Con la implementación de la Ley de Víctimas, se ha hablado de la situación de víctimas, opositores y oenegés. Pero no de quienes toman la última decisión, los jueces.
Los jueces de tierras advierten problemas en los esquemas de seguridad otorgados por la Unidad Nacional de Protección, así como en los viáticos que debe suministrar el Consejo Superior de la Judicatura para realizar sus trabajos de campo. Fotos: archivo Semana.
Detrás de cada sentencia que restituye una finca o una parcela a víctimas del conflicto, hay una historia ‘invisible’ que soportan los jueces de restitución: temor, inseguridad, amenazas y falta de recursos para realizar su trabajo. Estas personas saben que con cada decisión pisan ‘callos’ de actores armados, de particulares y empresarios que acumularon tierras ajenas.
VerdadAbierta.com conversó con siete jueces especializados en restitución de tierras y coinciden en que no tienen un esquema de protección individual y, a veces, se quedan sin recursos para cumplir con las diligencias en terreno.
Los casos que ponen en mayor evidencia esta situación son el de Mario Lozano, Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que en mayo de 2015 decidió enviarle una carta al Consejo Superior de la Judicatura con copia a la Unidad Nacional de Protección, advirtiendo que no contaba con carro ni gasolina para realizar diligencias de verificación, pero sobre todo que la Unidad no cumplía con medidas de protección. Al Juez le preocupaba que una vez posesionado había recibido amenazas de una banda criminal y que en su despacho estudiaba varios casos de miles de hectáreas reclamadas por comunidades étnicas (Lea: Un juez de restitución de tierras clama por su seguridad).
En Cesar y la Costa Caribe también ha habido problemas de seguridad. El domingo 5 de julio, dos delincuentes destruyeron la cámara de seguridad del Juzgado Segundo de Restitución de Tierras en Valledupar para robarse dos computadores que almacenaban información de los reclamantes, entre ellos, la solicitud de la comunidad indígena Yukpa sobre 12 mil hectáreas en el municipio de Becerril (Lea: Acosados por el hambre, indígenas del Perijá piden restitución de tierras).
En Santa Marta, dos jueces de restitución han recibido varias amenazas, al punto que el estudio de riesgo para uno de ellos está en el más alto nivel de vulnerabilidad. Estos jueces han estudiado y fallado sobre reclamaciones en los municipios de Chibolo, Ciénaga, Plato, Sabanas de San Ángel y Sitionuevo, donde los paramilitares del Bloque Norte de la Auc despojaron a parceleros a punta de asesinatos y desplazamientos. En la actualidad, cursa una tutela en contra de la Unidad Nacional de Protección por no mejorar las condiciones de seguridad de ese juez.
Como si fuera ‘ruta escolar’
La responsabilidad de la seguridad de los jueces de restitución recae sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad creada por la Ley de Víctimas y Restitución para brindar seguridad a reclamantes y funcionarios del proceso de tierras. En sus esquemas participan integrantes de la Policía y el Ejército. La encargada de brindarles los recursos económicos para realizar las diligencias de verificación es la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), encargada de la gestión de la rama judicial.
Algunos de los entrevistados se quejan porque solo hay un escolta en municipios con dos o más jueces. Foto: Unidad Nacionalde Protección.
“El problema es que la mayoría de los esquemas de protección es colectivo”, dice un juez. Eso significa que en si en un municipio hay tres jueces, la escolta tiene que trazar una ruta, como de colegio, para recogerlos casa por casa. Esto los ha llevado, explican, a movilizarse por sus propios medios hacia los juzgados.
Esto también afecta las diligencias. Si los jueces van a programar trabajos de campo, deben turnar los días para realizarlas. “No podemos el mismo día porque solo hay uno o dos escoltas. Si uno va el lunes, el otro el martes y el otro el miércoles, y así. Eso implica que mientras que el que sale está protegido; los que nos quedamos, no”, cuenta otro juez, quien explica que esto también aplica cuando salen a terreno para revisar si las instituciones o autoridades están cumpliendo con las órdenes emitidas en las sentencias.
El Consejo Superior de la Judicatura les suministra viáticos que se calculan según los kilómetros que deben recorrer en los municipios y los peajes que deben pagar, “pero a veces esto es insuficiente y algunos hemos tenido que solventar esos viáticos por nuestra cuenta”, dice uno de los jueces entrevistados. Otro togado cuenta que aunque la fuerza pública los acompaña en las diligencias, a veces “la Policía nos dice que no tienen para echarle gasolina a la moto, entonces o nos toca pagar el combustible o nos quedamos sin ese apoyo en el esquema de seguridad”.
En el reciente debate de control político al que citó el Centro Democrático sobre el proceso de restitución de tierras, el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, se descargó en cifras: desde que comenzó el proceso de restitución, es decir desde el 1 de enero de 2012, las autoridades han capturado a 110 personas vinculadas con amenazas contra reclamantes y 21 más por homicidios. El Director aseguró que han capacitado a 22 mil policías en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, han realizado 6 mil acompañamientos a reclamantes y que 94 de sus funcionarios hacen parte del Plan Padrino.
VerdadAbierta.com insistió durante varios días lograr una respuesta de la Unidad Nacional de Protección, a cargo de Diego Mora, pero la Oficina de Prensa informó que este era un tema de competencia del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, la semana pasada la Unidad fue cuestionada por la Contraloría precisamente por presuntas irregularidades en la administración de recursos relacionados con tiquetes aéreos, peajes y gasolina de los escoltas que hacen parte de los esquemas de seguridad. Tras un análisis a la gestión del año 2014, el organismo de control advirtió sobre un presunto daño fiscal de 14 mil millones al patrimonio público.
Durante el debate de control político, Mora señaló que les garantiza esquemas de protección a 1.283 víctimas, de las cuales 354 tienen un “alto nivel de riesgo”. Sin embargo, no se refirió a la situación de los jueces. En su informe la Contraloría además advirtió que la Unidad adeudaba a contratistas y operadores de los esquemas de seguridad por lo menos 41 mil millones con vigencia al año 2014, hecho que reconoció la institución en un comunicado de prensa del pasado 13 de julio, informando que se pondrá al día con las cuentas.
En diálogo con VerdadAbierta.com, el magistrado Néstor Raúl Correa, coordinador de Restitución de Tierras de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, reconoció que han tenido dificultades con el presupuesto de viáticos que se les asigna a los jueces, situación que está consignada en varios oficios que ha intercambiado con las Direcciones Seccionales de Administración Judicial. (Vea los oficios aquí).
Néstor Raúl Correa. El Consejo Superior de la Judicatura reconoce que las principales dificultades para el ejercicio de la función de los juecesde tierras se registra en la región del Urabá, en Magdalena, Cesar y en el municipio de Tibú, en Norte de Santander. Foto: archivo Semana.
Correa aseguró que se ha mantenido en comunicación con las seccionales para conocer sus necesidades e ir solucionando las dificultades relacionadas con gasolina, peajes y viáticos. Frente al caso del juez de Quibdó Mario Lozano, dijo que el Consejo ya solucionó los inconvenientes que hubo con el suministro de viáticos.
“La Rama Judicial es la ‘cenicienta’ del Estado. No tenemos la cantidad de recursos que se destinan a otras entidades. Un ejemplo de ello es ir a un pueblo y ver que lo más pobre que hay es el juzgado y al lado, una gran guarnición militar”.
Frente al tema de seguridad, el Magistrado dijo que es responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección y que han enviado varios oficios exigiendo una solución. “Considero que los esquemas colectivos están mal implementados, además porque truncan con el desarrollo de las actividades diarias de los jueces. La Unidad no ha sido diligente yen las misivas hemos sido explícitos con las solicitudes”, reiteró.
Desde el 16 de octubre de 2012, cuando Colombia conoció el primer fallo de restitución proferido por Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Bolívar para la comunidad de Mampuján, los 54 jueces especializados han emitido mil sentencias, devolviéndoles 170 mil hectáreas a víctimas del conflicto armado colombiano. En la actualidad, estos mismos jueces estudian la reclamación sobre otras 400 hectáreas abandonadas o despojadas en varias regiones del país.
“En general, las condiciones de seguridad en varias regiones del país han mejorado, pero en Urabá y Santa Marta ha habido amenazas contra los jueces. La Unidad Nacional de Protección no debería esperar a que ocurra un hecho qué lamentar para que nos escuche y tome medidas al respecto”, concluyó otro juez.
