Al término de 2016, los balances que hacen organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos dejan entrever que si bien la paz con las Farc ya se firmó, consolidarla en los territorios será asunto complejo, dispendioso e incluso violento.
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín es el aumento de los homicidios, fenómeno que podría estar relacionado con la reacomodo de estructuras criminales. Foto: Ricardo Cruz.En Antioquia, departamento que ha padecido con intensidad todas las formas de violencia derivadas de la confrontación armada, los vientos de paz aún no soplan con la fuerza esperanzadora que todos esperan. En varios municipios antioqueños los líderes sociales denuncian que el conflicto sigue tan vivo como antes; mientras, los defensores de derechos humanos regionales advierten que justo en el año en que se firmó la paz con la guerrilla de las Farc aumentaron las agresiones en su contra.
En Medellín, el panorama tampoco da para aplausos. Organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación (IPC) señalan incrementos en los homicidios, las extorsiones, los hurtos y en otras vulneraciones a los derechos humanos producto del fortalecimiento del control territorial de organizaciones delincuenciales en diversos sectores de la ciudad.
Al respecto, un informe dado a conocer recientemente por el IPC establece que entre enero y octubre del presente año se registraron 439 homicidios en Medellín, cifra que podría llegar a los 500 homicidios al cerrar 2016 dado el comportamiento que está presentando este delito en la ciudad, superando así el registro de 495 personas asesinadas en 2015. Lo preocupante, según esta organización no gubernamental, es que los análisis de los homicidios cometidos este año muestran que en 52 por ciento de los casos se trató de ajustes de cuentas, disputas o enfrentamientos entre estructuras armadas.
Los sectores de la ciudad donde más se atenta contra la vida son, paradójicamente, aquellos donde la Alcaldía de Medellín viene desplegando un conjunto de acciones para recuperar la tranquilidad y la seguridad. En ese sentido, el centro de Medellín (comuna 10) con 75 casos; seguido de Castilla (comuna 5) con 51; Robledo (comuna 7) con 48 y San Javier (comuna 13) con 35 homicidios son los sectores más violentos en lo que va de 2016.
Pero el verdadero flagelo de la ciudad, a juicio de los investigadores del IPC, es la extorsión. Pese a que en lo que va corrido del año las autoridades judiciales han registrado menos denuncias con relación al año anterior (208 casos de 2016 con respecto a 243 de 2015), Diego Sierra, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de esta organización, no duda en calificar este delito como “dramático en la ciudad, porque aquí se extorsiona desde el espacio público hasta la vida privada”.
Basándose en la investigación Economía, rentas criminales y políticas públicas en Medellín, el IPC consigna que actualmente se cobra extorsión en 247 barrios y veredas de Medellín; es decir, en el 80 por ciento del territorio de la ciudad, siendo los sectores más afectados el centro (comuna 10); Castilla (comuna 5); Belén (comuna 16); Robledo (comuna 7) y Guayabal (comuna 15). En el informe también se plantea que las rentas anuales por este delito pueden sobrepasar los 9.244 millones de pesos.
El cobro de bajas cuantías de dinero semanal, quincenal o mensual (lo que se conoce como vacuna) a familias, el comercio y el transporte público; el cobro extorsivo a las compañías distribuidoras de alimentos y productos por parte de bandas y combos, imponer de manera forzada la comercialización de determinados productos; y el cobro a venteros informales por el uso del espacio público al igual que a grandes comerciantes y empresas, contratistas y constructores constituyen las modalidades más recurrentes de extorsión en Medellín.
Panorama regional
En varias regiones de Antioquia, donde antes se evidenciaba fuerte presencia de las Farc, ahora líderes y habitantes denuncian la llegada de guerrilleros del Eln y un reacomodo de las denominadas bandas criminales. Foto: Ricardo Cruz.El año tampoco termina con buenas noticias para el Bajo Cauca antioqueño. Si bien los homicidios y el desplazamiento forzado, los principales flagelos que azotan a esta región, muestran una tendencia a la baja, en varios de sus municipios ya comienzan a sentirse los primeros síntomas de un posconflicto para nada pacífico y tranquilo.
En El Bagre, Zaragoza y Cáceres, por ejemplo, pobladores denuncian un fuerte reposicionamiento de guerrilleros del Eln en territorios antes dominados por los frentes 4 y 36 de las Farc, que ya comenzaron su tránsito hacia las llamadas Zonas Veredales de Tránsito y Normalización (Zvtn), definidas en el marco del proceso de paz, donde se concentrarán durante seis meses en su camino a la legalidad.
“El Eln está cogiendo mucha fuerza en el Bajo Cauca. Todas esas tierras que eran de las Farc están siendo copadas por ellos. Y las comunidades andan muy preocupadas porque, mal que bien, estaban acostumbradas al dominio de las Farc y ahora temen que estos grupos tomen represalias contra ellos”, relata Julio César Sampayo, concejal de El Bagre e integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Bajo Cauca.
La preocupación no es para menos. En vastas zonas del Bajo Cauca persiste el dominio de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), que también pretenden ingresar a territorios antes dominados por las Farc. Este choque de intereses podría desatar una guerra con el Eln, afectando a las comunidades. De hecho, denuncias de líderes de la región muestran que ya están padeciendo. En las zonas rurales más marginales del Bajo Cauca viene aumentando el reclutamiento forzado de menores de edad para uno y otro bando.
“En Cáceres hay denuncias de que hay ‘pelaitos’ de 10 y 11 años que son los campaneros de las bacrim. Ellos avisan cuando llega la Policía, cuando alguien va a poner una denuncia. Los seducen con algo de plata y un celular. Aquí en El Bagre los sicarios son pelados de 14 y 15 años”, cuenta Sampayo, quien afirma que “si uno mira cómo viven esos pelados en el campo, en medio de una pobreza absoluta, pues uno ve que ahí hay un problema muy serio”.
Ya a finales de 2015, así como durante el primer semestre del presente año, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre varios choques armados protagonizados por ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ en zonas rurales de Zaragoza y Cáceres, que no solo dejaron víctimas mortales sino también un profundo miedo entre los campesinos, varios de los cuales decidieron desplazarse por temor a nuevos enfrentamientos.
A lo anterior se suma que el flagelo de la extorsión continúa golpeando fuertemente a los habitantes de todo el Bajo Cauca. Desde Tarazá hasta Nechí, comerciantes, mineros, lancheros y en general todo aquel inmerso enuna actividad económica debe pagar el tributo forzado impuesto por los ‘gaitanistas’. Quienes se resisten pagan con su vida. “Hace poco mataron un comerciante a solo dos cuadras de la Estación de Policía (de El Bagre). Creemos que fue por no pagar la vacuna”, declara Sampayo.
Magdalena medio: arrinconado
También existe una fuerte preocupación entre los defensores de derechos humanos en Antioquia. El balance que deja 2016 no es para nada alentador: aumentaron las agresiones en su contra y persisten las amenazas para líderes sociales en Bajo Cauca y Urabá. Foto: Ricardo Cruz.“En el Magdalena Medio antioqueño pasa de todo y nadie dice nada”, sostiene Leonardo Ortega Caicedo, líder social de Puerto Berrío, municipio que junto a Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó, Caracolí y Maceo integran esta región del departamento.
Lo preocupante, según Ortega, es que el poder de fuego, de control social y de intimidación de los grupos armados posdesmovilización que controlan buena parte del territorio doblega cualquier intención de movilización, activismo o denuncia. Pasó recientemente. Uno de los últimos domingos de noviembre de este año, a eso de las 3 de la tarde, sicarios asesinaron en la antesala de su casa a Henry Saavedra, un reconocido líder social y deportivo de Puerto Berrío.
“¿Sabe por qué lo mataron? Porque se le ocurrió la idea de crear un torneo de fútbol entre jóvenes pertenecientes a las bandas para romper con las fronteras invisibles que hay en este pueblo. El torneo estaba resultando un éxito. Los jóvenes hasta decían que ya no querían estar en las bandas. Eso como que no le gusto a los que ‘mandan en el pueblo’ y lo mataron por eso”, relata Ortega.
La muerte de Saavedra pone de manifiesto uno de las principales problemáticas de este pueblo rivereño con una población cercana a los 60 mil habitantes: el poder alcanzado por las bandas y combos dedicados al microtráfico en diversos barrios de la localidad, que han llegado, incluso, a decretar restricciones a la movilidad para sus habitantes o a imponer las llamadas “fronteras invisibles” para vecinos y extraños.
“Buena parte de los homicidios en Puerto Berrío se explican por eso: por ajustes de cuentas entre expendedores y cosas así. El problema es que aquí no hay cifras de nada, desde los datos oficiales, este es un pueblo habitado por ángeles”, declara Ortega, quien explica que “aquí en (Puerto) Berrío hacen presencia los llamados ‘Urabeños’. Ellos son los patrones de las bandas, a ellos son los que hay que pagarle la extorsión. Aquí todo el comercio le toca pagar, quieran o no”.
Defensores de derechos humanos: ¿en la mira?
El 2017 iniciará con dos hechos que sin duda incidirán en el trabajo de los líderes sociales, campesinos, indígenas y activistas: la implementación de los acuerdos de paz con las Farc y la entrada en vigencia del Nuevo Código de Policía, señalado por muchos como nocivo y atentatorio contra el derecho a la protesta social. Foto: Ricardo Cruz.Para los defensores de derechos humanos del departamento el 2016 será recordado como un año de profundos contrastes. Mientras en La Habana, Cuba, gobierno nacional y guerrilla de las Farc trabajaron al máximo para sacar adelante un proceso de paz que le puso fin a un conflicto armado de décadas y que fue celebrado ampliamente por los activistas, en varios pueblos de Antioquia se recrudecieron las agresiones contra ellos.
Según consignaron las organizaciones pertenecientes a la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) en informe presentado recientemente,entre el 30 de noviembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2016 se denunciaron 207 agresiones contra defensores de derechos humanos en Antioquia, cifra que representa un aumento del 16 por ciento con relación al periodo comprendido entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015, donde se consignaron 178 casos.
De acuerdo con lo documentado por este colectivo, las principales agresiones se registraron durante las movilizaciones sociales que tuvieron lugar en varias regiones de Antioquia. Así, la CCEEU señala que unos 40 manifestantes resultaron heridos en disturbios ocurridos en varias marchas y jornadas de protesta social. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía aparece como uno de los máximos agresores de los activistas en este escenario.
A lo anterior se suman 31 casos de amenazas individuales, 21 hostigamientos colectivos y 13 casos de judicialización. Urabá (81 casos); Nordeste (37); Norte (32); Valle de Aburrá (29) y Bajo Cauca (18) aparecen como las regiones más peligrosas para los defensores de derechos humanos. Pero es esta última zona la que despierta mayores inquietudes. El informe consigna un total de once homicidios de activistas durante el periodo en cuestión. De ellos, seis ocurrieron en los municipios del Bajo Cauca, siendo El Bagre uno de los más afectados, con cuatro casos.
Al respecto, si bien entre 2014 y 2015 se cometieron 12 asesinatos de activistas sociales, uno más que el periodo analizado, para Óscar Zapata, integrante de la CCEEU, lo que más inquieta “es lo sistemático de esta persecución contra los líderes y defensores de derechos humanos. Y más que eso, que entidades como la Fiscalía General de la Nación se dediquen a minimizar este hecho y a declarar que no existen un patrón de persecución”.
Para los defensores de derechos humanos, el 2017 será un año de grandes retos, toda vez que supone la implementación en los territorios de los acuerdos suscritos entre gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, escenario en que su papel y participación será fundamental. Sin embargo, el panorama no da espacio para el optimismo y desde ya se advierten agudas confrontaciones. “El gobierno nacional hablaba de paz a la vez que impulsaba el Nuevo Código de Policía. Por eso, pedimos se derogue esa Ley porque criminaliza toda la protesta social”, asevera Zapata.
