Salvatore Mancuso aún debe responder por 75 mil crímenes

Este ganadero cordobés, quien, junto a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, contribuyó a crear las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), organización ilegal que agrupó a un conjunto de estructuras paramilitares del país, tiene cuentas pendientes ante la justicia colombiana que deberá atender una vez salga de prisión en Estados Unidos.

El próximo 27 de marzo Salvatore Mancuso, temido exjefe paramilitar en siete departamentos del Caribe y en la región del Catatumbo, Norte de Santander, habrá saldado sus cuentas con la justicia estadounidense por delitos asociados al narcotráfico y posiblemente regrese al país a saldar las que tiene con las miles víctimas que dejaron los grupos paramilitares bajo su mando.

En dos meses concluyen doce años de reclusión en una prisión norteamericana a donde llegó el 14 de mayo de 2008, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) tomó la sorpresiva decisión de extraditarlo a Estados Unidos, junto con otros 13 jefes paramilitares, bajo el argumento de que todos seguían delinquiendo desde la cárcel, violando así los acuerdos adquiridos en 2003, cuando se comprometieron a dejar sus armas, desactivar todas las estructuras de las Auc, desmovilizar a sus combatientes y redes de apoyo, y someterse a la justicia bajo las normas de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, que les garantizaría una sentencia de ocho años, previo el cumplimiento de verdad, reparación y no repetición.

Una vez en Estados Unidos, Mancuso fue juzgado y sentenciado a 15 años de prisión por un juez federal tras ser responsabilizado de conspirar para enviar a ese país grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína. Esa pena concluye a finales de marzo y una de las posibilidades es que regrese al país a responder por su pasado paramilitar.

El nombre de Mancuso y el accionar de los hombres bajo su mando produjeron terror durante varios años en Norte de Santander, La Guajira, Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar y Córdoba. Precisamente en ese último departamento, donde era un próspero ganadero a principios de los años noventa, creó su primer grupo paramilitar con apoyo del Brigada XI del Ejército, para defenderse del asedio de las guerrillas.

En 1994, los hermanos Castaño Gil invitaron a Mancuso a formar parte de sus Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Tres años después, con la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que agrupó a decenas de estructuras paramilitares que operaban en diversas regiones del país, el hasta ahora extraditado fue escalando en esa estructura criminal, llevando las supuestas banderas antisubversivas por diferentes rincones del Caribe, dejando una estela de muerte, tortura, desaparición forzada y despojo de tierras de civiles.

En 1997, Mancuso lideró la expansión paramilitar en Cesar, Magdalena y los Montes de María, región compuesta por municipios de Bolívar y Sucre; un año después incursionó en La Guajira; y en 1999 llegó a Norte de Santander con más de 200 paramilitares, cuando dejó el denominando Bloque Norte de las Auc, que delinquió en el Caribe, para conformar su temido Bloque Catatumbo, conocido por sus cruentas masacres y por usar hornos crematorios para no dejar rastros de sus víctimas.

Tras la muerte de Carlos Castaño, vocero y líder máximo de las Auc, ordenada por su hermano Vicente, y la posterior desaparición de este último, a manos de sus ‘compañeros de armas’ ligados al narcotráfico, Mancuso estuvo al frente de la desmovilización de varios bloques paramilitares que se sumaron al acuerdo alcanzado con el gobierno nacional. Por eso fue común verlo en departamentos alejados de su zona de influencia, como Valle del Cauca, en la ceremonia de dejación de armas del Bloque Calima.

El poder de Mancuso, que cimentó sobre la sangre y el despojo de miles de hectáreas a campesinos, afros e indígenas, contó con la complicidad de diversos funcionarios estatales y miembros de la Fuerza Pública, como lo confesó en sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz.

En ese sistema de justicia transicional, los magistrados han proferido dos sentencias en su contra por cientos de crímenes cometidos por paramilitares bajo su mando. La primera data del 31 de octubre por de 2014 por hechos cometidos en Norte de Santander; y la segunda, del 20 de noviembre de ese año por delitos cometidos por los cuatro bloques que encabezó en ocho departamentos. En total, fue condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes.

Desde hace ocho meses se adelanta en Bogotá una tercera legalización de cargos ante los tribunales de Justicia y Paz, lo que podría incrementar los hechos criminales a cerca de 5 mil casos. Pero esa cifra es mínima si se tiene en cuenta, tal como lo explicó a este portal su abogado Jaime Paeres, que existe una lista de 80 mil hechos criminales que se le imputan, de los cuales faltan por sancionar por lo menos 75 mil casos.

“Salvatore retorna al país y queda a disposición de las autoridades colombianas, que deberán cotejar si tiene medidas de aseguramiento y en qué procesos están vigentes esas medidas”, detalló el abogado del exjefe paramilitar.

Mancuso se enfrentará a dos complejas situaciones judiciales: la primera de ellas surgió el 24 de octubre del año pasado, cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva bajo dos argumentos: de un lado, que su defensa no presentó documentos autenticados y traducidos que acreditaran sus actividades educativas en la prisión estadounidense; y de otro, que tiene un proceso pendiente ante la justicia ordinaria por lavado de activos abierto después de su desmovilización, lo que le implicaría su exclusión de cualquier beneficio aplicado a través de la Ley 975 de 2005.

La decisión tomada en Barranquilla fue apelada por la defensa y se encuentra en trámite ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La segunda situación surgió el pasado 25 de noviembre, cuando la Juez de Ejecución de Penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad a prueba a finales de noviembre del año pasado argumentando que Mancuso ya había cumplido la mayor parte de su condena. Las normas señalan que tendría un periodo de cuatro años durante los cuales deberá mostrar buen comportamiento y colaborar con todos los requerimientos judiciales que le exijan.

No obstante, esa decisión también fue apelada por la Fiscalía, que se opuso a la medida, y actualmente se encuentra en trámite ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Mientras tanto, un tercer proceso de legalización de cargos contra Mancuso se adelanta desde hace ocho meses en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. En esta instancia, el exjefe paramilitar es procesado por cientos de delitos cometidos por combatientes bajo su mando en el Caribe colombiano. En este caso, la defensa de Mancuso solicitó sentencia anticipada, pero no ha sido resuelta.

Ante la posibilidad de que pudiera quedarse en Estados Unidos, como testigo protegido y argumentando que el país no tendría garantías jurídicas y de seguridad, como ha ocurrido con otros exparamilitares y narcotraficantes colombianos, el abogado dijo que “esa posibilidad existe” y recordó que Mancuso es ciudadano italiano, “lo que le permitiría acudir a una de esas figuras”, pero su deseo, precisó el jurista, es terminar sus procesos penales en Colombia, “pero con garantías”.

Ese pedido surge ante expediente abierto contra él y su esposa, Martha Dereix, a quienes la Fiscalía acusa de lavar cientos de millones de pesos a través de empresas de apuestas de Enilce del Rosario López Romero, conocida como ‘La Gata’. El proceso es complejo porque ese delito se habría cometido aún después de la desmovilización del exjefe paramilitar, lo que implicaría que si es condenado perdería cualquier beneficio judicial y enfrentaría hasta por 60 años de cárcel. “De ocurrir eso, no volvería a salir a la calle”, dijo su abogado. (Leer más en: Por qué los familiares de ‘La Gata’ están acusados de lavar plata a los paramilitares)

De acuerdo con Paeres, ese proceso de lavado de activos, del que se supo en junio de 2014, cuando su esposa fue capturada junto con familiares de ‘La Gata’ y por el que pasó seis meses en prisión, es un montaje y ahora se preparan para presentar las pruebas ante las autoridades colombianas.

“El próximo martes presentaremos ante los jueces de Colombia unas acciones donde vamos a demostrar pruebas incontrovertibles de todo ese montaje que han hecho para que sea excluido de Justicia y Paz”, anunció el abogado de Mancuso, quien agregó que su defendido es consciente del “grave peligro que corre al regresar al país, no sólo física, sino judicialmente por todo lo que dijo”.

Uno de los recursos al que acudieron desde hace varios meses Mancuso y sus apoderados es tramitar su inclusión a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para contar allí su paso por la guerra. Hasta el momento esa instancia transicional no ha resuelto la petición.

Para comprender la dimensión del daño ocasionado a las comunidades, presentamos una selección de artículos que brindan contexto sobre los crímenes cometidos bajo su mando, su paso ante la justicia colombiana; y también cuáles son las deudas pendientes con sus víctimas en Colombia.