué más recomendar en ese sentido?
JDR: Frente a la comunidad internacional el presidente Iván Duque se ha comprometido con el Acuerdo de Paz y han sido convocadas varias reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Lo necesario es avanzar en esa discusión con la sociedad para llegar a un acuerdo sobre la política pública, que tiene que nacer de un diálogo con la sociedad civil representada en la Comisión. Y creo que tienen que avanzar en ese sentido, urgentemente.
VA: Finalmente, ¿usted si cree que el actual gobierno nacional tiene la apertura necesaria para atender las recomendaciones planteadas por la Oficina que usted representa en Colombia?
JDR: He trabajado en muchos países y yo sí creo que Colombia tiene la capacidad para atender estas recomendaciones para hacer ajustes. Creo que sí puede haber esa apertura y digamos las recomendaciones que la Alta Comisionada ha hecho es en ese espíritu y creyendo que van a ser bien acogidas.
Tenemos toda la esperanza que nuestra contribución puede incidir en esta realidad y sobre todo nuestra preocupación por la situación de los territorios y los niveles de violencia. Es muy importante darle prioridad a estos territorios que están más afectados por la violencia y que el Acuerdo de Paz sea la guía para resolver esos grandes problemas que el país tiene que enfrentar.
