Los recientes ataques contra líderes sociales adscritos a Marcha Patriótica encendieron todas las alarmas. Ante la inminente firma del nuevo acuerdo de paz, los hechos evocan la persecución y exterminio que sufrió la Unión Patriótica.
El primer asesinato de un miembro de Marcha Patriótica fue el de Yeber Oblein Zapata, ocurrido el 8 de septiembre de 2011 en Argelia, Cauca. Foto: archivo Semana.Los tres atentados y los tres asesinatos de dirigentes comunitarios ocurridos en menos de cuatro días en los departamentos de Sucre, Caquetá, Meta y Nariño despertaron el temor en numerosas organizaciones sociales, especialmente de Marcha Patriótica por cuanto las seis víctimas pertenecen a este movimiento.
El primer caso ocurrió el jueves 17 de noviembre en Sincelejo, Sucre, cuando el escolta de Argemiro Lara, un líder de restitución de tierras que reclama la hacienda La Europa, frustró el ataque de un sicario, dándolo de baja y saliendo ilesos ambos. Anteriormente Lara había recibido amenazas y cuenta con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.
Al día siguiente se conocieron ataques en el Caquetá. La primera víctima fue Erley Monroy, líder de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero (Ascal-G), quien fue encontrado gravemente herido en la vereda Siberia, de San Vicente del Caguán; posteriormente falleció en un hospital.
El departamento de Meta no fue ajeno a ese recorrido macabro. En la noche de ese viernes también fue asesinado Didier Losada, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Platanillo, en Uribe, mientras estaba en la casa con su familia; dos hombres encapuchados entraron a su residencia y le propinaron nueve disparos.
Un día después, Hugo Cuéllar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Victoria de La Macarena y miembro de Ascal-G, sufrió un atentado después de asistir al velorio de Monroy. Resultó herido con varios impactos de bala y se encuentra en cuidados intensivos.
Posteriormente se registraron ataques en Nariño. El sábado fue agredido Danilo Bolaños Díaz, quien sufrió un atentado del cual salió ileso cuando se movilizaba en la vía que comunica los municipios de La Unión y Leiva, tras asistir al Cabildo Abierto por la Paz de Leiva que organizó la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). Rodrigo Cabrera, defensor de derechos humanos, no contó con la misma suerte y fue asesinado el domingo en Policarpa.
También volvieron a aparecer panfletos a nombre de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en Caquetá y Meta.
¿El inicio de un genocidio?
A diferencia de los partidos políticos tradicionales, las afiliaciones en Marcha Patriótica son de organizaciones y no individuales. En ella confluyen diversos movimientos campesinos, sindicales, estudiantiles, ambientales, entre otros. Foto: archivo Semana.Con los tres homicidios del fin de semana, la cifra de asesinados de Marcha Patriótica asciende a 124. Para David Flórez, vocero nacional de ese movimiento social y político que agrupa a más de dos mil organizaciones sociales y comunitarias, esa cifra demuestra la existencia de un plan sistemático en su contra porque, a su juicio, todas ellas “tienen una fuerte presencia territorial en lugares donde hay intereses económicos y porque en Colombia no existen garantías para los movimientos que empiezan a participar en política”.
Además, no duda en señalar a los responsables de esa ola de violencia: “Consideramos que esto es obra del fenómeno paramilitar y de la guerra sucia, donde hay varios actores incluidos, como Fuerza Pública, gobiernos locales y actores económicos; además, es una dinámica nacional: ocurrieron cinco ataques en un fin de semana en diferentes regiones del país, lo que demuestra que hay una articulación, que hay una capacidad de acción, que hay un motivo y unos elementos comunes detrás de ese accionar”.
En medio de esa situación, diferentes sectores han relacionado estos crímenes con la persecución que padecieron los militantes de la Unión Patriótica (UP) en las décadas del ochenta y el noventa. En la mañana de ayer los líderes de Marcha Patriótica convocaron una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para denunciar “la consolidación de un nuevo genocidio político en Colombia”.
Aída Avella, presidenta de la UP, quien estuvo exiliada durante 17 años en Suiza a raíz de un atentado en su contra perpetrado en Bogotá el 7 de mayo de 1996 y de los continuos asesinatos selectivos que padecieron los miembros, simpatizantes y colaboradores de su movimiento, considera que en este caso se empieza configurar un genocidio.
“Estoy de acuerdo con quienes lo plantean porque están empleando el mismo método de entonces: salía alguien, decía éste es guerrillero y a los ocho días estaba muerto -lo dice en alusión a la supuesta estigmatización del alcalde de San Vicente del Caguán sobre los líderes de Ascal-G-. Además, creo que los paramilitares no pueden actuar sin anuencia del Estado, eso debe romperse y lo esperamos de todas las Fuerza Militares”, le dijo la líder política a VerdadAbierta.com.
A la par, diferentes organizaciones sociales han usado en Twitter la etiqueta #QuePareElGenocidio para referirse al tema. Incluso, las Farc lo hicieron para pedirle al gobierno nacional que garantice la seguridad de los líderes sociales e implemente el acuerdo de paz, porque “un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”.
En una carta que le enviaron al presidente Juan Manuel Santos, los miembros del Secretariado indican que “es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país; son los mismos para quienes, no hay, ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe, para seguir acrecentando más privilegios y poder”.
Y agregan que “no es admisible, que tomando nombres como ‘Los Úsuga’ o las ‘Águilas Negras’, se mantenga una cortina de humo para ocultar la responsabilidad de determinadores agazapados en el Bloque de Poder Dominante”. (Vea el documento)
Fuente: Programa Somos Defensores. Esa organización genera informes de agresiones trimestralmente.
Otras visiones
Para Eduardo Álvarez, coordinador del Área Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), es incorrecto calificar todas las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos como genocidio y lo importante es que el Estado tome acciones efectivas para evitar estos hechos de violencia. Además, considera que atribuirle la responsabilidad de estos hechos al paramilitarismo es errado porque hoy en día ese fenómeno “carece de significado y termina ocultando las interacciones locales concretas, los contextos y los responsables reales de estos hechos; esos discursos totalizantes nublan la comprensión de la realidad”.
Álvarez planteó que los recientes asesinatos deben ser analizados en dos niveles: uno coyuntural y otro estructural. El coyuntural está relacionado con el momento trascendental para el país que implica el fin del conflicto para las Farc, y el estructural con la labor, las agendas, las reivindicaciones de los líderes y las dinámicas de los territorios.
“Las agresiones tienen lugar en este contexto del proceso de paz, pero en algunos casos, como el de Ovejas, también tienen un factor estructural. Mientras que su agresión se inscribe en un proceso de vieja data como es el caso de la reivindicación por el predio La Europa que no tiene solución desde los sesenta, en el que ocurrieron crímenes entre los ochenta y los noventa, y luego se da el intento de restitución de tierras, es muy distinto, quizá, a lo que les ocurrió a los líderes de Caquetá que estaban moviendo una agenda antifracking (técnica de extracción de petróleo) que pueden estar afectado agendas y tocando nervios”, explicó este investigador.
Atentan contra vida de líder de tierras en Ovejas, Sucre
Y recalcó que no se debe generalizar las respuestas al paramilitarismo, pues en las regiones se mueven diferentes actores e intereses: “Explicar lo que está pasando bajola tesis del paramilitarismo es una salida facilista, no explica absolutamente nada porque ese concepto hoy es vacío. El tema es comprender los contextos, saber lo que está pasando, apuntarles a los verdaderos responsables”.
Según Álvarez el paramilitarismo no existe; a su juicio hay nuevos tipos de violencia que pueden aumentar con la implementación del proceso de paz, pues los líderes pueden ganar espacios de participación e ir en contravía de intereses locales: “Hay poderes regionales que contratan a grupos de crimen organizado para mover otras agendas, y en otros casos de crimen organizado que ven a estos líderes en su posición contra sus intereses”. Y resalta el caso del departamento de Cauca: “Allá se dan las agresiones de seguido porque muchos de esos líderes se oponen a la minería ilegal y al narcotráfico. Ahí uno vería que hay una relación directa entre crimen organizado y agresiones a líderes sociales, pero no es paramilitarismo”.
Por otro lado, Carlos Guevara, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Somos Defensores, organización que monitorea las agresiones contra los líderes sociales, considera que la situación actual es producto de la derrota del pasado Acuerdo Final en el plebiscito del 2 de octubre, pues no se pudieron implementar las medidas sobre protección y la preconcentración de las Farc ha dejado espacios vacíos que han sido ocupados por otros grupos armados.
“El asunto del No y todos los actores armados dando vueltas en los territorios imposibilita que se haga algún tipo de señalamiento. No podemos decir que solo los paramilitares están asesinando o que la ultraderecha tiene un plan pistola, porque en cada región están pasando cosas diferentes. Tenemos indicios de que el Eln está entrando a nuevas zonas de Cauca y que ha cometido asesinatos; o que los paramilitares están extendiendo su control en zonas de Antioquia que han dejado las Farc”, explicó Guevara.
Persiste la violencia contra los defensores de derechos humanos
No obstante, hizo hincapié en que cuando se toman decisiones importantes con relación al proceso de paz, se desatan las agresiones contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales, porque “son quienes ayudarán a aterrizar los acuerdos en las regiones y eso toca los intereses de diferentes sectores”. Asimismo, destacó que en los últimos meses las amenazas y otras agresiones han mermado notoriamente, aunque se han sostenido los atentados y los asesinatos: “Eso significa que tenemos una materialización de esa violencia y vamos a tener un escenario más violento a medida que se implementen los acuerdos”.
Falta respuesta del Estado
La falta de respuesta de las autoridades para procesar a los responsables de las agresiones a defensores de derechos humanos es constante. Foto: archivo Semana.Las diferentes fuentes consultadas coinciden en que la falta de respuesta de las autoridades es un gran problema que permite la prolongación de esta violencia.
En Marcha Patriótica consideran que la respuesta del Estado es nula y que no hace absolutamente nada para prevenir y sancionar los crímenes contra sus integrantes. “Las instituciones no pasan de sus anuncios mediáticos, de reuniones y de medidas de último momento. Ya llevamos cuatro años denunciando esta realidad y cada vez es peor. Los pocos compromisos a los que llegamos en las reuniones con el gobierno, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, no se materializan. Es un llamado de atención al gobierno nacional para que pase de las palabras a los hechos”, indicó Flórez, de Marcha Patriótica.
Además, cuestionó la efectividad de la Fiscalía para procesar a sus verdugos con la capacidad de procesar a los integrantes de su movimiento: sólo dos personas han sido condenadas por los 124 asesinatos, pero más de cien de sus miembros han sido vinculados a investigaciones por su presunta responsabilidad con delitos políticos.
“Los falsos positivos judiciales también han sido un mecanismo con el que ha operado la persecución sistemática contra Marcha Patriótica. No sólo los asesinatos y las amenazas, también la estigmatización, la persecución judicial y la desaparición forzada. Se nos endilga en la mayoría de los casos el delito de rebelión, además de la criminalización la protesta social y la labor que desempeñamos las organizaciones sociales”, planteó Flórez.
Para Álvarez, de la FIP, aparte de los atentados y de los homicidios, lo preocupante es la poca respuesta del Estado para adelantar las investigaciones y dar respuesta a lo que está ocurrido: “Hace unos meses, entre abril y mayo, cuando hubo la anterior oleada de violencia, el Ministerio de Interior creó un comité interinstitucional que no ha servido para nada, pues no ha dado una sola respuesta ni ha rendido un solo informe. El Estado debe generar respuestas inmediatas, no puede seguir con paños de agua tibia creando mesas de alto nivel de derechos humanos y comités interinstitucionales”.
Al respecto, Guevara, de Somos Defensores, expresó su malestar contra la inoperancia de las autoridades: “Estamos cansados de advertir lo mismo y que el gobierno no haga lo que tiene que hacer. Llevamos años diciéndolo una y otra vez, pero no se investiga y no se sanciona a los responsables de estos crímenes. Ahora, con el repliegue de las Farc, la movilidad del Eln, la persistencia de los paramilitares y la baja de la presencia de la Fuerza Pública, en el país ha incrementado la inseguridad y la situación es más compleja”.
Para superar esa situación, diferentes sectores de la sociedad piden que inicie pronto la implementación del Acuerdo Final, sobre todo los puntos relacionados con participación política y garantías de seguridad. Y mientras esto ocurre, los asesinatos de líderes sociales siguen en aumento, especialmente este fin de semana que fue quizá una de las fechas con más número de muertos para Marcha Patriótica.
Caquetá: ambiente tenso
Consejo de seguridad en San Vicente de Caguán tras los asesinatos. Foto: Alcaldía de San Vicente del Caguán.Todos los líderes asesinados este fin de semana militaban en Marcha Patriótica, pero además trabajaban desde hacía varios años con organizaciones sociales de diferentes regiones.
Erley Monroy, por ejemplo, hasta principios de este año fue fiscal de la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero (Ascal-G) y defendió la Zona de Reserva Campesina de la inspección de San Juan de Losada de La Macarena durante la mayoría de sus 54 años de su vida.
“Los papás de él fueron colonos de la zona de Losada – Guayabero y llegaron allí desplazados en los años cincuenta”, relató Camilo Fagua, abogado de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH en el Centro y Oriente de Colombia (Dhoc), una de las organizaciones de las que Monroy hacía parte.
A Erley lo mataron el 18 de noviembre a poco menos de cinco kilómetros del Batallón Cazadores de la Sexta División del Ejército en San Vicente del Caguán. “No es cerca del Batallón como dicen. La Fiscalía dictaminó que fue más o menos a 4.700 metros. Tenemos buenas relaciones con las organizaciones y si algo viene haciendo la Fuerza Pública es trabajar en la protección de derechos humanos acorde a la misión constitucional”, aseguró el general César Augusto Parra, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Júpiter, adscrita a la Sexta División del Ejército.
Estos hechos ocurrieron en un ambiente de tensión y de zozobra en la seguridad pública que ha venido en aumento en San Vicente del Caguán en lo que va del año. El alcalde Humberto Sánchez explicó que desde que comenzó su mandato aparecieron grafitis en las calles de su pueblo a nombre de un grupo paramilitar que se autodenomina ‘Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)’, nombre similar al que se desmovilizó oficialmente entre 2003 y 2006, bajo los acuerdos con el gobierno nacional.
“Aparecieron en sitios de puro control de las Farc, por lo que digo que es imposible que sea ‘Auc’. Personalmente, creo que la guerrilla abona terreno para asesinar a campesinos y ganaderos y así justificar su accionar”, denunció el mandatario.
A los letreros en el casco urbano y en muchas de las veredas, se suma el aumento de los homicidios hasta alcanzar 22 en lo que va del año. “Hay un tema de intolerancia, falta de convivencia y falta de autoridad en el área rural de las que no tenemos explicación”, dijo Sánchez y al preguntársele por el papel de la Alcaldía, esgrimió que se requiere mayor conectividad de redes de celular para que pueda haber mayor información de los lugares más apartados y la gente pueda denunciar.
En su momento, como lo contó VerdadAbierta.com, el alcalde Sánchez señaló a Ascal-G de ser colaboradores de la guerrilla. Además, en una carta que dirigió al presidente Santos en abril de 2016, Sánchez mencionó esta organización y acto seguido sostuvo que las Farc “pretenden absorber asociaciones comunitarias legalmente constituidas”.
El difícil equilibrio entre las Farc y las juntas de Acción Comunal en el Caguán
Es poreso que varias organizaciones sociales del municipio señalan que los pronunciamientos del mandatario local tuvieron su parte en los asesinatos de este fin de semana. “Los señalamientos irresponsables del alcalde de que Ascal-G pertenece a las Farc y de que implementa supuestos manuales que no existen para recoger dineros para la guerrilla ponen en peligro a las personas que ejercen alguna actividad de dirigencia en la región”, aseguró Herson Lugo, presidente de la corporación de derechos humanos Caguán Vive.
Por su parte, Camilo Fagua, de Dhoc, calificó de cínicas las declaraciones de Sánchez respecto a que las Farc pudieron haber sido las responsables pues con esto “el alcalde desvía la atención de las denuncias que la fundación Dhoc y los líderes habían hecho por presencia paramilitar en San Vicente”.
Erley Monroy. Foto: Rema ACPP.Y es que, en mayo de este año, la información de Erley Monroy y de Ascal-G en general fueron la base para que Dhoc denunciara ante la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia varias acciones irregulares. Según el informe de las comunidades conocido por VerdadAbierta.com, militares del Batallón No. 9 del Ejército patrullaron junto a tres personas vestidas de civil para tomar fotografías de líderes y también se denunció la aparición de grafitis a nombres de las ‘Auc’ en la carretera que comunica San Vicente del Caguán con varias de las veredas de San Juan de Losada entre el 24 y el 28 de mayo pasado.
“Erley Monroy denunció que 15 hombres armados, vestidos de negro y que portaban brazaletes alusivos a las ‘Auc’ estuvieron a 20 o 30 metros del casco urbano del caserío en Puerto Losada mientras estaba el Ejército, en julio de este año”, sostuvo Lugo. Según la denuncia, los desconocidos estuvieron durante ocho días y cuando Erley habló ante la Fuerza Pública, la respuesta fue que diera las coordenadas exactas a pesar de que, según él, había Ejército en la zona.
El alcalde Sánchez reconoció que sí conoció la versión de Monroy y explicó que, para esa fecha, la alcaldía de San Vicente y el Ejército tenían una ‘brigada para la prosperidad’ en La Unión, a donde llevarían médicos, servicios para el adulto mayor, registradores y todas las oficinas locales. “La semana antes fue cuando pintaron los letreros. Sí había Ejército motorizado, pero hacía la tarea de verificación de seguridad porque íbamos a ir por tierra a atender a la gente”, precisó el mandatario local.
Antes de su asesinato, Erley Monroy declaró a través de un video que “ha habido mucha violación, en principio por parte de Fuerza Pública” y que las organizaciones de derechos humanos han colaborado a disminuir un poco la violencia contra los campesinos.
Por su parte, el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Júpiter reiteró que la relación con las organizaciones sociales ha sido buena y argumentó que, si bien se conocen panfletos, no se puede hablar de una presencia paramilitar como tal. “Los panfletos los conocimos hace como cuatro meses, iniciamos averiguaciones de inteligencia y no se pudo establecer que hay grupos paramilitares. Son otro tipo de actitudes que quieren manejar al respecto, pero es un tema al que no me quiero referir”, indicó el general Parra.
Una postura similar es la que tiene la Defensoría del Pueblo. “Sí han aparecido panfletos y grafitis donde se expresan como ‘Auc’, pero no tenemos información concreta de presencia de actores armados ilegales en San Vicente. Allí el monitoreo siempre ha identificado como grupos de situación de riesgo a las guerrillas”, detalló Jorge Calero, el director del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de esa entidad.
Para aclarar quién cometió estos asesinatos y el atentado contra Hugo Cuéllar la Fiscalía envió un grupo de investigadores a la región, liderado por Luis González, el director nacional de Fiscalías seccionales y seguridad ciudadana. Además, la Alcaldía está ofreciendo una recompensa de 30 millones de pesos para quien aporte información que ayude a identificar los responsables del crimen.
Sin embargo, para varios de los líderes es claro qué está ocurriendo en San Vicente del Caguán. Lugo explicó que en este municipio se concentran los intereses económicos por el petróleo y el ganado: “Hay serie de situaciones complejas que muestran patrones de conflicto un poco más profundos que pueden establecer las causas de estos homicidios. Pero para nosotros sí es un agente que está dentro del territorio, que actúa en contubernio con alguien que tiene facultad, poder, sevicia y toda la estructura para permitir que esto suceda”.
Por su parte Fraguá aseveró que “son acciones sistemáticas, en primer lugar, de los enemigos de la paz y de quienes se oponen a que un movimiento como Marcha Patriótica exista en el país”.
Nariño: negación de Marcha Patriótica
Por los asesinatos y atentados, las organizaciones sociales hicieron un plantón en la sede principal de la Fiscalía en Bogotá. Foto: tomada de la cuenta de Twitter @Eliofrend80.El mismo día que mataron a Rodrigo Cabrera en el municipio de Policarpa, en Nariño, la Alcaldía citó a un consejo de seguridad extraordinario. Contrario a lo que se esperaban los miembros de Marcha Patriótica, la conclusión de la reunión de la Fuerza Pública y varios organismos judiciales como el CTI, entre otros, fue que Cabrera no pertenecía a ese movimiento político y que era un campesino con antecedentes por porte ilegal de armas.
“No es reconocido como líder comunitario. Dicen que era víctima, pero no aparece en el Registro Único de Víctimas sino una declaración de 2014 que aún está en valoración”, aseguró Claudia Inés Cabrera, alcaldesa de Policarpa. Además, en el comunicado del Consejo de Seguridad se informó que el papá de la víctima supuestamente declaró que “era apático a la política y que nunca ha pertenecido a ningún grupo político”
Sin embargo, Serbio Cabrera, el papá de Rodrigo, contradijo a la alcaldesa y aclaró que a su hijo “sí le gustaba la política, pero tampoco demasiado. Era un hombre de paz”.
Leonardo Moreno, miembro de Marcha Patriótica en Nariño, reiteró que Rodrigo Cabrera sí era militante de ese movimiento político y que su trabajo en la vereda San Antonio estaba ligado a orientar a los demás campesinos. “Como esta es una región donde predominan los cultivos de uso ilícito, él ayudaba a concientizar a la gente de la necesidad de sustitución gradual y concertada pensando en los acuerdos de La Habana”, señaló Moreno.
Lo preocupante para Lizeth Moreno, integrante de la comisión nacional de derechos humanos de Marcha Patriótica y de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, es que “en el comunicado,la alcaldesa ni siquiera rechaza el homicidio, sino que lo justifica diciendo Rodrigo presuntamente tenía antecedentes”. Según su cuentas, solo entre agosto y noviembre han matado a siete miembros de Marcha Patriótica en Nariño y otros nueve en Cauca.
La alcaldesa Cabrera explicó a este portal que Marcha Patriótica apareció en Policarpa solo en agosto de este año cuando anunciaron que allí habría una Zona Veredal Transitoria de Normalización, donde se agruparán guerrilleros de las Farc para pasar a la vida civil. “Son como tres o cuatro personas que dicen que son de Marcha Patriótica socializando los acuerdos de paz, pero nunca habíamos escuchado de ellos, siempre era el Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical y ahora que soy yo la alcaldesa por La U”, afirmó.
Sin embargo, Lizeth Montero y Leonardo Moreno explicaron que hay comunidades organizadas antes de la creación de Marcha Patriótica en 2010 y que hoy están aliadas con el movimiento político. “El establecimiento de la zona veredal corresponde incluso a una dinámica de organización social que tiene una historia de lucha y resistencia de campesinos en Policarpa”, precisó Montero.
A ello, Moreno añadió que la Alcaldesa, “con todo respeto de su investidura, hace aseveraciones muy fuertes” y lo dice no solo por Rodrigo sino también por él. “Cuando yo llegué a comunidad, (la Alcaldesa) me sacó de una reunión diciendo que yo era un infiltrado de guerrilla sencillamente porque veníamos a explicar acuerdos de La Habana”.
Según este activista, la mandataria Cabrera pareciera estar en contra del proceso de paz con las Farc, pues a todos los que “digan cualquier cosa con relación a las negociaciones, son guerrilleros”. Sin embargo, la Alcaldesa indicó que desde el primer día de su mandato ha apoyado los diálogos y ha pedido que se refrenden rápidamente para aliviar la situación de seguridad en la que se encuentran las regiones.
“Habíamos reducido los homicidios a 16 menos en los mismos meses del año anterior y tristemente ahora todo el trabajo que hemos hecho por la tranquilidad y la seguridad se empañan”, declaró Cabrera.
A Rodrigo Cabrera jamás lo amenazaron hasta ese 20 de noviembre en el que dos hombres encapuchados interceptaron la moto en la que iba hacia el casco urbano de Policarpa y le asestaron 12 disparos.
Algo similar le ocurrió a Danilo Bolaños, también militante de Marcha Patriótica, pero en el municipio de Leiva, en Nariño y miembro de la junta departamental de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan). Cuando salía de un Cabildo por la Paz hacia el municipio de La Unión, dos hombres en una moto se interpusieron en su camino.
“No podría concluir que fue intento de robo o no, como dicen. Lo único que puedo determinar era que querían asesinarme porque mientras uno me disparaba el otro le gritaba que me diera, y el agresor se esforzó por apuntar siempreel arma hacia mí, no me dijo que parar ni nada. Yo hice zig – zag en la moto y no me alcanzaron, pero las autoridades dice que fueron seis disparos de un revólver”, declaró Bolaños.
Él tampoco recibió amenazas de manera previa y lo único que conoce es un panfleto con las siglas de las ‘autodefensas’ que circuló en Leiva, pero sin una mención específica ni a él ni a Astracan. No sabe por qué lo intentaron matar, pero dijo que Marcha Patriótica y el movimiento campesino ha tenido un reconocimiento importante, hasta presentar 11 candidatos a las pasadas elecciones de Consejo.
Más allá de si había amenazas o no, los asesinatos de este fin de semana ponen de nuevo el foco en la agresión contra los militantes de Marcha Patriótica, que no es nueva, pero que sí preocupa en vista de que podría parecerse a lo que ocurrió con la Unión Patriótica, y más estando a punto de lograr un acuerdo de paz que se supone abrirá más puertas para la participación ciudadana. Genocidio o no, lo claro es que los están matando.
