El juez de restitución de tierras de Quibdó tiene en su despacho varios de los casos más complejos de restitución de tierras que involucra extensos territorios protegidos por la ley. Exige garantías para realizar su labor.
La comunidad de La Madre intentó ser desalojada por un ganadero que considera que esa tierra es suya y no de la comunidad del Consejo Comunitario de la Larga-Tumaradó. Este es uno de los casos en los que ha tomado decisiones el juez Lozano. Foto Cortesía.
El pasado 11 de mayo Mario José Lozano Madrid, el juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, no aguantó más. Le envió una carta al Consejo Superior de la Judicatura con copia a la Unidad Nacional de Protección, a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Oficina del Alto Comisionado y a Amnistía Internacional: “… me aterra el folclorismo con la que se han adoptado las medidas de protección en mi favor”, se queja al final de la misiva.
El Juez se refiere a las medidas de protección extraordinarias que le otorgó el Gobierno en 2013 y que deben ser garantizadas por la Rama Judicial y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según su relato, el vehículo en el que se movilizaba permaneció un mes en mantenimiento en Medellín y ahora que ya está de regreso, la Coordinación Administrativa de la Rama Judicial en Chocó le niega el suministro de gasolina desde hace dos semanas.
“He tenido que realizar mis desplazamientos a pie, poniendo en riesgo mi integridad física”, reitera Lozano Madrid y agrega que las medidas brindadas por la UNP tampoco se cumplen, “pues en la actualidad me encuentro con un chaleco vencido, sin servicio de comunicación para protección (celular)…”, indica en la carta (Lea el documento aquí).
El llamado que hace el funcionario judicial no es por razones de comodidad sino de seguridad para cumplir con su función pública, que es decidir sobre los casos que documenta la Unidad de Tierras y que su despacho debe estudiar para llevarlos a juicio y emitir una sentencia. Su reclamación fue apoyada por Luis Mauricio Vesga Carreño, Defensor Delegado para los Derechos de la Población Desplazada, quien ayer le envió una carta al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (Lea la carta del a Defensoría aquí).
En esa comunicación, la Defensoría expresa su preocupación por que Lozano Madrid está a cargo “de casos emblemáticos de presunto despojo masivo de territorios étnicos, y que de hecho ha tomado importantes decisiones que han significado la protección de los derechos fundamentales de varias comunidades en el departamento de Chocó”. El defensor Vesga Carreño le pide al Consejo Superior de la Judicatura adoptar las medidas de seguridad que requiere el Juez, para “garantizarle la vida, libertad e integridad”.
El juez Lozano Madrid emitió la medida cautelar el 4 de febrero de 2013 con la cual protegió a la comunidad indígena Emberá-Katío, del municipio de Bagadó, Chocó, que reclamaba la restitución de derechos territoriales sobre 50 mil hectáreas. En su decisión, concluyó que la explotación de oro había desplazado a los nativos, por lo que ordenó a la Agencia Nacional de Minería suspender todos los contratos, estudios y trámites de concesión minera que habían sido otorgados o estaban siendo solicitados por personas o empresas ajenas a la comunidad (Lea la medida cautelar aquí y el artículo El oro, la maldición del territorio Emberá en Chocó).
Esta medida fue el precedente para que el Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia emitiera en septiembre de 2014 la primera sentencia de restitución étnica del país. (Lea: Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país)
En noviembre de 2014 el juez Lozano ordenó proteger a varias familias afro y campesinas del Consejo Comunitario de la Larga-Tumaradó, entre los municipios de Riosucio (Chocó) y Antioquia (Turbo), que intentaban ser desalojados por un grupo de ganaderos. Con esta medida, les dio la razón a la Unidad de Restitución y la Defensoría del Pueblo, que desde septiembre de ese año solicitaban una medida de protección después de que 39 familias de esa comunidad casi son desalojadas con una acción de tutela presentada por quienes hoy se consideran propietarios. (Lea: Juez ordena proteger a comunidad La Madre, de la Larga-Tumaradó, en Chocó y Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó)
El juez también tiene en su despacho otros casos documentados por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución, y ya solicitados en demanda. Se trata de la restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), que integra comunidades asentadas en la región del Alto Atrato chocoano (Lea: Demanda de restitución étnica, en medio de la fiebre del oro en el alto Atrato chocoano). También de los resguardos indígenas Tanela-Cutí y Eyákera, en el municipio de Unguía, en Chocó.
VerdadAbierta.com entrevistó al juez Lozano Madrid, quien el 14 de mayo de 2012 asumió el cargo de Juez de Restitución de Tierras de Quibdó, y recibió medidas de protección extraordinaria un año después de haber comenzado a ejercer su labor.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuál es la situación de seguridad que afronta?
Juez Mario Lozano Madrid (MLM): Se supone que tengo medida cautelar por parte de la Unidad Nacional de Protección y de la Rama Judicial. La Unidad me había suministrado un teléfono celular y un chaleco, y ahorita el chaleco está vencido y el celular una vez en una de las capacitaciones en Bogotá se me perdió, puse la denuncia, informé en la Unidad que se me había perdido, mandé varias solicitudes, nunca se repuso ese medio de comunicación, al punto de que para mi trabajo tengo que usar es mi teléfono personal.
Sobre el vehículo, me suministraban el combustible, pero una vez duré sin vehículo porque lo enviaron a mantenimiento durante un mes y medio más o menos, y ahora la Coordinación (de la Rama Judicial en Quibdó), que es la responsable de suministrar el combustible, me dice que no hay suministro. El vehículo está parqueado. Entonces todas las diligencias que tengo que hacer me tocan a pie o en motocicleta. Entonces para mí es preocupante porque precisamente ahorita desde las dos de la tarde estaba en una audiencia, acabo, y salgo por la calle caminando solo con un hombre de seguridad que me acompaña.
Me preocupa porque de manera folclórica se están cumpliendo las medidas cautelares. No es la primera que vez que ocurre lo del combustible. Una vez a mí me tocó pagar el combustible de mi propio bolsillo y nunca me reembolsaron el dinero.
(VA): ¿Ha recibido amenazas?
(MLM): La amenaza es general al momento desde que acepto como Juez de Restitución de Tierras. Encuentro el cargo con un panfleto de las ‘Águilas Negras’ en el que señalan que quien asuma el cargo de Juez de Restitución de Tierras era objetivo de ellos. Esa vez puse la denuncia ante la Fiscalía, pero nunca me han informado nada. Después, no he recibido más amenazas. El problema es la calidad de los procesos que ahorita tengo. Por ejemplo, tengo el caso de la Larga-Tumaradó, que es de los más complejos, y donde ya soy plenamente identificado por opositores, por todos los intervinientes del proceso.
(V.A.): ¿Y presión por parte de actores armados?
(M.L.M): Frente a los actores armados no han hecho presión en los procesos judiciales. Pero estos sí han sido impedimento para la materialización de las órdenes de restitución. Muchas veces por la alta presencia de los grupos armados ilegales dentro de los territorios no se ha podido afrontar como se debería el problema de minería ilegal, que es su fuente de financiamiento; no se ha podido cumplir con los temas de seguridad, el tema del hacinamiento, los retornos dependen de las condiciones de seguridad en la zona. Pero los actores armados no tienen una influencia jurídica en el proceso, pero la queja de la materialización de la restitución sí es el tema de las condiciones de seguridad.
(V.A.): ¿Qué llamado le hace al gobierno?
(M.L.M): Básicamente este es un tema muy local, el tema de las medidas de protección mía es muy local con la Coordinación Administrativa de Quibdó, quienes son los encargados de suministrar el combustible, y también la Coordinación Ejecutiva de Antioquia. Pero frente al gobierno realmente pues yo tengo asignadas las medidas cautelares, ya la Unidad Nacional de Protección es que verifique la situación del chaleco y del teléfono, y hacer un estudio nuevamente porque de todos modos el riesgo extraordinario es mayor en razón de los procesos que ya tengo en mi despacho y las decisiones que ya estoy adoptando.
