El más reciente informe del Programa Somos Defensores, que se publica al cumplir una década de monitoreo permanente de todo tipo de agresiones contra quienes promueven los derechos de diversas comunidades, detalla esa contradicción. También analiza la falta de implementación del actual gobierno nacional de la política pública de protección y garantías de seguridad que definió el Acuerdo de Paz.
Al comparar el primer semestre de este año con el del anterior, hay un dato que revela un cambio en apariencia positivo, aunque el drama continúa: los asesinatos de líderes sociales mermaron, pues los violentos le quitaron la vida a 59 de ellos, frente a los 77 de ese periodo de 2018. Sin embargo, al ampliar el plano, la foto muestra un panorama alarmante, pues en total ocurrieron 591 de agresiones de todo tipo, cifra que es la más alta registrada en los primeros seis meses de los últimos diez años.
Esa es una de las principales conclusiones del informe Defensores, ¿el juego final?, publicado este miércoles por la organización no gubernamental Somos Defensores, que toma su nombre al hacer una analogía de la película más taquillera de la historia, Avengers: El Juego Final.
En términos porcentuales, la investigación establece que los asesinatos decrecieron un 23 por ciento, pero que las agresiones aumentaron un 49 por ciento, al pasar de 397 en el primer semestre de 2018, a 591 en los seis primeros meses del año en curso. En cuanto a tipo de agresiones, se incrementaron las amenazas, los atentados y las detenciones arbitrarias; ocurrió la misma cantidad de casos de robo de información; y no se registraron judicializaciones arbitrarias ni desapariciones forzadas
La investigación señala como presuntos responsables del 53 por ciento de las agresiones a grupos paramilitares; a disidencias de las Farc le atribuye nueve por ciento; al Eln seis por ciento; y a miembros de la Fuerza Pública un cuatro por ciento. Se desconoce la autoría del 28 por ciento de los ataques.
Al respecto, la investigación señala que se debe resaltar la complejidad actual en las regiones debido a la reconfiguración de la violencia y del conflicto armado: “Esto ha llevado a que aparezcan en los territorios actores que todavía no se reconocen, y a que, en algunos casos, no exista una identificación clara de quién ha cometido la agresión, de allí que sea común encontrar dentro de las cifras la categoría de ‘desconocido’”.
Los departamentos donde más agresiones ocurrieron son Cauca (115), Arauca (48), Antioquia (40), Córdoba (34), La Guajira (32), Valle del Cauca (32), Risaralda (25), Santander (23), Bolívar (20) y Chocó (19). Otro hecho que llama la atención es el aumento de ataques contra mujeres.
Algunos de los hechos más graves ocurrieron en el departamento de Cauca. Por ejemplo, el 4 de mayo, mientras se preparaban para una reunión con delegados del gobierno nacional, 16 líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), sufrieron un atentado con disparos y granadas que fue repelido por sus escoltas. A eso se suman casi 30 panfletos amenazantes contra autoridades étnicas; y el asesinato permanente de guardias indígenas y autoridades de la comunidad Nasa, por su férrea oposición a la presencia de grupos armados y el control territorial que hacen en sus territorios. (Leer más en: Ser líder social en el suroccidente, una labor de riesgo extremo y La fatal deuda con las Guardias Indígena y Cimarrona del norte de Cauca)
En cuanto a la reducción de asesinatos, Somos Defensores hace dos precisiones. La primera, que sus datos se desprenden de casos que “pudieron confirmar y documentar a través de fuentes directas, organizaciones aliadas y el trabajo directamente en los territorios donde se cometieron los asesinatos”, lo cual implica que “posiblemente hay un subregistro frente a otros observatorios que cuentan universos diferentes”.
Y la segunda, que se debe tener en cuenta que 2018 fue el año más violento desde que hace seguimiento a las agresiones contra defensores de derechos humanos, “lo cual responde a varias situaciones, entre las que se encuentra el escenario electoral (elecciones del Congreso de la República y presidenciales con dos vueltas) y el contexto de alta polarización por las posturas de los candidatos presidencias (quienes se movieron entre quien apoyaba continuar los procesos de paz y quien los cuestionaba)”.
Por esa última razón, advierte que, dado que el 27 de octubre se realizarán elecciones para cargos municipales y regionales, el contexto electoral y las disputas en los territorios pueden generar un mayor número de asesinatos en los seis meses restantes del año.
En el anterior semestre y como viene siendo un hecho reiterado, los departamentos con más líderes sociales asesinados fueron Cauca (10) y Antioquia (7), seguidos por Arauca (5), Nariño (5), Norte de Santander (5) y Valle Del Cauca (5). La modalidad más empleada fue el sicariato: 57 de los 59 casos registrados ocurrieron de esa manera.
Sobre esa práctica, como lo ha hecho en años anteriores, Somos Defensores alerta sobre el patrón en la comisión de los asesinatos: “El 75% se cometieron en horas de la mañana o en horas de la noche. Esto da indicios de un previo seguimiento o monitoreo a las rutinas de las personas asesinadas”. Y enfatiza: “En estas situaciones es común que varios hombres desconocidos y armados irrumpan en la vivienda de la persona, o que la asesinen cerca de ella o en caminos por los que comúnmente transita”.
Otra tendencia que se repite desde que empezó la implementación del Acuerdo de Paz, es que los líderes más asesinados son los que representan sectores comunitarios y comunales. Anteriormente eran los indígenas y afrodescendientes. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)
Como en años anteriores, también se desconoce la autoría de la mayoría de estas muertes: en 49 casos no se tienen sospechas. A grupos paramilitares se les atribuyen cuatro, misma cantidad al Eln, dos a disidencias de las Farc y ninguno a miembros de la Fuerza Pública.
Otro tipo de agresión que llama la atención son las amenazas, las cuales aumentaron un 75 por ciento con relación al primer semestre de 2018. “Es muy preocupante ver cómo la intimidación y las amenazas se han configurado en una de las principales formas de obstaculizar o impedir el ejercicio legítimo de liderazgo y defensa de los derechos humanos”, refiere el informe, el cual documenta que la mayor parte de ellas provienen de grupos de origen paramilitar. (Leer más en: Amenazas a líderes sociales dejan más preguntas que respuestas en la CIDH)
De espaldas al Acuerdo de Paz
El Programa Somos Defensores considera que el documento que firmaron el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la otrora guerrilla de las Farc, el 24 de noviembre de 2016, para ponerle fin a una confrontación armada que duró más de 50 años, contempla mecanismos útiles para salvar la vida de los líderes sociales que son amenazados y asesinados en diferentes rincones de la geografía nacional.
Sin embargo, encuentra que el presidente Iván Duque (2018-2022), quien llegó a la Casa de Nariño con el respaldo político del partido del Centro Democrático, que fue un férreo opositor a la manera cómo se realizaron las negociaciones y del pacto de paz, está generando una “ambigüedad gubernamental entre simular defender el Acuerdo de Paz y desconocerlo deliberadamente a partir de acciones dirigidas abiertamente contra su corazón mismo”.
Uno de los puntos clave del Acuerdo de Paz para las garantías de seguridad se encuentra en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), que se basa en un enfoque de seguridad que respeta la dignidad humana y humanismo, superando el enfoque se seguridad militar.
Al respecto, el informe recuerda de que desde ahí se deben coordinar las instancias para “garantizar la prevención, protección e investigaciones relacionadas con la seguridad de los excombatientes, pero también del movimiento político surgido de los acuerdos, partidos de oposición, organizaciones y liderazgos sociales, y comunidades vulnerables”.
No obstante, los programas que se crearon para tal fin, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que debe generar una política pública para garantizar el desmonte de los grupos sucesores del paramilitarismo, se está desfigurando y se ha convertido en una instancia de “consulta” del Plan de Acción Oportuna que creó el presidente Duque. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
Así se refiere el informe sobre otros componentes del SISEP: “En condiciones peores se encuentran las demás instancias e instrumentos diseñados, pues el actual gobierno no los menciona y los desconoció completamente en su agenda gubernamental, reflejado claramente en el Plan Nacional de Desarrollo. Del SISEP, el Cuerpo Élite de la Policía y el Programa de Protección no se volvió a saber nada, a pesar de las grandes necesidades que viven los territorios”.
Dada esa coyuntura, considera que “el país se encuentra en una regresión de política pública para atacar la criminalidad contra los liderazgos sociales y populares en muchas regiones del país, a pesar del salto cualitativo que se dio con el Acuerdo de Paz. Cobra vigencia en el debate la importancia de aplicar toda esta normatividad en su conjunto y de manera sinérgica, dado que, como ya se dijo, no fue creada solo para la desmovilización de las FARC sino para generar garantías de seguridad a otros sectores, actores y espectros de la vida política y social del país, entre ellos las organizaciones y líderes sociales”.
En cuanto a regresiones, Somos Defensores también referencia puntos cuestionables de la antigua política de Seguridad Democrática que el presidente Iván Duque está retomando. Algunos de ellos son la emisión de directrices del Ejército Nacional que pueden derivar en nuevos ‘falsos positivos’, como lo denunció el diario New York Times el pasado mes de mayo; y la implementación de redes de informantes que causarían nuevas capturas masivas como las de personas que fueron detenidas y sindicadas de tener supuestos nexos con grupos guerrilleros, pero que fueron dejadas en libertada posteriormente por falta de pruebas. (Leer más en: Víctimas de detenciones arbitrarias piden reconocimiento de su inocencia)
Corte de cuentas
El informe dedica un apartado para evaluar la gestión de la Unidad Nacional de Protección, de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación, frente a esta ola de violencia contra defensores de derechos humanos.
Sobre la UNP, advierte que la reingeniería que se propone el gobierno nacional se queda corta y sólo mejorará tiempos de respuesta a la hora de tramitar solicitudes de protección y asignar esquemas de seguridad, pero le sigue apostando al “fortalecimiento de la protección física y material de las personas amenazadas, lo que muchas veces se ha advertido como la prolongación del problema sin buscar solucionarlo”.
De la Procuraduría aplaude su voluntad de poner el tema de los líderes sociales en el centro del debate, de promover la campaña #LideraLaVida y la Mesa por la Protección de la Vida, y de emitir una directiva (002 de 2017) que busca facilitar su protección, pero cuestiona la falta de control político y de sanción disciplinaria de funcionarios públicos comprometidos en las agresiones que sufren los líderes sociales.
“En relación con los casos de investigación disciplinaria, la Procuraduría adelanta 31 investigaciones, de las cuales 26 están en manos de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y cinco por Procuradurías regionales y provinciales. Pero, además del número tan bajo de investigaciones, la mayoría (23) se encuentran en indagación preliminar, cinco en investigación y tres en evaluación de la queja, lo más lamentable aún, es que de este universo de investigaciones solo una se ha iniciado bajo el marco de la Directiva 002 de 2017, que el Procurador lanzó con bombos y platillos para la protección de los liderazgos sociales en el país. Es decir, en un poco más de 2 años solo se ha abierto una investigación, el resto (30) son antiguas y seguramente quedarán en el estado en que se encuentran”, reprocha.
De la Fiscalía nuevamente cuestiona su estrategia mediática de inflar resultados sobre el esclarecimiento de asesinatos de líderes sociales, pues desde hace un par de años el ente acusador viene indicando que se encuentran por encima del 50 por ciento. Esa es una afirmación cuestionable, si se tiene en cuenta que sólo se refiere a los casos ocurridos desde 2016 y que no todos tienen sentencia condenatoria, sino con avances preliminares. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
Abiertamente, el informe controvierte los resultados de Fiscalía, que sostiene que ha esclarecido el 60,21 por ciento de los 289 casos investigados entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de julio de 2019. El Programa Somos Defensores aclara que esa cifra es errónea, porque sólo 33 casos tienen sentencia, los cuales equivaldrían al once por ciento de esclarecimiento y cuatro de ellas fueron emitidas por la Justicia Indígena, por lo que el porcentaje bajaría un punto más; además, 55 están etapa de juicio, 43 con imputación de cargos, 40 en indagación con orden de captura, tres precluidos y 115 en etapa de indagación. “Es decir, el 39.7% se encuentran en etapa preliminar”, plantea.
Finalmente, cuestiona que la Fiscalía y la Unidad Especial de Investigaciones no dan cuenta de porcentajes sobre desmantelamiento del crimen organizado, como lo indica su mandato: “Ante una supuesta claridad de la entidad sobre quiénes están detrás del ataque al liderazgo social, debe haber una correspondencia”. En otras palabras, pregunta si supuestamente se ha esclarecido un amplio número de casos y se sabe quiénes están asesinado a los líderes sociales, ¿por qué no se han desarticulado esos grupos y siguen ocurriendo más crímenes contra ellos?
Por último, el informe dedica un apartado para resaltar las acciones de solidaridad de sectores de la sociedad civil, que no se han quedado de manos cruzadas antes el actual desangre de defensores de derechos humanos, y han realizado múltiples acciones para denunciar y sensibilizar sobre esa tragedia, como un campamento humanitario en Bogotá, campañas en medios de comunicación, litigio en el extranjero y una marcha en más de 50 ciudades del mundo.
