Un informe elaborado por varias organizaciones no gubernamentales y entregado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz, plantea que las ejecuciones extrajudiciales obedecieron a una práctica sistemática de las Fuerzas Militares.
La mañana del lunes 14 de junio de 2004, soldados adscritos al Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes) de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, irrumpieron violentamente en la casa de Mauricio García, por aquel entonces un campesino de tan sólo 13 años de edad, quien, junto a su familia, vivía en el corregimiento Santa Ana, municipio de Granada, en el oriente de Antioquia.
“Recuerdo el estruendo tan impresionante, como si hubiera estallado algo”, relata Mauricio. “Yo estaba en el patio y salí a ver qué estaba pasando. Mi mamá estaba en la cocina y salió a los gritos también. Cuando llegué a la sala vi a mi papá tirado en el suelo, con los soldados apuntándole. Recuerdo a mi mamá desesperada preguntando qué estaba pasando. Recuerdo cuando uno de los soldados le pegó una patada durísima a mi papá estando tirado en el suelo”.
Los uniformados se llevaron a Nicolás Emilio García, hombre dedicado a las faenas del campo y padre de Mauricio, para una casa ubicada en el casco urbano, que servía de cuartel general del Batallón Bajes.
“Pero nosotros no nos atrevíamos a bajar al pueblo”, agrega Mauricio. “Eran años muy duros. De mucha violencia. Más para nosotros, porque había un estigma muy fuerte: todo el que era de Santa Ana era guerrillero. Con todo y eso mi mamá bajó a hablar con uno de los comandantes del Ejército, a preguntarle qué estaba pasando. El militar le dijo que no se preocupara. Que no le iba a pasar nada, que sólo le iban a hacer unas preguntas a mí papá y ya”.
Mauricio y su madre decidieron que lo mejor era viajar a Medellín a denunciar el hecho ante organismos humanitarios y buscar asesoría jurídica. “Pero sólo pudimos viajar la mañana del 18 de junio. Era viernes. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mi mamá siempre fue de trabajo comunitario, entonces ya conocía a los abogados de la Corporación Jurídica Libertad. Ese viernes hablamos con un abogado de allí y quedamos de volver el lunes. Pero pasó que del pueblo nos llamaron a decirnos que mi papá ya no lo tenían los militares, que lo habían sacado de la casa esa mañana del viernes”.
No tener noticias de su padre llenó de angustia a Mauricio durante ese fin de semana. Para calmar sus peores temores, decidió visitar, por su cuenta, los anfiteatros de la ciudad. “Madrugué el lunes. Para esa época no conocía muy bien la ciudad. Yo era un niño en ese entonces. Simplemente recuerdo que llegué a uno y pregunté si habían llegado cuerpos de Granada ese fin de semana. Me dijeron que sí: dos hombres y una mujer. ¿Cómo era uno de los hombres?, pregunté. La descripción que me dieron coincidía con mi papá. Después, con un tío, identificamos el cadáver. Era mi papá”.
El reporte entregado por las autoridades forenses a Mauricio y su familia indicaba que el cuerpo había sido llevado por tropas del Batallón Bajes del Ejército y lo reportaron como guerrillero muerto en combate en zona rural de Granada.
¿Cómo terminó muerto en un combate con el Ejército un labriego que cuatro días antes había sido sacado de su casa por los propios militares y se encontraba detenido? Es lo que aún se pregunta Mauricio, quien tampoco ha recibido explicación alguna por parte del Ejército por la muerte de Edier Alejando García, su hermano, perpetrada 17 meses antes de la tragedia de su padre.
“Eso fue el 13 de enero de 2003. Ese día mi hermano estaba con su novia y venía para la casa”, recuerda Mauricio. “Resulta que los soldados se ubicaron en el filo de la montaña, cerca de donde vivíamos. Y comenzaron a dispararles. ¿Qué hizo mi hermano? Salir corriendo. Un disparo alcanzó a mi hermano en la pierna, que lo tiró al suelo. La novia siguió corriendo. Mi hermano se paró y lo alcanzó otro tiro en el pecho, el que finalmente lo mató”.
Y continúa: “Los soldados dijeron que se trató de guerrilleros. Se llevaron su cuerpo para Granada en helicóptero, que si queríamos bajáramos para identificarlo, pero, como le dije, en ese tiempo nos daba mucho miedo bajar al pueblo. Así que mi hermano estuvo en el cementerio de Granada enterrado en una bóveda como N.N como hasta 2009, cuando el fiscal de exhumaciones Gustavo Duque nos ayudó a recuperar sus restos”.
Ante la JEP
Mauricio tuvo la oportunidad de relatar su historia ante Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Lo hice porque siento que es mi deber, porque no quiero que esto se vuelva a repetir, porque quiero saber la verdad de lo que pasó con mi papá y mi hermano, porque quiero que se haga justicia”.
Su historia hace parte de los 112 casos (para un total de 165 víctimas) que componen el informe titulado Ni descuidos ni manzanas podridas: ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, una política de Estado, elaborado por las organizaciones defensoras de derechos humanos Corporación Jurídica Yira Castro; Corporación Jurídica Libertad; Humanidad Vigente Corporación Jurídica; y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas).
El informe fue entregado en Medellín a la magistrada Díaz para que sea incorporado a las demás pruebas que reposan en el expediente 003 que cursa ante la JEP, denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, por el cual son juzgados poco más de tres mil miembros de la Fuerza Pública en este tribunal de justicia transicional. (Leer más en: Falsos postivos, una herida que sigue abierta)
En este documento, las organizaciones defensoras de derechos humanos intentan demostrar que los mal llamados “falsos positivos” no fueron hechos aislados cometidos por soldados corruptos, sino que, por el contrario, se trató de una práctica sistemática en las Fuerzas Militares con el fin de demostrar ante la opinión pública que se estaba ganando la guerra contra las guerrillas. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)
“Las pruebas que incluimos en el informe permiten señalar que existió una política de estímulos para las batallones y brigadas que registraran más muertes en combate y que, para tal fin, se creó al interior de varias guarniciones militares una estructura dedicada a la planeación y comisión de estos crímenes”, afirma Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad (CJL).
Para sustentar esa afirmación, las organizaciones defensoras de derechos humanos centraron su atención en el caso del coronel (r) del Ejército Juan Carlos Barrera Jurado, quien estuvo como comandante del Batallón Bajes entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004. Durante este periodo, agrega el abogado de la (CJL), se documentaron 65 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a esta unidad militar, que dejaron un total de 97 víctimas, de las cuales 18 aún están sin identificar.
Luego de su paso por el Bajes, el coronel (r) Barrera Jurado fungió comandante de la Brigada XIV del Ejército, con sede en Puerto Berrío, Antioquia, entre el 30 de octubre de 2007 y el 31 de octubre de 2008.
“Si analizamos ese periodo, vemos que se registraron 47 casos de ejecuciones extrajudiciales, que dejaron un total de 57 víctimas, 29 de las cuales aún permanecen sin identificar. Estos hechos son atribuibles a los batallones Bombona, Calibío y Energético y Vial No. 8, adscritos a la Brigada XIV del Ejército, y fueron cometidos en municipios del Nordeste y Magdalena Medio antioqueños, así como en el sur de Bolívar”, sostiene Óscar Pardo, abogado de Humanidad Vigente Corporación Jurídica.
Uno de estos casos es el de Miguel Ángel Ramírez Gutiérrez, presentado por tropas de la Brigada XIV como guerrillero del Eln dado de baja en combate el 27 de enero de 2008. “Lo triste es que la noticia la recibí en la cárcel”, dice su padre, Miguel Ángel Ramírez Huepa, integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC).
“Ocho días antes llegaron los soldados a la vereda (Puerto Nuevo Ité, Remedios, Nordeste de Antioquia). Estábamos en reunión de la junta de acción comunal, llegaron pidiendo papeles y me llevaron acusado de rebelión”, relata Miguel Ángel.
“Estando en la (cárcel) Modelo de Bucaramanga me dicen: ‘mire que mataron a su hijo’. Lo que me contaron fue que pasó el Ejército por la vereda esa tarde del 27 de enero. Sonaron unos disparos. Llegó un helicóptero del Ejército y se llevó unos cuerpos para Puerto Berrío (Magdalena Medio antioqueño) diciendo que eran unos comandantes de la guerrilla. Después del tiroteo fueron a buscar a mi hijo en la finca y no lo encontraron”.
“Cómo él también era líder”, continúa Miguel Ángel, “entonces se fueron otros líderes con cooperantes internacionales hasta Puerto Berrío, pero allá los del Ejército, supongo que, al ver semejante escándalo, les dijeron que no tenían a nadie. Como a los dos días encontraron el cuerpo de mi hijo enterrado en una fosa común a las afueras de Puerto Berrío”.
Que haya justicia
Uno de los casos que será priorizado dentro del expediente 003 que cursa trámite ante la JEP será el del Batallón Bajes. Tal como lo señaló la magistrada Díaz, el informe entregado por las organizaciones defensoras de derechos humanos constituye insumo valioso no sólo por representar la voz de las víctimas sino, también, por contener información que será útil para la contrastación y verificación.
“Ese es el punto de partida para la contrastación. La JEP ha recibido información de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, de otras instituciones del Estado como el Centro Nacional de Memoria Histórica y con estos informes entregados por las organizaciones de víctimas contrastamos toda la información para llamar a los comparecientes a presentar versiones voluntarias”, explicó la togada.
En este punto, una de las comparecencias más esperadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos será, precisamente, la del coronel (r) Barrera Jurado, “quien se acogió a la JEP, pero creemos que para negar su responsabilidad en estos hechos”, intuye Pardo.
En el análisis de los casos atribuibles tanto al Batallón Bajes como a la Brigada XIV, los activistas encontraron patrones comunes que evidenciarían una actuación sistemática del Ejército. “En ambos casos se recurrió a guías e informantes a quienes se les pagó recompensas. También fue común en ambos casos la alteración de la escena del crimen, así como el ocultamiento de pruebas y la inconsistencia en documentos internos del Ejército”, señala el jurista de Humanidad Vigente.
Si bien por varios de estos hechos la justicia ordinaria ha proferido sentencias contra soldados y suboficiales, “no existe ningún tipo de condena contra altos oficiales, comandantes de brigadas, batallones, Ejército y Fuerzas Militares”, afirma Pardo. (Leer más en: “Generales involucrados en ‘falsos positivos’ han sido intocables”: Vivanco)
“De hecho”, agrega, “el coronel (r) Barrera Jurado fue llamado a calificar servicios en 2008 por su responsabilidad en la comisión de violaciones a los derechos humanos y se encuentra vinculado a una investigación penal que adelanta la Fiscalía 106 de derechos humanos, pero continúa como contratista del Ejército y es asesor de doctrina militar”.
Por ello, uno de los propósitos que persigue el informe es aportar material probatorio útil para que se investigue y se determine la responsabilidad de otros altos mandos militares sindicados de ser responsables de la comisión de estos crímenes, como el general (r) del Ejército, Mario Montoya. (Leer más en: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Mario Montoya)
“Justamente, en el informe que le entregamos a la JEP, buscamos escalar la responsabilidad no solo al coronel (r) Barrera Jurado sino también a otros mandos militares como Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y el mismo Mario Montoya”, precisa Arboleda, de la CJL, oficiales que pasaron por la comandancia de la IV Brigada del Ejército. (Leer más en: “Asistencia de general (r) Mario Montoya a la JEP fue decepcionante”)
“Por ejemplo, en el tiempo que (coronel) Barrera Jurado se desempeñó como comandante del (batallón) Bajes, (general) Montoya era comandante de la Brigada IV; luego, cuando Barrera Jurado fue comandante de la Brigada XIV, Montoya era el comandante del Ejército. Y así. Por eso decimos que la responsabilidad se debe escalar hasta el máximo responsable”, detalla Arboleda.
Para personas como Mauricio García, más que responsabilidades de mando, lo que importa es la verdad, provenga de quien provenga. “Eso es lo que quiero, saber qué fue lo que pasó con mi papá y con mi hermano. Por qué ellos si eran tan sólo unos campesinos. Fueron muertes que cambiaron mi vida para siempre. Y la vida de ellos no valía el ascenso de un militar o unas vacaciones”.
Debate candente
La presentación de este informe ante la JEP tiene como telón de fondo una dura discusión sobre la sospecha de que la nueva comandancia del Ejército estaría exigiéndole a sus hombres incrementar este año los “resultados operacionales” a través de la aplicación de la Disposición 02 del 10 de enero de 2019, firmada por el general Nicasio Martínez. (Descargar Disposición 02)
La revelación de esas órdenes fue hecha en días pasados en un artículo publicado por el diario estadounidense New York Times. A través de fuentes anónimas, que al parecer son oficiales activos del Ejército inconformes por la adopción de esas reglas operaciones, se planteó que se estarían creando las condiciones para volver a las ejecuciones extrajudiciales de civiles para mostrar resultados positivos en la guerra que se libra contra la guerrilla del Eln, disidencias de las Farc y organizaciones del narcotráfico.
La nueva disposición operacional ha sido comparada con la Directiva 029 de 2005, expedida por el entonces ministro de la Defensa, Camilo Ospina, que fijó un conjunto de recompensas a las tropas con el fin de fortalecer las acciones contra grupos armados ilegales. (Descargar Directiva 029 de 2005)
Un día antes de la publicación y previendo el impacto que generaría el artículo, escrito por el periodista Nicholas Casey, tanto el ministro de Defensa, Guillermo Botero, como el general Martínez, reiteraron en rueda de prensa que las disposiciones tomadas a comienzos de este año cumplen con las normas del Derecho Internacional Humanitario y los protocolos que regulan los conflictos armados internos, de los cuales Colombia es firmante.
“Tenemos que fijarnos objetivos y metas ambiciosas. Lo que hicimos fue actualizar, hicimos reglas de enfrentamiento donde les dijimos qué deben hacer en el combate y qué no deben hacer”, explicó el alto oficial, cuya declaración fue reproducida por el diario El Tiempo.
“Hicimos unas reglas de enfrentamiento en la cual le dijimos a cada uno que debe hacer durante el combate. De hecho, hoy tenemos más de 140 personas que en combate han sido capturadas, heridos a los que hemos prestado todo el apoyo médico y las hemos dejado a disposición de la autoridad competente, esa es la mejor muestra del respeto por los derechos humanos”, detalló Martínez.
La publicación también generó una carta de rechazo del gobierno colombiana firmada por el canciller Carlos Holmes Trujillo y el ministro Botero, que fue enviada a la dirección del diario norteamericano. De acuerdo con estos dos altos funcionarios de gobierno, el texto de Casey “muestra una visión tendenciosa, parcial y distorsionada de los esfuerzos que el Estado colombiano y su Ejército hacen para estabilizar los territorios y consolidar el orden y la seguridad, como también para proteger a la población y los derechos y las libertades”. (Ver carta, en inglés)
La respuesta no se hizo esperar. El New York Times, a través de su editor ejecutivo, Dean Baquet, refutó las observaciones del Canciller Trujillo y el ministro Botero: “En ningún momento el artículo sugiere que el ejército colombiano ha emitido órdenes ilegales o inconstitucionales. De hecho, la única referencia a la legalidad de dichas órdenes viene del mismo general, cuando dice que la orden por encima de todas es respetar la ley y proteger los derechos humanos”.
En medio de esta fuerte discusión nacional e internacional está la población civil que habita en zona donde persiste el conflicto armado. Se teme que, como en el pasado, aquellos homicidios contra ciudadanos inermes que luego son presentados como “guerrilleros dados de baja en combate” regresen a enlutar los campos. (Leer más en: El miedo a los “falsos positivos” vuelve al sur de Bolívar)
Esta discusión también tocó a la revista SEMANA. Uno de sus más prestigiosos columnistas, Daniel Coronell, cuestionó en su habitual columna de domingo el hecho de que no publicaran los temores que tenían algunos oficiales del Ejército, pues desde hace tres meses tenían la misma información que publicó el New York Times. En respuesta, el fundador de la publicación, Felipe López, decidió retirarle el espacio al periodista.
