Justo el año en el que se firmó un acuerdo de paz con las Farc se convirtió en uno de los más violentos para los defensores de derechos humanos y activistas sociales. Los atentados y los asesinatos aumentaron, aunque las amenazas disminuyeron.
A pesar de las constantes denuncias, los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales aumentaron constantemente en 2016. Foto: Ricardo Cruz.Faltan 18 días para que el 2016 llegue a su final y solo dos homicidios lo alejan del vergonzoso registro de ser el año con más asesinatos de líderes sociales en el último sexenio. Con 77 asesinatos, se encuentra por detrás de 2013, de acuerdo con los datos de Somos Defensores, organización no gubernamental que desde hace ocho años documenta en detalle todo tipo de agresiones en su contra. La cifra podría aumentar porque está en verificación el asesinato de Eder Mangones, ocurrido el pasado sábado en Tiquisio, Bolívar.
No deja de llamar la atención que mientras en Cuba el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc cerraron más de cuatro años de negociación para ponerle fin a una confrontación armada de más de medio siglo, en Colombia no cedió el desangre de líderes locales. Los más asesinados en 2016 fueron los comunales (20), le siguieron campesinos (14), indígenas (12), comunitarios (9) y afrodescendientes (6). Este año que termina se mantuvo la tendencia de mayor cantidad de asesinatos en los departamentos de Cauca (18), Antioquia (10), Valle del Cauca (7), Nariño (5) y Norte de Santander (5).
A pesar de las constantes denuncias, persiste el manto de impunidad sobre esos hechos, pues ninguno ha sido judicializado y se desconoce quiénes son los responsables. Según Somos Defensores, en 72 casos no se sabe quiénes son los autores materiales y se presume que tres fueron cometidos por grupos paramilitares, uno por las Farc y otro más por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.
Fuente: Somos Defensores.
Una de las organizaciones más golpeadas a lo largo de los últimos doce meses es el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, que desde su fundación ha padecido el asesinato de 125 de sus integrantes. Su caso encendió todas las alarmas porque la semana previa a la firma del definitivo acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Farc en el Teatro Colón de Bogotá, sufrió una ola de tres atentados y tres asesinatos en cuatro días en los departamentos de Sucre, Caquetá, Meta y Nariño.
¿Despierta una nueva violencia al cerrar la guerra con las Farc?
La violencia contra ese movimiento no se detiene. El pasado 12 de diciembre fue asesinado en su casa Guillermo Veldaño, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenos Aires, de Puerto Asís, Putumayo, quien además era miembro de Fensuagro y defensor del derecho al agua. A raíz de esos hechos, sus dirigentes han denunciado en diferentes ocasiones que existe un “plan sistemático” en su contra, por lo que “un nuevo genocidio está en marcha” y piden que se pongan en práctica cinco propuestas.
Según le explicó David Flórez, vocero nacional de esa organización, a VerdadAbierta.com, la principal tarea del gobierno nacional es iniciar la implementación del acuerdo 3.4 del pacto de La Habana entre el gobierno y las Farc, el cual “contiene medidas para garantizar la seguridad de las organizaciones sociales y desmantelar a las organizaciones que surgieron tras el fenómeno paramilitar”. Las otras son la creación de un programa especial para la protección de integrantes de Marcha Patriótica; la concentración de las investigaciones de los asesinatos en las unidades de Derechos Humanos y de lucha contra organizaciones posparamilitares de la Fiscalía; crear medidas de legitimación política; y sancionar a las unidades militares vinculadas con la violación de derechos humanos.
El mapa muestra la densidad de asesinatos de miembros de Marcha Patriótica. Fuente: Marcha Patriótica.
Aunque las amenazas han mermado significativamente, como lo reseña Somos Defensores, éstas siguen ocurriendo en regiones donde existen territorios comunitarios, zonas de concentración para la desmovilización de las Farc e intereses en economías ilegales.
Al respecto, Carlos Guevara, coordinador del observatorio de Somos Defensores, señala que esa situación “da a entender que hay una materialización de las amenazas, aunque no estoy diciendo que las personas que están en las amenazas son asesinadas. Esa es una tarea que ni la Fiscalía se da a la tarea de hacer, pero sí han reducido sustancialmente”.
El pasado domingo circuló en diferentes municipios del norte de Cauca un panfleto a nombre de las ‘Águilas Negras’ en el que se amenaza a varios líderes de consejos comunitarios y a personas que tildan de ser afines a la guerrilla. Víctor Moreno, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), asevera que las amenazas contra los líderes de su comunidad se han agudizado desde 2014, “por el tema de resistencia a la minería ilegal y el apoyo al proceso de paz. Antes ocurría alguna al año, pero desde entonces son varias y repetitivas con mensajes de texto, llamadas a celular y panfletos contra directivos de Aconc”.
Ante esa amenaza masiva y el asesinato de Gilmar Alejandro Possu Arrechea, líder juvenil y gestor de paz del municipio de Villa Rica, ocurrido el 8 de diciembre, Moreno le hace una llamado de solidaridad al resto de la sociedad: “Hoy son los consejos comunitarios, pero recientemente han habido varias muertes de miembros de Marcha Patriótica. A pesar de ser procesos diferentes, estamos de cara en la construcción de una paz estable y duradera, y necesitamos el apoyo de todos para minimizar al máximo esos atentados y amenazas”.
Derechos humanos en Antioquia: agrio balance
En Antioquia también se vivió una situación similar. En varios municipios líderes sociales denuncian que el conflicto sigue tan vivo como antes; mientras, defensores de derechos humanos regionales advierten que justo en el año en que se firmó la paz con la guerrilla de las Farc aumentaron las agresiones en su contra. Entre el 30 de noviembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2016, se denunciaron 207 agresiones contra defensores de derechos humanos en Antioquia, cifra que representa un aumento del 16 por ciento con relación al periodo comprendido entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015, donde se consignaron 178 casos.
Fuente: Somos Defensores.En los últimos años se abrió un fuerte debate sobre quiénes son responsables intelectuales de esa ola de violencia. Diferentes organizaciones de víctimas y movimientos sociales no dudan en señalar que proviene de grupos paramilitares que no se desmovilizaron entre 2002 y 2006 o que se rearmaron posteriormente. Sin embargo, otros sectores y académicos plantean que el fenómeno paramilitar ya no existe, sino que esa violencia obedece a mafias locales o al choque de intereses que causan las agendas que promueven los líderes sociales en las regiones. Incluso, esa discusión llegó a la Mesa de Negociación de La Habana.
Más allá del debate, lo cierto es que el asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos ha ido en aumento desde 2010, alcanzado cifras alarmantes, a pesar de las amplias denuncias y los constantes llamados de atención para evitarlos. Entre 2009 y el 12 de diciembre de este año, fueron asesinados 455 de ellos.
Desafíos de 2017
En medio de ese sombrío panorama y de la incertidumbre que despierta la implementación de los acuerdos de La Habana el próximo año, con los que se pretende promover la política sin armas, ampliar la participación política, empoderar a los campesinos, reparar a las víctimas del conflicto armado, cerrar las brechas de desigualdades e iniciar un proceso de reconciliación para alcanzar la paz, diferentes sectores alertan desde ahora sobre los riesgos en los que estarán inmersos de los líderes sociales.
Guevara advierte sobre la alta polarización que existe actualmente en el país y la estigmatización que ha derivado hacia los defensores de derechos humanos: “Si bien hay un gobierno en el que el Presidente (Santos) se compromete a protegerlos, nos devolvimos porque el país se volvió a polarizarse y otra vez volvieron a poner a los defensores al lado de los guerrilleros; volvieron a hablar de que los defensores de derechos humanos y los activistas por la paz somos guerrilleros. Eso es devolverse en el tiempo y no es tan evidente en la opinión pública, lo cual genera grandes riesgos en los territorios que es donde aterrizarán los acuerdo de La Habana”.
Además, considera que ese retroceso también lo expresa la posición de la Fiscalía que “después de 420 muertes en cinco años, señala que no hay sistematicidad en los homicidios contra defensores de derechos humanos y sigue pensado que son por otro tipo de situaciones y no por su trabajo en las regiones. Es desafortunado que la Fiscalía esté en esa oposición porque es un mal mensaje para los fiscales que están siguiendo esos procesos”.
Otros advierten que el próximo año será delicado porque también es un año electoral, en el que se empieza a definir la carrera presidencial de 2018, la cual estará muy relacionada con la implementación de los acuerdos y la creación del partido político de las Farc.
“Será un año electoral y eso hará que sea un año peligroso por la extrema derecha y los grupos paramilitares. Por eso el gobierno debe ser muy rápido para garantizar las condiciones de seguridad de las organizaciones locales. Los acuerdos de paz se trata de hacer política sin armas, y para eso el Estado debe garantizar la el derecho a la vida y otros deben renunciar a la combinación de armas y políticas. Eso será fundamental para avanzar hacia la paz el próximo año”, señala Flórez.
De manera similar se expresa el presidente de Aconc, quien le pide al gobierno nacional que preste más atención a las denuncias de las comunidades y les garantice protección; asimismo, solicita que se respalden mecanismos de protección comunitarios como “la Guardia Cimarrona y un mecanismo de protección colectiva”.
La conclusión en la que coinciden los consultados es que se debe garantizar la protección de los líderes locales porque ellos serán clave para implementar los acuerdos y la única oportunidad para frenar un desangre que destruye el tejido social y trunca los proyectos de las comunidades en las regiones más golpeadas por la guerra.
