El asesinato de Gerson Acosta, gobernador del resguardo indígena que decenas de desplazados crearon en Timbío tras sobrevivir a la masacre que paramilitares cometieron en esa región limítrofe entre Cauca y Valle del Cuaca en 2001, silenció una de las voces que con más fuerza reclamó verdad, justicia y reparación para esa comunidad.
Hasta los últimos momentos de su vida Gerson Acosta trabajó con ahínco por una de las causas que más lo apasionaron desde hace 15 años: la reparación integral de las familias que, tras vagar dispersas como desplazadas por varias ciudades, finalmente lograron asentarse en una finca del municipio de Timbío para volver a vivir en comunidad, como lo hicieron durante décadas en las montañas y los ríos de la región del Naya.
Horas antes de ser asesinado por disparos de arma de fuego, estuvo reunido con funcionarios de la Unidad de Víctimas analizando los avances del programa de reparación colectiva y abogando por la instalación de un acueducto para que las 73 familias de su comunidad puedan contar con agua potable. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles en su resguardo, Kitek Kiwe (que en lengua Nasa significa Tierra Floreciente); de inmediato, la comunidad capturó a un nativo, señalado como presunto responsable del homicidio, quien en anteriores ocasiones lo había amenazado.
Sin embargo, un miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), le contó a VerdadAbierta.com que no descartan la posibilidad de que “haya actores armados detrás del asesinato, teniendo en cuenta que anteriormente fue amenazado por diferentes grupos, y tenía un perfil alto por su calidad de representante de víctimas y de líder comunitario que impartió orientación sobre control territorial. Se estaría viendo una modalidad de utilización de comuneros para afectar representantes”. Además, el acompañante del presunto homicida logró huir del lugar de los hechos.
El compromiso de Acosta con su comunidad es innegable. Dejó la docencia para apersonarse del proceso organizativo del naciente resguardo que fue conformado en 2006 y a sus 36 años llegó a gobernarlo en tres ocasiones (2009-2011, 2011-2013 y 2015-2017). En junio próximo terminaría su tercer mandato y rechazó el ofrecimiento de la comunidad para continuar durante otro, señalando que estaba “cansado de ser el firmón del pueblo” y que quería aportar más desde otros espacios.
Lisinia Collazos, su antecesora y una de las viudas que dejó la masacre del Naya, lo recuerda como “un joven muy piloso”, que desde 2013 encabezó la consulta previa para el proceso de reparación colectiva. Tomando constantes bocanas de aire y de valor para no dejarse vencer por el llanto, desde Timbío y por vía telefónica, la exgobernadora resumió labor del desaparecido líder de la siguiente manera: “Al ver que la comunidad no avanzaba, se metió en el cabildo para ayudar a organizar las cosas. En 2010 ayudó a trazar nuestro plan de desarrollo, que llamamos Plan de Vida. Trabajó muy fuerte con la comunidad y se definió en qué área íbamos a sembrar el pancoger, en qué áreas se iban a dejar los sitios comunes… allí empezó a tener cara la comunidad y nos fue organizando”.
Collazos, quien ha participado activamente en el proceso de paz con las Farc, asistiendo como representante de las víctimas a La Habana y dando un discurso en la instalación de la Comisión de la Verdad, también recuerda con mucho aprecio la labor de Acosta para evitar que la masacre que los sacó de sus territorios quedara sumida en el olvido y en la impunidad.
“Ese era su fuerte y lo que más le gustaba. Siempre buscó la verdad, hizo denuncias muy fuertes e insistió en encontrar a los autores intelectuales de la masacre; encabezaba ese proceso y no tenía miedo de denunciar. No le gustaba dejar pasar las conmemoraciones de la masacre, en ellas se involucraba con los niños y la gente de afuera para que no se olvidara lo que pasó, y hacían exigencias muy duras, siempre para el beneficio de su comunidad”, explicó Collazos.
Las deudas con la comunidad de El Naya
Precisamente en una de las conmemoraciones, la del décimo aniversario, un reportero de este portal tuvo la oportunidad de conocerlo, y prefirió que entrevistara a las viudas, los huérfanos y los desplazados, en vez de a él, para que conociera la situación de los más afectados de primera mano. “Hablen tranquilos con él, que Verdad Abierta es de los pocos medios de comunicación que cuentan las cosas como son y ayudan de verdad a las víctimas”, le dijo al puñado de asistentes que se encontraban en el salón comunal del corregimiento de Timba, en el municipio caucano de Buenos Aires, mientras esperaban que las instituciones estatales convocadas llegaran a cumplir con su rendición de cuentas. Ese sitio fue escogido adrede, puesto que el recorrido de muerte de los paramilitares inició allí.
Una tragedia anunciada
La masacre del Naya es uno de los capítulos más crueles, absurdos y vergonzantes de la historia reciente de Colombia. A pesar de las advertencias previas de la Defensoría del Pueblo y de las constantes denuncias de las comunidades, un ejército paramilitar cruzó cientos de kilómetros de las carreteras de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, para marchar a sus anchas en las veredas de esa región en la Semana Santa de 2001, en donde realizó un recorrido de terror.
Después de 16 años de ocurridos los hechos, todavía no se tiene claridad sobre el saldo final de esa incursión armada ilegal. Las comunidades alegan que las víctimas mortales son más de cien, pero la Fiscalía de Justicia y Paz, tras reconstruir los hechos con los testimonios de las víctimas y de los victimarios, estableció que son 24. Las comunidades señalan que la diferencia en la cifra se debe a que los paramilitares arrojaron muchos cadáveres a los ríos y precipicios de la región. También hay disenso sobre el número de desplazados.
Sobre lo que sí se tiene certeza es sobre cómo ocurrieron los hechos. En marzo de 2011, más de 60 desmovilizados del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se acogieron al proceso de Justicia y Paz, confesaron en versión libre cómo se planeó y se ejecutó la masacre. Según relataron varios jefes paramilitares a la Fiscalía, el propósito de esa incursión no era realizar una masacre, sino trasladar, por orden de Vicente Castaño Gil, cerebro de la expansión de las Auc, unas tropas al municipio de Guapi, en el Pacífico caucano, para crear el Bloque Pacífico, que tendría presencia en el litoral desde Nariño hasta Chocó.
Los orígenes de la masacre del Naya
La misión le fue encargada a Hebert Veloza García, alias ‘HH’, quien estuvo al mando del Bloque Calima desde el año 2000 hasta su desmovilización en diciembre de 2004. Para cumplir con ese propósito, concentró a alrededor de 220 hombres que tenía repartidos en diferentes frentes en Cauca y Valle del Cauca. Entre el 4 y el 5 de abril, ‘HH’ se reunió en la vereda San Miguel, de Buenos Aires, con varios de sus hombres de mayor rango y con mapas en mano les trazó el recorrido que debían hacer. Al día siguiente la tropa encargada de la incursión fue formada en la cancha de fútbol de Munchique y surtida de material de guerra nuevo, parte del cual fue provisto oficiales del Batallón Pichincha, con sede en Cali.
La masacre del Naya y los militares
El encargado de la logística del Bloque Calima, Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’, declaró que entre los contactos que le prestaron colaboración estaban el capitán Zambrano, el coronel Tony Alberto Vargas Petecua, el general Francisco René Pedraza y la esposa de un cabo. Además, Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, quien fue el jefe militar y segundo al mando del bloque, confesó que la reunión de los 220 paramilitares provenientes de diferentes regiones se logró sin que fueran detenidos porque tenían coordinación con algunos miembros de la Fuerza Pública cuando iban a hacer operaciones grandes.
A partir de ese momento los paramilitares marcharon hacia la región del Naya y estando allá, capturaron un presunto miliciano del Eln, quien, para salvar su vida, señaló a supuestos colaboradores o simpatizantes de las guerrillas, que fueron ultimados por sus captores. Sólo semanas después, cuando ya se habían consumado los asesinatos, las desapariciones forzadas, los despojos de pertenencias personales, las destrucciones de viviendas y miles de desplazamientos forzados, la Fuerza Pública ingresó a la región y capturó a 73 paramilitares.
Según se desprende de las confesiones de los desmovilizados, las coordinaciones con miembros de la Fuerza Pública continuaron una vez ingresaron a la región, puesto que, para evitar más capturas, un coronel de la Armada Nacional, con sede en Buenaventura, les propuso que desviaran la atención de las autoridades haciendo “algo grande”. De allí se desprende la masacre de El Firme, una de las veredas del corregimiento de Yurumanguí, de Buenaventura, en donde alias ‘El Cabo’, uno de los paramilitares que logró salir del Naya sin ser capturado, violó a una mujer afrodescendiente y cometió otra matanza.
La masacre con la que los ‘paras’ escaparon del Naya
Durante ese tiempo, los 220 hombres del Bloque Calima que ingresaron al Naya estuvieron a sus anchas y llenaron de terror a las poblaciones de Bellavista, La Esperanza, El Ceral, La Silvia, Campamento, Patio Bonito, Aguapanela, Palo Solo, Alto Sereno, Río Mina, El Playón, La Paz, Saltillo, Concepción, Yurumanguí y Puerto Merizalde.
Un resguardo floreciente
El baño de sangre ocurrido entre el 10 y el 13 de abril de 2001 llevó a que muchos nativos no quisieran regresar a la región de sus ancestros. Inicialmente se concentraron en la escuela de Timba y alrededor de 400 personas estuvieron refugiadas en ella durante semanas. Posteriormente se trasladaron al vecino municipio de Santander de Quilichao, en donde ‘vivieron’ durante tres años en la plaza de toros.
“Al principio eran como cuatro mil personas y al final se quedaron 70 familias en la plaza de toros. La gente se fue yendo conforme pasaba el tiempo. Algunos retornaron pese a que el gobierno les dijo que no había garantías, pero como ya no había nada para comer, la gente se fue yendo poco a poco. Algunos estuvieron tres o cuatro meses y no aguantaron más, nosotros nos quedamos tres años”, le contó un refugiado a VerdadAbierta.com en 2014.
“Así no se pide perdón”: víctimas del Naya al Ejército
En marzo de 2002 las 73 familias que no retornaron al Naya instauraron un tutela para que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) les titulara un predio en el norte de Cauca para rehacer sus vidas en el campo. A pesar de que el fallo fue favorable, sólo hasta el 20 de diciembre de 2003 les pudieron adjudicar la finca La Laguna, de 289 hectáreas, que está ubicada en Timbío, a 10 minutos de Popayán, en el centro del departamento.
Desde ese momento inició el proceso de adaptación y los indígenas constituyeron un nuevo cabildo que fue bautizado como Kitek Kiwe, el cual fue reconocido por el Estado en 2006. La falta de viviendas, de electricidad, de acueducto y de alcantarillado no fue obstáculo para la comunidad iniciara la reconstrucción de su vida y esa lucha fue jalonada por varios líderes, entre ellos Gerson Acosta, quien perdió la vida el día ayer.
Kitek Kiwe, el resguardo que floreció tras la masacre de El Naya
Este jueves Kitek Kiwe amaneció sin uno de los faros que lo ayudó a florecer, pero sus habitantes son conscientes de que, pese al dolor y la ausencia de Acosta, no pueden dejar que se pierda su legado. “Anoche estuvimos hasta la una de la mañana pensando en comunidad y decíamos que sus enseñanzas no las íbamos a dejar perder, que su legado no se perdería y que tenemos que echar para adelante… -el llanto corta las palabras- La comunidad está muy caída, pero nos damos alientos porque no podemos agachar la cabeza, hay que alzarla así nos siga doliendo, y sacar esto adelante”, concluye la exgobernadora Collazos.